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Modo: Corpus Pro

DIVORCIO, NEGATIVA A DAR ALIMENTOS COMO CAUSAL DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1368/97. · Registro digital (IUS): 4815
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ERNESTO ANAYA GARCÍA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, , Pág. 614.

AMPARO DIRECTO 1368/97. ERNESTO ANAYA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Para una debida comprensión del asunto planteado, conviene reseñar lo siguiente:

1. Ernesto Anaya García demandó en la vía ordinaria civil de Lilia Josefina Cabrera Ramírez las siguientes prestaciones:

a) La disolución del vínculo matrimonial;

b) La disolución de la sociedad conyugal;

c) La guarda y custodia de la menor Aline Azucena Anaya Cabrera;

d) La pérdida de la patria potestad sobre dicha menor;

e) El pago y aseguramiento de una pensión alimenticia, así como el pago de gastos y costas.

Se expusieron fundamentalmente como hechos:

Que el once de mayo de mil novecientos noventa y dos, el actor contrajo matrimonio con la demandada bajo el régimen de sociedad conyugal, de ese matrimonio procrearon a la menor Aline Azucena Anaya Cabrera, estableciendo como domicilio conyugal el departamento 102 del edificio "M", ubicado en Paseo del Ferrocarril número 109, Los Reyes Iztacala, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Que desde el inicio de su matrimonio tuvieron problemas porque la demandada no cumplía con las obligaciones en el hogar, pues aludía que era profesionista e, incluso, cuando nació la menor citada no se ocupó de sus necesidades alimentarias; que el veinte de enero de mil novecientos noventa y cinco su hija se enfermó y la internaron en el Hospital Central Militar, porque la demandada presta sus servicios para el Ejército Nacional Mexicano; sin embargo, en ningún momento se ocupó de ministrarle alimentos a la niña; que el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y cinco, a las veinte horas aproximadamente, en presencia de familiares su cónyuge le manifestó: "que ya no quería hacer vida con el suscrito porque ya no le servía como hombre y que si había seguido a mi lado era sólo por el qué dirán de sus amistades ... y me manifestó que ahí me dejaba a mi hija, que después pasaría por ella, olvidándose desde ese momento de sus obligaciones para con el suscrito y la menor, y dado que ella trabaja, siempre se ha abstenido de procurar alimentos a la menor ...".

Que el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y seis, a las veintiuna treinta horas, la enjuiciada se constituyó en el domicilio que actualmente ocupa el actor, para pedirle que le regresara a la niña, a lo cual el demandante se negó, pues su consorte siempre está ocupada.

2. Lilia Josefina Cabrera Ramírez negó las prestaciones reclamadas, y aun cuando aceptó que contrajo matrimonio con el actor en la fecha mencionada, que procrearon a la menor Aline Azucena Anaya Cabrera y que establecieron el domicilio conyugal en el lugar precisado en la demanda, sin embargo, aclaró que los problemas surgieron porque él es un ebrio consuetudinario, y en ningún momento cumplió con sus obligaciones, ni se percataba de las atenciones que la enjuiciada brindó a su hija; que el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro acordaron separarse voluntariamente, y cuando la menor fue internada en el Hospital Central Militar, él no se presentó a visitar a la menor.

Que su esposo, desde el inicio del matrimonio, ha sido desempleado debido a sus malos hábitos; que quienes tienen a la menor son los padres de él, y se niegan a entregarla. Se opusieron como excepciones y defensas: la de falta de acción para demandar el vínculo matrimonial (sic) y falta de acción para demandar el pago de una pensión alimenticia.

3. Lilia Josefina Cabrera reconvino en forma ad cautelam de Ernesto Anaya García lo siguiente:

a) La disolución del vínculo matrimonial, de conformidad con las fracciones XII, XV y XVIII del artículo 253 del Código Civil;

b) La disolución de la sociedad conyugal;

c) El pago de pensión alimenticia, así como pensiones caídas; y

d) La pérdida de la patria potestad sobre la menor.

Lo anterior se reclamó en virtud de que su esposo tiene el hábito de ingerir bebidas embriagantes, por lo cual no se ha responsabilizado de sus obligaciones laborales, familiares ni alimenticias.

Que el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, las partes decidieron separarse, por lo que él personalmente llevó a la reconventora y a su hija al domicilio ubicado en el edificio 14, departamento 101, de la Avenida Ferrocarril Central número 594, en la colonia Habitacional Hogares Ferrocarrileros, Delegación Azcapotzalco, por lo que a la fecha tienen más de dos años de vivir separados, y ello es suficiente para la procedencia del divorcio en términos de la fracción XVIII del artículo 253 del Código Civil.

4. Ernesto Anaya García negó las prestaciones de la reconvención. Adujo que la reconventora expuso acusaciones infundadas que no tienen más objeto que el de pretender arrebatarle a su hija. Opuso como defensas y excepciones: la de oscuridad de la demanda reconvencional; la de falta de acción y de derecho, y la de sine actione agis.

5. El cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, la Juez Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla resolvió que Ernesto Anaya García no probó su acción, por lo que absolvió a Lilia Josefina Cabrera Ramírez de lo reclamado, quien demostró la procedencia de su acción reconvencional sobre divorcio necesario; en cuya virtud declaró disuelto el vínculo matrimonial, así como la sociedad conyugal. Decretó la custodia definitiva de la menor Aline Azucena Anaya Cabrera en favor de su madre Lilia Josefina Cabrera Ramírez, estableciéndose el régimen de visita y convivencia de Ernesto Anaya García con la menor citada. Se condenó al demandado en la reconvención, al otorgamiento de una pensión alimenticia definitiva en favor de la menor Aline Azucena Anaya Cabrera.

6. Contra dicha sentencia, Ernesto Anaya interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer a la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, quien al resolver en el toca número 393/97, en resolución de veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, confirmó la impugnada, en cuya virtud el hoy inconforme promovió demanda de amparo. Ahí expuso fundamentalmente como conceptos de violación:

Que se infringían los artículos 14 y 16 constitucionales, porque se omitía tomar en cuenta que el impetrante del amparo, desde el escrito inicial de demanda de divorcio necesario, solicitó el aseguramiento de una pensión alimenticia en favor de su menor hija.

Que la Sala únicamente analizó la testimonial ofrecida por el demandante, así como las documentales, para demostrar que el actor constitucional sí suministró alimentos.

Que la testimonial ofrecida por la tercero perjudicado, lejos de beneficiarle, le perjudicaba, pues su dicho se contraponía con las notas de compra de víveres, que aunque fueron objetadas, ello se hizo en forma extemporánea.

Los anteriores conceptos de violación son inoperantes por insuficientes, pues no se dirigieron a poner de manifiesto que la totalidad de las consideraciones del fallo reclamado fueren contrarias a derecho en lo concerniente a la causal de divorcio relativa a las injurias.

La responsable aludió a que las causales de divorcio deben probarse plenamente y que sólo por excepción la ley permite que se rompa el vínculo matrimonial; de ahí la necesidad de comprobar el motivo que se aduzca para el divorcio.

En efecto, en cuanto a la testimonial del quejoso a cargo de Gabina Clara Flores Robledo y José Francisco Anaya García, la Sala hizo el análisis de esa prueba, especialmente de la pregunta octava formulada a los testigos referidos, así como las repreguntas a), b), c) y e), de lo cual la responsable concluyó que no se transgredía el numeral 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, porque tal probanza no podía alcanzar valor convictivo, por advertirse una franca contradicción con las argumentaciones del apelante, contenidas en el hecho siete de su escrito inicial de demanda; igualmente realizó el estudio de la pregunta nueve, y determinó que no se configuró la causal de injurias invocada por el apelante; además, se enfatizó que para la procedencia de la causal de divorcio por injurias graves es indispensable la exposición de las circunstancias de lugar y tiempo en que acontecieron, para que exista posibilidad de defensa y el juzgador pueda hacer la calificación de su gravedad, que deberá ser de tal naturaleza que haga imposible la vida conyugal.

Por otra parte, estimó el ad quem que no asistía la razón al ahora quejoso cuando afirmó que se transgredía el artículo 386 del código adjetivo aplicable, porque se estimó que en el fallo recurrido se cumplía con el principio de valoración de pruebas al precisarse el valor y alcance de todas, destacando la instrumental de actuaciones.

En cuanto a la guarda y custodia, el tribunal de alzada hizo hincapié en el análisis de la confesional a cargo de Lilia Josefina Cabrera Ramírez, especialmente a la posición número uno; la documental pública relativa al acta de nacimiento de Aline Azucena Anaya Cabrera, con las que determinó que la menor nació el catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro y que por su corta edad la madre tiene las cualidades especiales para prodigar a su hija atención, cariño y cuidados; también se hizo mención a las constancias médicas expedidas por el Hospital Central Militar.

Finalmente, en cuanto a la valoración de pruebas, la responsable refirió que la testimonial ofrecida por la hoy tercero perjudicado Lilia Josefina Cabrera Ramírez, era uniforme con lo expuesto por ella en el sentido de que proporcionó el sustento y atención a la pequeña Aline Azucena, y que el hecho de que ella trabajara no era óbice para negarle la guarda y custodia de dicha menor.

Del conjunto de ideas que preceden se sigue en forma patente que la Sala, en la sentencia reclamada, realizó la valoración de las diversas testimoniales y documentales, exponiendo las consideraciones pertinentes para otorgarles o negarles el valor respectivo, a fin de tener por demostrada la causal de divorcio invocada por la nombrada Cabrera Ramírez, sus consecuencias sobre la disolución de la sociedad conyugal y la custodia definitiva de la menor en favor de la tercero perjudicado, cuando que el ahora quejoso únicamente alegó que la responsable no valoraba "debidamente" la testimonial y documentales con las que, dijo, demostraba que él sufragó las necesidades alimenticias de su menor hija, otorgándole, en cambio, valor a la testimonial de su contraparte, y que los "tikets" ofrecidos por él debieron ser valorados, pues, aunque se objetaron, ello fue en forma extemporánea.

Consecuentemente, si de lo antes relacionado se sigue que la responsable adecuó la referencia al porqué las causales de divorcio deben probarse plenamente; estudió la testimonial ofrecida por el quejoso a cargo de Gabina Clara Flores Robledo y José Francisco Anaya García, así como la instrumental de actuaciones, e incluso externó las consideraciones que estimó convenientes y pertinentes para determinar que la testimonial de la contraparte del inconforme fue idónea, así como la confesional a cargo del citado quejoso y la instrumental para decretar procedente la reconvencional de divorcio necesario, y lo referente a que la custodia de la menor Aline Azucena Anaya Cabrera correspondía a la tercero perjudicado, y tales razonamientos no aparecen combatidos, entonces debe concluirse y convenirse con el ad quem en que realmente lo que fue conducente en derecho fue resolver en la forma prealudida, y si los conceptos relacionados antes, insístese, no rebaten los indicados aspectos del fallo reclamado, es innegable que esos capítulos de violación resultan inoperantes por insuficientes.

Por otra parte, se alegó también que resultaba "absurdo" que para la procedencia de la causal prevista en la fracción XII del artículo 253 del Código Civil para el Estado de México, fuera necesario que previamente se exigiera el pago de alimentos por el hoy quejoso, antes de intentar la demanda inicial.

El concepto de violación es sustancialmente fundado.

Ciertamente, la Sala Civil, para confirmar la sentencia de primera instancia, consideró básicamente que en el Estado de México, para la procedencia de la causal de divorcio relativa a negarse a proporcionar alimentos, es menester que con antelación se haya hecho uso del derecho que confieren los artículos 150 y 151 del Código Civil, porque la fracción XII del artículo 253 del propio ordenamiento refiere como causal de divorcio necesario la negativa de los cónyuges de darse alimentos, de acuerdo por lo dispuesto en el artículo 150 del propio código, siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que les conceden los artículos 151 y 152 del aludido ordenamiento sustantivo; y así, por ende, para la procedencia de la causal de divorcio por la negativa de uno de los cónyuges a dar alimentos al otro, era indispensable que el acreedor alimentista pidiera el aseguramiento de bienes o el embargo de sueldos del deudor alimentista; de manera que, si bien es cierto que el artículo 152 del referido ordenamiento se encuentra derogado por efectos del Decreto Número 179 de cuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, publicado en la Gaceta de Gobierno número 15, de seis de febrero del mismo año, también lo es que existe y se encuentra vigente el diverso numeral 151 citado, relacionado con la causal prevista en la fracción XII referida y, por ello, no podía soslayarse su aplicación en el caso a juzgar.

Ahora, aunque el artículo 151 del Código Civil determina que el acreedor alimentario tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, y podrá demandar el aseguramiento de esos bienes para hacer efectivos estos derechos, es relevante que, por su parte, la fracción XII del artículo 253 de ese código dispone que la negativa de los cónyuges de darse alimentos será causal de divorcio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150, siempre que no pudieran hacer efectivos los derechos que les concedan los artículos 151 y 152 (este último derogado).

De la interpretación armónica de tales preceptos, se llega a la convicción de que la falta de ministración de alimentos da lugar a dos situaciones: una, a demandar el pago de los mismos, pudiendo solicitarse el aseguramiento para hacer efectivos esos derechos; o bien otra, demandar el divorcio necesario y solicitar además el pago de los alimentos, pero ambas acciones son independientes y no requieren del ejercicio o concurrencia de una de ellas para la procedencia de la otra, puesto que la facultad potestativa que otorga el artículo 151 del Código Civil debe entenderse sólo en el sentido de la posibilidad de demandar el aseguramiento sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia para hacerlos efectivos, mas no que sea un requisito indispensable previo a la instauración del juicio de divorcio sustentado en la negativa de los cónyuges de darse alimentos, puesto que el apartado que se comenta sólo señala como causal de divorcio la negativa a la ministración de alimentos, siempre que no puedan hacerse efectivos los derechos que les conceda el referido artículo 151, pero no alude precisamente a que fuese necesario agotar previamente los procedimientos tendientes a obtener los alimentos y, sólo de no lograrse ello, intentar el divorcio aduciéndose tal causal.

En otros términos, aunque de la simple lectura del artículo 253, fracción XII, del Código Civil para el Estado de México (que se refiere a la causal de divorcio por falta de ministración de alimentos), en principio pudiera estimarse que para la procedencia de dicha causal es necesario que quien la ejercite, previamente, en un diverso procedimiento judicial trate de obtener los alimentos, y sólo si no lo logra, instaurar la acción de divorcio por tal causal, puesto que en el precepto legal se establece: "... siempre que no puedan hacer efectivos los derechos que les conceden los artículos 151 y 152;"; sin embargo, ello no es así, porque dicho precepto no se puede interpretar en forma aislada, sino de manera armónica con los dispositivos a los que remite. Por lo cual, de la interpretación armónica de los artículos 253, fracción XII y 151 del Código Civil en cita, se sigue que es optativo para quien promueve el juicio de divorcio por la causal a que se refiere el precepto citado en primer lugar (que alude a la falta de ministración de alimentos), agotar previamente al juicio de divorcio, el procedimiento a que se refiere el artículo citado en segundo término, para lograr su aseguramiento, ya que este precepto contiene una obligación potestativa, mas no imperativa del acreedor alimentario, al establecer que este último "podrá" demandar el aseguramiento de los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia, para hacer efectivos tales derechos.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción de divorcio por la causal de falta de ministración de alimentos, no se requiere que previamente se acuda a un procedimiento diverso con el fin de asegurarlos, sobre todo si el artículo 253, fracción XII, del ordenamiento invocado, no establece que para la procedencia de esa causal de divorcio fuere necesario agotar previamente el procedimiento tendiente a obtener los alimentos, y que sólo si no se logran, podría ejercitarse la acción de divorcio, pues de otro modo se cometería una grave injusticia, de obligarse a quien ejercita la acción de divorcio por esa causal a instaurar un doble procedimiento judicial.

Razones por las que procede otorgar la protección constitucional requerida, para el único efecto de que la Sala Civil responsable deje parcialmente insubsistente, esto es, sólo en el aspecto indicado, la sentencia reclamada y, en su lugar, emita otra en la que parta de la consideración de que no es requisito de procedibilidad, por no exigirlo así los artículos 253, fracción XII y 151 del Código Civil vigente en el Estado de México, el aseguramiento previo de los alimentos para que se intente por dicha causal el divorcio; hecho lo cual y con plenitud de jurisdicción, resolverá lo que en derecho corresponda.

Sobre el particular, este tribunal ha sostenido similar criterio en las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo civil siguientes: 143/97; 322/97; 835/97 y 937/97.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Ernesto Anaya García respecto de la sentencia que reclamó, dictada el veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y siete, en el toca de apelación 393/97, por la Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; en la inteligencia de que el amparo concédese solamente en los términos y para los efectos precisados en la parte final del considerando que antecede, según ahí fue razonado.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria federal, vuelvan los autos al tribunal estatal de su procedencia. En su oportunidad, archívese el expediente como concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo.

Así y por unanimidad de votos de los Magistrados presidente Jorge Mario Pardo Rebolledo, Raúl Solís Solís y Virgilio A. Solorio Campos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4815-fd33d596/divorcio-negativa-a-dar-alimentos-como-causal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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