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Modo: Corpus Pro

NEGATIVA FICTA. ES INOPERANTE CUANDO EL ASUNTO ESTÁ VINCULADO CON EL INCREMENTO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 336/97. · Registro digital (IUS): 4390
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ANTONIO HERRERA HERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, , Pág. 594.

AMPARO DIRECTO 336/97. ANTONIO HERRERA HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.— Los conceptos de violación formulados son inoperantes en una parte e infundados en otra, como se verá a continuación.

En autos consta que ante la Sala Fiscal, el actor reclamó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída a su petición, de fecha trece de marzo de mil novecientos noventa y seis, en el sentido de que se incrementara su pensión en los términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya que, según el demandante, no ha recibido respuesta a su petición formulada (fojas 1 a 13).

El representante del instituto demandado adujo la improcedencia del juicio, dado que la negativa ficta no se prevé para la autoridad administrativa de seguridad social, además de que, por diversas razones, son infundados los incrementos y pago de diferencias solicitados (fojas 56 a 66).

En la sentencia reclamada, la Sala Fiscal considera que se configura la causal de improcedencia del juicio de nulidad prevista por el artículo 202, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, porque de acuerdo con el contenido del artículo 37 del mismo ordenamiento, la negativa ficta sólo se configura respecto de instancias o peticiones que se presenten ante autoridades de naturaleza fiscal y, en la especie, el instituto demandado no reúne esa característica, por lo que sobreseyó con arreglo en el diverso numeral 203, fracción II, del código tributario citado, e invocó en apoyo de su determinación la tesis de jurisprudencia de rubro: "NEGATIVA FICTA. IMPROCEDENCIA DE LA (ISSSTE).".

En el tercero de los conceptos de violación, la quejosa asevera que, por diversas razones, es inconstitucional el artículo 193 de la Ley de Amparo.

El concepto de violación es inoperante, porque la simple lectura de la sentencia reclamada pone de relieve que la autoridad responsable, al invocar la tesis de jurisprudencia de rubro: "NEGATIVA FICTA. IMPROCEDENCIA DE LA (ISSSTE).", no aplicó el artículo l93 de la Ley de Amparo, que la quejosa tilda de inconstitucional, sino que aplicó el diverso artículo l92 de la ley reglamentaria, de modo que si no existió la aplicación de la disposición legal de referencia, no existe materia para el análisis del tema de constitucionalidad que se plantea.

En el primer concepto de violación se asevera, según la óptica del peticionario de garantías, que la autoridad responsable incurrió en una violación a las normas del procedimiento fiscal, ya que decreta el sobreseimiento del juicio de nulidad, antes del cierre de la instrucción, contraviniendo el artículo 36, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, que sólo autoriza el sobreseimiento antes del cierre de la instrucción, en casos de desistimiento del demandante o de revocación de la resolución impugnada.

El artículo 36, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, establece que: "Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones: ... V. Sobreseer los juicios antes de que se hubiere cerrado la instrucción en los casos de desistimiento del demandante o de revocación de la resolución impugnada por el demandado.".

Por su parte, el artículo 236, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que invoca la Sala Fiscal, dispone que: "La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los Magistrados integrantes de la Sala, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que se cierre la instrucción en el juicio. Para este efecto el Magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al cierre de la instrucción. Para dictar resolución en los casos de sobreseimiento por alguna de las causas previstas en el artículo 203 de este código, no será necesario que se hubiese cerrado la instrucción.".

Con base en lo apuntado, cabe estimar, que no asiste razón al quejoso, por cuanto que ya se ha visto que el artículo 236 del código tributario faculta a dictar resolución de sobreseimiento, por cualquiera de las causas previstas en el diverso artículo 203 del mismo ordenamiento, sin necesidad de que se hubiere cerrado la instrucción, como sucedió en el caso, así que deviene infundado el concepto de violación que se hace valer, sin que obste para ello lo que se alega en torno al contenido del artículo 36, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, habida cuenta de que esta disposición se refiere a las atribuciones de los Magistrados instructores y, en la especie, el sobreseimiento no fue decretado por alguno de ellos, sino precisamente por los Magistrados integrantes de la Sala Regional, de ahí que resulte inconducente lo argüido por el quejoso.

Ahora bien, en respuesta al segundo concepto de violación, cabe establecer, que resulta inexacta la aseveración de la quejosa en el sentido de que la sentencia reclamada carece de fundamentación y motivación, porque la simple lectura de la misma pone de manifiesto que, para resolver el caso que nos ocupa, la Sala Fiscal invocó los preceptos legales y expresó los motivos en que se apoyó para concluir en el sentido en que lo hizo, lo que es indicativo de que la autoridad responsable sí fundó y motivó adecuadamente su determinación y, por ende, procede desestimar lo argumentado por la peticionaria de garantías.

Pero, además, es correcta la determinación de la Sala responsable, por lo siguiente.

El artículo 37 del Código Fiscal de la Federación previene que: "Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte ...".

A juicio de este cuerpo colegiado, la expresión autoridades fiscales empleada por el legislador en el artículo 37 transcrito, que prevé la figura jurídica de la negativa ficta, no debe confundirse con el término autoridades administrativas que en su sentido lato se consigna en algunas disposiciones del propio ordenamiento, pues aunque las autoridades fiscales tienen ese carácter, no toda autoridad administrativa es fiscal, por eso, al establecer el anotado precepto que las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses, debe entenderse que la negativa ficta opera únicamente respecto de peticiones no contestadas por las autoridades fiscales, o bien, por las autoridades formalmente administrativas pero materialmente fiscales, dado que se trata de una norma que forma parte del sistema de disposiciones reguladoras de las facultades de las autoridades fiscales, a que se refiere el título III, capítulo único, del Código Fiscal de la Federación, de donde se sigue, cabe insistir, que el citado artículo 37 del código tributario no tiene el alcance de comprender en la negativa ficta, las peticiones no contestadas por las autoridades formal y materialmente administrativas, respecto de cuestiones diversas al orden fiscal, ya que no fue esa la intención del legislador.

Congruente con lo apuntado, es menester ponderar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como organismo descentralizado, es una autoridad formalmente administrativa, aunque materialmente fiscal si el asunto de que se trata es de naturaleza fiscal (por ejemplo, en las cuestiones relacionadas con aportaciones de seguridad social), evento en el que cobra vigencia el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que prevé la negativa ficta, pues dicha figura jurídica opera únicamente respecto de autoridades fiscales o bien, de autoridades formalmente administrativas pero materialmente fiscales; en cambio, el propio instituto es una autoridad formal y materialmente administrativa cuando lo discutido está vinculado con prestaciones de seguridad social, como lo es el incremento de una pensión jubilatoria, situación que en modo alguno versa sobre aspectos de naturaleza fiscal y no se ubica, por tanto, en la hipótesis prevista por la norma en cita que, como se ve, no tiene ese alcance.

Luego, como bien lo estableció la autoridad responsable, si la aquí quejosa demandó la nulidad de la negativa ficta respecto de la solicitud de incremento en su pensión jubilatoria planteada al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que el artículo 37 citado no le es aplicable al referido instituto, porque dicho precepto sólo cobra vigencia respecto de autoridades fiscales o bien de autoridades formalmente administrativas pero materialmente fiscales y en el caso, la negativa ficta versa sobre una cuestión no vinculada con la materia fiscal, evento en el que el organismo descentralizado no reviste el carácter de autoridad fiscal, debiendo convenirse, por ende, que no corresponde a la Sala Fiscal conocer de la impugnación de mérito, máxime si se tomó en cuenta que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no prevé la figura jurídica en cuestión, actualizándose así la causa de improcedencia del juicio de nulidad a que se refiere el artículo 202, fracción II, del invocado ordenamiento tributario y, como de esta manera lo apreció la Sala responsable, la determinación relativa no es violatoria de garantías, por lo que procede negar a la quejosa el amparo solicitado.

Por último, sólo resta puntualizar, que en términos similares se pronunció este Quinto Tribunal Colegiado al resolver, entre otros, los juicios de amparo directo números 211/97, 274/97, 261/97, y 179/97, en sesiones plenarias del siete de agosto (los dos primeros), y catorce de agosto de este año (los dos últimos).

En mérito de lo expuesto y con apoyo además en los artículos l58 y l59 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.— La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Antonio Herrera Hernández, contra el acto reclamado de la Sala Regional del Noreste del Tribunal Fiscal de la Federación, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como totalmente concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Guadalupe Méndez Hernández, María Eliza Zúñiga Alcalá y Jesús Humberto Valencia Valencia, lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, habiendo sido ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4390-3c80e100/negativa-ficta-es-inoperante-cuando-el-asunto-esta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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