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Modo: Corpus Pro

ANATOCISMO, PACTO DE. LO CONSTITUYE EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE LOS CONTRATANTES A FIN DE QUE EL ACREDITADO DISPONGA DE UN CRÉDITO ADICIONAL PARA CUBRIR INTERESES NO DEVENGADOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1883/97. · Registro digital (IUS): 4662
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, , Pág. 397.

AMPARO DIRECTO 1883/97. BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Los conceptos de violación que se proponen son ineficaces en una parte y fundados en otra.

El primero y el segundo de los puntos de inconformidad se analizarán conjuntamente, dada la estrecha relación que guardan entre sí, en la medida que en ellos se aduce, en esencia, que los demandados no podían hacer valer la excepción de nulidad de las cláusulas del contrato base de la acción; que debieron plantearla en vía de reconvención, porque a juicio del quejoso, en la especie existe litisconsorcio pasivo necesario, dado que en dicho acuerdo de voluntades intervinieron no sólo los contratantes, sino también terceros, como fueron el notario público ante el cual se protocolizó el acto jurídico y el Registro Público de la Propiedad, quien lo inscribió. Se aduce también que la Juez responsable no analizó oficiosamente, como era su obligación, si se había llamado a juicio a todas las personas involucradas en el contrato base de la acción, y se citan diversos precedentes jurisprudenciales que el promovente del juicio de amparo considera que apoyan sus inconformidades.

Los conceptos de violación aludidos son infundados.

En la especie, la interposición de la excepción de nulidad únicamente podía afectar a las partes contratantes, porque no se invocaron como causas de nulidad del contrato algunos actos atribuibles al notario público que protocolizó la escritura en la cual consta la convención, ni al Registro Público que la inscribió; por ello, si la nulidad no dependía de actos del fedatario ni del registrador, éstos carecían de legitimación pasiva para ser llamados a juicio y, por ende, no se dio el litisconsorcio pasivo necesario, como lo alega el inconforme.

Consecuentemente, es claro que contra lo aducido, los demandados, hoy terceros perjudicados, se encontraban en aptitud legal para hacer valer como excepción la nulidad del contrato base de la acción, y no necesariamente en vía reconvencional.

Bajo la perspectiva anterior, no son aplicables las tesis que se invocan en los conceptos de violación, ni la autoridad responsable tenía por qué analizar oficiosamente si se había llamado a juicio a todas las personas involucradas con el contrato base de la acción, ya que esa obligación sólo se actualiza cuando se da el litisconsorcio pasivo necesario, figura jurídica que, como quedó precisado, en el presente asunto no se actualizó.

En el tercer concepto de violación se alega que la autoridad responsable aplicó incorrectamente lo que disponen los artículos 78 y 363, ambos del Código de Comercio. Se aduce que todo acuerdo de voluntades de índole mercantil, permite a las partes que se obliguen y comprometan libremente sin necesidad de requisito o formalidad alguna; que en el caso, los terceros perjudicados y el quejoso se obligaron y reconocieron el contenido del contrato de apertura de crédito ante notario público, que siempre tuvieron conocimiento y que se manifestaron conformes con él; además, que tenían la posibilidad de disponer o no del crédito adicional, es decir, estaban en aptitud de cubrir puntualmente los intereses generados y por tanto, dar aviso a la institución bancaria, por escrito, con treinta días de anticipación, de su deseo de no usar ni disponer del crédito adicional, por lo que, aduce, ese pacto no es anatocismo, y cita una tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito que, considera, apoya sus argumentos de inconformidad.

El concepto de violación es infundado, pues si bien es cierto que el artículo 78 del Código de Comercio permite que las partes se obliguen y comprometan libremente, sin necesidad de requisito o formalidad alguna, también es verdad que eso no significa que las convenciones, pactos o cláusulas concertados, por el simple hecho de ser suscritas y reconocidas por las partes, obliguen o tengan validez aunque no sean conformes a las leyes que las rigen; circunstancia esta que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 77 del código mercantil, que establece: "Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.".

Aunado a lo anterior, se encuentra que la voluntad de las partes no puede estar por encima del interés público y de la técnica jurídica; esto es, sobre éstas no puede prevalecer el capricho de los contratantes. Apoya lo anterior, la quinta tesis relacionada con la número 518, publicada en la página novecientos tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice: "CONTRATOS, VOLUNTAD DE LAS PARTES EN LOS.-Si bien es verdad que la voluntad de las partes, es la suprema ley de los contratos, también lo es que dicho principio tiene dos limitaciones forzosas, ineludibles; la primera, que se deriva del interés público que está por encima de la voluntad individual, y la segunda de la técnica jurídica, sobre la que tampoco puede prevalecer el capricho de los contratantes.".

Por otro lado, el artículo 363 del Código de Comercio dispone que: "Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.".

Del precepto transcrito se desprende la prohibición de que los intereses vencidos generen a su vez intereses, figura jurídica conocida comúnmente como pacto de anatocismo. De igual forma, el numeral contempla la posibilidad de que las partes capitalicen los intereses vencidos y no cubiertos.

La capitalización que se permite sólo es aplicable cuando los intereses ya se encuentran vencidos y son exigibles, pero no cuando con anterioridad a su causación las partes efectúan esa estipulación.

Se afirma lo anterior, en razón de que el aludido precepto señala que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses y, posteriormente, precisa que los contratantes podrán capitalizarlos.

Por el orden de la disposición, es lógico concluir que esa opción de capitalización de réditos que prevé el artículo 363 del Código de Comercio se actualiza hasta el momento en que los intereses se encuentran vencidos y que, por lo mismo, sean exigibles, pues de lo contrario, se estaría conviniendo de antemano la capitalización de intereses que todavía no se causan y que, por ende, tampoco son exigibles. Luego, cualquier forma de acuerdo entre las partes para que los réditos vencidos y no pagados, se capitalicen y generen a su vez intereses, ya directa, ya indirecta, infringe la prohibición que establece en primer término el referido artículo, en el sentido de que los intereses vencidos y no pagados no devenguen intereses. Además, vale decir que la teleología de dicho dispositivo legal no es otra que la de impedir una conducta de los acreedores que resulte o pueda resultar ruinosa para los deudores, consistente en el cobro de réditos sobre intereses vencidos y no pagados, o interés compuesto.

Precisado lo anterior, se encuentra que en el caso, como bien lo estimó la autoridad responsable, se estipuló anticipadamente la capitalización de intereses.

En efecto, las cláusulas quinta y séptima del contrato base de la acción dicen: "Quinta. El acreditado podrá disponer del crédito adicional en las fechas en que deba cubrir los intereses pactados en la cláusula séptima, mediante disposiciones mensuales, cada una de ellas hasta por la cantidad que resulte de restar el importe de los intereses ordinarios que mensualmente se causen, la erogación neta mensual a que esté obligado el acreditado a cubrir, según la cláusula octava, siempre que el banco haya recibido el pago correspondiente por este concepto. El crédito adicional al que se refiere esta cláusula será hasta por el quinientos por ciento del importe del crédito original, equivalente a mil doscientos sesenta punto cincuenta veces el salario mínimo diario general del Distrito Federal elevado al mes y se dispondrá en un plazo máximo de quince años contados a partir de la fecha de este instrumento. El acreditado al ejercer las disposiciones previstas en esta cláusula instruye al banco para que la aplique al importe del pago de los intereses devengados. Cada una de las disposiciones bajo el sistema de crédito adicional se documentarán mediante asientos contables que hará el banco sin necesidad de que el acreditado suscriba documento alguno. En caso de que el acreditado no desee efectuar las disposiciones previstas en esta cláusula, instruye al banco para que la aplique al importe del pago de los intereses devengados. En caso de que el acreditado no desee efectuar las disposiciones citadas, deberá dar al banco el aviso correspondiente por escrito cuando menos con treinta días de anticipación a la fecha en que se realice la erogación neta mensual y, por tanto, pagará al banco los intereses correspondientes a ese mes por el importe total." "Séptima. Durante la vigencia de este contrato, las cantidades dispuestas por el acreditado, causarán a su cargo, intereses normales sobre saldos insolutos mensuales calculados en los términos de la definición de tasa de interés señalada en el capítulo de definiciones de este contrato. En este contrato se pacta una tasa de interés inicial anual del veintiséis punto noventa y siete por ciento que queda sujeta a los ajustes a la alza o a la baja, en los términos en que aumenten o disminuyan los instrumentos mencionados en la definición de tasa de interés de este contrato. La tasa de interés pactada en el párrafo anterior de la presente cláusula incluye el punto setenta y cinco por ciento por concepto de seguros de vida y daños.".

En las cláusulas transcritas se convino un crédito adicional que constituye un modo indirecto o disfrazado de capitalización anticipada de réditos y un cobro de interés compuesto; esto es, un pacto de anatocismo, prohibido por el artículo 363 del Código de Comercio.

En efecto, desde una primera perspectiva, se aprecia que en la cláusula quinta antes transcrita se conviene de antemano la disposición de una suma fijada, valga la redundancia, en forma previa, hasta por el quinientos por ciento del crédito inicial, equivalente a mil doscientos sesenta punto cincuenta veces el salario mínimo mensual diario general del Distrito Federal, destinada al pago de intereses ordinarios no vencidos.

Desde un segundo punto de vista, se aprecia que en la cláusula séptima del contrato fundatorio de la acción se prevé la posibilidad de que el monto por concepto de crédito adicional, con independencia de que por sí misma es la capitalización de los intereses no cubiertos con los pagos o erogaciones netas mensuales, produzca a su vez nuevos intereses.

Además de lo anterior, cabe destacar que en el propio contrato de apertura de crédito base de las pretensiones, en particular en el capítulo de definiciones, se estableció textualmente lo siguiente: "3. Sistema de crédito adicional. Se entiende éste como una medida tanto de carácter jurídico como económico, a través de la cual el acreditado puede disponer de sumas adicionales al importe del crédito destinado a la adquisición del inmueble que se hipoteca y que se utilizará para completar el pago de los intereses que no alcance a cubrir con el importe de la erogación neta y sobre ambas pagará intereses de tal forma que en el presente contrato se pacta el sistema comúnmente llamado de interés compuesto.".

Así, se reitera, es indudable que en la especie, el crédito adicional concertado constituye el pacto de anatocismo prohibido por la ley.

Por otra parte, es infundado el argumento en el sentido de que era de uso discrecional la disposición del crédito adicional acordado en la cláusula quinta antes transcrita, del contrato base de las reclamaciones, pues del apartado contractual se advierte que si bien es verdad que se dice que el acreditado podrá disponer del mismo, también es cierto que no por esa circunstancia debe estimarse que los demandados hoy terceros perjudicados tenían la libre posibilidad de disponer o no de ese crédito, porque también se estableció que en caso de que no quisieran usar el préstamo, tenían la obligación de comunicar al banco esa circunstancia con treinta días de anticipación a la fecha en que debería realizarse la erogación neta mensual, de lo que se sigue que el aviso debía ser antes de que se generaran los intereses y no precisamente cuando ya se habían causado; caso aquel en que sí podría considerarse como optativo para el deudor el de pagar la totalidad de los intereses generados o solicitar la disposición del crédito adicional, pero no antes de conocerlos, pues en esta hipótesis y por el plazo previo a la disposición con el que debía darse el aviso a la institución crediticia, es de considerarse que resultaba materialmente difícil admitir la posibilidad de que, si los acreditados desconocían el monto de los réditos, pudieran comunicar, treinta días antes a su pago, que no deseaban utilizar el préstamo adicional; amén de que ya se había pactado la capitalización de intereses, tal y como quedó precisado con antelación.

Además, debe presumirse que la institución de crédito, hoy quejosa, desde el momento de la celebración del contrato base de la acción sabía que el acreditado no podría pagar los intereses que generaría el crédito que le fue otorgado, pues de no ser así, no se hubiera pactado el préstamo adicional para el pago de los réditos que no alcanzara a cubrir con la erogación neta mensual, de ahí que no puede concluirse, como lo pretende el inconforme, que era optativa la disposición de ese crédito, ya que para esto era necesario que esa opción se presentara a los obligados cuando los réditos ya se hubieran generado, pero no con treinta días de anticipación, cuando aún los desconocían, menos todavía cuando de acuerdo a la cláusula quinta del convenio base de las pretensiones, el acreditado, al ejercer las disposiciones del crédito adicional, instruyó al banco para que las aplicara al importe del pago de los intereses devengados, las cuales se documentarían mediante asientos contables que haría la institución crediticia, sin necesidad de que aquél suscribiera documento alguno, circunstancias que también ponen de manifiesto que no era opcional la disposición del crédito aludido, pues no efectuado el aviso relativo con la anticipación requerida, el banco, según las instrucciones, procedería a ejercer las disposiciones relativas para aplicarlas al importe de los réditos generados sin necesidad de suscripción de documento alguno.

Por las razones anteriores, no se comparte el criterio invocado por el quejoso en el concepto de violación en análisis, y cabe añadir que con la concertación del crédito adicional, las partes pactaron que los réditos vencidos y no pagados generaran a su vez intereses, pues como bien lo apreció la Juez responsable, dicho préstamo lo abrió la institución bancaria para el pago de los intereses devengados por el crédito que no se alcanzaran a cubrir con el pago de la erogación o amortización mensual conforme al contrato, y que a su vez, esas disposiciones del préstamo adicional generaran intereses, según se desprende de la cláusula séptima, antes transcrita, lo que constituye el pacto de anatocismo prohibido legalmente.

El criterio invocado ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado, en lo esencial, al resolver los asuntos cuyos datos a continuación se anotan:

Amparo directo 889/96.-Banamex, S.A.-6 de agosto de 1996.-Unanimidad de votos.-Ponente: Gilberto Pérez Herrera.-Secretario: Eduardo Antonio Loredo Moreleón.

Amparo directo 968/96.-Bancomer, S.A.-19 de febrero de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Gilberto Pérez Herrera.-Secretario: Eduardo Antonio Loredo Moreleón.

Amparo directo 1707/97.-Banamex, S.A.-12 de noviembre de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Enrique Alberto Durán Martínez.-Secretaria: Carolina Isabel Alcalá Valenzuela.

Amparo directo 1695/97, relacionado con el 1694/97.-Banamex, S.A.-26 de noviembre de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Herminio Huerta Díaz.-Secretaria: Aída Guzmán López.

Lo anterior motiva que éste órgano de control constitucional sostenga la siguiente tesis:

"-El artículo 363 del Código de Comercio prevé: ‘Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.’. De este precepto se desprende la prohibición de que los intereses vencidos generen a su vez intereses, conocido como pacto de anatocismo y, por otra parte, contempla la posibilidad, como caso de excepción y acto posterior o futuro, la capitalización de los intereses vencidos y no cubiertos, para lo que necesariamente debe existir el convenio de los contratantes. Ahora bien, si en un caso, los interesados convinieron en la apertura, en favor del obligado, de un crédito adicional a fin de cubrir mediante disposiciones mensuales, los intereses generados que no lograra pagar con la erogación neta correspondiente; también se concertaron (sic) que en la eventualidad de que el acreditado no deseara usar el préstamo adicional, tenía la obligación de avisar con treinta días de anticipación a la fecha en que se realizaría la erogación; y convinieron además, que las disposiciones del crédito adicional se documentarían mediante asientos contables que haría el banco sin necesidad de que el acreditado suscribiera documento alguno; tal acuerdo de voluntades, entraña el pacto de anatocismo prohibido por el numeral antes citado ya que, por una parte, se conviene, de antemano, la apertura, disposición de un préstamo por una suma determinada destinada al pago de intereses ordinarios no vencidos y, por otra, se establece que esa cantidad, que en sí misma constituye capitalización de los réditos no cubiertos con los pagos o erogaciones netas mensuales, produzca a su vez nuevos intereses, sin que pueda considerarse que la disposición de ese crédito sea discrecional, pues para concluir en ese sentido resultaría necesario que se hubiera convenido que, una vez generados los intereses, el acreditado tuviera la opción de manifestar si quería o no utilizarlo, pero no treinta días antes de su causación."

En el cuarto concepto de violación se aduce que los demandados, aquí terceros perjudicados, tuvieron perfecto conocimiento del contenido de las cláusulas del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pues, alega, así lo manifestaron ante el notario público que protocolizó tal acto jurídico, además de que existieron cumplimientos parciales a través de los pagos que hicieron, y suponiendo sin conceder que algunos apartados contractuales fueran nulos, tuvieron perfecto conocimiento de ellos al momento de celebrar el citado contrato, por lo que, a su juicio, no se podía hacer valer mediante excepción una supuesta nulidad de la cual se tenía conocimiento y lo que es más, se ratificó a través de actos indudables de consentimiento como es el pago. Por ello, alega que se infringió lo dispuesto por los artículos 1803 y 2234 del Código Civil para el Distrito Federal, supletorio al de comercio, e invoca como refuerzo a sus argumentos, una tesis que considera aplicable al caso.

Lo anterior también es infundado, pues la circunstancia de que los demandados, al momento de suscribir el contrato base de la acción, hubieran tenido conocimiento de las cláusulas que contenía, no conduce a estimar que también supieran, en esa oportunidad, que eran nulas, dado que esta circunstancia no se advierte del citado contrato; amén de que ese conocimiento pudo acontecer con posterioridad a la firma del acuerdo de voluntades y no como lo alega el quejoso, al momento de la suscripción.

Por otro lado, el hecho de que los demandados hubieran realizado voluntariamente pagos parciales, no indica que ya no estuvieran en aptitud de hacer valer la nulidad, porque a través de ese cumplimiento hubieran manifestado su voluntad de confirmar el negocio que pudiera ser nulo, ya que para poder concluir en ese sentido era necesario que los acreditados, con los pagos que realizaron, hubieran cumplido totalmente con la obligación; esto es, que hubieran finiquitado la operación, pues de lo contrario, la convención subsiste y, con ella, la facultad de los demandados de oponer como excepción la nulidad.

Independientemente de lo anterior, no puede afirmarse válidamente que los demandados, hoy terceros perjudicados, hubieran cumplido voluntariamente, pues era su obligación efectuar los pagos parciales, ya que así se estipuló en el contrato base de la acción.

En las referidas condiciones, procede concluir que en el caso no se infringieron en perjuicio del quejoso los artículos que invocó como violados, ni tampoco es aplicable la tesis que citó, pues la misma se refiere al caso en el cual las dos partes contratantes, al momento de la firma del convenio, tenían conocimiento de la nulidad del mismo, lo que en la especie no aconteció, ya que no está probado en autos que cuando los demandados firmaron el contrato hubieran tenido conocimiento de esa circunstancia.

En el quinto concepto de violación se aduce que de la lectura de la contestación de la demanda se desprende que los terceros perjudicados señalaron, en forma general, que el contrato motivo del juicio era nulo, sin precisar razón jurídica o fáctica alguna, por lo que, afirma, la Juez responsable se excedió en sus facultades legales al atender una excepción general y oscura.

El anterior motivo de inconformidad es infundado, ya que los demandados, al contestar la demanda, en especial en la foja setenta y cuatro vuelta, y setenta y cinco de autos, señalaron: "Nos oponemos a la ejecución: por improcedencia de la acción y de la vía, porque la convención o acuerdo de voluntades para financiar o refinanciar automáticamente los intereses que genera el crédito principal es ilícita y no debe producir ni acción ni obligación. En efecto, encubre un acto ilícito porque mediante operaciones contables el banco hace aparecer que presta para recibir, es decir, da para sí mismo, sin entregar dinero alguno. Es ilícito porque es un préstamo para pago de pasivos atípico, no regulado, prohibido, ya que no encaja en el único préstamo para pago de pasivo regulado por los artículos 66, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito y 323 de la Ley de Operaciones de Crédito. Es ilícito porque es fraude a la ley, ya que mediante ese pacto ilícito se pretende burlar la prohibición de pactar (anatocismo) anticipadamente o en el momento de la contratación, que los intereses no pagados se capitalicen o se sumen al capital para generar intereses, pues con esa convención ilícita, el banco obtiene ilegalmente lo mismo que con el pacto de anatocismo, lo que constituye fraude a la ley y, por tanto, es nulo. Resultando ilícito el acuerdo por violar normas prohibitivas y de orden público, por lo mismo no genera acción ni obligación, de conformidad con consideraciones de derecho: Esa conducta a todas luces ilegal o carente de validez debe ser revisada de acuerdo con las siguientes hipótesis: a) Que en el contrato se incluya el pacto, cláusula o convención entre las partes, de que los intereses no pagados por el cliente se capitalicen o se sumen al capital para que a su vez generen intereses. En el presente caso lo encontramos claro por la propia confesión expresa que hace el propio actor, en la prestación marcada con el inciso c) de su escrito inicial de demanda, en la declaración marcada con el número tres y en la cláusula quinta del contrato, cuando habla de un ‘crédito adicional’. Si este pacto anticipado a la existencia de los intereses, obviamente por estar contenido en el contrato, que es un tiempo anterior a la disposición del crédito y, por lo mismo, anticipado o antes de que se generen los intereses; resulta ilegal o ilícito porque está violando una ley que lo prohíbe o prohibitiva y que dispone la nulidad absoluta de ese acto jurídico (artículo 8o. del Código Civil Federal.) b) Que sin estar contenido en el contrato, ese pacto anticipado de capitalización de los intereses y para pretender ocultar la violación establecida por la ley, el banco lo realice al emitir el estado de cuenta incluyéndolo como una nueva partida de cargo.".

Posteriormente, en la página setenta y siete vuelta, del sumario natural, manifestaron: "Ambos códigos prohiben que los intereses generen intereses, el Código Civil prohíbe el pacto anticipado que lo establezca, el Código de Comercio también prohíbe que los intereses generen intereses, y que sólo devengados y no pagados esos intereses, por acuerdo expreso del deudor y el acreedor que sin duda así lo establezca, esos intereses puedan capitalizarse, mediante la libre expresión de la voluntad del deudor y nunca mediante mecanismos automáticos llevados a cabo unilateralmente por el acreedor, mediante confusas operaciones contables de cargo en el estado de cuenta corriente, sin que exista un pacto expreso después de vencidos o generados en el cual conste la manifestación de la voluntad del deudor para ello.".

De las anteriores transcripciones se desprende que, contrario a lo aducido por el quejoso, los terceros perjudicados, al contestar la demanda natural, no señalaron de forma general por qué consideraban nulo el contrato motivo del juicio, pues al respecto, particularizadamente manifestaron que tanto el Código Civil del Distrito Federal como el Código de Comercio prohibían el anatocismo, que se da cuando los intereses generan intereses y que, en el caso, con el crédito adicional que se estableció en el contrato, se estaba pactando, previo a su generación, que éstos se capitalizaran, lo que no estaba permitido por la ley. De ahí lo infundado, por inexacto, del punto de inconformidad en referencia.

El séptimo, el octavo y el noveno de los conceptos de violación, los cuales también se estudian conjuntamente dada la estrecha relación que guardan entre sí, son inoperantes.

Efectivamente, en ellos se aduce, en esencia, que el quejoso no tenía obligación de acreditar que se le hacía saber a los demandados el monto líquido de los intereses que deberían cubrir, sino que ellos tenían la carga de probar la supuesta falta de comunicación del estado de cuenta, además de que se comprometieron a pagar a Banco Nacional de México, los días treinta de cada mes, a partir de la firma del contrato, sin necesidad de mayor requerimiento, en el domicilio de la propia institución; y que debe advertirse que si bien es cierto que el contrato motivo del juicio señala la obligación de hacerles llegar un estado de cuenta, ésta se consignó en forma semestral y no mensual. Que en el supuesto de que no se hubieran enviado, no por eso la Juez responsable debió concluir que la parte demandada, hoy tercero perjudicado, no había incurrido en mora, ya que el estado de cuenta a que se refiere dicha cláusula únicamente servía para hacerle saber al acreditado si había disminución del saldo insoluto, o bien, si se habían efectuado las disposiciones del crédito adicional, y que por ello, no se podía afirmar que los terceros perjudicados no hubieran incurrido en mora; y que fue incorrecta la aceptación de la prueba confesional ofrecida por los demandados, con cargo al director regional de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, lo anterior aparte de que no se admitió la prueba confesional con cargo a Jorge Mauricio Martínez Estebañez, por lo que no podía habérsele declarado fictamente confeso como incorrectamente se estableció en la sentencia reclamada.

Se afirma que los anteriores motivos de inconformidad son inoperantes. Con independencia de que el sentido del fallo impugnado no se rige por el hecho de que el inconforme no hubiera acreditado el envío a los demandados de los estados de cuenta a que se obligó en el contrato base de las pretensiones, cabe decir que la Juez responsable, en relación con el tópico en cuestión, precisó que no había quedado acreditada la mora de los demandados pero sólo en cuanto al pago de intereses ordinarios y moratorios que reclamó la actora y, por ello, los absolvió de su pago. Consideró que no bastaba que el deudor tuviera conocimiento del monto líquido, sino que era necesario que se le hiciera saber de qué manera se causaron, en razón de que era de elemental justicia tal circunstancia, ya que para el común de las personas resulta complejo el procedimiento para el cálculo, puesto que está sujeto a diversos factores con los que no están familiarizados. Que aunado a lo anterior, el actor debió demostrar que en los estados de cuenta que afirma haber enviado a los demandados, se desglosaba la manera como se computaban los intereses causados.

Los razonamientos anteriores no se controvierten en los conceptos de violación en análisis, pues en ellos únicamente se aduce que aun cuando el banco no tenía obligación de enviar los aludidos estados de cuenta, sí los envió, además de que los demandados sí tenían conocimiento del monto líquido de los intereses a pagar, pero esas no fueron las razones por las cuales se absolvió a los demandados del pago de intereses normales y moratorios, sino que la absolución se sustentó también en la consideración de que no bastaba que el deudor tuviera conocimiento del monto líquido de la cantidad a pagar, sino que era necesario también que el actor hubiera demostrado que en esos estados de cuenta se establecía la manera como se obtuvo el monto; consideración que el peticionario de garantías no impugna de alguna manera en los conceptos de violación.

Similares razonamientos rigen frente al punto de inconformidad relativo a la incorrecta admisión de la prueba confesional, y el error en que incurrió la Juez responsable al considerar que al apoderado de la institución bancaria se le declaró fictamente confeso, pues aun cuando pudieran resultar fundados, cabe recordar que no sólo es necesario que las infracciones procesales existan, sino que las mismas hubieran trascendido al resultado del fallo, circunstancia que no sucedió en el caso, dado que la admisión y ponderación de la prueba confesional con cargo a la parte quejosa no sustentó el sentido de la resolución reclamada.

En cambio, es fun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4662-5bfb8259/anatocismo-pacto-de-lo-constituye-el-convenio-celebrado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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