Corpus
Modo: Corpus Pro

CONFESIONES FICTAS CONTRADICHAS ENTRE SÍ, VALOR PROBATORIO DE LAS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 5567/98. · Registro digital (IUS): 5098
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SALVADOR SILVA CONTRERAS Y OTRO.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, , Pág. 715.

AMPARO DIRECTO 5567/98. SALVADOR SILVA CONTRERAS Y OTRO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene, en la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538 de la compilación 1988, cuyo rubro es "IMPROCEDENCIA.", que es de análisis preferente la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público.

En tal virtud, este Tribunal Colegiado advierte que respecto del quejoso Salvador Silva Contreras se actualiza una causal de improcedencia, que conduce a sobreseer en el juicio en relación a dicho quejoso.

En efecto, en cuanto al quejoso Salvador Silva Contreras, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no afecta sus intereses jurídicos, por lo siguiente:

El artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso.

En el asunto a estudio, si bien es cierto que los actores Martín Alfonso Viquez Jiménez, José Álvarez Campos y José de Jesús Montalvo de Cena demandaron del ahora quejoso y de la empresa S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., diversas prestaciones, alegando haber sido despedidos injustificadamente; no menos cierto es también, que ni en los resolutivos ni en la parte considerativa del laudo que constituye el acto reclamado en el amparo, se establece condena alguna en contra del mismo quejoso Salvador Silva Contreras, pues de dichos considerandos en relación con el resolutivo segundo del laudo en mención solamente se advierte que se condenó a la empresa demandada S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V.

Bajo esa perspectiva, siendo que en el laudo reclamado no se decretó condena alguna en contra del quejoso Salvador Silva Contreras, por tanto, es claro que tal laudo no afecta los intereses jurídicos del propio quejoso, razón por la cual debe decirse que respecto de él se actualiza en la especie la causal de improcedencia contemplada en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio de garantías, exclusivamente en cuanto a este quejoso, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley en cita.

SEXTO.-Los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, que serán analizados conjuntamente, resultan infundados.

Contrariamente a lo que arguye la empresa quejosa, en el primero y segundo conceptos de violación, es legal la determinación de la Junta responsable, imponiéndole a la demandada la carga probatoria en el juicio, por lo siguiente:

De las constancias que obran en el expediente laboral de origen, se advierte que los actores Martín Alfonso Viquez Jiménez, José Álvarez Campos y José de Jesús Montalvo de Cena demandaron de la empresa S.B. Construcciones, S.A. de C.V., y otro, indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad y horas extras, alegando que fueron despedidos injustificadamente el treinta de octubre de mil novecientos noventa y tres, por Salvador Silva Contreras, persona que se ostenta como director general de la fuente de trabajo, diciéndoles, "que estaban despedidos y que ya no requería de sus servicios", lo que ocurrió en la puerta de entrada de la fuente de trabajo, aproximadamente a las 13:00 horas.

En su contestación de demanda (f. 85 a 90), la empresa demandada S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., negó acción y derecho a los actores, para reclamarle las prestaciones contenidas en la demanda laboral, manifestando que entre ellos y la propia empresa jamás existió relación laboral, apoyando tal negativa en señalar, al dar respuesta al hecho primero, que los trabajadores nunca laboraron para la empresa demandada pues la verdad de las cosas es que el día dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y tres, la diversa empresa Estructuras y Techos de Querétaro, S.A. de C.V., presentó a la empresa demandada un presupuesto técnico para la fabricación y montaje de estructura metálica para la Clasificadora de Desechos Sólidos de San Juan de Aragón, obra que tiene a su cargo la demandada, presupuesto en el que se asientan las condiciones bajo las cuales se prestarían los servicios de una empresa a otra, por lo que la mencionada empresa Estructuras y Techos de Querétaro, S.A. de C.V., por conducto de algunos de sus trabajadores, entre los que se encuentran los actores, sería quien prestaría los servicios, por lo que esta empresa es el patrón de las personas que llevaron a cabo los trabajos y en esa virtud se dieron los supuestos a que alude el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que una empresa establecida contrató trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que derivan de las relaciones laborales, de lo que se sigue que S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., no tiene responsabilidad alguna al respecto, ya que los servicios que le prestó la diversa empresa Estructuras y Techos de Querétaro, S.A. de C.V., fueron de naturaleza civil, derivados de la propuesta técnica o presupuesto antes referido, lo que excluye la existencia de relación laboral entre las partes en el juicio.

En el laudo reclamado, la Junta responsable condenó a la empresa demandada S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., a pagar a cada uno de los actores, los conceptos de indemnización constitucional, salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras, considerando en síntesis, que corresponde a la demandada acreditar sus excepciones y defensas y que no las acreditó.

Ahora bien, si la empresa demandada S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., no negó lisa y llanamente la existencia de la relación laboral, sino que esa negativa la apoyó en diversas afirmaciones, por tanto, es claro que, contra lo que afirma la propia empresa quejosa, a ella correspondía la carga de la prueba en el juicio, de lo que se sigue que es apegada a derecho la determinación que la Junta responsable estableció en ese sentido, en el laudo reclamado.

Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis de ejecutoria consultable en la página 594 del Tomo de Precedentes de la antes Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "RELACIÓN LABORAL, NEGATIVA DE LA. PRUEBA, CARGA DE LA.-Si el patrón niega la existencia de la relación laboral con un trabajador alegando que éste le prestó servicios en virtud de un contrato de prestación de servicios profesionales, tal negativa implícitamente contiene una afirmación y por ello el patrón tiene la obligación de probarla y si no lo hace debe considerarse que la relación fue de naturaleza laboral.".

No constituyen óbice a lo antes considerado, los argumentos que hace valer la quejosa, en el segundo concepto de violación, en cuanto a que la responsable no hizo un debido estudio de la litis planteada, a efecto de precisar a cuál de las partes le correspondía la carga de la prueba, ya que, alega, previamente a que la demandada probara sus excepciones y defensas, era menester que los actores acreditaran su acción, por lo que la carga de la prueba correspondía a los actores y no a la misma demandada; en atención a que, contra lo que se arguye, la responsable estudió debidamente la litis planteada, pues analizó si la empresa demandada acreditó las afirmaciones en las que apoyó la negativa de la relación laboral, cuestión esta que constituye el punto medular de la controversia laboral y además, como ya se dijo, correctamente le impuso la carga de la prueba a la demandada, advirtiéndose que, por los términos en que quedó planteada la litis, no era necesario que los actores acreditaran extremo alguno a efecto de demostrar la procedencia de su acción y, en esta virtud, se insiste, es legal que la resolutora no les impusiera carga alguna a los actores y por el contrario, se la atribuyera a la demandada.

Tampoco se contraponen a aquellas consideraciones, los alegatos vertidos por la impetrante, en el primer concepto de violación, acerca de que, al imponerle la carga probatoria, la Junta responsable violó el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, pues, según dice, en dicho precepto legal se establecen 14 supuestos en los cuales le corresponde al patrón la carga de la prueba y en ninguno de ellos se encuentra el relativo a los casos en los que el patrón niegue la relación laboral ya que no se puede probar un hecho negativo y, que si la demandada negó la relación laboral, la carga de la prueba se revertía hacia los terceros perjudicados a fin de que demostraran la existencia de la relación de trabajo y del despido injustificado; toda vez que, en cuanto al primer argumento debe decirse que no existe por parte de la responsable violación al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si bien es cierto que este precepto no dispone expresamente que le corresponderá al patrón probar su dicho cuando niegue la existencia de la relación laboral apoyándose en diversas afirmaciones, no menos cierto es también que, como ya se vio, como la demandada no negó lisa y llanamente la relación de trabajo, sino que esta negativa la apoyó en el hecho de que los actores laboraron para diversa empresa a la que ella encomendó determinado trabajo, por ende, correspondía a la propia empresa demandada acreditar las aseveraciones en las que fundó sus excepciones y defensas, de donde resulta que no existe a este respecto violación al precepto legal invocado; además, aun cuando la demandada negó la relación laboral, dicha negativa no fue lisa y llana como ya se dijo, sino que la misma se apoyó en diversas afirmaciones, razón por la cual no les tocaba a los actores la carga probatoria en el juicio, como infundadamente lo pretende la inconforme, sino que era ésta a quien correspondía dicha carga, por lo que, se insiste, en este sentido no existe ilegalidad alguna por parte de la Junta del conocimiento.

En otra parte del segundo concepto de violación, en el tercero y el cuarto, la agraviada impugna la valoración que la Junta responsable hizo de las confesiones fictas de los actores (f. 96 a 97), así como de la supuesta valoración que la propia responsable realizó de la confesional ficta de la empresa demandada.

Los conceptos de violación antes enumerados resultan infundados, como enseguida se verá.

A fojas 96 a 97 del expediente laboral, constan las confesiones fictas de los actores y de las posiciones que les fueron planteadas, se infiere que las mismas fueron encaminadas a demostrar que los trabajadores laboraron para la diversa empresa Estructuras y Techos de Querétaro, S.A. de C.V.

A fojas 95 a 95 vuelta del expediente laboral obra la confesión ficta de la empresa demandada y, conforme a las posiciones que integran dicha probanza, de ellas se infiere la presunción de que la demandada S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., contrató a los actores para que laboraran a su servicio.

En el considerando tercero del laudo reclamado, la Junta responsable analizó tales pruebas, señalando lo siguiente: "... a fojas 96 a 97 de los autos, se observan las confesionales de los actores, mismas que se llevaron en forma ficta y que no obstante lo anterior, no adquieren pleno valor probatorio, pues existen en autos las confesionales de la demandada y para hechos propios fojas 95 a 96, en las cuales se reconoce la relación de trabajo ... no ofreciendo (la demandada) mayores elementos de pruebas para acreditar su afirmación en el sentido de que celebró contrato civil con diversa empresa y que ésta fue el patrón de los actores ...".

Conforme a la exposición anterior, es infundada la parte del primer concepto de violación, en la cual la quejosa arguye que es ilegal que la responsable haya tomado en cuenta en su perjuicio la confesional ficta de la empresa demandada y no así la de los actores, pues según dice la confesional de la empresa demandada no tiene valor probatorio en virtud de que se encuentra en contradicción con las confesionales fictas de los actores; en virtud de que, contra lo que se arguye, la responsable no tomó en consideración para resolver, la confesional ficta de la empresa demandada, sino que analizó las confesionales fictas de los actores y les negó valor probatorio considerando precisamente que las mismas se encuentran en contradicción con la diversa confesión ficta de la empresa demandada, es decir, la responsable no tomó en cuenta en perjuicio de la ahora quejosa, su confesión ficta, como infundadamente se arguye.

Asimismo, es infundada la parte del tercer y cuarto conceptos de violación, en la que se aduce que la responsable, sin razón y fundamento legal alguno no les otorga valor probatorio a las confesionales fictas de los actores y sí en cambio le otorga valor probatorio a la confesión ficta de la empresa demandada, con la cual tiene por demostrada la relación de trabajo, sin manifestar los razonamientos y el fundamento legal para llegar a tal conclusión, además de que, la Junta responsable no debió de otorgarle valor probatorio a la confesión de la empresa demandada ya que para que ésta tuviera valor era necesario que no hubiera prueba que la contradiga, pero en el caso existe la confesión ficta de los actores, por lo que se incurre en indebida valoración de las pruebas ofrecidas.

Ciertamente, es infundado lo anterior, ya que, en primer lugar, es inexacto que la Junta responsable le haya otorgado valor probatorio a la confesión ficta de la empresa demandada y que, con base en ella haya tenido por demostrada la relación de trabajo, pues no fue así, según se infiere de la parte considerativa del laudo, antes transcrita, en la que se aprecia que la responsable no le otorgó valor alguno a la confesión ficta de la empresa demandada y mucho menos consideró demostrada la relación de trabajo, con base en esa valoración, dado que no hizo razonamiento alguno a este respecto; y asimismo, contra lo que se aduce, la responsable sí estableció las razones legales por las cuales le negó valor a las confesionales fictas de los actores, a efecto de tener por acreditadas las excepciones de la empresa demandada, al señalar en el laudo, que no tienen valor dichas confesionales porque están contradichas con la diversa confesión ficta de la demandada.

Además, es correcto que la resolutora les negara valor a las confesiones fictas de los actores, por las razones que lo hizo, habida cuenta que, existiendo en el juicio laboral, confesiones fictas de las dos partes en conflicto, de las cuales se desprenden extremos contrarios en cuanto a si la relación laboral existió con una empresa o con la otra, la presunción que de cada una de ellas surge, queda anulada y en consecuencia, ambas pruebas carecen de eficacia probatoria a fin de acreditar el hecho respectivo, por lo que es legal que la responsable les negara valor a las confesiones fictas de los actores, a efecto de tener por acreditadas las excepciones de la demandada, al estar contradichas con la confesión ficta de la propia empresa.

Igual criterio al establecido en el párrafo anterior, sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos 667/94, 9447/94, 3507/95 y 9147/97.

De acuerdo con las exposiciones anteriores, también es infundado lo que se afirma en cuanto a que la responsable incurrió en una indebida valoración de pruebas.

En las condiciones apuntadas, siendo infundados los conceptos de violación que se hacen valer en la demanda de garantías, se impone negar a la quejosa S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó.

Por lo expuesto y fundado; con apoyo además en los artículos 76 al 80, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto del quejoso Salvador Silva Contreras, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a S.B. Construcciones de México, S.A. de C.V., en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, que hizo consistir en el laudo pronunciado el doce de junio de mil novecientos noventa y siete, en el expediente laboral número 40/94, seguido por Martín Alfonso Viquez Jiménez y otros en contra de la quejosa y otro.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que integran los ciudadanos Magistrados María Yolanda Múgica García, José Manuel Hernández Saldaña y José Sánchez Moyaho, siendo relator el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5098-4781f039/confesiones-fictas-contradichas-entre-si-valor-probatorio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.