SERVIDORES PÚBLICOS. LA RESTITUCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS DE QUE HUBIERAN SIDO PRIVADOS CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA DICTADA CON FUNDAMENTO EN LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE SEA ANULADA POR SENTENCIA FIRME DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDE ÍNTEGRAMENTE A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD A LA QUE PRESTABAN SUS SERVICIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 81/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL SEXTO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-La parte considerativa de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito al fallar el doce de junio de mil novecientos noventa y seis el amparo directo 291/96, en lo que interesa a la presente contradicción señala:
"Estos conceptos de violación son sustancialmente fundados pues ciertamente la Junta responsable apoyó su consideración de condena en contra de la actual Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la jurisprudencia 6/92 que fue sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, la contradicción de tesis 52/90, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo y el Séptimo Tribunal Colegiado del mismo circuito y materia, evidentemente con motivo de la aplicación e interpretación del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que regía en esa fecha, mismo que establecía: ‘Los sujetos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias dictadas por este tribunal, que causen ejecutoria, tendrán el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.’.-No obstante, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, el artículo de referencia fue reformado para quedar en los términos siguientes: ‘Los servidores públicos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias firmes dictadas por ese tribunal, tendrán el efecto de que la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.’.-Como puede observarse de lo antes relatado, el actual artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, no requiere de interpretación alguna en relación a quién o quiénes corresponde restituir al servidor público en el goce de sus derechos, como resultado de haberse declarado la nulidad de una resolución sancionadora por el Tribunal Fiscal de la Federación, dentro del correspondiente juicio de nulidad, pues es claro y expreso en el sentido de que corresponde a la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, restituirlo en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de la resolución anulada.-En el caso, la resolución que destituyó a los actores del empleo que desempeñaban, que los inhabilitó para ocupar otros cargos dentro del servicio público y que sancionó a Arturo Chena Yarce con una multa de doscientos treinta y nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos con cuarenta y un centavos, fue dictada por el director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de Contraloría General de la Federación, el quince de junio de mil novecientos noventa y tres y fue declarada nula por diversas resoluciones emitidas por la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación el cinco y seis de enero de mil novecientos noventa y cuatro, dentro de los juicios de nulidad números 653/93, 632/93 y 638/93 por lo que es evidente que tanto para el cumplimiento de estas sentencias de nulidad como para resolver el juicio laboral de origen, debe estarse a la disposición legal vigente, esto es al actual artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que expresamente señala que es la dependencia o entidad en la que el servidor público prestó sus servicios, a quien corresponde restituirlo en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de la resolución anulada; de manera que si en la especie es el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla, en donde los actores prestaban sus servicios con las categorías y demás prestaciones señaladas en la demanda laboral de origen; y si la resolución de destitución que les afectó fue declarada nula por una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación, es incuestionable que corresponde única y exclusivamente al instituto demandado no sólo la reinstalación de los actores en el mismo puesto que venían desempeñando, sino también el cubrirles los salarios caídos y las demás prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado del que fueron objeto, aun cuando no haya sido dicho instituto quien dictó la orden de destitución, y que sólo hubiese actuado como ejecutor de la resolución emitida por la dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, puesto que al proceder en la forma en que lo hizo implica que aceptó las consecuencias de esa resolución, ya sea que quedara firme o que fuese declarada nula como en efecto sucedió.-Con base en lo anterior e independientemente de que el instituto demandado haya o no seguido el procedimiento adecuado para la ejecución o aplicación de las sanciones, en los términos del artículo 56, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de que simple y sencillamente hubiese acatado la resolución destitutoria de quince de junio de mil novecientos noventa y tres, y de que no haya existido relación laboral entre los actores y la quejosa, como quiera que sea de acuerdo al vigente artículo 70 de la multicitada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, corresponde al instituto demandado restituir a los actores en el goce de los derechos de que fueron privados con motivo de la ejecución de la resolución anulada, es decir para reinstalarlos en el puesto o cargo que venían desempeñando hasta antes de la destitución y para cubrirles los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas como consecuencia de tal destitución, que por haber sido declarada nula se equipara a un despido injustificado."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, agosto de 1996, página 735:
"SERVIDOR PÚBLICO. LA INDEMNIZACIÓN DEL, POR DESPIDO INJUSTIFICADO CORRESPONDE PAGARLA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN QUE HAYA PRESTADO SUS SERVICIOS.-De lo establecido por el actual artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, se deduce que el servidor público que sea destituido con motivo de una resolución dictada por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo declarada nula por el Tribunal Fiscal de la Federación debe ser restituido en el goce de sus derechos a través del pago de la indemnización correspondiente por la dependencia o entidad en que preste o haya prestado sus servicios; en tal virtud, si en el juicio laboral el servidor público que fue separado de su cargo en cumplimiento de una resolución de la especie citada, demandó la reinstalación por despido injustificado y las prestaciones derivadas del mismo, tanto de la dependencia en que prestó sus servicios como de la autoridad administrativa que ordenó su destitución, es procedente, en caso de que dicha resolución haya sido declarada nula, condenar al pago de las prestaciones reclamadas únicamente a la entidad en que prestó sus servicios el actor."
TERCERO.-En la sentencia dictada en el amparo directo 213/97-I, el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, se sostuvo:
"Máxime que, como dice, la condena en contra de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se apoyó en la jurisprudencia número 6/92 que fue sostenida por la entonces Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y dos, la contradicción de tesis 52/90, entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del mismo circuito y materia, con motivo de la aplicación e interpretación del artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que regía en esa fecha, el que establecía: ... (lo reproduce).-No obstante, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, el referido precepto fue reformado, para quedar en los siguientes términos: ... (lo transcribe).-De lo que resulta que tal artículo en la actualidad no requiere de interpretación alguna en relación a quién o a quiénes corresponde restituir al servidor público en el goce de sus derechos, como resultado de haberse declarado la nulidad de una resolución sancionadora del Tribunal Fiscal de la Federación dentro del correspondiente juicio de nulidad, pues es claro que toca a la dependencia o entidad en la que el servidor público desempeñe o haya desempeñado sus labores, restituirlo en el goce de los derechos de que hubiesen sido privado por la ejecución de la resolución anulada.-En el caso, no obstante que en el expediente laboral no consta que se haya resuelto el juicio de nulidad promovido por los actores en contra de la resolución que los destituyó del empleo que desempeñaban, inhabilitándolos para ocupar otros cargos dentro del servicio público, y que les sancionó con una multa, dictada por el director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación el treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, es evidente que por lo que hace al juicio laboral de origen, debe estarse a la disposición legal vigente, en el que expresamente se señala que es la dependencia o entidad en la que el servidor público prestó sus servicios, a quien corresponde restituirlo en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de la resolución anulada, de modo que si en el caso a estudio es el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal de Tamaulipas, en donde los actores prestaron sus servicios, es incuestionable que corresponde única y exclusivamente a dicho instituto, no sólo la reinstalación de los trabajadores en el mismo puesto en el que se desempeñaron, sino también el cubrirles los salarios caídos y las demás prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado del que fueron objeto, aun cuando no haya sido el Instituto Mexicano del Seguro Social quien dictó la orden de destitución, y que sólo hubiese actuado como ejecutor de la resolución emitida por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la entonces Secretaría de la Contraloría General de la Federación, habida cuenta de que al proceder en la forma en que lo hizo, implica que aceptó las consecuencias de esa resolución, ya sea que quedara firme o que en su momento se declare su nulidad, criterios sustentados al resolver el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y seis el juicio de amparo directo número 12127/95 el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el doce de junio del mismo año el juicio de amparo directo número 291/96 el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Todo lo cual conduce a conceder el amparo a la dependencia quejosa, para el efecto de que dejando firme la condena a la reinstalación impuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social, se dicte otro laudo en el que se absuelve a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno Federal del pago de salarios caídos, imponiéndole tal condena al Instituto Mexicano del Seguro Social demandado."
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 732:
"SERVIDORES PÚBLICOS. LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EN LA QUE PRESTEN O HAYAN PRESTADO SUS SERVICIOS, ES A QUIEN CORRESPONDE RESTITUIRLOS EN EL GOCE DE SUS DERECHOS (ARTÍCULO 70 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS).-En aquellos casos en que una dependencia de la administración pública fue llamada a juicio laboral como tercero interesado, sin que se le haya demandado prestación alguna, y tal llamamiento sólo tuvo como propósito acreditar que tanto la destitución como la inhabilitación del trabajador en diverso organismo público descentralizado se debió a la determinación administrativa de aquélla, la condena al pago de los salarios caídos a dicha dependencia, por parte de la Junta, viola en su perjuicio garantías individuales, ya que el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos claramente establece que es al organismo o a la entidad en que el servidor público prestó sus servicios, a quien corresponde restituirlo en el goce de los derechos de que fue privado por la ejecución de la resolución ‘anulada’; de modo que es incuestionable que única y exclusivamente corresponde a la entidad donde se prestaron tales servicios efectuar tanto la reinstalación de los servidores, como el pago de los salarios caídos y demás prestaciones reclamadas con motivo del despido injustificado del que fueron objeto, aun cuando no haya sido ésta quien dictó la orden de destitución y hubiese sólo actuado como ejecutora de la resolución emitida."
CUARTO.-El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 3/97 el treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, sostuvo lo siguiente:
"Son inconsistentes los argumentos planteados porque el inconforme ‘tiene la obligación de pagar al tercer perjudicado los salarios caídos generados a virtud de que dicha amparista fue la unidad administrativa que ordenó la destitución del servidor público ahora tercero perjudicado, mediante la resolución de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y cuatro, que a su vez se declaró nula por la Sala Regional de Guerrero, del Tribunal Fiscal de la Federación’ con motivo de la determinación de treinta de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por lo que, al tenor del criterio jurisprudencial invocado adecuadamente por la Junta responsable, la impetrante de garantías se encuentra constreñida al pago de los referidos salarios caídos, ya que su determinación fue anulada en juicio contencioso administrativo.-Ahora bien, el hecho de que la Junta responsable haya condenado a la quejosa en los términos antes apuntados, ello no implica ninguna violación de garantía individual en perjuicio de aquélla, pues si bien entre el servidor público destituido ahora tercero perjudicado, y la citada secretaría inconforme, no existe relación laboral alguna, ello no impide que se proceda a condenarla a pago de los salarios caídos, toda vez que el motivo o causa que generó la separación del trabajador fue emitida por la inconforme y posteriormente anulada dicha orden a través del juicio administrativo correspondiente, sin importar en consecuencia que no exista relación laboral entre dichas partes.-Lo anterior encuentra su justificación en el criterio jurisprudencial invocado por la Junta responsable, que resolvió la contradicción de tesis número 52/90, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo y el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 358 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.-Si en el juicio laboral en el que intervenga la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, se concluye que el despido fue injustificado porque la orden de destitución del servidor público fue anulada a través del juicio administrativo correspondiente, la responsabilidad del conflicto debe recaer tanto en el patrón, como en la citada secretaría, aunque entre ésta y el servidor público, actor en el juicio laboral, no exista relación de trabajo; en efecto dicha responsabilidad debe recaer sobre el patrón, específicamente para que reinstale al trabajador y, en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para el pago de salarios caídos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el 123, fracción XXII, de la Constitución Federal y 48 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que el patrón no despidió por su voluntad al servidor público, sino por una orden de la expresada secretaría, que tiene la obligación legal de acatar.’ ... Ahora bien, respecto del argumento de que la tesis en que se apoyó la Junta responsable para conceder a la inconforme al pago de los salarios caídos reclamados, ha dejado de tener obligatoriedad en tanto que se ha modificado el precepto legal que dio pauta y origen a nuestro Máximo Tribunal del país, para resolver en los términos en que aparece dicho criterio jurisprudencial, el cual puede consultarse bajo el rubro de: ‘DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.’, debe decirse que tales afirmaciones son infundadas.-En efecto, el criterio jurisprudencial antes referido es la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis número 52/90, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo y el Séptimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, visible en la página 358 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, sustentada por la otrora Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ‘DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.’ ... (la reproduce).-Asimismo, la propia secretaría inconforme transcribió lo dispuesto por el aludido artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tanto en su texto previo a la reforma que sufrió mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, como en su redacción actual y así tenemos que originalmente dicho numeral disponía lo siguiente: ... (lo transcribe).-Por otra parte, el texto actual de dicho precepto dispone lo siguiente: ... (lo reproduce).-De lo anterior se colige que entre uno y otro de los textos anteriores la única diferencia estriba en que mientras en su anterior redacción el anotado precepto legal disponía en general que, las resoluciones anulatorias respectivas tendrían el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, mientras que en el texto actual especifica que será la dependencia o entidad en la que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, la que lo restituya en el goce de los derechos correspondientes.-Como se puede apreciar, lo único que cambió en la redacción del precepto legal invocado fue el hecho de que ahora éste sea más preciso en apuntar que será la dependencia o entidad en la que el servidor público haya prestado sus servicios la que lo restituya en el ejercicio de sus derechos, ya que antes hablaba en términos generales sobre la necesidad de dicha restitución de derechos; aspectos anteriores que no chocan con el sentido o consideraciones en que se apoyó nuestro Máximo Tribunal del país en la jurisprudencia de referencia en tanto que por lo que se refiere al tema que nos interesa es que, con independencia de que el patrón, dependencia o entidad en la que el servidor público haya prestado sus servicios antes de su separación proceda a su reinstalación, corresponderá a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la obligación de pagar los salarios caídos, puesto que en dicha tesis se trata acerca de una división de cargas o responsabilidad laboral, por haber sido ésta la que ordenó la separación del trabajo y no propiamente la entidad demandada la que motivó dicha ruptura laboral.-De esta manera, para que en todo caso, pudiera dársele la razón a la parte quejosa para no pagar los salarios caídos reclamados, es necesario que en su redacción actual, literalmente se hubiera especificado que, en tratándose en materia laboral, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, no tiene el deber de cubrir las anotadas prestaciones cuando la resolución administrativa sea anulada, lo cual, se reitera, en los términos apuntados no ocurre.-A mayor abundamiento, nuestro Máximo Tribunal del país, no se apoyó exclusivamente en lo dispuesto por el aludido artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para sustentar el criterio jurisprudencial aludido, sino que también lo hizo en lo dispuesto por el artículo 123, fracción XXII constitucional y 48 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos que refieren que sólo existe obligación por parte del patrón de pagar los salarios caídos reclamados, cuando durante el juicio laboral respectivo, se demuestre que el patrón despidió sin causa justificada alguna al trabajador respectivo, situación que no acontece en el caso, dado que como se ha visto anteriormente, la separación multicitada obedeció a un mandato imputable a la inconforme; de ahí que no cambie el motivo central que sustentó la jurisprudencia mencionada, en cuanto a que sea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación la que deba pagar los salarios caídos relativos, por ser ésta la que obligó o determinó a la entidad demandada a proceder a separar al trabajador de su puesto. Dicho en otras palabras, de conformidad con el texto del precepto constitucional antes aludido y numeral aplicable de la Ley Federal del Trabajo, la entidad demandada no puede tener responsabilidad sobre el pago de los salarios caídos indicados en tanto que no fue ella la que decidió destituir ni separar al actor de su puesto.-Bajo esta tesitura resulta infundado el argumento planteado en cuanto a que la Junta responsable debió absolver a la parte quejosa por no habérsele reclamado prestación alguna, por lo que al constituir un tercero ajeno a la relación laboral y por ende, al despido injustificado, es improcedente la mencionada condena.-De conformidad con la jurisprudencia antes transcrita, con rubro: ‘DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.’, no es óbice para condenar a la amparista para que pague el monto de los salarios caídos reclamados, el hecho de no formar parte de la relación laboral de origen, lo cual atiende exclusivamente a la circunstancia de que fue la propia impetrante del amparo la que ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social la separación o destitución del actor en el juicio laboral; orden administrativa que a su vez fue anulada mediante juicio contencioso, todo lo cual actualiza la hipótesis a que se refiere la multicitada tesis de jurisprudencia."
QUINTO.-Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre la sostenida por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito al fallar los amparos directos 291/96 y 213/97-I, respectivamente, y la establecida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito al resolver el amparo directo 3/97.
Efectivamente, los dos primeros Tribunales Colegiados citados sostienen, en esencia, que el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, no requiere ser interpretado a fin de determinar a quién o a quiénes corresponde restituir al servidor público en el goce de sus derechos cuando el Tribunal Fiscal de la Federación declara la nulidad de una resolución sancionadora, ya que con claridad dispone que ello corresponde a la dependencia o entidad en la que aquél preste o haya prestado sus servicios, de suerte tal que ya no es aplicable la jurisprudencia 6/92 de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte, establecida al interpretar el artículo citado antes de su reforma y que no aclaraba a quién correspondía restituir al servidor público.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito considera, esencialmente, que la jurisprudencia aludida, con el rubro: "DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN. ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.", sigue teniendo aplicación a pesar de la reforma sufrida por el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pues con ella sólo se precisó la dependencia o entidad que debe restituir al servidor público en el ejercicio de sus derechos, lo que no choca con el criterio jurisprudencial ya que con independencia de que la entidad o dependencia en la que se prestaban los servicios proceda a reinstalar al servidor público, corresponde a la Secretaría de la Contraloría pagar los salarios caídos, como se señala en la jurisprudencia que hace una división de cargas o responsabilidades, además que la misma se apoya también en los artículos 123, apartado A, fracción XXII constitucional y 48 de la Ley Federal del Trabajo, conforme a los cuales sólo existe obligación para el patrón de pagar los salarios caídos cuando el despido es injustificado, lo que no ocurre cuando se hace por orden de la mencionada secretaría.
Por tanto, la materia de la contradicción consiste en determinar si conforme a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, al anular el Tribunal Fiscal de la Federación alguna resolución sancionadora, corresponde a la dependencia o entidad en que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, restituirlo en el goce de los derechos de que se le hubiera privado por la ejecución de las sanciones, incluidos los de carácter laboral, entre ellos la reinstalación, el pago de salarios caídos cuando proceda, y el de cualquier otra prestación, dejando de tener aplicación la jurisprudencia 6/92 de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte, o bien, si atendiendo a lo dispuesto por el artículo citado, corresponde a la dependencia o entidad en que el servidor preste o haya prestado sus servicios, únicamente el reinstalarlo en el puesto que ocupaba, y a la actual Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo toca cubrirle los salarios y demás prestaciones, en aplicación de la jurisprudencia aludida.
SEXTO.-Este órgano colegiado estima que debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que a continuación se expone, coincidente con el sostenido por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Primero del Décimo Noveno Circuito.
El artículo 70 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con anterioridad a la reforma que sufrió por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y dos, establecía:
"Artículo 70. Los sujetos sancionados podrán impugnar ante el Tribunal Fiscal de la Federación las resoluciones administrativas por las que se les impongan las sanciones a que se refiere este capítulo. Las resoluciones anulatorias dictadas por ese tribunal, que causen ejecutoria, tendrán el efecto de restituir al servidor público en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones anuladas, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes."
La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 52/90, estableció su jurisprudencia 6/92, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, página 358, que textualmente señala:
"DESTITUCIÓN DE TRABAJADORES DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, POR ORDEN DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTA DEBE PAGAR LOS SALARIOS CAÍDOS CUANDO ES ANULADA LA ORDEN.-Si en el juicio laboral en el que intervenga la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, se concluye que el despido fue injustificado porque la orden de destitución del servidor público fue anulada a través del juicio administrativo correspondiente, la responsabilidad del conflicto debe recaer tanto en el patrón, como en la citada secretaría, aunque entre ésta y el servidor público, actor en el juicio laboral, no exista relación de trabajo; en efecto, dicha responsabilidad debe recaer sobre el patrón, específicamente para que reinstale al trabajador, y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, para el pago de salarios caídos, de conformidad con lo dispuesto por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5077-d55327d7/servidores-publicos-la-restitucion-de-la-totalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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