PAGO. SU REQUERIMIENTO, ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN DE RESCISIÓN POR MORA, CUANDO NO SE SEÑALA EL DOMICILIO EN EL QUE SE DEBE DE CUBRIR EL PRECIO.
AMPARO DIRECTO 946/97. MARCO ANTONIO TREJO TREJO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.- La quejosa aduce en sus conceptos de violación, que la Sala responsable debió entrar al estudio de manera integral de todas las constancias de autos y verificar si la hoy tercero perjudicado tiene o no el carácter de propietaria del bien inmueble materia de la litis, dado que es la premisa fundamental de su acción, esto en aras de la seguridad jurídica de las partes y porque el procedimiento es de orden público y de carácter irrenunciable.
Que la Sala le concedió valor probatorio pleno a un documento que no fue exhibido con el escrito inicial de demanda y es de fecha anterior al juicio, consistente en el contrato de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos celebrado entre Margarita Fuentes viuda de Rivera, Miguel Ángel, Víctor Hugo y Héctor Rivera Fuentes como vendedores y la señora Irene Enedelia Escobar Pérez como compradora respecto del inmueble materia del litigio, mediante el cual, la Sala consideró que se transmitió la propiedad del inmueble materia del juicio a la actora, ahora tercero perjudicado, y que con ello, está legitimada para demandar al ahora quejoso las prestaciones reclamadas.
Que además, el citado contrato fue objetado con fecha 21 de enero de mil novecientos noventa y siete, dentro del término legal.
Que a la celebración del mencionado contrato, los vendedores no eran propietarios del bien inmueble materia del litigio, esto porque el proyecto de partición fue aprobado hasta el ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos; que por otro lado, según el artículo 1777 del Código Civil, la compraventa debe constar en escritura pública; que la supuesta venta realizada por los herederos se efectuó a un tercero extraño, por lo que debió cumplirse con la formalidad que establece el artículo 1292 del Código Civil relativa al derecho del tanto, hecho que no se demostró, generándose la nulidad de dicha venta; que todo ello demuestra que Irene Enedelia Escobar Pérez no es dueña del inmueble materia de la litis.
Que cuando se firmó el contrato de compraventa de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos, uno de los vendedores, Miguel Ángel Rivera Fuentes, era menor de edad, por lo que es claro que la obligación que asumió dicho menor en el contrato, no es válida y el contrato tampoco.
Que fue mediante escritura pública de fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis, donde se transmitió la propiedad a favor de Margarita Fuentes viuda de Rivera Alvarado, Héctor, Víctor Hugo y Miguel Ángel Rivera Fuentes y no antes; por lo que estas personas no podían transmitir antes el bien inmueble de que se trata a Irene Enedelia Escobar Pérez, parte actora, por lo que ésta indebidamente se obligó a lo que no podía cumplir, obteniendo un lucro indebido; que la actora no está legitimada para reclamar prestación alguna respecto del bien inmueble referido, hasta que sea la legal propietaria del mismo.
Son infundados los anteriores argumentos.
Tal como lo sostuvo la Sala responsable en la sentencia reclamada, la actora Irene Enedelia Escobar Pérez sí estaba legitimada en el juicio original, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o. y 2o. del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para demandar del ahora quejoso las prestaciones reclamadas, en concreto, la prestación principal consistente en la rescisión del contrato privado de compraventa que ambas partes celebraron el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, respecto de la casa ubicada en la calle de Brea número ciento treinta y uno, colonia Granjas, Delegación Iztacalco, de esta ciudad, pues su derecho dimana precisamente de este documento.
En efecto, la actora exhibió con su demanda inicial como documento base de la acción, el contrato privado de compraventa que celebró con el ahora quejoso el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, respecto del inmueble mencionado y el demandado, ahora peticionario de garantías, al dar contestación a la demanda lo reconoció y admitió haber celebrado ese contrato, por lo que no le puede desconocer el carácter con el que contrató y manifestó su voluntad de adquirir el inmueble materia de la controversia en los términos en que se obligó en el aludido contrato; tan es así, que reconvino a su contraparte diversas prestaciones apoyándose en el mismo documento básico.
Lo anterior es suficiente para considerar legitimada a la ahora tercero perjudicado para entablar el juicio en contra del quejoso.
Ahora bien, la autoridad responsable también señaló que el derecho de la actora nació del contrato privado de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos celebrado entre Margarita Fuentes viuda de Rivera, Miguel Ángel, Víctor y Héctor Rivera Fuentes, como vendedores y dicha actora como compradora, respecto del inmueble materia de la controversia y del testimonio notarial de veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis, donde consta que los citados vendedores fueron declarados únicos y universales herederos a bienes de Rivera Trejo Vicente; sin embargo, aunque estos documentos acreditan el origen del derecho de la ahora tercero perjudicado respecto del citado inmueble, éstos no la legitiman para entablar el juicio origen del acto reclamado en contra del ahora quejoso, pues en la celebración de este contrato no intervino el demandado, sino como se dijo, el derecho de la actora dimana del contrato base de la acción de fecha veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, por ser éste donde las partes en el juicio pactaron la operación de compraventa del citado bien y se obligaron en los términos del mismo.
Por tanto, si el aludido contrato de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y dos por el que la actora adquirió la propiedad del inmueble no fue exhibido con el escrito de demanda inicial, sino al contestar la reconvención; si uno de los vendedores era menor de edad o no se respetó el derecho del tanto, resulta intrascendente en el juicio de que se trata, por no ser materia de la acción de rescisión del contrato de compraventa celebrado entre las partes.
Por otra parte, el quejoso aduce que la cláusula novena del contrato base de la acción a que se refirió la Sala responsable en la sentencia reclamada, sí señala el domicilio de las partes, pero se indica en forma genérica y no particulariza el cumplimiento de alguna obligación y menos la de pago, es decir, que no se precisó en qué domicilio debía realizarse, por lo que se debe estar a lo dispuesto por los artículos 2082 y 2083 del Código Civil.
Es fundado el anterior argumento.
El artículo 2082 del Código Civil establece lo siguiente:
"Artículo 2082. Por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.- Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos."
El transcrito artículo 2082 del Código Civil establece la regla general de que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.
Las cláusulas tercera, cuarta, séptima y novena del contrato base de la acción, celebrado entre las partes el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y dos, señalan lo siguiente:
"Tercera. El saldo de esta operación restante de: $80'000,00.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N.), se cubrirá en un plazo no mayor de 45 días contando a partir de la firma del presente contrato.- Cuarta. La entrega física del inmueble materia del presente contrato en la fecha de la firma de este contrato por acuerdo de ambas partes.- Séptima. La promitente vendedora tendrá que hacerle entrega de toda la documentación que sea requerida por el banco, para la tramitación del préstamo. a) Escrituras. b) Planos. c) Boleta predial. d) Etcétera.- Novena. Para los efectos y cumplimiento de este contrato las partes señalan como sus domicilios los siguientes: La promitente vendedora: Irene Enedelia Escobar Pérez. Circuito Plaza Vizcaínas No. 21. Col. Dr. Alfonso Ortiz Tirado. C.P. 09020. Iztapalapa.- El promitente comprador: Marco Antonio Trejo. Calle Chicle 179 Int. 'E'. Col. Granjas México. C.P. 08400. Iztacalco."
De la cláusula tercera transcrita se advierte que el comprador, ahora peticionario de garantías se obligó a cubrir el saldo de ochenta millones de pesos 00/100 M.N., a la vendedora, ahora tercero perjudicado en un plazo no mayor de cuarenta y cinco días contados a partir de la firma del contrato; sin embargo, no se señaló el lugar de pago, pues si bien en la cláusula novena se señalaron los domicilios de la vendedora y compradora, para los efectos y cumplimiento del contrato, como no se especificó que dicho pago se hiciera en el domicilio de la vendedora, o de la compradora, pues si esa era la intención de los contratantes debió especificarse, al no haberlo hecho, debe aplicarse la regla general prevista por el artículo 2082 del Código Civil de que el pago debía hacerse en el domicilio del deudor señalado en la cláusula novena.
Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2300 del Código Civil, la falta de pago del precio da derecho para pedir la rescisión del contrato; por tanto, uno de los elementos de la rescisión es la falta de pago del precio de la operación, y en el caso concreto, de la lectura del documento base de la acción se advierte que las partes no pactaron cuál sería el lugar de pago de la operación de compraventa, por lo que sí le era aplicable la regla general prevista por el artículo 2082 del Código Civil, el cual establece que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, y en el caso, no se acreditó, de parte de la vendedora, haber acudido al domicilio del comprador a requerirle de pago, por lo que no puede decirse que el ahora quejoso haya incurrido en mora.
En efecto, la procedencia de la acción de rescisión de un contrato de compraventa por mora del deudor, generalmente descansa en el acreditamiento de los siguientes elementos: a) la existencia de la obligación, b) la exigibilidad de ésta y c) el incumplimiento en el deudor, en el entendido de que respecto a ese elemento, se ha considerado suficiente que el acreedor afirme la existencia del incumplimiento, pues conforme a las reglas que regulan la prueba, corresponde al deudor demostrar el cumplimiento. Sin embargo, en aquellos casos en que se omitió convenir en el contrato base de la acción el lugar donde debería realizarse el pago, el incumplimiento del deudor constituye tan sólo uno de los elementos integrantes de la referida acción y no es suficiente, junto con la existencia de la obligación y la exigibilidad de ésta, para tener por integrados los elementos de la acción intentada, sino que conforme al artículo 2082 del Código Civil para el Distrito Federal, el que establece que por regla general, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, debe exigirse, como un elemento más para la procedencia de la acción, el requerimiento que haga el vendedor-acreedor al comprador-deudor, en el domicilio de éste, pues al haberse omitido señalar en qué domicilio, en el de la vendedora o en el del comprador, se debía cubrir el precio, es obvio que dicho comprador se encontró en la imposibilidad fáctica de cumplir la obligación o pago de referencia; imposibilidad que necesariamente conduce a la admisión de que no pudo incurrir en mora, en tanto que es claro que el resultado no se debió a una causa que dependiera de su voluntad. De tal manera que si el vendedor-acreedor no probó haber ocurrido al domicilio del comprador-deudor a cobrar el precio de la cosa, y menos acreditó que éste se hubiera negado a pagar, es obvio que no pudo incurrirse en mora y, por ende, no quedan debidamente integrados los elementos de la acción para exigir la rescisión de la compraventa, con apoyo precisamente en una mora, por lo que debe concluirse, en ese supuesto, que el requerimiento de pago sí es un elemento de la acción de rescisión por mora.
El anterior criterio lo sostuvo este Octavo Tribunal Colegiado en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-Noviembre de mil novecientos noventa y tres, página trescientos ochenta y nueve, de rubro: "".
Por tanto, por ser la sentencia violatoria de garantías en perjuicio de la quejosa, lo que procede es concederle a Marco Antonio Trejo Trejo el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita nueva resolución en la que considere, bajo los lineamientos dados en esta ejecutoria, que no procedía la rescisión del contrato base de la acción, por lo que la Sala responsable deberá analizar y resolver con plena jurisdicción las demás prestaciones que conformaron la litis del juicio principal y reconvencional.
Por la concesión otorgada respecto de la autoridad ordenadora, por los mismos motivos, igual consideración debe hacerse en lo que atañe a los actos de ejecución reclamados de las autoridades ejecutoras.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Marco Antonio Trejo Trejo, en contra de los actos reclamados y autoridades responsables que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; y con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos relativos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Guillermo Antonio Muñoz Jiménez, María del Carmen Sánchez Hidalgo y José Luis Caballero Cárdenas, siendo relatora la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4595-1dd1dab2/pago-su-requerimiento-es-un-elemento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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