COMPETENCIA. AL RESOLVER UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PUEDE DEJAR DE APLICAR UNA DISPOSICIÓN DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA.
COMPETENCIA 52/98. SUSCITADA ENTRE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL Y LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 36 BIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN VILLAHERMOSA, TABASCO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-En el presente caso, debe declararse competente para conocer de la controversia planteada, a la Junta Especial Número Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Villahermosa, Tabasco, de conformidad con lo que a continuación se expresa:
En primer término, el artículo 123 de la Constitución General de la República, en la parte conducente que interesa establece lo siguiente:
"Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo: ... XXXI. La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: ... b) Empresas: ... 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal."
Asimismo, el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo establece:
"Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: ... II. Empresas: 1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal."
Por su parte los artículos 1o., párrafo tercero, 3o., fracción I y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen:
"Artículo 1o. ... Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."
"Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxilia, en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal.
"1. Organismos descentralizados: ..."
"Artículo 45. Son organismos descentralizados las unidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."
Por otra parte, el artículo 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado señala:
"Artículo 4o. La administración de los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere el artículo anterior estará a cargo del organismo público descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México."
Ahora bien, las constancias de autos que se tienen a la vista revelan que en este asunto la parte actora, José Demetrio Pérez Pérez, presentó demanda laboral en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal Tabasco, de quien reclama su reinstalación como jefe de Oficina de Transportes, el pago de las vacaciones que le corresponden, así como el de la prima vacacional, aguinaldo y pago de salarios caídos, a consecuencia del cese de que fue objeto por parte de la subdelegada de Administración de esa institución.
En relación con lo anterior, cabe decir que de la interpretación armónica de los dispositivos legales que han quedado transcritos, se obtiene que la aplicación de las normas de trabajo compete a las autoridades federales cuando se trate de empresas administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal, carácter de que participa la institución demandada en el juicio laboral del que deriva el presente conflicto competencial, por lo que si en el juicio laboral figura como parte demandada un organismo público descentralizado, como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tal situación lleva a considerar que por imperativo expreso de los anteriores preceptos constitucional y legales antes mencionados, la competencia para conocer del referido juicio laboral se surte en favor de la autoridad federal, en el caso, la Junta Especial Número 36 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Villahermosa, Tabasco.
Por tanto, si de la demanda laboral se advierte que el demandado lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en contra del cual se ejercitan acciones de carácter principal, como las que ya se han señalado con antelación, se actualiza la hipótesis contenida en los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), subinciso 1) de la Constitución Federal y 527, fracción II, inciso 1) de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que son de la competencia exclusiva de las autoridades federales los asuntos relativos a empresas administradas en forma descentralizada por el Gobierno Federal; de ahí que sea la referida Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la autoridad competente para conocer del juicio laboral respectivo.
No es óbice para lo anteriormente razonado, que en el artículo primero de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se señale que sus disposiciones son aplicables, entre otros, a los titulares y trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como que el artículo 14 de la ley de dicho instituto sujete a sus trabajadores a las disposiciones de aquel ordenamiento legal, lo cual, en términos de lo establecido por el artículo 124 de la ley citada, daría lugar a considerar que la competencia para conocer del conflicto laboral de que se trata corresponde al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que el mencionado artículo primero fue declarado inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que indebidamente somete a los organismos públicos descentralizados a la observancia de la ley en comento, declaración de inconstitucionalidad que impide su aplicación al caso.
Al respecto, es oportuno citar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 1/96, visible en la página 52, Tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que a la letra dice:
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CARÁCTER FEDERAL. SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO ES INCONSTITUCIONAL.-El apartado B del artículo 123 constitucional establece las bases jurídicas que deben regir las relaciones de trabajo de las personas al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, otorgando facultades al Congreso de la Unión para expedir la legislación respectiva que, como es lógico, no debe contradecir aquellos fundamentos porque incurriría en inconstitucionalidad, como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que sujeta al régimen laboral burocrático no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forma parte del Poder Ejecutivo Federal, cuyo ejercicio corresponde, conforme a lo establecido en los artículos 80, 89 y 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al presidente de la República, según atribuciones de las dependencias de la administración pública centralizada, como son las secretarías de Estado y los departamentos administrativos. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del apartado B, del artículo 123 constitucional."
Igualmente aplicable al caso resulta la tesis sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a fojas 223 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, Tomo I, la cual señala:
"COMPETENCIA AL RESOLVER LA SUPREMA CORTE UN CONFLICTO DE ESA NATURALEZA, PUEDE DEJAR DE APLICAR UNA DISPOSICIÓN DECLARADA INCONSTITUCIONAL EN DIVERSOS JUICIOS DE AMPARO.-Si la Suprema Corte al examinar un conflicto competencial entre una Junta Local de Conciliación y Arbitraje y una Federal, advierte que conforme al artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado podría decidirse la controversia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debe resolver que es la Junta Federal la competente considerando que dicho precepto se ha considerado inconstitucional en diversos juicios de amparo por el Pleno y varias Salas de la Suprema Corte, pues aun cuando es verdad que al examinar las cuestiones de competencia no actúa como tribunal de constitucionalidad, es lógico que no por el hecho de desempeñarse como tribunal de legalidad pueda sustraerse de su vocación protectora de la Constitución, y decir que lo que sabe como tribunal de constitucionalidad lo ignora como tribunal de legalidad pues, ante todo, este Máximo Tribunal Federal fue creado para velar y vigilar el respeto a la Carta Fundamental, y la técnica no puede estar por encima de ese propósito, pues ajustarse fundamentalmente a ella conduciría a conclusiones contradictorias pues en el conflicto competencial decidiría que el competente es ese tribunal federal lo que incluso condicionaría la situación sustantiva del actor, y en el amparo otorgaría la protección constitucional por considerar contrario a la Constitución el precepto referido, determinando que no resulta competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje."
En apoyo a lo anterior, cabe citar igualmente la tesis jurisprudencial número 2a./J. 22/96, Tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, página 153, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala.
"COMPETENCIA, CONFLICTO DE. DEBE DECLARARSE A FAVOR DE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUANDO SE DEMANDA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO.-El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado es un organismo público descentralizado pues participa de todas las características inherentes a las entidades de esa naturaleza, de ahí que las relaciones con sus trabajadores deben regularse por el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1, de la Constitución General de la República y no por el apartado B, toda vez que éste expresamente se refiere a las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Departamento del Distrito Federal con sus trabajadores, sin que forme parte de los mismos el referido instituto. Sin que obste para lo anterior que los artículos 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el 14 de la ley de dicho instituto, establezcan que las relaciones de trabajo entre el referido organismo y sus trabajadores se regirán por el apartado B del mencionado precepto constitucional, toda vez que esa disposición contraría el Pacto Fundamental, porque yendo más allá, sujeta a los trabajadores de ese instituto, que si bien integra la administración pública federal, no forma parte del Poder Ejecutivo Federal, tal y como esta Suprema Corte declaró su inconstitucionalidad en la tesis del rubro ‘COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES (CONASUPO). SU INCLUSIÓN EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ES INCONSTITUCIONAL.’, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, Octava Época, Tomo VII-Junio, página 110."
Visto lo anterior, resulta inexacta la afirmación de los integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el sentido de que, de lo manifestado por las partes se deduce que: "en efecto como lo expone la demandada incidentista, siendo que el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que la presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores que las dependencia de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, de las instituciones que se enumeran dentro de las cuales aparecen en primer término el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado; así también el artículo 14 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado dispone que los trabajadores del instituto quedan incorporados al régimen de la presente ley, y que las relaciones de trabajo entre el propio instituto y su personal, se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, por lo que en estos términos se considera se debe declarar procedente el incidente promovido y por ello al ser incompetente esta Junta, se deberán remitir los autos al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, para que acuerde lo que en derecho corresponda."; toda vez que existe criterio del Tribunal Pleno en cuanto a que dichos preceptos contravienen la Carta Magna.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
ÚNICO.-Se declara competente a la Junta Especial Número Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que siga conociendo del juicio laboral precisado en el resultando primero de esta resolución.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución y los autos principales correspondientes a la Junta Especial Número Treinta y Seis Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Villahermosa, Tabasco, para los efectos legales correspondientes, así como testimonio a la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Genaro David Góngora Pimentel y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Fue ponente el Ministro Díaz Romero.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4878-80dee411/competencia-al-resolver-un-conflicto-de-esa-naturaleza · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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