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Modo: Corpus Pro

REPARACIÓN DEL DAÑO. DIFERENCIA ENTRE PAGO Y RESTITUCIÓN DEL OBJETO, EN LA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 3415/97. · Registro digital (IUS): 4809
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARTÍN LEÓN RODRÍGUEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, , Pág. 676.

AMPARO DIRECTO 3415/97. MARTÍN LEÓN RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son infundados los anteriores conceptos de violación:

En efecto, contra lo argumentado por el promovente del amparo, la Décima Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, habiéndola fundado y motivado debidamente, dictó sentencia condenatoria en contra de Martín León Rodríguez, en la cual tuvo por legalmente acreditada, en términos de los artículos 122 y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, la existencia del delito de robo, previsto por el artículo 367 y sancionado por el 370, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, cuyos elementos son: a) que el activo se apodere de cosa ajena mueble; y b) que tal apoderamiento lo lleve a cabo sin derecho ni consentimiento de quien pudiera darlo con arreglo a la ley; así como la responsabilidad penal del ahora promovente del amparo en su comisión, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal en cita, con las siguientes constancias probatorias: declaraciones de los denunciantes Jorge Sixto Soto Orozco, Aarón Rodolfo Castillo Rojas, Emilio Pizano Peña y Carlos Hernández Díaz, emitidas ante el agente del Ministerio Público y el Juez instructor; parte informativo emitido por los agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal, Roberto García Molina y Raúl Ortega Tadeo, así como las declaraciones que emitieron ante el representante social y el Juez de la causa; declaración ministerial del representante legal de la empresa Cervecería Modelo, S.A. de C.V., Jorge Fernando Ramírez Sosa; fe ministerial en la que se hizo constar haber tenido a la vista un camión de la marca Ford, tipo cortinero, modelo 1995, de color azul con rojo y placas de circulación 7044-BR del Distrito Federal, así como el automóvil de la marca Volkswagen, tipo sedán, modelo 1992 y placas de circulación L39G55 (sic) y las cajas conteniendo cerveza de la marca "Corona", envases vacíos y dos "diablitos" de carga; dictamen en materia de valuación suscrito por los peritos oficiales Vicente Sánchez Hernández y Jorge Rangel Martínez, quienes determinaron que el valor intrínseco de las cajas y envases de cerveza, así como de los dos "diablitos" de metal fedatados, tenían un valor intrínseco de once mil doscientos veintiocho pesos; diverso dictamen en materia de valuación suscrito por el perito oficial Francisco García González, quien concluyó que el vehículo de la marca Ford, tipo F600 repartidor, modelo 1995 y placas de circulación 7044BR, tenía un valor intrínseco de ciento veinte mil pesos; declaraciones de los coprocesados Jorge Jiménez Ramírez, Leonel Juanico Marín, Celerino Domínguez Eutimio y del ahora quejoso Martín León Rodríguez, emitidas ante el agente del Ministerio Público y el Juez instructor; y con el resultado del careo desahogado entre el agente de la Policía Judicial del Distrito Federal Roberto García Molina y el coprocesado Jorge Jiménez Ramírez; constancias probatorias que se encuentran ampliamente especificadas con antelación y que en este apartado únicamente se tienen por reproducidas, las que adminiculadas convenientemente entre sí se traducen en prueba idónea de la que se obtiene la existencia del delito de mérito y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, al desprenderse de las mismas que el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, siendo como las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, Martín León Rodríguez, junto con los coprocesados Celerino Domínguez Eutimio, Jorge Jiménez Ramírez y Leonel Juanico Marín, interceptaron al camión de la marca Ford, tipo cortinero, modelo 1995, de color azul con rojo y placas de circulación 7044-BR, que transportaba cajas conteniendo cerveza embotellada y envases vacíos, cuando se encontraba frente a la tienda denominada "Liliana", ubicada en la esquina que forman la avenida Manuel Cañas y Villa Elisa de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Delegación Política Iztapalapa de esta ciudad, ya que iban a entregarle esa mercancía, y subiendo el coinculpado Jorge Jiménez Ramírez por el estribo del lado izquierdo del citado vehículo, amagó con un arma de fuego al conductor Carlos Hernández Díaz, diciéndole "... esto es un asalto, recórrete al centro del asiento.", para enseguida sentarse frente al volante, mientras que el ahora quejoso Martín León Rodríguez, abriendo la portezuela derecha, obligó al aludido Carlos Hernández Díaz a descender del camión, para que junto con el coprocesado Leonel Juanico Marín lo trasladaran, al igual que a sus compañeros Jorge Sixto Soto Orozco, Aarón Rodolfo Castillo y Emilio Pizano, hasta un parque cercano a ese lugar, donde los obligaron a permanecer como media hora, dejándolos abandonados en dicho parque cuando otro sujeto les chifló y se fueron con él; mientras tanto, el mencionado cosentenciado Jorge Jiménez Ramírez, junto con el coprocesado Celerino Domínguez Eutimio, se habían retirado de ese lugar a bordo del vehículo afecto a la causa, el cual fue localizado como a las doce horas de ese mismo día por agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal en las calles de Telecomunicaciones y Tres, de la colonia Tepalcates de esta ciudad, donde ya habían descargado las cajas de cerveza, envases y "diablitos de carga" que transportaba y que habían dejado sobre la banqueta. Hechos estos que son los constitutivos del delito en estudio.

Por otro lado, contrario a lo argumentado por el promovente del amparo, la calificativa de haberse cometido el delito de robo cuando los sujetos pasivos se encontraban a bordo de un vehículo de transporte particular, prevista por el artículo 381, fracción VII, y sancionada por el párrafo primero de dicho numeral del Código Penal para el Distrito Federal, la cual fue materia de la acusación expresamente razonada por el agente del Ministerio Público en su pliego de conclusiones, quedó acreditada en actuaciones, pues como debidamente lo analizó la ad quem, del acervo probatorio que integra el sumario, principalmente de las declaraciones de los denunciantes Jorge Sixto Soto Orozco, Aarón Rodolfo Castillo Rojas, Emilio Pizano Peña y Carlos Hernández Díaz y de la fe ministerial en la que se hizo constar haber tenido a la vista el vehículo afecto a la causa, se desprende que efectivamente Martín León Rodríguez, junto con los coprocesados Celerino Domínguez Eutimio, Jorge Jiménez Ramírez y Leonel Juanico Marín cometieron el delito en estudio cuando los aludidos denunciantes se encontraban a bordo del camión repartidor de cerveza, propiedad de la empresa denominada Cervecería Modelo, S.A. de C.V.

Sin que sea óbice a lo anterior lo argumentado por el promovente del amparo, al decir que la sentencia reclamada carecía de fundamentación y motivación, pues contrario a tal afirmación, como ya se dijo, la sentencia que constituye el acto reclamado sí se encuentra fundada y motivada, ya que en ella la Sala responsable invocó los preceptos legales aplicables al caso y expresó los motivos que tuvo para resolver como lo hizo, lo cual deriva de una correcta valoración del acervo probatorio, realizada de acuerdo con los artículos 246, 248, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, pues precisamente son éstos los preceptos que regulan la valoración de la prueba.

Respecto a que la Sala responsable perfeccionó el pliego de conclusiones, ya que al hacerse referencia a la agravante, en forma genérica se señaló que el delito de robo se había cometido con la calificativa prevista en la fracción VII del artículo 381 (hipótesis de cuando se cometa estando la víctima a bordo de un vehículo particular) del Código Penal para el Distrito Federal, y que esto, de acuerdo con las constancias probatorias, no se acreditó, debe decirse que tal argumento también es infundado, pues, como ya se indicó, de los elementos de prueba que se encuentran relatados en el considerando tercero de esta ejecutoria, se desprenden indicios suficientes que acreditan la calificativa que fue materia de la acusación que el agente del Ministerio Público expresó y razonó.

En cuanto a la afirmación del ahora quejoso en el sentido de que no se precisó qué tipo de servicio prestaba el camión repartidor, debe decirse que tal argumento defensivo no tiene apoyo legal alguno, pues es evidente que el servicio que prestaba era particular, ya que tanto los denunciantes Jorge Sixto Soto Orozco, Aarón Rodolfo Castillo Rojas, Emilio Pizano Peña y Carlos Hernández Díaz, como el representante legal de la empresa ofendida, Jorge Fernando Ramírez Sosa, manifestaron que el camión de la marca Ford con placas de circulación 7044-BR y la mercancía que transportaba, afectos a la causa, pertenecían a la empresa particular denominada Cervecería Modelo, S.A. de C.V.

Asimismo, sólo constituye un argumento defensivo, sin apoyo legal alguno, lo afirmado por el promovente del amparo en cuanto a que no se precisó si las personas ofendidas se encontraban a bordo del camión y que tampoco se observó que dicho vehículo estaba estacionado y se indicó que había sido interceptado, ya que en primer lugar debe decirse que sí se precisó en dicho pliego acusatorio que en el camión afecto a la causa se encontraban el conductor Jorge Sixto Soto Orozco acompañado de sus ayudantes Aarón Rodolfo Castillo Rojas, Emilio Pizano Peña y Carlos Hernández Díaz y, por otra, también se precisó que cuando los ofendidos llegaron a bordo del mencionado vehículo a las calles de Manuel Cañas y Villa Elisa, dispuestos a surtir de la mercancía que transportaban a la tienda denominada "Liliana", el ahora quejoso y los coinculpados los interceptaron para desapoderarlos de dicho camión.

Respecto a la imposición de las penas, la Sala responsable razonó lo siguiente:

"La individualización de la punibilidad se hará con base en el arbitrio judicial, fundado en los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal y teniendo en consideración los siguientes artículos de la misma ley: 370, párrafo tercero, que para el delito de robo que exceda de quinientas veces el salario establece una pena de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta a quinientas veces el salario; y 381, que para la calificativa hecha valer establece una pena de tres días a cinco años de prisión. Igualmente, debe tenerse en consideración que, con su conducta, el procesado originó un daño de grave entidad al bien jurídico tutelado, que en el caso concreto lo es el patrimonio. Que para ello desplegó una conducta de acción consistente en amagar con arma de fuego a los sujetos pasivos y de esa forma apoderarse de los objetos materia de la causa. Que los hechos ocurrieron el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete, como a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, en las calles de Manuel Cañas y Villa Elisa, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl ... Martín León Rodríguez manifestó tener treinta y un años de edad, estado civil casado, instrucción escolar primaria, ocupación comerciante de verdura, con un ingreso de dos mil pesos mensuales, contando con cuatro dependientes económicos, que no tiene apodo, que sí ingiere bebidas embriagantes, que no es afecto a drogas o enervantes, que sí fuma cigarrillos de tabaco comercial, que su diversión favorita es ver la televisión, ser hijo de José y Teresa, originario del Distrito Federal, con domicilio en Eje Cinco Sur, manzana 62, lote 13, colonia Renovación, Delegación Política Iztapalapa de esta ciudad ... Que de la reseña de su ficha signalética se desprende que es primodelincuente. Elementos todos estos que nos permiten determinar un reproche de culpabilidad al procesado en un grado equidistante entre el mínimo y el medio, que coincide con el señalado por la a quo, por lo que es de justicia y equidad imponerle al procesado, por el delito básico de robo, cinco años seis meses de prisión y doscientos sesenta días multa, a razón de veintiséis pesos con cuarenta y cinco centavos, valor del salario mínimo vigente al momento de los hechos (veintiuno de enero de mil novecientos noventa y siete), lo que hace un total de seis mil ochocientos setenta y siete pesos, pena que se aumenta en un año tres meses de prisión por la calificativa de cuando el robo se cometa estando la víctima en un vehículo particular, con fundamento en el artículo 381, párrafo primero, del Código Penal, lo que hace un total de seis años nueve meses de prisión y multa de seis mil ochocientos setenta y siete pesos, cantidad que en caso de insolvencia probada se le sustituirá por doscientas sesenta jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad, las que consistirán en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales, debiéndose llevar a cabo en jornadas de periodos distintos al horario de labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora, pero por ningún concepto podrán exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana (artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo); asimismo, en forma tal que no resulten degradantes o humillantes para el sentenciado. La pena privativa de libertad la compurgará en el lugar que al efecto determine la Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, con abono de la preventiva sufrida. 2o. En términos de los artículos 29 a 31 bis del Código Penal para el Distrito Federal, se le condena al pago de la reparación del daño, mismo que se tiene por satisfecho por haberse recuperado los objetos materia de la causa. 3o. Acorde a los artículos 42 del Código Penal y 577 del Código de Procedimientos Penales, ambos para el Distrito Federal, amonéstese al sentenciado para que evite su reincidencia."

Como puede verse, la ad quem correctamente se apoyó en los artículos 51 y 52 del Código Penal para el Distrito Federal, ya que son precisamente dichos preceptos los que enuncian los lineamientos para una correcta individualización de las sanciones.

En efecto, la Décima Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal estimó al ahora quejoso una culpabilidad graduada entre la mínima y la media, y con base en el artículo 370, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal, le impuso por su comisión en el delito básico de robo, cinco años seis meses de prisión y doscientos sesenta días multa, más un año tres meses de prisión por la calificativa de encontrarse la víctima a bordo de un vehículo de transporte particular, con fundamento en el artículo 381, párrafo inicial, del Código Penal para el Distrito Federal, penas que hacen un total de seis años nueve meses de prisión y doscientos sesenta días multa, que son el equivalente a seis mil ochocientos setenta y siete pesos, a razón de veintiséis pesos con cuarenta y cinco centavos, que era el salario mínimo vigente en la época de los hechos, sustituible la pecuniaria por doscientas sesenta jornadas de trabajo no remuneradas en favor de la comunidad; y se ordenó la amonestación del sentenciado para prevenir su reincidencia; evidenciándose de lo anterior, que las penas impuestas están ajustadas a la legalidad.

Sin embargo, este Tercer Tribunal Colegiado no pasa inadvertido que la ad quem, al confirmarle al sentenciado los doscientos sesenta días multa, no llamó la atención al Juez instructor porque no aplicó debidamente el párrafo segundo del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal que, en lo conducente, dice: "... El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos ...", pero como tal omisión benefició al quejoso, no es susceptible de cambio, pues de haberse aplicado correctamente el precitado párrafo del precepto legal mencionado, la pecuniaria impuesta habría ascendido a diecisiete mil trescientos treinta y un pesos con sesenta centavos, ya que éste, al rendir su declaración preparatoria, dijo percibir dos mil pesos mensuales, es decir, sesenta y seis pesos con sesenta y seis centavos diarios, cantidad que debió tomarse en cuenta al calcular la multa mencionada y no de veintiséis pesos con cuarenta y cinco centavos, que si bien es cierto era el salario mínimo vigente en la época de los hechos, de acuerdo con el mencionado precepto legal, el día multa debe calcularse de conformidad con la percepción neta diaria del sentenciado en la época de los hechos.

El anterior criterio encuentra apoyo en la contradicción de tesis número 1a./J. 8/96, visible en la página 131 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, de aplicación obligatoria para la ad quem, que a la letra dice: "MULTA, EL CRITERIO PARA IMPONERLA ES LA PERCEPCIÓN NETA DIARIA DEL SENTENCIADO, SU DICHO TIENE VALOR DE PRUEBA PLENA, SI NADA LO DESVIRTÚA.-Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 29 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, la multa debe imponerse tomando en cuenta la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumarse el delito, es decir, integrada con todos los ingresos que el inculpado manifiesta percibir al rendir su declaración preparatoria, la que para esos efectos tiene valor de prueba plena si ningún elemento de convicción desvirtúa tal afirmación, por lo que resulta ilegal que por no existir en autos otra prueba que corrobore su declaración en ese aspecto, no deba tomarse en cuenta el salario que dijo percibir el acusado, aunque éste sea superior al salario mínimo vigente en la fecha de comisión del delito, ya que aceptar que dicho enjuiciado tenía obligación de aportar pruebas tendientes a la comprobación de que se habla, sería restar valor probatorio a la declaración del propio sentenciado, pues no existe precepto legal que exija la aportación de tales elementos de convicción. De lo anterior se desprende que, para imponer la sanción pecuniaria, debe hacerse con base en el salario que dijo percibir y no en el salario mínimo vigente, pues aunque ello beneficie al quejoso, resulta en desacato a lo establecido en el precepto legal mencionado, que creó el legislador para imponer la pena con justicia y equidad.".

Por otra parte, supliendo la deficiencia de la queja en los términos previstos en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, este Tercer Tribunal Colegiado no pasa inadvertido el error en el que incurrió la Sala responsable al condenar al sentenciado al pago de la reparación del daño, misma que tuvo por satisfecha al haberse recuperado los objetos motivo del apoderamiento ilícito, lo cual viola garantías individuales, ya que lo correcto era que lo hubiera condenado a la reparación del daño derivada del delito en estudio, consistente en la restitución de los bienes muebles mencionados, teniéndola por satisfecha al haberse recuperado los mismos y no al pago de esa acción reparadora.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado, cuyo rubro y texto dicen: "REPARACIÓN DEL DAÑO. DIFERENCIA ENTRE PAGO Y RESTITUCIÓN DEL OBJETO.-Es incorrecto condenar al quejoso al ‘pago’ de la reparación del daño, consistente en la restitución de la cosa y tenerla por satisfecha al haberse recuperado el objeto relacionado con el delito, pues no debe perderse de vista que la reparación del daño es considerada por la ley como una pena pública que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 30 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, consiste en la restitución de la cosa, y de no ser posible, el pago del precio de la misma y la indemnización del daño material y moral causado.".

En las anteriores condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el único efecto de que la Sala responsable, dejando subsistente en sus demás aspectos la sentencia reclamada, condene al sentenciado a la reparación del daño, misma que deberá tener por satisfecha al haberse recuperado los objetos motivo del apoderamiento ilícito, y no al pago de la misma.

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 1o., fracción I, 76, 77, 78, 158 y 184 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso a), de la sección 2a. del capítulo III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías respecto del Juez Cuadragésimo Octavo Penal del Distrito Federal, en los términos indicados en el considerando segundo de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Martín León Rodríguez, contra el acto que reclama de la Décima Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, para el único efecto precisado en la parte final del considerando que precede.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente ejecutoria a la Décima Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como los autos enviados; remítase además copia autorizada al Juez Cuadragésimo Octavo Penal del Distrito Federal y, en su oportunidad, archívese el expediente de amparo.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, por unanimidad de votos de los Magistrados Guillermo Velasco Félix (presidente), Manuel Morales Cruz y Carlos de Gortari Jiménez (ponente).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4809-283c4320/reparacion-del-dano-diferencia-entre-pago-y-restitucion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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