Corpus
Modo: Corpus Pro

PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS. POR LOS TRIBUNALES AGRARIOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 336/98. · Registro digital (IUS): 5210
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA JULIA LUQUE SÁNCHEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, , Pág. 1037.

AMPARO DIRECTO 336/98. MARÍA JULIA LUQUE SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Es fundado y suficiente para conceder la protección federal solicitada, el concepto de violación que más adelante se precisa, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

De los autos de origen se advierte que, la hoy quejosa demandó el siete de abril de mil novecientos noventa y siete, del tercero perjudicado, ante el tribunal responsable lo siguiente:

"a) Por el mejor derecho sucesorio, respecto de los que en vida pertenecieron al extinto Emilio Sánchez Verdugo, quien era ejidatario con sus derechos agrarios legalmente reconocidos en el ejido ‘Las Vacas’, Municipio de Guasave, Sinaloa, a quien le correspondió el título parcelario No. 163705.

"b) Que se me declare legal poseedora de la unidad de dotación compuesta por 10-00-00 hectáreas, la cual tiene las siguientes colindancias: al norte colinda con Cruz Verdugo; al sur, colinda con Ignacio Sánchez; al oriente colinda con calle 10; y al poniente colinda con Laureano Osuna.

"c) Se le condene al demandado al cumplimiento de todas y cada una de las prestaciones a que hago mención en este capítulo."

Sustentó su reclamación, básicamente, en que el referido Emilio Sánchez Verdugo designó como única sucesora de sus derechos agrarios a su hija Joaquina Sánchez Soto (madre de la actora), y el designante falleció el nueve de febrero de mil novecientos noventa y dos, mientras que esta última falleció el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco.

Aseveró que la parte demandada se atribuía el carácter de nuevo titular de los derechos sucesorios, apoyándose en que había sido concubinario de Joaquina Sánchez Soto (la sucesora ya fallecida), y por eso ejercitaba la acción en su contra; ya que, sostuvo la actora, ella dependía de la economía del extinto ejidatario, y era hija de la también extinta Joaquina Sánchez Soto.

Al contestar la demanda, la parte reo argumentó que en el caso tenía aplicación la nueva Ley Agraria y no la Ley Federal de Reforma Agraria porque al fallecer la sucesora Joaquina Sánchez Soto, ya estaba abrogada esta última ley; por lo que sostuvo que él tenía mejor derecho sucesorio conforme al artículo 18, fracción II, de la nueva Ley Agraria, al haber vivido en concubinato con la extinta sucesora Joaquina Sánchez Soto durante treinta y seis años, y mientras vivieron juntos auxiliaron en todos los aspectos al titular primitivo de los derechos agrarios, Emilio Sánchez Verdugo, hasta el día de su fallecimiento; que desde entonces la sucesora Joaquina Sánchez Soto nunca tramitó su certificado de derechos agrarios, mucho menos designó sucesor; reiteró que le asistía mejor derecho sobre la parcela en disputa, por haber sido concubino de la referida Joaquina Sánchez Soto y porque desde la muerte de ésta el demandado tenía la posesión de la parcela en litigio; mientras que su contraparte nunca había dependido económicamente de Joaquina Sánchez Soto.

En la sentencia reclamada el tribunal responsable emitió los razonamientos transcritos en el considerando cuarto de esta ejecutoria, concluyendo con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO.-La parte actora no probó los elementos constitutivos de su acción y el demandado sí demostró sus defensas y excepciones. Consecuentemente, es improcedente reconocer a María Julia Luque Sánchez, la titularidad de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto Emilio Sánchez Verdugo, en el ejido ‘Las Vacas’, Municipio de Guasave, Sinaloa, en base a los razonamientos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia.

"SEGUNDO.-Es procedente reconocer a Francisco Campos Miranda, la titularidad de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto Emilio Sánchez Verdugo, en el ejido ‘Las Vacas’, Municipio de Guasave, Sinaloa, y mantenerlo en posesión legal y material de la unidad de dotación respectiva.

"TERCERO.-Cancélese el título parcelario número 163705 a nombre del extinto Emilio Sánchez Verdugo y expídase a Francisco Campos Miranda, el certificado parcelario y en su caso, el de derechos sobre tierras de uso común correspondientes.

"CUARTO.-Remítase al Registro Agrario Nacional, copia certificada de la presente sentencia en términos de la fracción I del artículo 152 de la Ley Agraria y copia autorizada de la misma a la Comisión Nacional del Agua, para su conocimiento.

"QUINTO.-Notifíquese personalmente esta sentencia a las partes, y en su oportunidad previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido."

En contra de la referida sentencia, la parte quejosa expresa en vía de conceptos de violación, que el tribunal emisor de la misma no examinó todas las pruebas aportadas al juicio agrario, y las que valoró lo hizo incorrectamente; que no está debidamente fundada y motivada la sentencia porque al dictarla se apoyó en una simple presunción, consistente en que el tercero perjudicado dependió económicamente del autor de la sucesión, siendo que la defensa de éste consistió en que su derecho derivaba de la relación que tenía con la sucesora preferente Joaquina Sánchez Soto y no "del derecho que hubo pertenecido a mi extinto abuelo"; además de que ninguna otra prueba, según refiere, corrobora que realmente hubiere dependido económicamente del ejidatario primitivo.

Estos argumentos son sustancialmente fundados, por los siguientes motivos:

Al contestar la demanda, el tercero perjudicado se defendió aseverando que tenía mejor derecho para heredar la parcela en disputa por haber vivido en concubinato con la extinta sucesora Joaquina Sánchez Soto; por haber auxiliado en todos los aspectos al ejidatario titular primitivo, Emilio Sánchez Verdugo, hasta el día de su fallecimiento, y porque desde que murió su concubina tenía la posesión de la parcela en litigio. Incluso, como antes se mencionó, sostuvo que tenía mejor derecho sucesorio conforme al artículo 18, fracción II, de la nueva Ley Agraria, por haber vivido en concubinato con la extinta sucesora Joaquina Sánchez Soto.

Ante ese planteamiento, donde se involucró a esta última, resulta evidente que el tribunal responsable no estableció correctamente la litis del juicio agrario, ya que en el considerando tercero de la sentencia reclamada se limitó a determinar lo siguiente:

"III. La litis en el presente juicio agrario, se circunscribe a determinar a quién, de entre las partes en conflicto, le corresponde la titularidad de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto ejidatario Emilio Sánchez Verdugo, amparados con el título parcelario número 163705, en el ejido ‘Las Vacas’, Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa."

Aún más, de lo expuesto por la contraparte de la quejosa en el juicio agrario, al contestar la demanda, no se desprende que hubiera sostenido, que tenía mejor derecho para heredar los derechos agrarios porque dependía económicamente del primitivo ejidatario, pues no expresó circunstancias que hicieran patente que cuando éste falleció se mantenía gracias a los bienes propiedad del mismo ejidatario o satisficiera sus necesidades de subsistencia con recursos económicos proporcionados por él, para poder considerarlo su dependiente económico; amén de que sostuvo que tenía la posesión de la parcela, no desde que murió su titular, sino desde que murió la sucesora designada por el de cujus.

Sin embargo, al examinar las pruebas aportadas por la contraparte de la peticionaria, el tribunal responsable consideró que la testimonial a cargo de Francisco Villegas Rodríguez y Santos Balderrama Valenzuela beneficiaba al oferente, porque éstos manifestaron que la finada Joaquina Sánchez Soto, al ocurrir la muerte de su padre Emilio Sánchez Verdugo, se hizo cargo de la parcela, y desde entonces junto con el tercero perjudicado habían tenido la posesión de la misma.

De lo anterior dedujo el órgano jurisdiccional responsable que al ocurrir la muerte del autor de la sucesión, Joaquina Sánchez Soto entró en posesión de la parcela "continuando a su vez al fallecimiento de ésta, con la posesión de la unidad parcelaria, el demandado Francisco Campos Miranda; de donde se desprende la presunción de que tanto éste como su concubina Joaquina Sánchez Soto, al igual que el extinto Emilio Sánchez Verdugo, dependían de los alcances que producía la unidad parcelaria, y en ese orden de ideas, este tribunal considera que el demandado Francisco Campos Miranda acreditó mejor derecho que la actora María Julia Luque Sánchez, a suceder a el extinto ejidatario Emilio Sánchez Verdugo, en el ejido Las Vacas, Municipio de Guasave, Sinaloa.".

Esta consideración de la responsable transgrede el principio de congruencia que rige las sentencias, y lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria en vigor, ya que la sentencia reclamada no se dictó con sujeción a lo planteado por el demandado, ni a verdad sabida como lo exige este precepto, toda vez que de la posesión de la parcela, que en concepto de la autoridad emisora tenían Joaquina Sánchez Soto y su concubino, hoy tercero perjudicado, desde que falleció el titular originario, y de la continuación de la posesión por parte de aquél luego de fallecer su concubina, hizo desprender, sin un verdadero apoyo objetivo, la presunción de que el tercero perjudicado dependía de "los alcances que producía la unidad parcelaria", y sin que esto lo hubiera argumentado el demandado, como ya se dijo.

Lo antes precisado se robustece con el hecho de que según consta a fojas 51 de los autos, Crisóforo Armenta compareció al juicio de origen a manifestar el 11 de noviembre de 1998, que desde hacía más de treinta años él venía explotando la unidad de dotación en cuestión "en asociación en participación hasta 1991 y, como arrendatario desde enero de 1992.".

Expuso que al fallecer Emilio Sánchez Verdugo "se presentaron ante mí los supuestos derechosos a la unidad de dotación que exploto y me manifestaron en forma indistinta que les pagara la renta.".

Esta constancia no fue tomada en cuenta por el juzgador, como lo hace notar la agraviada.

Cabe señalar que aunque el artículo 189 de la Ley Agraria, faculta a los tribunales agrarios a estimar las pruebas sin sujetarse a reglas abstractamente preestablecidas, y a apreciar los hechos en conciencia, sí les impone la obligación de fundar y motivar sus sentencias; sin embargo, en el caso el tribunal responsable pasó por alto esta exigencia, pues no hizo mención en la reclamada que conforme al artículo 82, inciso e), de la Ley Federal de Reforma Agraria, vigente cuando falleció el autor de la sucesión (9 de febrero de 1992), para que una persona como el tercero perjudicado, distinta del cónyuge del de cujus, de su concubina y de sus hijos, pudiera heredar derechos agrarios, era menester que dependiera económicamente de aquél. Tampoco tomó en cuenta el tribunal, la capacidad individual requerida para obtener una unidad de dotación a que aludía el artículo 200 de la misma ley, incumpliendo con lo que previene el referido artículo 189 de la Ley Agraria.

En la especie tiene aplicación la tesis sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en las páginas 421 y 422 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, que dice:

"-Del texto del artículo 189 de la nueva Ley Agraria, se desprende que los tribunales agrarios no están obligados a valorar las pruebas conforme a reglas abstractamente preestablecidas, toda vez que se les capacita incluso para emitir el fallo a verdad sabida, apreciando los hechos y los documentos según lo estimaren debido en conciencia. Ahora bien, esta atribución no implica que en los juicios agrarios la verdad histórica penda por entero del íntimo convencimiento de aquellos tribunales, al extremo de considerarlos autorizados para dictar una sentencia sin apoyo objetivo. Apreciar en conciencia los hechos es pesar con justo criterio lógico el valor de las pruebas rendidas con la finalidad de acreditarlos, pues la conciencia que debe formarse para decidir el conflicto, ha de ser precisamente el resultado del estudio de esos elementos, para justificar la conclusión obtenida, y nunca puede consistir en la sola creencia o convicción puramente subjetiva del que juzgue."

Conviene citar igualmente, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, consultable en la página 44 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Sexta Parte, que dice:

"AGRARIO. DERECHOS. PREFERENCIA EN LA SUCESIÓN. REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 200 DE LA LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA.-Si bien el artículo 82 de la Ley Federal de la Reforma Agraria señala la preferencia de sucesores para cuando el ejidatario fallecido no efectúo esa designación, y ubica en primer término al cónyuge superviviente, también lo es que, el sucesor debe reunir los requisitos que para la capacidad individual en materia agraria señala el artículo 200 de la propia ley, para estar en aptitud de obtener unidad de dotación, pues el contenido del artículo 82 en comento no debe verse en forma aislada e independiente, sino en concordancia con el segundo precepto legal mencionado."

Luego, al no haber valorado legalmente las pruebas, ni fundado y motivado debidamente la sentencia reclamada, el tribunal responsable vulneró en perjuicio de la quejosa las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Consiguientemente, sin necesidad de examinar los restantes conceptos de violación, relacionados con el fondo de la controversia, se impone conceder la protección constitucional solicitada, a fin de que el tribunal responsable, para reparar la violación de garantías en que incurrió, deje insubsistente la mencionada sentencia y en su lugar dicte otra conforme a los lineamientos de esta ejecutoria, y valorando todas las pruebas y constancias del juicio resuelva lo que corresponda, con plenitud de jurisdicción, pero fundando y motivando debidamente su determinación.

Por lo expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 76, 77, 158 y 184 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-Para el efecto precisado en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a María Julia Luque Sánchez, en contra del acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 27, consistente en la sentencia de diecinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el juicio agrario número 243/97, promovido por la quejosa contra Francisco Campos Miranda.

Notifíquese; con testimonio de la propia ejecutoria, vuelvan los autos a la autoridad responsable, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Carlos Arturo Lazalde Montoya, Víctor Jáuregui Quintero y Jorge Enrique Eden Wynter García. Fue ponente el último de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5210-ea66493d/pruebas-apreciacion-de-las-por-los-tribunales-agrarios · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.