NULIDAD DE CONVENIO INDEMNIZATORIO DE TIERRAS EJIDALES, CELEBRADO ENTRE LOS REPRESENTANTES EJIDALES Y LOS GOBIERNOS FEDERAL Y ESTATAL. ES UN ASUNTO EMINENTEMENTE CIVIL PORQUE LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE NO AFECTARÍA NINGÚN DERECHO AGRARIO. ADEMÁS, ES COMPETENTE PARA CONOCER DE ELLA UN JUZGADO DE DISTRITO PORQUE AL SER PARTE LA FEDERACIÓN, PUEDEN RESULTAR AFECTADOS SUS INTERESES.
COMPETENCIA 452/97. SUSCITADA ENTRE EL JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA Y EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL TRIGÉSIMO TERCER DISTRITO EN PUEBLA, PUEBLA.
MINISTRO PONENTE: JUVENTINO V. CASTRO Y CASTRO.
SECRETARIO: ROBERTO JAVIER ORTEGA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente conflicto competencial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106, y 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, Acuerdo Plenario 1/997, punto primero y segundo, emitido por este Tribunal Pleno el siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en virtud de que el presente asunto gira en torno a un conflicto competencial suscitado entre un Tribunal Unitario Agrario y un juzgado civil del fuero común.
Cabe señalar que de acuerdo con los preceptos citados, corresponde al Poder Judicial de la Federación, dirimir los conflictos competenciales que se susciten entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito Federal, y conforme a los artículos 10 fracción XI y 11 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo Plenario mencionado, las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen competencia jurisdiccional para conocer de los conflictos referidos, cuando la materia del mismo coincide con la de la especialización de la Sala de que se trate, esto es, si el conflicto se plantea en el orden penal o civil, o entre ambos, conocerán del asunto la Primera Sala, y, si es administrativo o del trabajo, o entre ambos, corresponderá a la Segunda Sala. Pero cuando se plantea respecto de las materia de una y otra Sala, como en la especie, entonces el conflicto debe resolverse por el Tribunal Pleno, porque es el titular de la competencia originaria y así se cumple con el precepto constitucional que establece que la justicia se administre en forma pronta y expedita, ya que de no ser así, se daría lugar al planteamiento de una nueva cuestión competencial entre las Salas del más Alto Tribunal del país, lo cual necesariamente desembocaría en el conocimiento del Pleno.
Sirve de apoyo a lo anterior, lo decidido por este Tribunal Pleno en la tesis número P. XXIX/95, publicada en las páginas treinta y seis y siguiente del Tomo I, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, que dice:
"CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL PLENO RESOLVERLO CUANDO SE INVOLUCRAN LAS MATERIAS QUE CORRESPONDEN A LA ESPECIALIDAD DE LAS DOS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-De acuerdo con el artículo 106 de la Constitución General de la República, reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, corresponde al Poder Judicial Federal, en los términos de la ley respectiva, dirimir los conflictos competenciales que se susciten entre los tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y el Distrito Federal, y conforme a lo preceptuado en los numerales 11, fracción XIII, 12, fracción IV, y 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado en el mismo diario el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y los dos primeros puntos del acuerdo 1/1995, relativo a la especialización de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la adscripción de los señores Ministros, aprobado por el Tribunal en Pleno el siete de febrero del mismo año, las Salas del Máximo Tribunal del país tienen competencia jurisdiccional para conocer de los conflictos ya mencionados, cuando la materia del mismo coincide con la de la especialización de la Sala de que se trate. De ese modo, si el conflicto se plantea en el orden penal o civil, o entre ambos, del asunto conocerá la Primera Sala y si es administrativo o del trabajo, o entre ambos, corresponderá a la Segunda Sala. Pero cuando se plantea respecto de las materias de una y otra Sala, entonces el conflicto se debe resolver por el Tribunal en Pleno, porque es este órgano el titular de la competencia originaria y porque de esa manera se cumple con el postulado constitucional de que la justicia se imparta de manera pronta y expedita, pues de no ser así, se daría lugar al planteamiento de una nueva cuestión competencial entre las Salas del Supremo Tribunal, la cual, necesariamente desembocaría en el conocimiento del Pleno, de modo que hasta por economía procesal, tan pronto como la Sala del conocimiento constate que se involucra una materia que no corresponde a su especialidad, debe declarar su legal incompetencia y remitir el asunto para el conocimiento del Tribunal Pleno."
SEGUNDO.-Este Tribunal Pleno estima que la competencia para conocer del asunto de que se trata debe fincarse, en un Juzgado de Distrito diferente a los contendientes y en el caso es al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Puebla, por las consideraciones siguientes:
En primer término, conviene destacar que se plantea un conflicto competencial entre un Tribunal Agrario y un Juez civil del fuero común, porque ambos se niegan a conocer de la demanda promovida por Anastasio Ramírez Tome, Humberto Vizcaíno Maxil, David Solís Coyopol, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de San Andrés Cholula, Puebla, así como Juan Torres Gregorio, Jesús Tolama Martínez y Javier Hernández Román, presidente, primer secretario y segundo secretario del Consejo de Vigilancia de dicho ejido, en la que se reclaman la nulidad del convenio celebrado en veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres, con la Secretaria de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado de Puebla; el pago de daños y perjuicios que han ocasionado al núcleo ejidal de San Andrés Cholula, por el incumplimiento del convenio y el pago de gastos y costas que han ocasionado por el incumplimiento del convenio.
Ahora bien, los puntos esenciales del presente conflicto competencial son los siguientes:
1. Primeramente se observa que mediante resolución de fecha tres de junio de mil novecientos noventa y siete, la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Distrito, ante quien se demandó el juicio de nulidad, estimó que los promoventes no manifestaron con claridad cuáles son los actos o contratos que contravienen las leyes agrarias en los términos de la fracción VIII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues únicamente señalan que se violan las disposiciones de los artículos 94 y 95 de la Ley Agraria; sin embargo, aun, supliendo los planteamientos de derecho de los promoventes, en términos del artículo 164 de la misma ley, observó que los dispositivos citados se refieren al procedimiento de expropiación ante la Secretaría de la Reforma Agraria; en esas circunstancias, el convenio del que se reclama su nulidad, sólo señala como antecedente un decreto expropiatorio, de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y dos, pero es el caso que el convenio es un acto totalmente diverso y sin relación directa con el decreto expropiatorio de referencia, que ni siquiera se exhibe. Además, según los promoventes, en el decreto expropiatorio no se menciona al representante de la Sedesol del Estado de Puebla, ni tampoco al Gobierno del Estado de esta entidad; tampoco se hace referencia a la Secretaría de Desarrollo Social; finalmente que el convenio que se pretende impugnar, no se refiere a ningún acto de naturaleza agraria que ese tribunal deba conocer en términos de la fracción XIX del artículo 27 constitucional y por ello mismo, no se está en el supuesto de un juicio agrario, que son los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se señalan con motivo de la aplicación de la Ley Agraria, tal como lo dispone su artículo 163.
2. Por su parte, el Juez Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, no aceptó la competencia para conocer del presente asunto, en atención a que como se desprende del convenio, consistente en el acuerdo de voluntades entre el Comisariado y Consejo de Vigilancia del ejido del núcleo de San Andrés Cholula, Puebla con el Gobierno del Estado, secretario de Desarrollo Social a nivel Federal, con el objeto de dar por concluido con el litigio entablado con motivo del decreto expropiatorio publicado con fecha cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos y el juicio de garantías promovido por los afectados del ejido de San Andrés Cholula, siendo evidente que el decreto expropiatorio encuentra establecida su tramitación ante la Secretaría de la Reforma Agraria, de conformidad con lo establecido por los artículos 94 y 95 de la Ley Agraria y por su parte, los afectados son ejidatarios, quienes reclamaron sus derechos mediante el juicio de garantías, resultando entendible que el conflicto que se genera con motivo de la nulidad propuesta, incluye el interés de una dependencia de carácter federal, como lo es la Secretaría de Desarrollo Social al indicarla como demandada; igualmente se desprende que los actores mencionan la existencia de un conflicto de pozos de agua, en los que tiene injerencia directa la Comisión Nacional del Agua; por tanto, se debe entender que la competencia debe radicar en una autoridad federal y no en la del fuero común, por lo que el suscrito se declara incompetente para conocer del presente asunto.
De la diversas constancias de autos que se tienen a la vista, así como de los antecedentes que han quedado transcritos, aparecen las circunstancias siguientes:
a) Que por escrito presentado en fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y siete, en el Tribunal Unitario Agrario de San Andrés Cholula, Puebla; Anastasio Ramírez Tome, Humberto Vizcaíno Maxil, David Solís Coyopol, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de San Andrés, Cholula, Puebla, así como Juan Torres Gregorio, Jesús Tolama Martínez y Javier Hernández Román, presidente, primer secretario y segundo secretario del Consejo de Vigilancia de dicho ejido, demandaron del secretario de Desarrollo Social y del Gobierno del Estado, la nulidad del convenio celebrado en veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y tres; el pago de daños y perjuicios que han ocasionado al núcleo ejidal de San Andrés Cholula, por el incumplimiento del convenio y el pago de gastos y costas que han ocasionado por el incumplimiento del convenio.
b) En el capítulo de hechos sustancialmente señaló que el cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos, en el Diario Oficial de la Federación apareció publicado el decreto expropiatorio de 696-95-00.50 Has., firmado por el presidente de la República, el secretario de la Reforma Agraria, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, y el secretario de Hacienda y Crédito Público; que los ejidatarios de San Andrés Cholula, Puebla, después de casi dos años de inconformidad, y ante la presión de esas autoridades aceptaron la compensación del Gobierno Estatal y la indemnización del Gobierno Federal, no obstante que no todos la recibieron; que las tierras fueron expropiadas bajo la clasificación de temporal, pero que la realidad era que de acuerdo a la resolución presidencial, fueron señalados como de riego y contaban al momento de la declaratoria de utilidad pública, con pozos profundos para riego; que después de haberse depositado la indemnización y de recibir compensación, existieron una serie de irregularidades de carácter financiero, dando como resultado que varios ejidatarios no cobraron completo y otros no recibieron nada; estos hechos y ante la autoridad competente, por cuerda separada, se harán valer los derechos que correspondan; que la Comisión de la Tenencia de la Tierra, por voz del Lic. Rafael Ramírez Silva, dice que ya cumplió y no hay nada que hacer.
En las relatadas circunstancias, como se anunció, debe declararse competente para conocer del presente asunto al Juzgado de Distrito en turno del Sexto Circuito en el Estado de Puebla.
Para llegar a la conclusión anterior conviene recordar, lo que sobre el particular, establecen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Al respecto el artículo 27, fracción XIX, párrafo segundo, establece:
"Artículo 27. ...
"XIX. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción integrados por Magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente."
Por su parte, el artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación del seis de enero de mil novecientos noventa y dos, señala:
"La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las Comisiones Agrarias Mixtas y las demás autoridades competencias, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren actualmente en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas; creación de nuevos centros de población, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.-Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.-Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva."
La Ley Agraria en sus artículos 1o., 94 y 95 señala:
"Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia agraria y de observancia general en toda la República."
"Artículo 94. La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria. Deberá hacerse por decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados; en el caso de la fracción V del artículo anterior, para la fijación del monto se atenderá a la cantidad que se cobrará por la regularización. El decreto deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y se notificará la expropiación al núcleo de población.
"En los casos en que la administración pública federal sea promovente, lo hará por conducto de la dependencia o entidad paraestatal que corresponda, según las funciones señaladas por la ley.
"Los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente."
"Artículo 95. Queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación."
Por su parte, la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, señala:
"Artículo 1o. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos, a los que corresponde, en los términos de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional."
"Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio de las controversias que se les planteen en relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.
"Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:
"I. De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal y de éstos con pequeños propietarios o sociedades;
"II. De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población ejidal o comunal, así como de la reivindicación de tierras ejidales y comunales;
"III. Del reconocimiento del régimen comunal;
"IV. De los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación;
"V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales;
"VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población;
"VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales;
"VIII. De las nulidades previstas en las fracciones VIII y XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos y contratos que contravengan las leyes agrarias;
"IX. De la omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas;
"X. De lo negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria; y
"XI. De los demás asuntos que determinen las leyes."
En este orden de ideas tenemos, que del párrafo segundo, de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Federal, producto de las reformas de mil novecientos noventa y dos, se desprende el carácter federal de la jurisdicción agraria, poniendo énfasis en los tradicionales problemas de límites y en la "tenencia" de la tierra de los núcleos de población; enseguida ordena que "para estos efectos y, en general, para la administración de la justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción". Así, el espacio de la justicia agraria que asumen los tribunales especializados, no se agota en los asuntos de límites y tenencia ejidal o comunal, en estricto sentido, sino que abarca otros más, por ello es que en el citado segundo párrafo, se alude tanto a esos asuntos tan importantes como "en general" a la administración de justicia agraria.
Del último párrafo del artículo tercero transitorio del decreto que reformó el artículo 27 constitucional, transcrito anteriormente, se desprende que los tribunales agrarios, conocerán de aquellos asuntos de naturaleza agraria, distintos de los relativos a ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población, y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales.
Dentro del concepto "demás asuntos de naturaleza agraria", quedan incluidos aquellos en que se reclamen actos que de alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico y los derechos de propiedad, posesión o disfrute de los bienes agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, y de ejidatarios o comuneros en lo particular.
En este sentido cabe señalar lo decidido por este Alto Tribunal en cuanto a lo que se entiende por materia agraria, según la tesis número 302, publicada en la página 217 del Tomo III, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Segunda Sala, que dice:
"MATERIA AGRARIA. SU CONNOTACIÓN.-Del análisis de la adición a la fracción II del artículo 107 constitucional y de las reformas correlativas a la Ley de Amparo en decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de febrero de mil novecientos sesenta y tres, así como de sus respectivas exposiciones de motivos y de su proceso legislativo, se concluye que por amparo en materia agraria se entiende el régimen peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o comunal, en sus derechos agrarios, que, modificando algunos principios reguladores del tradicional juicio de garantías, se instituye en el contenido normativo de la citada adición a la fracción II del artículo 107 constitucional. Ahora bien, si ese instituto tiene por objeto proteger a los ejidatarios, comuneros, núcleos de población ejidal o comunal en sus ‘derechos y régimen jurídico’, en su ‘propiedad, posesión o disfrute de sus bienes agrarios’, en sus ‘derechos agrarios’, en su ‘régimen jurídico ejidal’, cabe concluir que tiene carácter de ‘materia agraria’ cualquier asunto en el que se reclamen actos que de alguna manera afecten directa o indirectamente el régimen jurídico agrario que la legislación de la materia, es decir, el artículo 27 de la Constitución, el Código Agrario y sus reglamentos, establecen en favor de los sujetos individuales y colectivos especificados; ya sea que tales actos se emitan o realicen dentro de algún procedimiento agrario en que, por su propia naturaleza, necesariamente están vinculados con las cuestiones relativas al régimen jurídico agrario mencionado, o bien cuando aun provenientes cualesquiera autoridades, pudieran afectar algún derecho comprendido dentro del aludido régimen jurídico agrario."
Respecto del caso que nos ocupa, el problema a resolver es si se acreditaron o no los supuestos señalados en los artículos 94 y 95 de la Ley Agraria, dispositivos que se refieren al procedimiento de expropiación ante la Secretaría de la Reforma Agraria y si el convenio multicitado es un acto totalmente diverso y sin relación directa con el decreto expropiatorio de referencia, y por lo tanto no se refiere a ningún acto de naturaleza agraria, como lo sostiene la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Distrito; o en su caso asiste la razón al Juez Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, cuando sostiene que como en el convenio citado participó una autoridad federal y más aún siendo evidente que el decreto expropiatorio encuentra establecida su tramitación ante la Secretaría de la Reforma Agraria, de conformidad con lo establecido por los artículos 94 y 95 de la Ley Agraria, además de que los actores mencionan la existencia de un conflicto de pozos de agua, en los que tiene injerencia directa la Comisión Nacional del Agua, por tanto, se debe entender que la competencia debe radicar en una autoridad federal y no en la del fuero común.
Sobre el particular, de la transcripción de los artículos 94 y 95 de la Ley Agraria, podemos destacar, que éstos establecen que las expropiaciones deben ser a través de decreto presidencial que determine la causa de utilidad pública y mediante indemnización y que el trámite se realizará ante la Secretaría de la Reforma Agraria; igualmente que los predios objeto de la expropiación sólo podrán ser ocupados mediante el pago o depósito del importe de la indemnización, que se hará de preferencia en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal o, en su defecto, mediante garantía suficiente y, finalmente, que queda prohibido autorizar la ocupación previa de tierras aduciendo que, respecto de las mismas, se tramita expediente de expropiación, a menos que los ejidatarios afectados o la asamblea, si se trata de tierras comunes, aprueben dicha ocupación.
En ese orden de ideas, le asiste la razón a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario cuando sostiene que estos dispositivos se refieren al procedimiento de expropiación ante la Secretaría de la Reforma Agraria y que el convenio celebrado con el Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Social, que es la materia del presente conflicto, es un acto totalmente diverso y sin relación directa con el decreto expropiatorio de referencia, y por lo tanto no se refiere a ningún acto de naturaleza agraria.
A mayor abundamiento se estima necesario dirigir la atención al convenio, cuya nulidad se demanda y que celebraran, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su representante licenciado Arnoldo Ochoa González, el Gobierno del Estado de Puebla, por conducto de su representante licenciado Mario Marín Torres y el Comisariado Ejidal de San Andrés Cholula, Puebla y el Consejo de Vigilancia mismo que es del tenor literal siguiente:
"Convenio que celebran por una parte, la Secretaría de Desarrollo Social y el Gobierno del Estado y por la otra parte, el Comisariado Ejidal de San Andrés Cholula, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:
"Antecedentes
"1. Con fecha 4 de marzo de 1992, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto expropiatorio mediante el cual se expropian 696.95 Has. del ejido de San Andrés Cholula, Municipio del mismo nombre del Estado de Puebla.
"2. El día 25 de mayo de 1992, el Comisariado ejidal representado por los CC. presidente, secretario y tesorero interpuso juicio de amparo expediente número 790/92 del Juzgado Segundo de Distrito obteniendo la suspensión definitiva de los actos reclamados.
"3. Con fecha 12 de noviembre de 1995 otro grupo de ejidatarios encabezados por los CC. Arnulfo Chapul Tepox, Fidel Cuatli Torres y otros, promovieron en forma individual, sendos juicios de garantías expediente número 617/93 del Juzgado Quinto de Distrito.
"4. Es voluntad de las partes que signan este convenio, dar por terminado este litigio, mediante las siguientes:
"Cláusulas
"Primera.-El Gobierno del Estado dará una compensación económica a los ejidatarios cuya relación se anexa. También cubrirá una indemnización por los pozos de agua que se señalan en relación adjunta.
"Segunda.-El Gobierno del Estado gestionará ante las promotoras de vivienda, la adquisición en compra de una casa tipo para cada uno de los 152 ejidatarios titulares o sus sucesores.
"Tercera.-La Sedesol, apoyará a los ejidatarios con la creación de proyectos productivos.
"Cuarta.-Los ejidatarios se comprometen a desistirse de los juicios de amparo que en forma general e individual tienen promovidos y a no reservarse ningún derecho que pudieran ejercitar en contra del decreto expropiatorio.
"Quinta.-Para los efectos de regularización, se dará preferencia a los ejidatarios e hijos de éstos.
"Sexta.-Ambas partes están de acuerdo en cumplir de manera expresa y tácita, la literalidad de las cláusulas que se firman."
Como puede apreciarse de la transcripción que antecede, la firma del convenio presume un cumplimiento anterior, cuando señala que el Gobierno del Estado dará una compensación económica a los ejidatarios, además de incluir cuestiones ajenas como la relativa a la gestión ante las promotoras de vivienda para la adquisición en compra de casas tipo.
Por otra parte, la afirmación anterior se robustece cuando en su demanda, los promoventes, reclaman la nulidad del convenio para el pago de daños y perjuicios, afirmando que "... Los ejidatarios de San Andrés Cholula, Puebla, después de casi 2 años de inconformidad, fuimos asesorados para aceptar la compensación del Gobierno Estatal y la indemnización del Gobierno Federal, que fue $3.80 (tres pesos ochenta centavos) actuales por metro cuadrado, según el decreto y la compensación varió de $3.00 (tres pesos 00/100) a $3.50 (tres pesos cincuenta centavos) actuales y no todos la recibieron.".
Por otra parte afirman que "... después de haberse depositado la indemnización y de recibir compensación, existieron una serie de irregularidades de carácter financiero, dando como resultado que varios ejidatarios no cobraron completo y otros no recibieron nada; estos hechos y ante la autoridad competente, por cuerda separada, se harán valer los derechos que correspondan; al respecto, queremos aclarar que se han solicitado informes completos de la forma de pago y no se ha tenido respuesta.".
En las relatadas circunstancias debe sostenerse que en la especie, la naturaleza del derecho controvertido, según los antecedentes del caso y constancias a que antes se hizo referencia, y sin prejuzgar sobre la procedencia o no de las pretensiones, gira en torno al alegato del núcleo de población promovente del juicio respecto de la compensación que convino con el Gobierno del Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo social -autoridades no señaladas por la Ley Agraria para efectos de trámite de expropiación- en el que sostienen que indebidamente se han incumplido sus cláusulas por lo que demandan daños y perjuicios.
Como se colige, el derecho controvertido, no obstante que se haga mención, como antecedente, del decreto expropiatorio, la realidad es que es eminentemente civil, pues la decisión que en su caso llegase a tomar la autoridad que conocerá del asunto no afectaría el derecho agrario, que como quedó precisado al parecer -por el propio de dicho de los promoventes de la demanda de nulidad- fue cubierto a través de la indemnización correspondiente y, más aún, en el caso que de que existiera conflicto sobre esto, los mismos promoventes sostienen que harán valer lo conducente por cuerda separada y ante las autoridades correspondientes.
Finalmente, debe decirse que asiste la razón al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5329-2c7f69a5/nulidad-de-convenio-indemnizatorio-de-tierras-ejidales-celebrado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONFLICTO COMPETENCIAL. PRESUPUESTO PARA SU EXISTENCIA. (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES. (CONFLICTO COMPETENCIAL)
- COMPETENCIA PENAL. RADICA EN EL FUERO COMÚN CUANDO LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA NO SE EJECUTA CON MOTIVO O EN CONTRA DEL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO PÚBLICO FEDERAL. (CONFLICTO COMPETENCIAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. NO PUEDE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL ASUNTO AL EMITIR LA SENTENCIA RESPECTIVA, SI PREVIAMENTE ADMITIÓ SU COMPETENCIA PARA CONOCERLO. (XV.4o.2 K )
- LEY, APLICACION INEXACTA DE LA, EN MATERIA PENAL, COMPETENCIA. (573)
- LEY, APLICACION INEXACTA DE LA, EN MATERIA PENAL, COMPETENCIA. (VII.4o. J/2)
- COMPETENCIA. ACTOS EJECUTADOS DESPUES DE CONCLUIDO EL JUICIO. (389)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis