CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN AMPARO PENAL EN REVISIÓN OPERA CUANDO BENEFICIE AL INCULPADO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 53/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.-El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 244/94, promovido por Hiram Arias Martínez, sostuvo la tesis aprobada por unanimidad de votos con el rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. EN LA REVISIÓN PENAL INTERPUESTA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO EXISTE APOYO LEGAL PARA DECRETARLA.", dentro de la sentencia dictada en los siguientes términos:
"CUARTO.-Antes de estudiar las consideraciones de la sentencia recurrida, los agravios esgrimidos en su contra y, en su caso, la revisión adhesiva interpuesta por el quejoso, se estudiarán dos cuestiones que fueron dejadas a la consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado, por autos de quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco (foja 55), y de cinco de junio y catorce de julio del mismo año (fojas 66 y 80) ... La segunda cuestión consiste en la solicitud efectuada por el quejoso en su escrito presentado el veinticinco de mayo y reiterada en el diverso que se presentó el once de julio, ambos en mil novecientos noventa y cinco, en el sentido de que se decrete la caducidad de la instancia en el presente recurso.-Es verdad que en el caso la revisión fue interpuesta por la autoridad responsable, que se dio un periodo de inactividad procesal mayor de trescientos días, según se desprende de la certificación que obra a foja 67, y que se decretase, la caducidad de la instancia redundaría en beneficio del inculpado, hoy quejoso, al quedar firme la sentencia de amparo sujeta a revisión, en la cual se le concedió la protección constitucional contra la orden de aprehensión que reclama, único aspecto en el que se comparte el criterio de los dos diversos Tribunales Colegiados cuyas jurisprudencias reproduce el quejoso, las que por cierto no son obligatorias para este colegiado; no obstante, se estima improcedente declarar que esa figura procesal ha operado en esta revisión, en virtud de que la misma ha sido interpuesta en un amparo indirecto en materia penal, en la cual no está prevista ni autorizada la caducidad de la instancia, según se desprende del contenido de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo; por tanto, aun cuando no se encontrara la explicación de que el legislador federal no haya establecido la caducidad de la instancia en materia penal, en favor del reo, a pesar de que dicha figura está prevista en las materias laboral y agraria, cuando sea en beneficio del trabajador o de los sujetos al régimen agrario, a que se refiere el artículo 212 de dicha ley (artículos 74, fracción V, y 231, fracción III); lo cierto es que los tribunales de amparo sólo pueden proceder conforme a las facultades que les otorguen las leyes de la materia, y por ello se concluye que no existe base legal para decretar la caducidad de la instancia en materia penal, en favor del reo, mientras no esté autorizada por la ley de la materia, sin que se estime conveniente decretarla con apoyo en una interpretación de disposiciones constitucionales que rigen al juicio de garantías, tal como lo efectuaron los dos Tribunales Colegiados cuyas jurisprudencias invoca el quejoso, puesto que tal interpretación constitucional corresponde esencialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; además, en lo general, este colegiado no comparte el criterio contenido en dichas jurisprudencias, tomando en consideración que la caducidad de la instancia se ha establecido, en las materias civil y administrativa, lato sensu, así como en la laboral y la agraria, con las limitaciones antes precisadas, siempre con base en la circunstancia de que, en esas materias, los juicios de amparo se interponen contra actos o resoluciones que afectan exclusivamente intereses de particulares, lo cual de ninguna manera ocurre en la materia penal, en la que existe un interés público en la persecución de los delitos y el castigo de los delincuentes, es decir, hay un interés general de la sociedad en que los delitos no queden impunes y se sancione a sus autores; motivos por los cuales, como ya se dijo antes, se concluye que es improcedente decretar en la especie la caducidad de la instancia."
TERCERO.-Por su parte el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, al dictar resoluciones en los amparos en revisión 537/89, 749/88, 563/88, 159/89 y 461/89, sustentó la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 46, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y uno, número VII.1o.13, pág. 83, cuyo rubro es: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN REVISIÓN EN MATERIA PENAL CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.".
Las resoluciones emitidas con apoyo en tal criterio en lo conducente señalan:
A.R. 537/89. Quejoso: Marcelino Escobar Kolansinsky:
"ÚNICO.-Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia que se combate cuanto los agravios hechos valer en la especie, a virtud de lo que enseguida se advertirá.-A fojas trece del presente toca aparece una certificación de la secretaria de Acuerdos de este tribunal, de la que se desprende que en el lapso comprendido entre el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve y el veinte de agosto de mil novecientos noventa, la autoridad recurrente no hizo promoción alguna tendente a activar el procedimiento en este asunto.-Ahora bien, en la tesis que bajo el número 30 y rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ es visible en la página quinientos noventa y cinco de la primera parte del Informe rendido por el presidente del más Alto Tribunal del país al finalizar el año de mil novecientos ochenta y nueve, se sostiene el siguiente criterio: ‘De conformidad con lo que establece el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no opera la caducidad de la instancia en los juicios de amparo en materia agraria, excepto cuando beneficie a núcleos ejidales o comunales o a ejidatarios o comuneros. Con este mismo criterio protector debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional mencionado, que no establece esa salvedad respecto de los indiciados, y considerar que la caducidad de la instancia en el juicio de amparo contra leyes penales opera cuando sea promovido por un indiciado y la declaratoria de firmeza de la sentencia recurrida le beneficie.’.-En esas condiciones, y por cuanto en dicho lapso, que es mayor de trescientos días, no se efectuó acto procesal alguno y los impugnados son de naturaleza penal, y dado que la declaratoria de firmeza de la sentencia impugnada beneficia al promovente del juicio de garantías a que este toca se contrae, procede con apoyo en la segunda hipótesis de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, declarar la caducidad de la instancia en este toca y firme la sentencia del a quo."
A.R. 749/88. Quejoso: Jesús Cerda Pulido:
"ÚNICO.-Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia que se combate cuanto los agravios hechos valer en la especie, a virtud de lo que enseguida se advertirá: En la tesis número 30 que bajo el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-Ahora bien, a fojas nueve del presente toca aparece una constancia de la secretaria de Acuerdos del tribunal que resuelve, de la que se desprende que en el lapso comprendido entre el dos de septiembre del año antepasado y el veintiuno de mayo del año pasado la autoridad disconforme no hizo promoción alguna tendente a activar el procedimiento en este asunto.-En esas condiciones, y por cuanto en dicho lapso, que es mayor de trescientos días, no se efectuó ningún acto procesal y dado que la declaratoria de firmeza de la sentencia impugnada beneficia al promovente del juicio de garantías al que este toca se contrae, procede con apoyo en la tesis de que se habla, declarar la caducidad de la instancia y firme la sentencia recurrida."
A.R. 159/89. Quejoso: José Manuel Hernández García:
"ÚNICO.-Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia que se combate cuanto los agravios hechos valer en la especie, a virtud de lo que enseguida se advertirá.-En la tesis número 30 que bajo el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-Pues bien, a fojas ocho del presente toca aparece una certificación de la secretaria de Acuerdos del tribunal que resuelve, de la que se desprende que en el lapso comprendido entre el primero de julio de mil novecientos ochenta y nueve y quince de mayo de mil novecientos noventa, la autoridad disconforme no hizo promoción alguna tendente a activar el procedimiento en este asunto.-En esas condiciones, y por cuanto en dicho lapso que es mayor de trescientos días, no se efectuó acto procesal alguno y dado que la declaratoria de firmeza de la sentencia impugnada beneficia al promovente del juicio de garantías al que este toca se contrae, procede con apoyo en la tesis de que se habla declarar la caducidad de la instancia y firme la sentencia recurrida."
A.R. 563/88. Quejoso: Jesús Ceja Rivera:
"ÚNICO.-Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia que se combate cuanto los agravios hechos valer en la especie, a virtud de lo que enseguida se advertirá.-A fojas diez del presente toca aparece una certificación de la secretaria de Acuerdos de este tribunal, de la que se desprende que en el lapso comprendido entre el doce de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve y el quince de octubre de mil novecientos noventa, la autoridad recurrente no hizo promoción alguna tendente a activar el procedimiento en este asunto.-Ahora bien, en la tesis número 30 que bajo el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-En esas condiciones, y por cuanto en dicho lapso, que es mayor de trescientos días, no se efectuó acto procesal alguno y los impugnados son de naturaleza penal y dado que la declaratoria de firmeza de la sentencia impugnada beneficia al promovente del juicio de garantías al que este toca se contrae, procede con apoyo en la segunda hipótesis de la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, declarar la caducidad de la instancia en este toca y firme la sentencia del a quo."
A.R. 461/89. Quejoso: Silvia Ferrer Lara:
"ÚNICO.-Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia que se combate cuanto los agravios hechos valer en la especie, a virtud de lo que enseguida se advertirá.-En la tesis número 30 que bajo el rubro: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-Pues bien, a fojas catorce del presente toca aparece una certificación de la secretaria de Acuerdos del tribunal que resuelve, de la que se desprende que en el lapso comprendido entre el catorce de octubre de mil novecientos ochenta y nueve al veintiocho de agosto de mil novecientos noventa, la autoridad disconforme no hizo promoción alguna tendente a activar el procedimiento en este asunto.-En esas condiciones, y por cuanto en dicho lapso que es mayor de trescientos días, no se efectuó acto procesal alguno y dado que la declaratoria de firmeza de la sentencia impugnada beneficia al promovente del juicio de garantías al que este toca se contrae, procede con apoyo en la tesis de que se habla declarar la caducidad de la instancia y firme la sentencia recurrida."
CUARTO.-Asimismo, por lo que hace al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, al dictar resoluciones en los amparos en revisión 313/90, 85/91, 99/91, 104/91 y 126/92, sustentó la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 71, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y tres, número X.1o. J/14, pág. 81, cuyo rubro es: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN LA REVISIÓN PENAL LA. CUANDO BENEFICIA AL INCULPADO.".
Las resoluciones emitidas con apoyo en tal criterio en lo conducente señalan:
Toca en revisión 313/90:
"ÚNICO.-En el caso es innecesario transcribir la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios que hace valer el Juez responsable, en virtud de que los mismos no serán materia de estudio por parte de este tribunal, en vista de que ha operado la causa de sobreseimiento del juicio de garantías prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dice: ‘Art. 74. Procede el sobreseimiento: ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado (300 días incluyendo los inhábiles), producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firma la sentencia recurrida ...’.-De las constancias transcritas se advierte que el Juez recurrente no justificó haber presentado promoción tendiente a impulsar el procedimiento, ni tampoco se efectuó acto procesal alguno con ese fin durante más de trescientos días, pues entre el dos de febrero de mil novecientos noventa y uno, día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación del acuerdo de treinta de enero anterior mediante el cual se ordenó turnar el expediente al Magistrado ponente, y el doce de febrero del presente año, transcurrieron trescientos sesenta y siete días, incluyendo los inhábiles.-Ahora bien, con apoyo en el criterio protector que sustenta el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, en el sentido de que la caducidad de la instancia (aun cuando no opera en los juicios de amparo en materia agraria cuando éstos sean promovidos por núcleos ejidales o comunales o por los ejidatarios o comuneros), sí podrá decretarse en los casos en que beneficie a las entidades mencionadas, debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional citado, considerando que dicha caducidad también opera en beneficio del procesado cuando el recurso de revisión contra la sentencia que le concedió el amparo, sea interpuesto por la autoridad responsable y ésta no presente promoción alguna tendiente a impulsar el procedimiento durante el término de trescientos días, pues en tal caso no demuestra su interés en sostener la constitucional de su acto, y así lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que aparece publicada bajo el número 30, en la página 595, Primera Parte del Informe rendido por su presidente al terminar el año de 1989, que es del tenor literal siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.-De conformidad con lo que establece el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, no opera la caducidad de la instancia en los juicios de amparo en materia agraria, excepto cuando beneficie a núcleos ejidales o comunales o a ejidatarios o comuneros. Con este mismo criterio protector debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional mencionado, que no establece esa salvedad respecto de los indiciados, y considerar que la caducidad de la instancia en el juicio de amparo contra leyes penales opera cuando sea promovido por un indiciado y la declaratoria de firmeza de la sentencia recurrida le beneficie.’.-Asimismo es de invocar al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 85, del Tomo VIII, Octava Época, que este órgano colegiado comparte, y que es como sigue: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN REVISIÓN EN MATERIA PENAL CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.-Con base en el criterio protector que anima la fracción II, párrafo cuarto, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que no opera la caducidad de la instancia en los juicios de amparo en materia agraria, excepto cuando beneficia a núcleos ejidales o comunales o ejidatarios o comuneros, se debe interpretar asimismo la fracción XIV del citado ordenamiento constitucional y considerar que cuando el amparo es promovido por un indiciado y la declaratoria de firmeza de la sentencia impugnada le beneficia procede, con apoyo en lo anterior, declarar la caducidad de la instancia y firme la sentencia recurrida.’.-De consiguiente, por tratarse en el caso de un amparo en materia penal en el que el recurrente es el Juez responsable, es incuestionable que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por lo cual debe declararse la caducidad de la instancia y firme la sentencia que concedió al quejoso la protección constitucional."
Toca en revisión 85/91:
"ÚNICO.-En el caso es innecesario transcribir la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios que hace valer el Juez responsable, en virtud de que los mismos no serán materia de estudio por parte de este tribunal, en vista de que ha operado la caducidad de sobreseimiento del juicio de garantías prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dice: ‘Art. 74. Procede el sobreseimiento: ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado (300 días incluyendo los inhábiles), producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida ...’.-De las constancias transcritas se advierte que el Juez recurrente no justificó haber presentado promoción tendiente a impulsar el procedimiento, ni tampoco se efectuó acto procesal alguno con ese fin durante más de trescientos días; pues entre el quince de abril de mil novecientos noventa y uno, día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación del acuerdo de diez de abril anterior mediante el cual se ordenó turnar el expediente al Magistrado ponente, y el diecisiete de marzo del presente año, transcurrieron trescientos treinta y ocho días, incluyendo los inhábiles.-Ahora bien, con apoyo en el criterio protector que sustenta el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, en el sentido de que la caducidad de la instancia (aun cuando no opera en los juicios de amparo en materia agraria cuando éstos sean promovidos por núcleos ejidales o comunales o por los ejidatarios o comuneros), sí podrá decretarse en los casos en que beneficie a las entidades mencionadas, debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional citado, considerando que dicha caducidad también opera en beneficio del procesado cuando el recurso de revisión contra la sentencia que le concedió el amparo, sea interpuesto por la autoridad responsable y ésta no presente promoción alguna tendiente a impulsar el procedimiento durante el término de trescientos días, pues en tal caso no demuestra su interés en sostener la constitucionalidad de su acto, y así lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que aparece publicada bajo el número 30, en la página 595, Primera Parte del Informe rendido por su presidente al terminar el año de 1989, que es del tenor literal siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-Asimismo es de invocar al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 85, del Tomo VIII, octubre de 1991, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, Octava Época, que este órgano colegiado comparte, y que es como sigue: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN REVISIÓN EN MATERIA PENAL CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-De consiguiente, por tratarse en el caso de un amparo en materia penal en el que el recurrente es el Juez responsable, es incuestionable que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por lo cual debe declararse la caducidad de la instancia y firme la sentencia que concedió al quejoso la protección constitucional."
Toca en revisión 99/91:
"ÚNICO.-En el caso es innecesario transcribir la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios que hace valer el Juez responsable, en virtud de que los mismos no serán materia de estudio por parte de este tribunal, en vista de que ha operado la causa de sobreseimiento del juicio de garantías prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dice: ‘Art. 74. Procede el sobreseimiento: ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado (300 días incluyendo los inhábiles), producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida ...’.-De las constancias transcritas se advierte que el Juez recurrente no justificó haber presentado promoción tendiente a impulsar el procedimiento, ni tampoco se efectuó acto procesal alguno con ese fin durante más de trescientos días, pues entre el treinta de abril de mil novecientos noventa y uno, día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación del acuerdo de veintiséis del mencionado mes de abril mediante el cual se ordenó turnar el expediente al Magistrado ponente, y el tres de marzo del año en curso, transcurrieron trescientos nueve días, incluyendo los inhábiles.-Ahora bien, con apoyo en el criterio protector que sustenta el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, en el sentido de que la caducidad de la instancia (aun cuando no opera en los juicios de amparo en materia agraria cuando éstos sean promovidos por núcleos ejidales o comunales o por los ejidatarios o comuneros), sí podrá decretarse en los casos en que beneficie a las entidades mencionadas, debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional citado, considerando que dicha caducidad también opera en beneficio del procesado cuando el recurso de revisión contra la sentencia que le concedió el amparo, sea interpuesto por la autoridad responsable y ésta no presente promoción alguna tendiente a impulsar el procedimiento durante el término de trescientos días, pues en tal caso no demuestra su interés en sostener la constitucionalidad de su acto, y así lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que aparece publicada bajo el número 30, en la página 595, Primera Parte del Informe rendido por su presidente al terminar el año de 1989, que es del tenor literal siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICADO.’ (la transcribe).-Asimismo, es de invocar al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 85, del Tomo VIII, octubre de 1991, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, Octava Época, que este órgano colegiado comparte, y que es como sigue: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN REVISIÓN EN MATERIA PENAL CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-De consiguiente, por tratarse en el caso de un amparo en materia penal en el que el recurrente es el Juez responsable, es incuestionable que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por lo cual debe declararse la caducidad de la instancia y firme la sentencia que concedió al quejoso la protección constitucional."
Toca en revisión 104/91:
"ÚNICO.-En el caso es innecesario transcribir la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios que hace valer el Juez responsable, en virtud de que los mismos no serán materia de estudio por parte de este tribunal, en vista de que ha operado la causa de sobreseimiento del juicio de garantías prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dice: ‘Art. 74. Procede el sobreseimiento: ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado (300 días incluyendo los inhábiles), producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida ...’.-De las constancias transcritas se advierte que el Juez recurrente no justificó haber presentado promoción tendiente a impulsar el procedimiento, ni tampoco se efectuó acto procesal alguno con ese fin durante más de trescientos días, pues entre el veinte de mayo de mil novecientos noventa y uno, día siguiente al en que surtió sus efectos la notificación del acuerdo de quince del mismo mes y año, mediante el cual se ordenó turnar el expediente al Magistrado relator para formular proyecto de resolución, al doce de enero de mil novecientos noventa y tres, transcurrieron seiscientos cuatro días, incluyendo los inhábiles.-Ahora bien, con apoyo en el criterio protector que sustenta el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, en el sentido de que la caducidad de la instancia (aun cuando no opera en los juicios de amparo en materia agraria cuando éstos sean promovidos por núcleos ejidales o comunales o por los ejidatarios o comuneros), sí podrá decretarse en los casos en que beneficie a las entidades mencionadas, debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional citado, considerando que dicha caducidad también opera en beneficio del procesado cuando el recurso de revisión contra la sentencia que le concedió el amparo, sea interpuesto por la autoridad responsable y ésta no presente promoción alguna tendiente a impulsar el procedimiento durante el término de trescientos días, pues siendo así no demuestra su interés en sostener la constitucionalidad de su acto, tal como lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que aparece publicada bajo el número 30, en la página 595, Primera Parte del Informe rendido por su presidente al terminar el año 1989, que es del tenor literal siguiente: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES CUANDO SE DECRETA EN BENEFICIO DEL INDICIADO.’ (la transcribe).-Asimismo es de invocar al respecto la tesis sostenida por este propio tribunal en sesión plenaria de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, en el amparo en revisión 313/990, promovido por Salvador Soberano García, que a la letra dice: ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA EN LA REVISIÓN PENAL LA. CUANDO BENEFICIA AL INCULPADO.-Con apoyo en el criterio protector que sustenta el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional citado, considerando que la caducidad opera en beneficio del procesado, cuando el recurso de revisión contra la sentencia que le concedió el amparo, sea interpuesto por alguna autoridad y ésta no presente promoción tendiente a impulsar el procedimiento durante el término de trescientos días, pues en tal caso no demuestra su interés en sostener la constitucionalidad de su acto.’.-De consiguiente, por tratarse en el caso de un amparo en materia penal en el que el recurrente es el Juez responsable, es incuestionable que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, por lo cual debe declararse la caducidad de la instancia y firme la sentencia que concedió al quejoso la protección constitucional."
Toca en revisión 126/92:
"ÚNICO.-En el caso es innecesario transcribir la parte considerativa de la sentencia recurrida y los agravios que hace valer el Juez responsable, en virtud de que los mismos no serán materia de estudio por parte de este tribunal en vista de que ha operado la causa de sobreseimiento del juicio de garantías prevista en el artículo 74, fracción V, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dice: ‘Art. 74. Procede el sobreseimiento: ... V. ... En los amparos en revisión, la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante el término indicado (300 días incluyendo los inhábiles), producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará que ha quedado firme la sentencia recurrida ...’.-De las constancias transcritas se advierte que el Juez recurrente no justificó haber presentado promoción tendiente a impulsar el procedimiento, ni tampoco se efectuó acto procesal alguno con ese fin durante más de trescientos días, pues entre el veintidós de abril de mil novecientos noventa y dos, día siguiente a aquel en que surtió sus efectos la notificación del acuerdo de veintiuno del mismo mes mediante el cual se ordenó turnar el expediente al Magistrado ponente, y el diecisiete de febrero del presente año, transcurrieron trescientos dos días, incluyendo los inhábiles.-Ahora bien, con apoyo en el criterio protector que sustenta el artículo 107, fracción II, párrafo cuarto de la Constitución General de la República, en el sentido de que la caducidad de la instancia (aun cuando no opera en los juicios de amparo en materia agraria cuando éstos sean promovidos por núcleos ejidales o comunales o por los ejidatarios o comuneros), sí podrá decretarse en los casos en que beneficie a las entidades mencionadas debe interpretarse la fracción XIV del precepto constitucional citado, considerando que dicha caducidad también opera en beneficio del procesado cuando el recurso de revisión contra la sentencia que le concedió el amparo, sea interpuesto por la autoridad responsable y ésta no presente promoción alguna ten
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5112-0cea7044/caducidad-de-la-instancia-en-amparo-penal-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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