Corpus
Modo: Corpus Pro

QUEJA POR EXCESO Y DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO. CUANDO EXISTE UNO U OTRO.

Tipo de asunto: QUEJA 60/97. · Registro digital (IUS): 4543
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JULIÁN JAVIER VALENCIA QUIJADA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, , Pág. 626.

QUEJA 60/97. JULIÁN JAVIER VALENCIA QUIJADA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.- Son infundados los agravios esgrimidos por el impetrante de garantías.

En el juicio laboral de origen 1659/93, obra a fojas 299 a la 324, la ejecutoria de amparo de fecha veintisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete, pronunciada por este Tribunal Colegiado dentro del expediente 844/96, en cuyo considerando quinto, en lo que interesa, estableció: "... tal como lo arguye el peticionario, sin existir pronunciamiento alguno en la ejecutoria pronunciada en el amparo directo 856/96, respecto al valor que la responsable otorgó a las testimoniales señaladas con antelación al dictar el laudo de cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, la propia Junta responsable, extrañamente, al pronunciar el nuevo laudo, les negó eficacia probatoria ... este tribunal considera que los razonamientos en que se apoyó la responsable para negarle crédito a las declaraciones de Rubén Héctor Ayala Morales y José Pedro Díaz Castillo, testigos propuestos por el actor para acreditar la existencia del contrato de trabajo son indebidas ... Sin embargo, como ya se ha visto, la declaración de Rubén Héctor Ayala Morales, sí resultó apta para demostrar la existencia de la relación de trabajo existente entre las partes y controvertida por la demandada; además, en la especie, resulta inaplicable el supuesto del numeral en que se apoyó la responsable, porque no puede darse el caso de que, de una relación obrero-patronal de la naturaleza que nos ocupa, sólo un testigo pueda percatarse de ella, pues la fuente de trabajo se trata de un restaurante que se encuentra abierto al público. Tampoco es verdad que la razón del dicho del testigo Díaz Castillo no se encuentre debidamente fundada porque '... es ajeno a la planta de empleados de la fuente de labores demandada ...', como lo concluyó la responsable, pues ya se ha visto que ésta es un establecimiento comercial abierto al público, siendo inexacto también que el declarante no haya señalado un periodo determinado en el que concurrió a la fuente de trabajo señalada, pues textualmente adujo que fue en los meses de septiembre, octubre o noviembre de mil novecientos noventa y tres, y si no precisó fechas exactas, ello hace más creíble su versión, pues de lo contrario, sí sería factible considerar que fue aleccionado, pues declaró hasta el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y cinco. Igualmente no es cierto que hubiese omitido señalar el nombre del restaurante y su domicilio, pues de la declaración respectiva se advierte lo contrario.- Ahora bien, como la parte demandada en el juicio laboral, únicamente se concretó a negar la existencia del vínculo contractual de trabajo que lo unía con el hoy quejoso, y éste probó dicha existencia, automáticamente acreditó la procedencia de las prestaciones que le reclamó, habida cuenta de que al estar prestando sus servicios de trabajo, sin que la patronal hubiese invocado y demostrado el abandono de las labores, o alguna causa de rescisión justificada, la consecuencia procesal es, sin duda alguna, considerar que el actor fue despedido en la forma y términos que lo relató en su demanda ante la responsable ... En las condiciones apuntadas, lo procedente es otorgar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y, en su lugar, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, pronuncie uno nuevo en el que resuelva que el actor acreditó los extremos de su acción condenando a la demandada al pago de las prestaciones que legalmente le corresponden." (fojas 47, 48 y 49).

La Junta responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes señalada, emitió el laudo de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y siete, en los términos siguientes: "... Ahora bien, atendiendo al lineamiento establecido en la ejecutoria que se cumplimenta, esta Junta les concede valor probatorio a las declaraciones de Rubén Ayala Morales y José Pedro Díaz Castillo, para considerar que el actor acreditó la existencia de la relación laboral con el propietario del Restaurant Niza señor Luis Alfonso Duarte Escoboza, persona ésta que según el registro federal de contribuyentes viene explotando la fuente de trabajo donde afirmó el trabajador laboró en el periodo comprendido del 31 de agosto al primero de diciembre de mil novecientos noventa y tres, ya que el primero de los testigos dijo saber y constarle que Julián Javier Quijada laboró en dicho restaurante, así como su actividad o puesto, que fue el de mesero, que ello le consta porque en ocasiones ocurría por las mañanas a desayunar y el lo antedía, que otras veces ocurría a tomar café y lo veía uniformado de color negro y camisa blanca, poniendo manteles y limpiando ceniceros. Y el segundo de los testigos porque dijo conocer la negociación denominada Restaurante Niza y constarle que el actor laboró en esa fuente de trabajo como mesero y que se percató de ello en septiembre, octubre o noviembre de mil novecientos noventa y tres, cuando ocurría seguido a ese restaurante ... Tomando en cuenta lo dispuesto por los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, esta Junta analizando los hechos de la demanda sus aclaraciones (sic), así como el resultado del análisis valorativo de la prueba testimonial de la parte actora que ejecutó el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito de esta ciudad, se llega a la conclusión de que el trabajador únicamente demostró la existencia de la relación laboral con el propietario del Restaurante Niza señor Luis Alfonso Duarte Escoboza, mas no con su esposa Imelda de Duarte, por no existir en autos ninguna prueba que le beneficie para poder llegar a una conclusión contraria a la anterior. Razón por la cual deben correr a cargo del propietario del Restaurant Niza para las condenas que se establezcan en el presente laudo ... Así las cosas, habiéndose probado la existencia de la relación laboral que el actor le imputó al propietario del Restaurant Niza se condena al señor Luis Alfonso Duarte Escoboza a cubrir al actor tres meses de indemnización constitucional, salarios caídos, la prima vacacional y aguinaldo proporcional conforme al tiempo laborado, cantidad líquida que deberá precisarse mediante el incidente de liquidación correspondiente, como lo ordena el artículo 843 de la ley laboral, debido a que el actor no cuantificó en su demanda el monto de dichas prestaciones, ni el número de horas extras dobles y triples, asimismo, omitió señalar en que fecha dejó de ser ayudante de cocina y pasó al de mesero, ya que en el primer puesto afirma devengó $18.57 pesos diarios y, en cambio, en la segunda percibía además propinas. Por cuanto hace a los salarios devengados que reclamó el actor en el inciso c) de su escrito inicial de demanda, esta Junta se encuentra impedida para establecer una condena a ese respecto, toda vez que el trabajador ni en su demanda ni en sus aclaraciones vertidas en la audiencia de fecha 7 de febrero de 1994, precisó de qué fecha a que fecha quedaron comprendidos los supuestos salarios devengados y no cubiertos, y también omitió señalar el monto de ellos, además de que manifiesta que tenía un salario diario de $18.57 habiendo sido contratado como ayudante de cocina y como posteriormente pasó a la actividad de mesero, ya que el primer puesto que afirma, se dice, que es el segundo puesto que afirma desempeñó, donde su salario se incrementó con motivo de las propinas y gratificaciones señalando que en la última semana devengó un salario diario integrado de $60.00. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal de Trabajo es de resolverse como se resuelve al tenor de los siguientes: Resolutivos.- Primero.- Esta Junta es y ha sido competente para conocer y resolver sobre el presente conflicto arbitral.- Segundo.- Se declara insubsistente el laudo de fecha 18 de junio de 1996.- Tercero.- La parte actora probó la relación de trabajo con el propietario del Restaurant Niza señor Luis Alfonso Duarte Escoboza, mas no así con la señora Imelda de Duarte; en consecuencia:- Cuarto.- Se absuelve a la señora Imelda de Duarte de la totalidad del pago de las prestaciones que fueron reclamadas.- Quinto.- Se condena a Luis Alfonso Duarte Escoboza propietario del Restaurant Niza y/o la quien resulte responsable de la fuente de trabajo a cubrirle al actor Julián Javier Valencia Quijada las prestaciones de indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y horas extras. Y hasta el monto de las cantidades que se establezcan en el incidente de liquidación correspondiente." (fojas de las 344 a la 347).

Como puede advertirse de las transcripciones realizadas, la ejecutoria de amparo es categórica en establecer que la Junta responsable debe dejar insubsistente el laudo reclamado y pronuncie uno nuevo en el que resuelva que el actor acreditó los extremos de su acción y condene a la demandada al pago de las prestaciones que legalmente le corresponden.

Así, una vez delimitado el alcance de la ejecutoria de amparo y sus efectos, es de concluirse que en el caso no se está en presencia de exceso o defecto en la ejecución de sentencia de amparo, por lo que resulta infundada la queja que se analiza.

En efecto, de conformidad con lo establecido por la Ley de Amparo en su artículo 95, fracción IX, el recurso de queja procede contra las autoridades responsables por exceso o defecto en ejecución de las sentencias en que se haya concedido el amparo.

Ahora bien, concretamente el recurrente basa el defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en que la Junta responsable en el laudo reclamado condiciona al actor y recurrente, para determinar el monto del salario o salario base de la condena, a la apertura de un incidente de liquidación, no obstante que en la demanda aparece en forma clara y precisa dicho salario, por lo que considera que con ello se le impide la materialización de la ejecución del laudo, en los términos que fue ordenado en la propia ejecutoria de amparo.

No asiste razón al inconforme, toda vez que contrariamente a lo que asevera, no existe exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al dictar la Junta responsable el laudo combatido y determinar la apertura de un incidente de liquidación para determinar el salario base para efectos de calcular el monto del pago de las prestaciones reclamadas, puesto que la citada ejecutoria se cumplimentó debidamente con sus efectos y consecuencias como se advierte de la transcripción hecha con antelación, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la misma, y de los citados lineamientos y efectos no se advierte que la responsable tuviera que condenar a la demandada con base en un salario específico, sino únicamente para condenar, como lo hizo, al pago de las prestaciones reclamadas; por tanto, la apertura del incidente de liquidación determinado por la Junta responsable no se trata de un defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, por lo que, si él considera que con ello se le impide la materialización de la ejecución del laudo, en tal caso, dicho argumento de inconformidad corresponde a la materia de un nuevo juicio de amparo directo contra la sentencia aquí impugnada, razón por lo cual el alegato vertido en ese aspecto es infundado.

Cabe decir que este Tribunal Colegiado no desconoce que los laudos deben ser dictados de manera congruente con la demanda, contestación y demás prestaciones deducidas en el juicio, determinando el salario que sirva de base a la condena, conforme lo señalan los artículos 840, 841, 842 y 843 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, las razones y motivos que la Junta responsable expone para la apertura del incidente de liquidación en el sentido de que se encuentra impedida para establecer una condena respecto a las prestaciones reclamadas debido a que el trabajador, ni en su demanda, ni en sus declaraciones vertidas en la audiencia de siete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, precisó de qué fecha a qué fecha quedaron comprendidos los salarios devengados y no cubiertos y, además, no cuantificó el monto de dichas prestaciones, ni el número de horas extras dobles y triples, aspectos que sólo podían analizarse al dictar el laudo condenatorio, por lo que dichos razonamientos no constituyen un incumplimiento a la ejecutoria al no haber sido motivo de controversia en el juicio de amparo que hoy la responsable cumplimenta.

Luego entonces, no puede decirse que al realizar el cumplimiento de la ejecutoria la Junta responsable haya incurrido en defecto o exceso en la ejecución de la sentencia de amparo, puesto que no omitió o desempeñó algún hecho que haya extendido o prolongado el elemento determinativo del alcance de la protección constitucional, ya que además, para cumplimentar el fallo, la responsable observó las consideraciones formuladas por el tribunal de amparo, las cuales son el fundamento y la pauta de delimitación del alcance y extensión de dicha protección.

Por tanto, al haber condenado la Junta responsable al demandado al pago de las prestaciones reclamadas por el actor aquí recurrente, es incuestionable que con ello dio debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito, pues dicho laudo fue dictado siguiendo los lineamientos establecidos en la misma, y fue precisa y únicamente para esos efectos para el que se concedió el amparo de que se trata, por lo tanto, no omitió, rebasó o decidió puntos diversos de los que determinaron el alcance de la protección otorgada en el fallo constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis V.2o.17K, sustentada por este órgano colegiado, consultable en la página 381, del Tomo XI, mayo de 1993, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "- Conforme al artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo, en la queja interpuesta contra actos de la autoridad responsable en un juicio de amparo en única instancia, puede alegarse exceso o defecto en la ejecución de la sentencia que concedió el amparo, estimándose que, existe exceso cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional, en tanto que hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por Julián Javier Valencia Quijada, en contra del laudo de diez de abril de mil novecientos noventa y siete, dictado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Notifíquese; anótese en el Libro de Gobierno de este tribunal, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados Ricardo Rivas Pérez, Jaime Raúl Oropeza García y Genaro Rivera, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4543-a153c438/queja-por-exceso-y-defecto-en-la-ejecucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.