INSPECCIÓN, PRUEBA DE, EN MATERIA LABORAL. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL, SI EN SU DESAHOGO EL ACTUARIO OMITE DESCRIBIR DE MANERA CIRCUNSTANCIADA LOS DOCUMENTOS MATERIA DE LA PRUEBA QUE TUVO A LA VISTA.
AMPARO DIRECTO 84/98. FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Se procede a analizar en primer término el concepto de violación que esgrimen los apoderados de la parte quejosa, y que se refiere a una violación procesal, pues de ser fundada ésta, haría innecesario el estudio de los restantes que giran en torno a violaciones cometidas en el propio laudo.
La peticionaria del amparo, aduce en esencia: que le causa agravio el hecho de que la responsable le haya negado indebidamente valor probatorio a la prueba de inspección que ofreció como parte demandada, habiendo aducido que: "... el actuario que la practicó Lic. Javier Campa Lemus, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, incumplió lo dispuesto por el artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, pues como puede advertirse del acta relativa (foja 32), a más de que no precisa de qué medios se valió para cerciorarse de que en el domicilio en el que la llevó a cabo era el mismo señalado por la oferente para el desahogo de la probanza, en forma alguna precisa qué documentación requirió a la persona con quien entendió la diligencia, y qué documentación le fue exhibida, especificando de qué periodo fue ésta, las fechas de cada documento, el número de éstos y qué datos fundamentales aparecían en los mismos, ni aun detalló de qué elementos partió para considerar como ciertos los extremos que pretendió probar el oferente con dicha prueba, omitiendo señalar con toda precisión y como era menester si toda y cada una de esa documentación que tuvo a la vista, se encontraba firmada por todos y cada uno de los actores. Por otra parte y pese a que con el resultado de la inspección se le dio vista a la demandada por el término de tres días, según proveído de 18 de febrero de 1997 (foja 40), el que le fue notificado a su apoderado legal Lic. Víctor Manuel Ruiz Rodríguez, la demandada no se inconformó con el desahogo de la prueba, deduciéndose de la omisión a la vista que se le dio del desahogo de la inspección, su consentimiento tácito a la forma en que se desahogó dicha prueba a la que no se le concede eficacia demostrativa, al ser aplicable al caso el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 567 y 568 del Tomo de Precedentes que no han integrado Jurisprudencia, criterio que comparte el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en su resolución dictada en el amparo D-389/97 de fecha 27 de agosto de 1997, y que literalmente dice: ‘PRUEBAS, VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN LA RECEPCIÓN DE LAS, QUE DEBEN REPUTARSE COMO CONSENTIDAS.-Si la Junta manda dar vista a las partes por el término de tres días, con el resultado de la diligencia en que se recibió la prueba y esas partes no hacen manifestación alguna dentro del propio término, debe reputarse que su silencio constituye un consentimiento con cualquiera violación que en relación con esa prueba, se hubiera cometido.’", toda vez que si bien el desahogo de tal probanza no se ajusta a lo establecido por la ley, ello no es una actuación cuyas deficiencias le son imputables a la aquí quejosa, dado que el actuario es una autoridad que forma parte de la responsable, que conforme a lo previsto por el artículo 829 de la ley laboral, el actuario en el desahogo de la prueba de inspección deberá ceñirse estrictamente a lo ordenado por la Junta, si el funcionario no se apega a lo ordenado o no desahoga la diligencia en términos legales, ello no es imputable a las partes, por más que éstas no hubieran hecho manifestación alguna respecto al desahogo de la prueba, y al ser así, es claro que resulta equivocado que la propia Junta no respete el resultado de sus propias instrucciones giradas al actuario para que desahogara la citada prueba; que por tanto, al no haberse desahogado la prueba de que se trata en términos de ley, ello implica una defectuosa recepción del mencionado medio de convicción que se configura en una violación al procedimiento prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, puesto que tal prueba no se recibió conforme a la ley, trascendiendo dicha violación al resultado del fallo, pues al negarle valor probatorio a sus propias actuaciones, le impidió a la quejosa acreditar las excepciones que oportunamente opuso y su carga probatoria de pago de prestaciones y monto del salario del actor que la responsable le impuso en el juicio, quedando así en indefensión total frente a la responsable.
Los hechos en que la peticionaria de garantías apoya la violación procesal, se encuentran previstos como tal en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, por lo que a fin de determinar si existe o no la citada violación procesal, es necesario realizar una reseña de las constancias que dieron motivo al acto reclamado, siendo éstas las siguientes.
Por escrito de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, Guillermo Montiel Jaime, Rómulo Rosales Mendoza, Sebastián Pérez Velázquez y Alfredo Martínez Pérez, a través de su apoderado Salvador Vázquez Galván, demandaron de la aquí quejosa, el pago y cumplimiento de las prestaciones relativas a la cantidad de doce mil pesos para cada uno por concepto de aguinaldo correspondiente al año de mil novecientos noventa y cinco, en términos de la cláusula 355 del contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y Ferrocarriles Nacionales de México; la suma de nueve mil pesos para cada uno de los actores por vacaciones correspondientes al año de mil novecientos noventa y cinco, en términos de las cláusulas 58 y 59 del referido pacto contractual; la erogación de dos mil setecientos pesos por concepto de prima vacacional relativo al año señalado y conforme a la cláusula 59, fracción III del contrato colectivo en comento; y, la suma de treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos para cada uno de los trabajadores, por concepto de fondo de ahorro relativo al año indicado y en términos de la cláusula 354 del multimencionado contrato colectivo de trabajo.
Para apoyar la petición de las prestaciones aludidas, señalaron, en esencia, que Guillermo Montiel Jaime y Rómulo Rosales Mendoza empezaron a prestar sus servicios para la aquí quejosa desde el veinticinco de junio de mil novecientos noventa y tres, con la categoría de inspectores de primera; Sebastián Pérez Velázquez, a partir del veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y tres, también con la categoría de inspector de primera; Alfredo Martínez Pérez, a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y uno, como inspector de primera; que a pesar de que laboraron con responsabilidad durante todo el año de mil novecientos noventa y cinco, la aquí inconforme dejó de cubrirles las prestaciones relativas al pago de cuarenta días de aguinaldo, treinta días de vacaciones, treinta por ciento de prima vacacional sobre el importe de treinta días de vacaciones, así como el treinta por ciento del fondo de ahorro, todo ello, en términos de las cláusulas 58, 59, 354 y 355 del contrato colectivo de trabajo multirreferido; que dichos actores percibieron por la prestación de sus servicios a la demandada, un salario diario por la cantidad de trescientos pesos durante el periodo de enero a diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
El veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y seis, la responsable tuvo por admitida la demanda laboral de que se trata, señaló las nueve horas del día veintiocho de octubre del citado año para que tuviera lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; se ordenó emplazar a la demandada con el apercibimiento que de no presentarse a la audiencia de ley se le tendría por inconforme con todo arreglo; que lo anterior fue cumplimentado por el diligenciario de la adscripción mediante de diligencia de dos de octubre de mil novecientos noventa y seis.
En el periodo de demanda y excepciones, la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda, la demandada dio contestación a la misma, y expresó respecto de las prestaciones reclamadas consistentes en el aguinaldo y fondo de ahorro correspondientes al año de mil novecientos noventa y cinco, que oponía la excepción de pago, porque las mismas ya las había cubierto; que en relación a las prestaciones de vacaciones y prima vacacional, eran improcedentes y oponía la excepción de oscuridad porque la parte actora no da pauta para determinar cuál es el ciclo vacacional que reclama, pues el patrón tiene seis meses después de cumplido el año de servicios para hacer el pago de esa prestación.
En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la parte demandada, por conducto de sus apoderados, anunció entre otras la siguiente: "2. La inspección que deberá practicarse por medio de exhorto y a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Doctor Andrade número 45 colonia Doctores en el Distrito Federal, debiéndose desahogar en la gerencia jurídico-laboral de mi representada ubicada en Avenida Jesús García Corona número 140 piso 5o. de la colonia Buenavista en la Ciudad de México, D.F., por el periodo comprendido del 2 de enero de 1995 al 24 de septiembre de 1996 (fecha de presentación de su demanda, la cual se realizará en las listas de raya nóminas, recibos de pago relativos a todos y cada uno de los actores con el objeto de acreditar los siguientes estramos: a) Que los actores Guillermo Montiel Jaime, Rómulo González Mendoza, Sebastián Pérez Velázquez y Alfredo Martínez Pérez recibieron el pago del aguinaldo correspondiente, al año de 1995, de acuerdo al salario realmente percibido; b) Que todos y cada uno de los actores; Guillermo Montiel Jaime, Rómulo Rosales Mendoza, Sebastián Pérez Velázquez y Alfredo Martínez Pérez, recibieron el pago del fondo de ahorro correspondiente al año de 1995, por el periodo, se dice de acuerdo al salario realmente percibido y al periodo que éstos laboraron; c) Que los actores Guillermo Montiel Jaime, Rómulo Rosales Mendoza, Sebastián Pérez Velázquez y Alfredo Martínez Pérez, percibieron salario diario de $55.40 a partir del 1o. de octubre de 1995 hasta abril de 1996; d) Que las listas de raya, nóminas y recibos de pago en los renglones correspondientes a nombre de cada actor y en recuadro donde contiene la leyenda "recibí" consta que aparece la firma de cada actor, en el renglón correspondiente a su nombre."
En cuanto a la prueba de inspección ofrecida por la parte demandada y señalada en el párrafo que antecede, la responsable según se advierte a foja 25 del expediente laboral, acordó: "... Asimismo deberá proceder al desahogo de la inspección ofrecida por la demandada la que deberá realizarse en la gerencia jurídico-laboral de la misma ubicada en Avenida Jesús García Corona número 140 quinto piso ala ‘C’ Col. Buenavista de México, D.F., apercibida dicha demandada de que de no exhibir la documentación base de la citada prueba, la misma se tendrá por desierta con apoyo en los art. 827, 828 y 829 de la ley laboral."
La prueba de inspección aparece desahogada en lo conducente, en estos términos:
"México, D.F., a 20 de enero de 1997, siendo las 11:00 horas del año en curso, el suscrito actuario me constituyo en: gerencia jurídico-laboral Jesús García Corona No. 140 5o. piso Col. Bvta., con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de fecha 28 de noviembre de 1996 en el sentido de practicar el o la inspección ofrecido por la demandada en su apartado dos, cerciorado de ser el domicilio correcto por haber realizado anteriores notificaciones y diligencias y por así manifestarlo el C. Marco Antonio Chávez, quien dijo ser encargado de diligencia, persona con la que entiendo la diligencia dándole a conocer el motivo de mi visita y requiriéndole la documental antes señalada, quien manifiesta en este acto: en este acto exhibe la documentación requerida, y pone en este acto a la vista del C. actuario Lic. Javier Campa Lemus; el C. actuario que actúa da cuenta a la Junta que teniendo a la vista las documentales requeridas materia de la inspección dos ofrecida por la demandada, da fe y hace constar que son ciertos los extremos de la inspección a que se refiere los incisos a, b, c y d, con lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y al calce el suscrito actuario que actúa y da fe."
Finalmente, y seguida que fue la secuela procesal respectiva, con fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, la responsable emitió el laudo que se impugna, en el que se resolvió, que la parte actora había acreditado la procedencia de sus acciones y la demandada no había justificado sus excepciones y defensas, motivo por el cual la condenó a cubrir a Guillermo Montiel Jaime, Rómulo Rosales Mendoza, Sebastián Pérez Velázquez y Alfredo Martínez Pérez, salvo error u omisión de carácter aritmético, las cantidades correspondientes a doce mil pesos por concepto de aguinaldo, nueve mil pesos por vacaciones, dos mil setecientos pesos por prima vacacional y treinta y dos mil cuatrocientos pesos por fondo de ahorro, a cada uno, todas estas prestaciones correspondientes al año de mil novecientos noventa y cinco.
Para llegar a la conclusión anterior, la responsable consideró, en lo que aquí interesa: "... la inspección desahogada a fojas 32 de los autos, adolece de la eficacia convictiva esperada por la oferente, toda vez que el actuario que la practicó, Lic. Javier Campa Lemus, adscrito a la Secretaría Auxiliar de Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, incumplió lo dispuesto por el artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, pues como puede advertirse del contenido del acta relativa (foja 32), a más de que no precisa de qué medios se valió para cerciorarse de que el domicilio en el que la llevó a cabo era el mismo señalado por la oferente para el desahogo de la probanza, en forma alguna precisa qué documentación requirió a la persona con quien entendió la diligencia y qué documentación le fue exhibida, especificando de qué periodo fue ésta, las fechas de cada documento, el número de éstos y qué datos fundamentales aparecían en los mismos, ni aun detalló de qué elementos partió para considerar como ciertos los extremos que pretendió probar el oferente con dicha prueba, omitiendo señalar con toda precisión y como era menester si toda y cada una de la documentación que tuvo a la vista, se encontraba firmada por todos y cada uno de los actores.".
Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie, se actualiza la violación procesal que se examina, ya que de los antecedentes del juicio que han quedado reseñados en líneas anteriores, se aprecia que el día veinte de enero de mil novecientos noventa y siete, fue desahogada la prueba de inspección que ofreció la demandada, hoy impetrante de garantías, y se estima la existencia de la violación procesal que se argumenta, porque el artículo 829, fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, que regula la forma en que debe realizarse la prueba de inspección ofrecida, en lo conducente dispone: "Artículo 829. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes: ... IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada ...", en el caso a estudio, del examen del acta en la que aparece el desarrollo de dicha prueba, la cual ha quedado transcrita en parágrafos anteriores, se aprecia que no está circunstanciada porque el actuario no señaló en forma precisa y detallada qué documentos tuvo a la vista y qué es lo que inspeccionó, pues sólo asentó: "... que son ciertos los extremos de la inspección a que se refiere en los incisos a, b, c y d, con lo anterior se da por terminada la presente diligencia firmando al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo y al calce el suscrito actuario que actúa y da fe.".
En este contexto, si el diligenciario de que se trata, desahogó la prueba de inspección ofrecida en los términos del párrafo que antecede y, la responsable, lejos de enmendar tal proceder, dijo que la inspección no surte efectos en favor de la demandada, en virtud de que el actuario que la practicó incumplió con lo dispuesto en el artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo al omitir realizar una relación circunstanciada de todos los hechos vinculados con el acto, esto es, que se omitió señalar qué documentos le exhibió la persona con quien entendió la diligencia, las fechas de éstos, en qué número se le presentaron, qué datos de importancia aparecían asentados y si en los mismos se contenía inscrito el nombre del actor y si en el renglón correspondiente a su nombre se hallaba estampada su firma, omitiendo además expresar por qué razones o motivos llegó a la conclusión de que eran ciertos los hechos objetos de la prueba, esto es, que no se levantó el acta circunstancial en que se precisara lo actuado en la diligencia en términos del artículo 829 de la Ley Federal del Trabajo, es de concluirse entonces, que dicha responsable, violó las leyes que rigen el procedimiento al desahogar en forma indebida la prueba de inspección, y al ser así, es claro que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo.
Y se estima que en el caso concreto se violaron las leyes del procedimiento del juicio natural, ya que el actuario, quien depende jurídicamente de la Junta responsable, no desahogó legalmente la prueba de inspección ofrecida por la demandada, lo que generó un grave estado de indefensión a la hoy quejosa y trascendió al resultado del fallo; se estima así, toda vez que la Junta, al haberle negado indebidamente valor probatorio a dicha prueba, le impidió a la demandada demostrar sus excepciones y defensas relativas a que las prestaciones que reclamaron los actores ya habían sido cubiertas, y aquí debe señalarse que tiene razón la quejosa, cuando aduce que contrariamente a la actitud de la Junta, no consintió la violación procesal aludida, al no haber manifestado nada con la vista que se le dio en el juicio con el desahogo de la prueba de que se trata, pues, efectivamente, la tesis invocada en el laudo, rubro: "PRUEBAS, VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN LA RECEPCIÓN DE LAS, QUE DEBEN REPUTARSE COMO CONSENTIDAS.", sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, se refiere al caso en que se manda dar vista a las partes con el resultado de la diligencia en que se recibió una prueba y esas partes no hacen manifestación alguna, y en la especie, el resultado de la inspección favorecía a la empresa promovente del amparo, y por lo mismo, no podía inconformarse con dicha actuación, máxime que no se trataba de una incompleta práctica de la prueba ordenada, sino de un problema de valoración de ella, que la Junta expuso en el laudo, con base en las imperfecciones que en su desahogo cometió el funcionario de la autoridad exhortada.
En consecuencia, dado que la violación procesal dejó en estado de indefensión a la quejosa y la misma trascendió al resultado del laudo, es evidente que el proceder de la responsable es violatorio de la garantía individual prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, por lo que lo procedente es conceder el amparo, para el efecto de que dicha Junta deje insubsistente el laudo reclamado, ordene la reposición del procedimiento, en donde deberá disponer el desahogo de la prueba de inspección en apego a lo dispuesto por el artículo 829 de la ley laboral y, hecho lo anterior, en su oportunidad dicte con plenitud de jurisdicción el laudo que conforme a derecho corresponda. Por ende, dada la conclusión antes alcanzada es inútil decidir sobre el restante motivo de inconformidad, atentos a la tesis jurisprudencial publicada con el número 168 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 113, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.-Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Ferrocarriles Nacionales de México, contra el acto que a través de sus representantes legales y apoderados José Samuel Porras Rugerio, Víctor Manuel Ruiz Rodríguez y Gaudencio Saucedo Sauce, reclamó de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tlaxcala, consistente en el laudo de fecha diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y siete, dictado en el expediente número 278/96, relativo al juicio laboral promovido en su contra por Guillermo Montiel Jaime, Rómulo Rosales Mendoza, Sebastián Pérez Velázquez y Alfredo Martínez Pérez; amparo que se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Junta responsable, y en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Diógenes Cruz Figueroa, presidente, Tarcicio Obregón Lemus y José Manuel Vélez Barajas, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4913-3991e687/inspeccion-prueba-de-en-materia-laboral-constituye-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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