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Modo: Corpus Pro

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS PRESENTADAS POR PROPIETARIOS DE DERECHO CIVIL DE TIERRAS AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTALES, CUANDO LA CONTROVERSIA SEA DE NATURALEZA AGRARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/96. · Registro digital (IUS): 5227
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Octubre de 1998, , Pág. 596.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 62/96. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo Plenario Número 7/1995 del diecinueve de junio de mil novecientos noventa y cinco, pues el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que, al parecer, sustentan tesis contradictorias, a saber, el presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito.

Las consideraciones expuestas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en la ejecutoria que dictó al resolver el juicio de amparo directo número 662/94 son las siguientes:

"PRIMERO.-Este Tribunal Colegiado resulta competente para conocer y resolver el presente asunto, atento a lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución General de la República, 158 y 163 de la Ley de Amparo; y 44, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que la resolución que se reclama se trata de una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo, y contra la cual la ley no concede ningún recurso ordinario o medio de defensa a través del cual puede ser modificada, revocada o nulificada.

"SEGUNDO.-La existencia del acto reclamado se demuestra con las constancias relativas al expediente del que aquél deriva, que anexo a su informe remitió la autoridad responsable.

"TERCERO.-La resolución reclamada descansa en los siguientes razonamientos: ‘Hermosillo, Sonora, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Con el escrito de Sergio Alvarado Suárez Robles, fórmese el expediente que corresponda y regístrese en el libro de gobierno con el número 402/T.U.A.-28/98, ténganse demandado de los representantes legales del ejido (sic) «Tierras Mexicanas de Sonora», Municipio de Opodepe, así como del delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria, y del comisariado de la misma C. Juan Hernández Verdugo, la nulidad del acto de la resolución presidencial que creó el citado ejido, así como las demás a que hace referencia en los incisos E), C) y D), de su demanda, que se provee, desechándose la misma, por ser este tribunal incompetente para resolver la controversia planteada, atendiendo a que en los términos del artículo 18 de la Ley Agraria, la controversia y acción ejercitada, no se encuentra prevista por ninguna de las hipótesis establecidas por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios atendiendo a que si bien es cierto, este tribunal es competente para conocer de los asuntos de nulidad de actos que contengan las leyes agrarias, en los términos de la fracción VIII, del artículo 18, al ser el demandante pequeño propietario y ejercitar la acción de nulidad de su acta de posesión y deslinde, llevada a cabo con motivo de la resolución presidencial dotatoria, lo procedente es impugnarla mediante el juicio de garantías conducente, tal y como lo hizo en el juicio de amparo indirecto número 233/89, turnado ante el Juzgado de Distrito en Materia Agraria, hoy Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por violaciones en sus garantías individuales de legalidad y audiencia, previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, y si bien es cierto, el juicio de garantías que promovió le fue sobreseído contra dicho acto, como se desprende de la copia de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, al no haber entrado al estudio del fondo del asunto, por sobreseimiento, dado que como lo afirmó dicha diligencia, no había afectado sus intereses jurídicos, al afectarse en este momento dicho acto, lo procedente será dejar expeditos sus derechos, para que los haga valer mediante el juicio de garantías, debiéndose hacer las anotaciones legales pertinentes en el libro de gobierno y archivarse el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese personalmente.’.

"CUARTO.-Como conceptos de violación se expresaron los siguientes: ‘A) La decisión del H. Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 viola en mi perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 27, constitucionales, porque en el acuerdo que constituye el acto reclamado no se dictó conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y no se funda en los principios generales de derecho, es infundado e inmotivado, me niega el derecho a que se me administre justicia en los términos y plazos que fijan las leyes, por lo que no se me garantiza la seguridad jurídica que me corresponde sobre mi pequeña propiedad tal y como lo establecen las disposiciones constitucionales citadas. En efecto, sostiene la responsable que desecha mi demanda porque es incompetente para resolver respecto de las pretensiones deducidas en los incisos A, B, C y D por considerar que es incompetente en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dado que si bien es cierto el tribunal es competente para conocer de los asuntos que contravengan las leyes agrarias en los términos de la fracción VIII del artículo citado, sostiene que al ser el suscrito pequeño propietario y ejercitar la acción de nulidad del acta de posesión y deslinde llevada a cabo con motivo de la resolución dotatoria del ejido demandado, lo procedente es impugnarla en el juicio de garantías tal y como lo hice en el amparo 233/89 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el cual me fue sobreseído, dado que se abstuvo de entrar al estudio del fondo del asunto porque supuestamente no había afectado mis intereses jurídicos por lo que me reservó el derecho para que lo haga valer mediante el juicio de garantías.-No es cierto que la responsable sea incompetente para resolver el conflicto, porque si bien es cierto no me ubico en la primera parte de la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en cambio mis reclamaciones sí caen en la hipótesis o supuestos que prevé la segunda parte de tal disposición cuando señala que es competente para conocer de las nulidades resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias.-En el caso, se demanda la nulidad del acta de posesión y deslinde de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, levantada con motivo de la ejecución de la resolución presidencial que creó el Nuevo Centro de Población Tierras Mexicanas de Sonora, del Municipio de Opodepe, Sonora, y por lo mismo que se cumpla con el procedimiento de ejecución de las resoluciones presidenciales, así como que en este procedimiento se respeten las obras o mejoras en los términos del artículo 262 de la Ley Federal de Reforma Agraria con la consecuente fijación de la zona de protección.-Es obvio que la pretensión de nulidad encaja perfectamente dentro de lo que la propia fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios señala como actos o contratos que contravengan las leyes agrarias, porque el acta de posesión y deslinde levantada por el comisionado es un acto agrario, ejecutado además por una autoridad agraria, por lo que no hay duda de lo arbitrario del acuerdo que constituye el acto reclamado, pues las restantes pretensiones son consecuencias necesarias de la pretendida nulidad, pues al quedar sin efecto el acta de posesión y deslinde debe reponerse todo el procedimiento de la ejecución dentro del cual se comprendan las restantes pretensiones.-No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el acto cuya nulidad y consecuencias se reclaman, tenga su origen en la legislatura anterior, porque la fracción en comentario no distingue entre actos o contratos de la actual o de la anterior Ley Agraria, por lo que no es posible jurídicamente hacer una superación entre unos y otros, porque la misma ley no lo autoriza.-Por otra parte, resultaría absurdo hacer la separación en comentario dado que conforme al texto de la fracción XIX del artículo 27 constitucional y el mismo artículo 163 de la Ley Agraria vigente no se hace distinción alguna respecto de la actual y la anterior legislación agraria, cuando prevén la creación de los tribunales agrarios y precisan cuáles son los juicios de esta naturaleza.-Por lo anterior, resulta incuestionable que el acuerdo que se impugna viola las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 27 de la Constitución General de la República porque no se ajusta a derecho, y al rechazar la demanda me niega el derecho a que se me administre justicia que a la vez garantice mi seguridad jurídica en la tenencia de mi pequeña propiedad, pues la responsable hace una inexacta interpretación y aplicación de la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.-B) Pero suponiendo sin conceder que pudiese considerarse que efectivamente conforme a la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios no es competencia del Tribunal Agrario 28 conocer de la demanda en los términos que la planteo, de cualquier modo, tal acuerdo viola las garantías de legalidad, fundamentación y administración pronta y expedita de justicia agraria, porque las pretensiones deducidas en la demanda rechazada, también se ubican en los supuestos previstos por las fracciones I, IV, V y XI, del artículo 18 antes citado.-En efecto en la fracción I se señala que es competencia de los tribunales agrarios conocer de las controversias por límites de terrenos de los ejidos o comunidades entre sí o con pequeños propietarios. En el caso la esencia del conflicto estriba precisamente en tal circunstancia, en cuanto que los propios ejidatarios de manera unilateral pretenden fijar el lindero que debe dividir su terreno del que corresponde al suscrito, situación que se expone o manifiesta en el punto 16 de hechos de la demanda y en la misma pretensión enunciada en el inciso B del capítulo respectivo, por lo tanto, desde esta perspectiva es incuestionable que el conflicto planteado también puede ubicarse en la mencionada fracción I. La fracción IV establece la competencia de los tribunales agrarios para conocer de los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho determinen la existencia de una obligación, lo que implica que mis pretensiones en la demanda desechada se ubican dentro de tales hipótesis, porque el colegiado agrario como encargado de la ejecución de la resolución presidencial y su comisionado, al no resolver tener por ejecutada de manera virtual la resolución que creó el ejido tercero perjudicado, sin efectuar materialmente el deslinde de los terrenos dotados y dar la participación que la ley les compete a los interesados en esta etapa del procedimiento agrario, viola la ley en mi perjuicio y por lo tanto sus actos carecen de validez por lo que no hay duda que en la manera en que me perjudican estoy legitimado para pedir que se declare su ineficacia y se ordene su reposición para que se ajusten a las normas que lo rigen. Por lo tanto, desde este punto de vista también resulta competente el tribunal agrario para conocer de la demanda. La fracción V da competencia al tribunal agrario para conocer de las controversias relacionadas con la tenencia de las tierras ejidales y comunales. Desde el momento en que los campesinos beneficiados con la resolución presidencial materia de la litis pretenden tomar posesión y delimitar sus tierras de manera unilateral, sin intervención de autoridad alguna y en perjuicio de terceros, es obvio que surge el derecho para oponerse a tales actos y solicitar la intervención de la autoridad competente para dirimir el pleito, dado que la discusión versa en determinar si las tierras que delimitan los ejidatarios son o no ejidales, dado que el tribunal agrario deberá en función del plano que delimita las tierras del ejido, establecer hasta dónde llegan o cuál es el límite de las tierras ejidales.-Por lo anterior, resulta incuestionable que también desde la hipótesis que contempló la fracción V en comentario el tribunal responsable es competente para conocer del conflicto.-En la fracción XI se señala de manera genérica que los tribunales agrarios son competentes para conocer de los demás asuntos que determinen las leyes.-En el último párrafo del artículo 3o. transitorio del último decreto que reformó el artículo 27 constitucional, se establece que los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentran en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor del decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva.-A la vez, el artículo 163 de la Ley Agraria en vigor establece que son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir, y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley. Luego entonces si en el caso se discute si el acta de ejecución de una resolución presidencial se formuló cumpliendo con los requisitos de forma y fondo que le debieron servir de base, no hay duda de que se trata de una cuestión que actualmente compete al tribunal agrario, dado que con anterioridad era competencia de la Comisión Agraria Mixta, a quien se facultaba para nulificar los actos y documentos que contraviniesen las leyes agrarias.-Por lo anterior, y suponiendo sin conceder que el caso de mi parte planteado al tribunal agrario no se ubicara en las fracciones antes analizadas, de cualquier modo debe ubicarse en la XI a que nos estamos refiriendo, en atención a las razones expuestas.-Por otra parte, es de señalarse que la interpretación de la responsable en el acuerdo que se impugna resulta sumamente limitada y sin criterio, porque resulta ilógico, antijurídico y fuera de sentido común establecer que un tribunal agrario no tiene competencia para conocer del conflicto que se plantea con motivo de la ejecución de una resolución presidencial que crea un nuevo centro de población, independientemente del acto concreto que se impugna, dado que la creación de los tribunales agrarios tiene como propósito fundamental el que sean órganos capacitados para dirimir cualquier controversia que derive de la aplicación de las leyes agrarias, sin que tampoco sea obstáculo para el efecto el que se trate de leyes anteriores o posteriores a la reforma del 27 constitucional de enero de mil novecientos noventa y dos.-Por lo expuesto ese H. Tribunal al dictar sentencia debe concederme el amparo para que la responsable deje sin efecto el auto impugnado y dicte uno nuevo donde admita la demanda.-Al respecto debe señalarse que el tribunal agrario viola mis garantías individuales cuando en el mismo auto aduce que en todo caso de mi parte debo interponer demanda de amparo en contra de la ejecución de la resolución presidencial, lo que implica una equívoca decisión porque por una parte no tiene potestad alguna para en las condiciones apuntadas ordenar o imponerme la obligación del planteamiento del juicio de garantías, y por otra para tal posibilidad jurídicamente no puede darse, porque en un diverso juicio de amparo que se menciona en la misma demanda el H. Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito con residencia en Hermosillo, Sonora, determinó que tal amparo era improcedente porque según lo apreció tal tribunal como la ejecución había sido virtual y nunca había sido desposeído del terreno de mi posesión, no había afectación a mis intereses particulares, por lo que estimó que esta afectación sólo podía darse cuando se lleve a cabo real y objetivamente la ejecución de la resolución presidencial, situación que solamente puede presentarse si realmente se efectúa tal ejecución, lo que solamente podrá darse si el tribunal agrario deja sin efecto la ejecución virtual existente, de ahí también mi razón y legitimidad para presentar la demanda de nulidad que desestimó el tribunal agrario. C) Suponiendo sin conceder que conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 123 de la Ley Agraria, el Tribunal Agrario del Distrito 28 no fuese competente para conocer de la demanda planteada, tal situación implica que tales disposiciones son inconstitucionales porque resultan contrarias a los artículos 133 y 27 fracción XIX de la Constitución General de la República. En efecto, en el 133 se establece la supremacía constitucional y la obligación de los Jueces de ajustarse a su texto a pesar de disposiciones en contrario que pudiesen darse en otras leyes.-En el segundo párrafo de la fracción XIX del artículo 27 se establece que son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para el efecto en la misma fracción se prevé la institución de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.-Ejidal que forzosa y necesariamente debe resolver un tribunal agrario (sic), por imperativo de la misma Constitución, al respecto me remito a su texto y a los razonamientos que en esta misma demanda ha planteado con anterioridad.-Por lo tanto, si se estima que los artículos de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y 163 de la Ley Agraria no otorgan competencia a los tribunales agrarios para conocer de mi demanda, a cuyo texto me remito en este apartado en obvio de repeticiones, debe concluirse que tales disposiciones resultan inconstitucionales pues se oponen a los preceptos de la Carta Magna antes invocados, por lo que el tribunal agrario no debe aplicarlos y por lo mismo debe concedérseme el amparo y protección de la Justicia Federal para que quede sin efecto el acto reclamado y se ordene a la responsable dicte otro donde me admita y tramite mi demanda.’

"QUINTO.-En el primer concepto de violación se aduce que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 27 constitucionales, porque niega al quejoso el derecho de que se le administre justicia en los términos y plazos que fijan las leyes y, por tanto, no se le garantiza la seguridad jurídica que le corresponde como pequeño propietario.

"Se sostiene lo anterior, en base a que la responsable no tomó en consideración que el asunto que se le planteó encuadra en la segunda parte de la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que establece que estos tribunales son competentes para conocer de las nulidades resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias. De tal forma que si el acto del que se demandó su nulidad es de naturaleza agraria y proviene además de una autoridad agraria, resulta competente para conocer del negocio la autoridad responsable, sin que sea obstáculo el hecho de que tal acto tenga su origen en la legislación anterior, porque la citada disposición no distingue entre actos o contratos de la actual ley o de la anterior; además de que el artículo 163 de la Ley Agraria establece que son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley, por lo que si en el caso se discute si el acta de ejecución de una resolución presidencial se formuló cumpliendo con los requisitos de forma y fondo que le sirvieron de base, es claro que se trata de una cuestión que corresponde conocer a un tribunal agrario.

"Tales motivos de inconformidad son fundados por las razones que enseguida se indican.

"Con las nuevas reformas introducidas el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, al artículo 27 constitucional, se derogó la fracción XIV, que en su primera parte establecía que está vedada la promoción del juicio de amparo a los propietarios afectados con resoluciones dotatorias o restitutorias de ejidos o aguas que se hubiesen dictado en favor de los pueblos, así como también su último párrafo que prescribía que los dueños o poseedores de predios agrícolas o ganaderos, en explotación, a los que se haya expedido o en el futuro se expida, certificado de inafectabilidad, podrán promover el juicio de amparo contra la privación o afectación agraria ilegales de sus tierras o aguas.

"Como puede observarse esta última disposición transcrita, en concordancia con el artículo 252 de la derogada Ley Federal de la Reforma Agraria, disponía el caso de excepción al principio de la improcedencia del juicio de garantías para los pequeños dueños propietarios.

"Lo anterior se colige en base a la citada reforma constitucional.

"En efecto, en su exposición de motivos se establece, como uno de sus puntos medulares, el mejoramiento en la impartición de la justicia agraria y para lograr ese propósito se agregó un segundo párrafo a la fracción XIX del artículo 27 constitucional, que contempla la creación de tribunales federales agrarios dotados de autonomía y plena jurisdicción. De esta forma se sustituye el procedimiento mixto administrativo que se ventilaba ante la Comisión Agraria Mixta.

"Además a dicha fracción, en su primer párrafo, se establece que ‘Con base en esa Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y, apoyará la asesoría legal de los campesinos.’.

"La Constitución fundamenta la competencia de dichos tribunales puesto que les otorga facultades para ejercer ‘en general, la administración de la justicia agraria’ y en lo específico la resolución de problemas de límites de terrenos ejidales y comunales, que de conformidad con el texto derogado de la fracción VII, conocía el procedimiento administrativo jurisdiccional, que se instauraba ante la Comisión Agraria Mixta.

"Como puede observarse, la reforma constitucional de mil novecientos noventa y dos, introduce el diseño de tribunales agrarios de jurisdicción federal dotados de plena autonomía y plena jurisdicción, a efecto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

"Por tanto, en el actual sistema agrario constitucional se establece una función jurisdiccional, tanto formal como material, cuya tutela se extiende, conforme a la mencionada fracción XIX, a toda la cuestión agraria, con el objeto de salvaguardar la seguridad jurídica tanto de los ejidatarios y comuneros, como de los pequeños propietarios, de tal forma que con esa función se persigue, como lo señala la exposición de motivos ‘en instrumentar de manera ágil y eficiente la defensa y protección de los derechos de los hombres del campo.’.

"Tal consideración se reafirma con la exposición de motivos de la nueva Ley Agraria que, en lo que aquí interesa, dice: ‘La seguridad en la tenencia de la tierra es base y presupuesto de todos los instrumentos de fomento a las actividades del sector rural. Sin ella se anulan los esfuerzos de desarrollo. La inseguridad destruye expectativas, genera resentimiento y cancela potencialidades. Esta iniciativa ofrece seguridad a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios y la garantiza mediante un nuevo instrumento de justicia agraria.’.

"Ahora bien, la nueva Ley Agraria regula toda la cuestión agraria con exclusión de la parte orgánica de los tribunales agrarios, objeto de la ley específica. De esta forma la Ley Agraria es la ley general que comprende la regulación agraria en sus dos aspectos: el sustantivo y el adjetivo o procedimental. El primero tutela los derechos materiales de los ejidos y comunidades y la de sus integrantes y de los pequeños propietarios, siguiendo las directrices fundamentales consignadas en el artículo 27 constitucional. El segundo comprende la justicia agraria, que regula un proceso judicial, suprimiendo como antes se dijo, el procedimiento administrativo-jurisdiccional y con ello la improcedencia del amparo indirecto, ya que ahora el órgano encargado de la administración de la justicia agraria es un tribunal judicial especializado en esa materia, es decir, un órgano formal y materialmente jurisdiccional, a los que se refiere la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo.

"Es pertinente hacer notar que sólo procederá el amparo indirecto contra actos de los tribunales agrarios por razón de su naturaleza, como son los procedimientos relativos a la jurisdicción voluntaria, en tratándose de terceros extraños y de actos de imposible reparación, pero no será procedente contra la sentencia definitiva que resuelve el fondo del asunto en lo principal, y que deriva de un procedimiento en el que existe contención o litis entre las partes en conflicto o contra resoluciones que, sin decidir el juicio en lo principal, dan por concluida la instancia. Lo anterior se deduce en base a una interpretación armónica de los artículos 44, 46, 114, fracciones II, III, IV y V y 158 de la Ley de Amparo.

"En las señaladas condiciones si el artículo 163 de la Ley Agraria, establece que ‘Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley.’ y en ésta se reglamenta, con estricto apego al artículo 27 constitucional el derecho material u objetivo de los ejidos, comunidades y de sus componentes, así como el de los pequeños propietarios, es patente la conclusión de que la justicia agraria es extensiva a todas las fuerzas productivas que integran el campo mexicano, y resultaría absurdo e inconstitucional estimar que la justicia agraria, en el nuevo marco constitucional, sólo se imparte a los ejidatarios y comuneros y no a los pequeños propietarios, pues éstos también tienen sus derechos agrarios que precisan ser garantizados y respetados por cualquier acto que los vulneren, y en tales condiciones están facultados para producir su defensa ante los tribunales agrarios, encargados, como señala la exposición de motivos, de salvaguardar la ‘seguridad de ejidatarios comuneros y pequeños propietarios y la garantiza mediante un nuevo procedimiento de justicia agraria’ conforme al cual como se desprende del capítulo décimo de la Ley Agraria, intitulada ‘De la justicia agraria’, las partes pueden rendir pruebas, interponer recursos, formular alegatos, etc.

"En las reseñadas condiciones, la determinación de la responsable de desechar la demanda con el argumento de que el actor es un pequeño propietario, es ilegal, pues con tal consideración permite estimar que sólo los núcleos de población o sus integrantes pueden acudir en defensa de sus intereses a los tribunales agrarios, siendo que como antes se precisó, en el nuevo sistema jurisdiccional en materia agraria, se comprende también a los pequeños propietarios; así como también resulta ilegal la consideración de la responsable de que el acto de que se reclama su nulidad no encuadra en lo dispuesto en la fracción VII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues como lo señala el quejoso, en el caso se reclama un acto de autoridad que vulnera a su juicio, sus derechos como pequeño propietario, los cuales, inclusive los garantiza la resolución presidencial que creó el centro de población denominado ‘Tierras Mexicanas’, además que en el artículo 163 de la Ley Agraria y en la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, establece que los tribunales agrarios conocerán de los actos de autoridad que contravengan las leyes agrarias, sin que obste a lo anterior de que el acto cuya nulidad se reclama, tenga su origen en la anterior Ley Federal de la Reforma Agraria, por cuanto que tal dispositivo no distingue entre actos o contratos de la actual o anterior Ley Agraria, por lo que no es posible hacer una separación entre uno y otros, porque la misma ley no lo autoriza.

"Cabe señalar que el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos, en sesión de veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, el toca número 50/994, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Felipe Méndez Hernández, por sí y como representante común de los quejosos Constancia Eugenio Lucas y coagraviados, contra el proveído de cuatro de enero de mil novecientos noventa y cuatro, dictado por el Juez Quinto del mismo circuito, determinó en el considerando segundo lo siguiente: ‘Resulta inatendible lo aducido como agravios.-En efecto, contrariamente a lo que se manifiesta, el Juez a quo de manera correcta desechó la demanda de amparo de que se trata, puesto que es cierto que contra los actos reclamados procede, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, juicio ante el Tribunal Unitario correspondiente mediante el cual pueden ser modificados, revocados o nulificados tales actos, por lo que el quejoso, de acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías debió promover aquél antes de acudir a la vía constitucional, y al no haberlo hecho así, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Igual criterio sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver los tocas números 733/992, 14/9

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5227-5357384a/tribunal-unitario-agrario-es-competente-para-conocer-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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