SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/95. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver sobre la denuncia de contradicción de tesis a que se refiere este expediente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el tema de este asunto puede presentarse en cualquier materia de amparo.
SEGUNDO.- El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el día ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, al resolver por unanimidad de votos el recurso de reclamación en el amparo directo laboral número 277/95, promovido por Héctor Trujillo Ramírez, estableció en lo conducente:
"CUARTO.- Son infundados los agravios hechos valer por el recurrente.- En efecto, como antecedentes del caso deben precisarse: a) Que con fecha catorce de enero de mil novecientos noventa y tres, se pronunció laudo en el juicio laboral expediente número B-548/91, en el cual se condenó en parte y se absolvió en otra a la demandada Molinos Azteca de Chihuahua, S.A. de C.V.; b) que contra ese laudo dicha demandada, así como la parte actora Héctor Trujillo Ramírez, interpusieron sendas demandas de amparo, tramitándose ante este propio tribunal los juicios de amparo acumulados números 073/93 y 077/93, respectivamente; c) que mediante ejecutoria de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y tres, pronunciada en el juicio de garantías número 077/93, se concedió la protección federal al actor quejoso, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente el laudo impugnado y proveyera lo conducente respecto a la prueba testimonial ofrecida por el entonces actor, ajustándose a los lineamientos de esa ejecutoria y, hecho que fuera, pronunciara un nuevo laudo como en derecho procediera; y que en virtud de lo anterior, se sobreseyó en el diverso juicio de amparo relacionado número 073/93, promovido por la parte demandada Molinos Azteca de Chihuahua, S.A. de C.V.; d) que una vez que la responsable consideró cumplida la ejecutoria de amparo, con fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, pronunció nuevo laudo, en el cual se condenó en parte y se absolvió en otra a la demandada, notificándose personalmente este nuevo laudo al actor el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro; e) que por escrito presentado el día dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante la Junta responsable, la parte actora promovió demanda de amparo directo en contra de este segundo laudo, tramitándose ante este propio tribunal el juicio respectivo, bajo el número 255/94, en el cual, mediante ejecutoria de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se decretó el sobreseimiento, al considerar este cuerpo colegiado que en el primer concepto de violación lo que la parte quejosa alegaba era propiamente que la responsable no había cumplido debidamente con la ejecutoria de amparo en cuestión y que, por ende, procedía el recurso de queja. En dicha demanda el peticionario del amparo hizo valer diversos conceptos de violación, los cuales, en virtud del sobreseimiento decretado, tampoco fueron analizados; f) que mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, el actor Héctor Trujillo Ramírez, por conducto de su apoderado, promovió recurso de queja por defecto en la ejecución de la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo número 077/93, ya mencionado, tramitándose bajo el número 055/94 del índice de este tribunal, declarándose infundado mediante ejecutoria de veinte de octubre de mil novecientos noventa y cuatro; y g) que por escrito presentado el veinte de marzo de mil novecientos noventa y cinco, ante la Junta responsable, el actor Héctor Trujillo Ramírez, por conducto de su apoderado legal, promovió demanda de garantías en contra del mencionado laudo de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, demanda que se desechó por extemporánea.- Ahora bien, es infundado lo argumentado por el recurrente, en el sentido de que al interponerse el recurso de queja siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo que decretó el sobreseimiento en el segundo juicio de amparo entablado en contra del laudo de veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, el término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo se suspendió desde la fecha en que fue interpuesto dicho amparo y que el aludido término se reanudó a partir de la fecha en que se le notificó la resolución recaída en la queja por defecto en la ejecución de la sentencia de amparo; que los quince días para interponer el amparo debían contarse desde esta última fecha y no desde la fecha en que fue notificado el laudo reclamado, el cual, dice, quedó firme hasta que se resolvió la queja.- Lo anterior es incorrecto, habida cuenta de que el artículo 21 de la Ley de Amparo es muy claro al establecer que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado, señalándose como excepciones, únicamente, las que se establecen en los artículos 22, 217 y 218 de la propia ley, en los que se amplía el aludido plazo, en cada caso particular; pero no existe disposición alguna en la ley de la materia que prevea la suspensión y prorrogabilidad del término para la interposición de la demanda de amparo en las condiciones que refiere el recurrente. Ello es así, pues los artículos 24 y 26 del citado ordenamiento legal establecen las reglas a que debe sujetarse el cómputo de los términos en el juicio de garantías y en ninguno de ellos se prevé que el término para la interposición de la demanda se puede suspender en las condiciones que alega el inconforme.- Ahora, es verdad que el amparo número 255/94 fue promovido dentro del lapso de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo; sin embargo, también lo es que al haberse decretado el sobreseimiento y no haberse interpuesto diverso juicio de garantías antes de que transcurrieran los quince días, contados a partir del día siguiente al en que se notificó al hoy recurrente el laudo en cuestión, feneció el derecho del reclamante para impugnar por medio del juicio de garantías dicho laudo, pues no existe base legal alguna para considerar que el amparo número 255/94 se encuentre vinculado a la queja número 55/94, a grado tal que puedan constituir una sola instancia, como en cierta forma lo pretende el recurrente. Ni tampoco puede decirse que en la ejecutoria de sobreseimiento se haya condicionado la promoción del amparo respecto de las demás violaciones a la previa interposición de la queja para que, una vez resuelta, se continuara con el amparo, como lo entendió la hoy recurrente; pues tal sobreseimiento no hizo más que dejar las cosas en el estado en que se encontraban al momento de interponerse la demanda, esto es, sin resolver sobre ninguno de los motivos de inconformidad que en la misma se hicieron valer, por existir un motivo legal que lo impedía, esto es, una causa de improcedencia y todo ello debido únicamente al planteamiento que de sus inconformidades expuso el demandante del amparo.- Lo anterior es así, pues en los casos como el que se analiza, pueden darse las siguientes situaciones: a) que en contra de un laudo o sentencia pronunciados en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, el inconforme considere que existan violaciones referentes al indebido cumplimiento de dicha ejecutoria y, además, motivos de inconformidad en relación con los razonamientos que sustentan el fallo; y b) que únicamente existan estos últimos propiamente.- Lo anterior es así, pues en los casos como el que se analiza pueden surgir dos hipótesis: a) que el quejoso resienta un agravio cometido por la responsable, porque en el amparo que se concedió para efectos y con libertad de jurisdicción la autoridad incurra en una ilegalidad; y b) que además de lo anterior, la propia autoridad incurra en un defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria. Ahora bien, en el primer caso el quejoso al interponer el nuevo amparo, en la parte que dejó libertad de jurisdicción a la responsable, sólo deberá concretarse en sus conceptos de violación al problema de legalidad, pues si involucra en el amparo, como ocurrió en la especie, el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, ello motivará el sobreseimiento del juicio de amparo, pues en él no se puede estudiar el fondo del asunto cuando se vierten en los conceptos de violación argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, y ello es así, porque al darse esta situación se sobreentiende que primero es necesario dilucidar si hubo exceso o defecto de tal ejecutoria, no estando en aptitud el Tribunal Colegiado de estudiar el fondo del asunto, pues prácticamente en un mismo escrito se estaría interponiendo un amparo directo y una queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria; y en el segundo, puede ocurrir que únicamente exista exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, caso en el cual es evidente que sólo debe interponerse el recurso de queja a que se refiere la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo.- Ahora bien, si en el caso, en el amparo número 225/94 (sic), además de violaciones de fondo se alegaron violaciones propiamente inherentes a una indebida ejecución de una ejecutoria de amparo, lo que procedía, y así se hizo, era decretar el sobreseimiento, sin que por el hecho de que en la ejecutoria de sobreseimiento, se haya determinado que una alegación era materia de queja, se estuviera condicionando la promoción del juicio de amparo a la previa interposición y resolución de la queja y que, por ello, se suspendiera el término para la promoción de la demanda de garantías, ni quiere decir que se haya vinculado el amparo a la queja, a grado tal, de que formaran una sola instancia y mucho menos que al resolverse la queja se reanudara el término para impugnar en amparo el laudo respecto de las demás alegaciones sí constituían conceptos de violación (sic), porque como ya se dijo, no existe disposición legal alguna que así lo establezca, principalmente porque las cuestiones que se alegan en la queja y en el amparo son diversas. Sin que por lo anterior sea acertado el razonamiento del recurrente, en el sentido de que la resolución que pone fin a la queja deja firme el laudo que constituye el acto reclamado, sino que éste únicamente queda firme por el transcurso del término legal si no se promueve en su contra el juicio de amparo.- Por lo antes expuesto, debe concluirse que el auto recurrido se encuentra ajustado a derecho y lo que procede es declarar infundado el presente recurso de reclamación.- Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:-ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de reclamación."
El propio Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el día treinta uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, resolvió el amparo directo laboral número 363/95, promovido por Gama Rent, S.A. de C.V. y/o Comercializadora de Arrendamiento, S.A. de C.V., y consideró en lo conducente:
"QUINTO.- Este Tribunal Colegiado considera, analizando el primer concepto de violación que aduce la parte quejosa, que el presente juicio de amparo es improcedente por actualizarse en la especie la causa de improcedencia que, para tal efecto, establece la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el numeral 192, ambos de la Ley de Amparo, y la tesis de jurisprudencia número 739, publicada en la página 1213, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 'EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EXCESO O DEFECTO.- La forma correcta de ejecutar un fallo constitucional que protege, es dictar nueva sentencia que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo, ciñéndose al tenor exacto de ese fallo. Hay exceso de ejecución cuando la autoridad responsable va más allá del alcance de la ejecutoria que concede la protección federal y afecta actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni están vinculados al efecto restitutorio del amparo concedido. Hay defecto de ejecución cuando la autoridad responsable omite el estudio y resolución de alguna de las cuestiones que le ordenó resolver la ejecutoria que concedió el amparo, conforme a los términos y fundamentos legales de la propia ejecutoria con la que está vinculada, y tanto cuando hay exceso como defecto, procede la queja y no un nuevo amparo.'; la cual, por ser de orden público, es preferente su estudio conforme lo dispuesto por el último párrafo del precepto legal primeramente invocado.- En el primer concepto de violación hecho valer, en la parte que interesa, la entonces parte demandada en el juicio laboral, aquí quejosa, menciona lo siguiente: '... Hasta aquí el razonamiento de la responsable el cual es incongruente y va más allá del amparo directo número 810/94, ya que como se ha mencionado que el resto de la resolución del laudo de fecha 6 de octubre de 1994, en este caso quedó firme e intocable, por tanto la responsable no tenía por qué resolver de nueva cuenta sobre la acción principal de despido que ejercitó la actora, ya que el amparo concedido a la actora fue únicamente para el efecto de que la responsable resolviera sobre la reclamación relativa a las horas extras y no sobre el fondo del asunto; de acuerdo con lo anterior, la reinstalación que se llevó a cabo de la actora, el día 14 de junio de 1994, quedó firme ya que el actuario tuvo por reinstalar (sic) a la actora en los términos asentados en dicha acta, por tanto es ilógico e incongruente y sin fundamento ni motivación alguna el hecho de que la responsable vuelva a condenar a mi representada a reinstalar a la actora, siendo que en autos consta que con fecha 14 de junio de 1994 quedó debida y formalmente reinstalada, igualmente resulta absurdo que estando formalmente reinstalada la actora vuelva a condenar a mi representada al pago de salarios caídos hasta la fecha en que sea reinstalada la actora, siendo que en autos consta que la actora ya se encontraba debidamente reinstalada ...'. De la anterior transcripción se pone de manifiesto que la agraviada considera, sustancialmente, que en cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo directo laboral número 810/94, misma que quedó precisada en el resultando cuarto de esa resolución, la Junta responsable no tenía por qué resolver de nueva cuenta sobre la acción principal de despido ejercitado por la entonces actora '... ya que el amparo concedido a la actora fue únicamente para el efecto de que la responsable resolviera sobre la reclamación relativa a las horas extras y no sobre el fondo del asunto ...'. De lo antes expuesto, se colige que la parte quejosa alega que la autoridad responsable no acató correctamente lo resuelto en la ejecutoria de amparo anteriormente mencionada; por lo que si ello es así, no es el presente juicio de amparo el medio idóneo a efecto de exigir que dicha responsable acate en sus términos la sentencia de amparo indicada.- Es aplicable a lo anterior, la tesis aprobada por este Tribunal Colegiado en sesión de fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, identificada con la clave 003.9KO, la cual es del tenor literal siguiente: 'IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO PREVIAMENTE SE INTERPUSO QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO QUE OTORGÓ EL AMPARO PARA EFECTOS.- Cuando se dicta una sentencia o laudo en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pueden surgir dos hipótesis: a) Que el quejoso resienta un agravio cometido por la responsable, porque en el amparo que se concedió para efectos y con libertad de jurisdicción la autoridad incurra en una ilegalidad; b) Que además de lo anterior, la propia autoridad incurra en un defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria. Ahora bien, en el primer caso el quejoso al interponer el nuevo amparo, en la parte que dejó libertad de jurisdicción a la responsable, sólo deberá concretarse en sus conceptos de violación al problema de legalidad, pues si involucra en el amparo el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, ello motivará el sobreseimiento del juicio de amparo, pues en él no se puede estudiar el fondo del asunto cuando se vierten en los conceptos de violación argumentos relativos al exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, y ello es así porque al darse esta situación se sobreentiende que primero es necesario dilucidar si hubo exceso o defecto de tal ejecutoria, no estando en aptitud el Tribunal Colegiado de estudiar el fondo del asunto, pues prácticamente en un mismo escrito se estaría interponiendo un amparo directo y una queja por exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria; y en el segundo puede ocurrir que únicamente exista exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria, caso en el cual es evidente que sólo debe interponerse el recurso de queja a que se refiere la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si en el amparo, además de violaciones de fondo, se alegaron violaciones propiamente inherentes a una indebida ejecución de una ejecutoria de amparo, lo que procede es decretar el sobreseimiento; sin que por el hecho de que en la ejecutoria de sobreseimiento recurrida se hubiera determinado que un concepto era materia de queja, se estuviera condicionando la promoción del juicio de amparo a la previa interposición y resolución de la queja; y que, por ello, se suspendiera el término para la promoción de la demanda de garantías, ni quiere decir que se haya vinculado el amparo a la queja, a grado tal que formaran una sola instancia y mucho menos que al resolverse la queja, se reanudara el término para impugnar en amparo el laudo respecto de las demás alegaciones si constituían conceptos de violación, porque no existe disposición legal alguna que así lo establezca, principalmente porque las cuestiones que se alegan en la queja y en el amparo son diversas.'.- En el anterior orden de ideas, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.- Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 177, 184, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:-ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo."
TERCERO.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el día diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho, al resolver, por unanimidad de votos, el amparo directo número 1135/87, promovido por Cosbel, S.A. de C.V., determinó en lo conducente:
"SEXTO.- Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son inoperantes.- En el primero y segundo de ellos se sostiene, esencialmente, que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales por inexacta aplicación de los preceptos 5o. y 237 del Código Fiscal de la Federación; 349 y 350 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que en la nueva resolución de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación se suprime todo el considerando segundo de la sentencia también pronunciada por este tribunal administrativo federal el 21 de noviembre de 1985, es decir, que la Sala responsable omite estudiar la causa de nulidad expuesta en el punto siete de la demanda respectiva que es lo que había sido la base para declarar la nulidad por parte de la Sala Regional y también había motivado el agravio que hacen valer las autoridades recurrentes al interponer el recurso de revisión ante la Sala Superior. Por lo que la autoridad responsable no tiene un motivo adecuado y suficiente para revocar la sentencia dictada por la Cuarta Sala Regional Metropolitana con fecha 15 de marzo de 1984.- Previamente al análisis del anterior argumento, este tribunal estima conveniente precisar algunos de los antecedentes del acto reclamado: 1) La empresa hoy quejosa gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Dirección General Técnica, se declarara la compensación de los créditos a su favor y en su contra, originados por concepto de cheque devuelto y de un supuesto pago de lo indebido, respectivamente. 2) Como resultado de esta gestión, se autorizó la compensación por la cantidad de $20'261,743.00, ante el pago de lo indebido, ordenándose mediante el oficio 361-1-A-32027 de fecha 28 de septiembre de 1981, que dicha cantidad fuera aplicada a cuenta del crédito determinado por la falta de pago del cheque librado por la empresa contribuyente, hoy quejosa. 3) El día 23 de febrero de 1983, el notificador de la Oficina Federal de Hacienda número 16-55 notificó a la parte quejosa un crédito por la cantidad de $46'703,317.60, por concepto del cheque devuelto número 2878, más 20% de indemnización y recargos. 4) Inconforme con el anterior requerimiento, se promovió demanda de nulidad ante el Tribunal Fiscal de la Federación y la Cuarta Sala Regional Metropolitana dictó sentencia en el expediente número 3964/83, el día 15 de marzo de 1984, declarando la nulidad total del acto impugnado. 5) El subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, inconforme con la anterior resolución, interpuso recurso de revisión ante la Sala Superior, quien dentro del expediente número 1051/84 dictó sentencia el 21 de noviembre de 1985, modificando parcialmente la resolución impugnada. 6) Inconforme con este fallo, la empresa Cosbel, S.A. de C.V., presentó demanda de amparo directo que fue tramitada ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número DA-837/86, y el día 19 de agosto de 1986 se dictó ejecutoria concediendo el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable dejara sin efecto la resolución reclamada y pronunciara una nueva en la que se ocupara en estudiar todos y cada uno de los argumentos expuestos por la actora. 7) En cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 837/86, la Sala Superior pronunció una nueva sentencia el día 3 de marzo de 1987, que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías número 1135/87.- Por otra parte, se advierte de la lectura de la resolución reclamada que el considerando primero refiere a que '... en cumplimiento de la ejecutoria de referencia, esta Sala Superior deja sin efectos su sentencia de fecha 21 de noviembre de 1985 y se ocupa del argumento que hizo valer la actora al final del punto 2 del capítulo de consideraciones de derecho de su demanda de nulidad, donde textualmente hizo valer lo siguiente ...'. Al respecto, se concluye que este argumento de la actora resulta infundado.- Además, en el considerando segundo del fallo reclamado, se expresa lo siguiente: 'En virtud de que la ejecutoria que se cumplimenta no se refiere a los razonamientos formulados por esta juzgadora en los considerandos tercero a quinto de su sentencia de fecha 21 de noviembre de 1985, y toda vez que el argumento de la actora que ahora se estudia resulta infundado, procede reiterar dichos razonamientos que quedaron transcritos en el resultando de esta resolución, mismos que en obvio de repeticiones se tienen por reproducidos y, consecuentemente, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad hacendaria emita otra en la que cobre únicamente el 20% de indemnización a que tiene derecho en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación anterior y los recargos correspondientes calculados a la fecha en que se autorizó la compensación, considerando el importe de recargos ya pagados ...'. Concluyéndose en los resolutivos que: 'I. En cumplimiento de la ejecutoria dictada en el DA-837/86 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, se deja sin efectos la sentencia de esta Sala Superior dictada el 21 de noviembre de 1985. II. Una vez analizado el argumento de la actora a que se refiere dicha ejecutoria, se concluye que el mismo es infundado. III. Se reiteran los considerandos tercero a quinto de la sentencia de esta Sala Superior de fecha 21 de noviembre de 1985, mismos que no fueron objeto de estudio por el Tribunal Colegiado de referencia y, consecuentemente, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emita otra en la que únicamente cobre el 20% de indemnización a que tiene derecho por concepto de cheque devuelto en los términos del artículo 23 del Código Fiscalde la Federación anterior, así como los recargos correspondientes en los términos de la última parte del considerando segundo de esta resolución. IV. Mediante oficio que se gire al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, remítasele copia de esta resolución, en vía de informe, sobre el debido cumplimiento a la sentencia pronunciada en el DA-837/86. V. Notifíquese.'.- Ahora bien, de lo referido con anterioridad respecto del argumento aducido en los conceptos de violación primero y segundo, de los considerandos y resolutivos de la sentencia reclamada, se deduce que la parte quejosa en realidad alega en tales conceptos de violación un defecto en la ejecución de la sentencia que le concedió el amparo dentro del juicio de garantías número 837/86, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que deben estimarse inoperantes los conceptos de violación mencionados en atención a que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, es procedente el recurso de queja contra los actos de las autoridades responsables por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en amparo directo, en los casos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, y no por medio de un nuevo juicio constitucional.- En efecto, si la parte quejosa esencialmente sostiene en el primero y segundo conceptos de violación que la Sala responsable omite estudiar la causa de nulidad expuesta en el punto siete de la demanda respectiva y que se analizó en el considerando segundo de la resolución pronunciada por la Sala Superior responsable en el expediente fiscal número 1051/84, y que constituyó el acto reclamado en el juicio de amparo directo número DA-837/86, es de concluirse que tales conceptos de violación se encuentran referidos a cuestiones relativas al defecto de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de garantías precitado, en virtud de que en esta resolución se concluye '... conceder la protección federal solicitada por la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable analice todos y cada uno de los argumentos expuestos por la actora y pronuncie la sentencia que en derecho proceda ...' (fojas 18 del fallo dictado en el expediente fiscal número 100(06)/1051/84/3964/84), y en los conceptos de violación a estudio se sostiene que la sentencia dictada en cumplimiento de dicha concesión de amparo omite el análisis de la causa de nulidad expuesta en el punto siete de la demanda de nulidad respectiva, no obstante que la Sala Superior tenía la obligación de estudiar todos y cada uno de los argumentos aducidos por la actora en la citada demanda de nulidad.- En consecuencia, deben estimarse inoperantes los conceptos de violación primero y segundo, porque si en ellos en realidad se sostiene implícitamente una defectuosa ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo DA-837/86, por la que se concedió el amparo a la empresa hoy quejosa, y contra de dicho acto reclamado procede el recurso de queja, en términos de la fracción IX del artículo 95 de la Ley de Amparo, este tribunal se encuentra ante la imposibilidad jurídica de estudiar el anterior argumento de una defectuosa ejecución de sentencia, dentro de un nuevo juicio de garantías.- A mayor abundamiento, cuando en un nuevo juicio de amparo directo en realidad se sostenga implícitamente en los conceptos de violación un exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que se haya concedido el amparo al quejoso, es de sobreseerse en ese juicio de garantías con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la IX del diverso 95, ambos de la ley invocada, pues en contra de tales actos de las autoridades responsables procede el recurso de queja, en términos del mencionado artículo 95, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Ahora bien, si además de la cuestión referida en el párrafo que antecede (exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de amparo directo), en los restantes conceptos de violación se aducen argumentos que controviertan las consideraciones que la Sala responsable tomó en cuenta al pronunciar el nuevo fallo de ejecución de la sentencia dictada en otro juicio de amparo directo, en buena técnica jurídica no cabe sobreseer en el juicio constitucional respecto de los argumentos que en última instancia sostengan que el acto de las autoridades responsables esté cumplimentando con exceso o defecto la sentencia pronunciada en amparo directo, y además declarar fundados o infundados, según proceda, los restantes conceptos de violación que controviertan las consideraciones de la sentencia reclamada, en virtud que no es posible lógica ni jurídicamente dividir la continenci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4633-91a2577d/sentencia-definitiva-dictada-en-cumplimiento-de-una-ejecutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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