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Modo: Corpus Pro

CONTRATO Y CONVENIOS COLECTIVOS EN MATERIA DE TRABAJO. PUEDEN MODIFICARSE SIN TENER QUE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 426 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. JUBILACIÓN. EL DERECHO PARA OBTENER SU PAGO ES IMPRESCRIPTIBLE, PERO NO EL DERECHO A LAS PENSIONES VENCIDAS Y NO RECLAMADAS, QUE PRESCRIBEN EN UN AÑO. PETRÓLEOS MEXICANOS, EL CONVENIO 4761/89 CELEBRADO ENTRE ESTE ORGANISMO Y EL SINDICATO TIENE LA MISMA NATURALEZA QUE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/97. · Registro digital (IUS): 5408
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, , Pág. 28.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hizo el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, quien tiene facultad para eso, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer ..."

El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 479/96-I, en sesión de seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, sostuvo:

"... es fundado el segundo concepto de violación que se relaciona con la procedencia de la excepción de prescripción que opuso la paraestatal quejosa, pues como acertadamente lo alega, la acción que reclamó el obrero vinculada con el beneficio de la jubilación en aplicación del convenio administrativo sindical No. 4761/89 de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificado ante la autoridad del trabajo el quince de diciembre siguiente, le prescribió en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo pues de esta última fecha en que surtió plenos efectos dicho convenio a la diversa de presentación de la demanda (16 de enero de 1996), transcurrió con creces el término de un año a que alude el artículo 516 antes citado; sin que obste a lo anterior el hecho de que la Junta responsable considere en forma errónea que los derechos consignados en el convenio de referencia son irrenunciables e imprescriptibles; pues omite considerar que en la especie se trata de un pacto entre empresa y sindicato que tuvo como finalidad resolver un problema de naturaleza social con motivo de la situación en que quedaron un gran número de trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste a quienes ya no fue factible que Petróleos Mexicanos siguiera contratando debido a la notable reducción de las actividades de explotación en ese distrito; por lo que de manera excepcional y por única vez y sin que ello pudiera considerarse como un precedente; se convino con el sindicato en beneficiar a dichos trabajadores de acuerdo con las condiciones y requisitos de antigüedad que en el propio convenio se establecieron. Es decir, se trata en la especie de obreros transitorios respecto de quienes al estar cesantes no les es aplicable ni les beneficia el contrato colectivo de trabajo que sólo rige para los de base. Por otro lado tampoco se trata de derechos derivados de la Constitución Federal ni de la Ley Federal del Trabajo ni del pacto colectivo sino que son de naturaleza típicamente extralegal. Luego entonces, habrá de convenirse que es ilógico, antijurídico e ilegal que se considere a dicha concesión graciosa y excepcional como un derecho adquirido que deba incorporarse a las normas laborales de la industria petrolera; esto es al contrato colectivo de trabajo; pues tal interpretación extensiva va más allá de la voluntad de los contratantes y de aceptarse significaría que en el futuro los trabajadores transitorios de Pemex tendrían derecho a la jubilación y a los demás beneficios del contrato colectivo de trabajo; lo que en un régimen de derecho es inaceptable, sin que este cuerpo colegiado pase inadvertido que tal punto de vista es metajurídico y, por ende contrario a derecho y a los principios de equidad, equilibrio procesal; verdad sabida y buena fe guardada. En suma riñe con lo justo. Por todo lo anterior, no se comparte tampoco el criterio respetable del Segundo Tribunal Colegiado en que se apoyó la responsable y debe denunciarse la contradicción de tesis correspondiente para que la superioridad decida en definitiva. Luego entonces si la Junta responsable procedió en sentido inverso a lo aquí establecido, es inconcuso que viola por su inobservancia en perjuicio de Pemex el artículo 516 y en vía de consecuencia los principios de verdad sabida, buena fe guardada, seguridad jurídica y debido proceso, inmersos en los artículos 840, 841 y 842 de la citada ley laboral y, en vía de consecuencia, las garantías que a favor de la quejosa consagran los artículos 14 y 16 constitucionales; lo que obliga a otorgar la protección federal solicitada, para el único efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y en otro que se dicte se declare procedente la excepción de prescripción opuesta por la empleadora vinculada con el convenio administrativo sindical 4761/89 y absuelva a la paraestatal de las prestaciones relacionadas con la jubilación; debiendo dejar incólume lo referente a la ampliación de la incapacidad parcial a la total así como la condena que por este concepto se decretó. Sobre el particular tienen aplicación en lo conducente la jurisprudencia número 656, publicada a foja 441 del Tomo V del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que éste comparte, publicada a foja 675 y 676 del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de mil novecientos noventa y seis, cuyos rubros y textos dicen, respectivamente: ‘CONVENIOS, NULIDAD DE LOS. PRESCRIPCIÓN. La prescripción de la acción de nulidad de un convenio o de una liquidación, por no cuantificarse correctamente las prestaciones que correspondan al trabajador conforme a la ley, está sujeta a la regla general de un año, comprendida en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo y no en el caso especial de dos meses, previsto en el artículo 518 de la propia ley, que se refiere a algunos casos de excepción, pues en el mismo no se prevé lo relativo a la nulidad de un convenio o una liquidación.’ y ‘PRESCRIPCIÓN. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, AUNQUE IRRENUNCIABLES, SON SUSCEPTIBLES DE PRESCRIBIR CONFORME A LA LEY. Si bien es cierto que son irrenunciables los derechos del trabajador, de acuerdo a lo previsto por el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, inciso g) de la Constitución General de la República; 5o. y 33 de la Ley Federal del Trabajo, también lo es que el ejercicio inoportuno de aquéllos implica la operancia de su prescripción, conforme a las normas relativas -artículos 516 a 522- de la Ley Federal del Trabajo.’."

Las consideraciones transcritas dieron origen a la siguiente tesis:

"TRABAJADORES TRANSITORIOS, CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SINDICALES VINCULADOS CON LOS. NO GENERAN DERECHOS PERMANENTES E IMPRESCRIPTIBLES NI PUEDEN INCORPORARSE AL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. No es lógico ni jurídico considerar que si las partes que intervienen en un contrato administrativo sindical, pactaron beneficiar por única vez y sin sentar precedente a los trabajadores transitorios, que en el futuro ya no sería factible contratar por haber desaparecido la materia de trabajo, traiga como consecuencia el surgimiento de derechos permanentes e imprescriptibles que deban incorporarse a las normas que rigen las relaciones de trabajo entre Petróleos Mexicanos y el sindicato respectivo, pues amén de que tal manera de razonar va más allá de la voluntad de las partes, se omite considerar que en el caso justiciable no se trata de derechos derivados de la Constitución Federal, ni de la Ley Federal del Trabajo, ni del pacto colectivo, sino que son beneficios excepcionales de naturaleza típicamente extralegal." (Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página ochocientos siete).

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 52/93-IV, en sesión de nueve de junio de mil novecientos noventa y tres, se basó en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Es parcialmente fundado el concepto de violación que se propone, y ha lugar a suplir la queja deficiente en los términos ordenados por el artículo 107, fracción II, de la Constitución General de la República, y 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo. Como se aduce, la Junta responsable incorrectamente determinó que el convenio 1-5087/91, del quince de abril de mil novecientos noventa y uno, celebrado entre Petróleos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, dejó sin efectos el anterior convenio 4761/89, de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, concertado por las mismas partes, porque efectivamente en el acuerdo de voluntades mencionado en último término, atendiendo a los servicios prestados a la descentralizada, se establecieron prerrogativas que antes no existían en favor de los trabajadores transitorios que les permite ser jubilados o liquidados, si cumplen las exigencias pactadas. Las prerrogativas aludidas, son de la misma índole que las cláusulas que integran el contrato colectivo de trabajo, pues se ajusta a las disposiciones del artículo 386 del código laboral. Esto es, convinieron por el patrón y la agrupación sindical, lo que viene a constituir una incorporación de estos derechos a las normas laborales petroleras; derechos que por su propia naturaleza, pasan a ser irrenunciables en términos de lo previsto en la fracción XIII del artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, pues una vez cumplidas las condiciones fijadas por los contratantes, los obreros eventuales tendrán derecho a la liquidación o jubilación correspondiente y cualquier estipulación en contrario, no produce efectos legales ni impide el goce y el ejercicio de aquellos derechos, en términos del numeral acabado de invocar. Cabe destacar además, que en el acuerdo de voluntades de mil novecientos ochenta y nueve, las partes no establecieron términos de vigencia, o bien, el número de empleados a jubilar o a liquidar; lo anterior permite reiterar que las normas en referencia, participan del mismo carácter que cualquier cláusula contractual de las que, previendo derechos individuales, pueden ser exigibles a la descentralizada, quien se encuentra obligada a preservar y a cumplir. No pasa inadvertido que el patrón o el sindicato pueden modificar o dar por terminada cualquier estipulación concertada entre ellos, mejorando las que ya existen en la fuente de trabajo y en caso contrario, se encuentran en posibilidad de hacerlo al revisar el contrato colectivo correspondiente, y tratándose de convenios, a través del procedimiento a que alude el artículo 426 en relación con el diverso 900, de la Ley Federal del Trabajo, circunstancia que no sucedió en la especie y que se precisa en suplencia de la queja deficiente, según se anotó al inicio del presente considerando; por ello, el acuerdo de voluntades entre los contratantes sin agotar el mencionado procedimiento, no puede dejar sin efecto otro convenio anterior, ni hacerse valer frente a los trabajadores beneficiados por éste. Por lo tanto, si la empresa y el sindicato celebran un convenio para dejar sin efecto uno anterior, que estableció prerrogativas para trabajadores eventuales, derechos que como se dijo, antes no existían en la industria petrolera, pero sin agotar la secuela procesal acabada de mencionar, es claro que no puede perjudicar a los obreros que queden comprendidos en los supuestos de aquel acuerdo de voluntades, por más que se diga que se trata de prestaciones graciosamente otorgadas por el patrón, o extralegales o extracontractuales. Estimar lo contrario sería tanto como considerar suficiente que patrón y sindicato celebraran convenios a espaldas de los trabajadores para que con ello, se desconocieran los derechos de éstos, nulificándose así en la práctica, los efectos protectores de la legislación obrera. En el orden de ideas apuntado, el análisis que realizó la Junta responsable en cuanto a la excepción de prescripción que opuso la descentralizada, también es incorrecto, habida cuenta que si bien el convenio cuya aplicación pretende Pablo Sierra Alonso se suscribió en mil novecientos ochenta y nueve, como tal acuerdo de voluntades no se ha declarado sin efectos mediante la vía que establecen los artículos 426 en relación con el 900, de la Ley Federal del Trabajo, la prescripción no puede comenzar a correr en contra del obrero en los términos en que lo apreció la autoridad responsable. En atención a lo considerado hasta aquí, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la Junta de Conciliación y Arbitraje deje insubsistente el laudo reclamado, y en uno nuevo, siguiendo los lineamientos establecidos en el presente considerando, estudie el fondo del planteamiento formulado por el obrero y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda."

Las consideraciones transcritas dieron origen a la siguiente tesis:

"PEMEX. CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE EMPRESA Y SINDICATO QUE PERJUDICAN DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS TRABAJADORES, NO SURTEN EFECTOS LEGALES RESPECTO DE ÉSTOS. Las prerrogativas establecidas en favor de los trabajadores en el convenio 4761/89 de fecha nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, celebrado entre Petróleos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, siempre que se ajusten a las disposiciones del artículo 386 del código laboral, vienen a constituir una incorporación de estos derechos a las normas laborales de la industria petrolera, mismos que, de conformidad con la fracción XIII del artículo 5o. de la Ley Federal del Trabajo, pasan a ser irrenunciables, por lo que cualquier estipulación en contrario no produce efectos legales ni impide el goce y ejercicio de aquellos derechos. Así pues, como en el convenio antes precisado se estableció en favor de los trabajadores transitorios el privilegio de ser jubilados o liquidados, sí cumplen las exigencias pactadas; los beneficios antes aludidos son de la misma índole que las cláusulas que integran el contrato colectivo de trabajo, consecuentemente, los obreros eventuales tendrán derecho a la liquidación o jubilación correspondiente y como las partes no establecieron término de vigencia, o bien, el número de empleados a jubilar o liquidar, ello permite reiterar, ante lo genérico de las normas de referencia, que participan del mismo carácter que cualquier cláusula contractual, por tanto, pueden ser exigibles a la descentralizada, quien se encuentra obligada a preservarlas y cumplirlas." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-Septiembre, página doscientos setenta y uno).

CUARTO. Del análisis de las ejecutorias que dieron origen a las tesis cuya contradicción ha sido denunciada, se pueden desprender los siguientes antecedentes:

La ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito corresponde al amparo directo 52/93, en el cual:

a) El trabajador quejoso reclamó el laudo mediante el que una Junta de Conciliación y Arbitraje absolvió a Petróleos Mexicanos de la reclamación que hizo depender de la aplicación de los beneficios que a los trabajadores transitorios concede el convenio 4761/89, de nueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, en virtud de que dicha Junta estimó que el convenio en cuestión dejó de surtir sus efectos el quince de abril de mil novecientos noventa y uno, por virtud de la celebración del diverso convenio 5087/91.

b) En los conceptos de violación, el trabajador sostuvo que le eran aplicables los beneficios del convenio 4761/89 porque las partes "convinieron en establecer en favor de los trabajadores eventuales un derecho que antes no existía, que fue el de aplicar a todo aquel que tuviera más de cinco años de servicios y hubiese laborado en los dos últimos años previos a la firma del contrato, el contenido de la cláusula 23 del contrato colectivo de trabajo vigente en 1989, en el cual se establece el derecho de ser liquidado con ... En dicho acuerdo de voluntades no se estableció un periodo de vigencia." (foja veintinueve, vuelta, de autos). También adujo que ese convenio es de la misma naturaleza que las disposiciones del contrato colectivo, ya que fue suscrito por las partes de conformidad con los artículos 31, 375, 386 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no puede ser dejado sin efecto por el diverso convenio 5087/91.

c) El Tribunal Colegiado resolvió conceder el amparo, por considerar que, efectivamente, el convenio 5087/91 no podía dejar sin efectos al otro convenio 4761/89, puesto que los derechos contenidos en este último participan de la misma naturaleza de las cláusulas del contrato colectivo, al ajustarse a las disposiciones del artículo 386 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que resultan irrenunciables, en términos del artículo 5o., fracción XIII, de la propia ley, además de que no se estableció plazo de vigencia o el número de empleados a liquidar o jubilar. Finalmente, ese tribunal agregó que los derechos contenidos en el convenio 4761/89 sí pueden modificarse o darse por terminados, pero que eso tiene que hacerse a través del procedimiento establecido en los artículos 426 y 900 de la citada Ley Federal del Trabajo.

Por su parte, la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito corresponde al amparo directo número 479/96, del que se destaca lo siguiente:

a) El patrón Petróleos Mexicanos reclamó el laudo en el que lo condenaron a jubilar a un trabajador, con base en el convenio 4761/89 aplicado de acuerdo con el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado Décimo Circuito.

b) En los conceptos de violación, Petróleos Mexicanos alegó dos razones fundamentales, en primer lugar, que el convenio 4761/89 fue celebrado para ayudar a trabajadores eventuales que por la disminución de las actividades en un sector determinado, el sindicato no tenía posibilidades para seguirlos proponiendo para prestar sus servicios en forma interina "no encontrándose el reclamante en ese supuesto, si se toma en cuenta que siguió laborando más de 5 años después de la firma del convenio, habiendo sólo contado con el plazo de uno o dos años para exigir la aplicación en su favor"; y, en segundo lugar, que al considerar que se habían cumplido los fines para los que se concertó ese convenio, la empresa y el sindicato lo dejaron sin efecto, al celebrar el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y uno, el diverso convenio 5087/91.

c) El Tribunal Colegiado otorgó el amparo, considerando que el convenio 4761/89 tuvo como finalidad el resolver un problema de naturaleza social con motivo de la situación en que quedaron un gran número de trabajadores transitorios, por lo que "de manera excepcional y por única vez y sin que ello pudiera considerarse como un precedente, se convino con el sindicato en beneficiar a dichos trabajadores ... Se trata de obreros transitorios respecto de quienes al estar cesantes no les es aplicable ni les beneficia el contrato colectivo de trabajo que sólo rige para los trabajadores de base. Tampoco se trata de derechos derivados de la Constitución ni de la Ley Federal del Trabajo ni del pacto colectivo, sino que son de naturaleza típicamente extralegal ...". Finalmente, agregó que no es correcto que se considere a dicha concesión "graciosa y excepcional" como un derecho adquirido que se hubiera incorporado a las normas laborales de la industria petrolera, pues eso significaría que en el futuro los trabajadores transitorios tuvieran derecho a la jubilación y a los demás beneficios del contrato colectivo.

QUINTO. Relatados los antecedentes más relevantes de los juicios de amparo que dieron origen a las tesis sustentadas por cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, es necesario determinar si efectivamente existe la contradicción de tesis que se ha denunciado, para lo cual es conveniente tener en cuenta el siguiente criterio jurisprudencial:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, página veintidós).

Ahora bien, el análisis de las consideraciones expuestas por los dos Tribunales Colegiados de Circuito, así como de sus antecedentes, los cuales fueron referidos con anterioridad, demuestra que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que radica en la naturaleza del convenio 4761/89, celebrado entre Petróleos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, en tanto que establece el derecho a la jubilación en favor de los trabajadores transitorios del Distrito Frontera Noreste de ese organismo, pues el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sostiene que tal derecho se integra a las normas laborales petroleras con el mismo carácter que las cláusulas que integran el contrato colectivo; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito estima que los derechos establecidos en el convenio de mérito se otorgaron para dar solución a un conflicto de naturaleza social, de manera excepcional y por única vez, que son normas distintas al contrato colectivo.

De conformidad con la postura apuntada en el párrafo precedente, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito considera, a su vez, que si el derecho a la jubilación establecido en favor de los trabajadores transitorios de Petróleos Mexicanos, en el convenio a que se ha hecho referencia, es una norma de igual jerarquía que las normas del contrato colectivo, sólo puede ser modificado en la revisión de dicho contrato o a través del procedimiento establecido en el artículo 426 de la Ley Federal del Trabajo, de manera que un convenio posterior no puede derogarlas y, al seguir vigentes, el plazo para reclamarlas no puede comenzar a correr. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito sostiene que si el derecho en cuestión no tiene la jerarquía de las normas del contrato colectivo, ni deriva de la Constitución o de la Ley Federal del Trabajo, es un derecho renunciable que puede ser modificado por cualquier acuerdo de voluntades, y a partir de la fecha en que eso suceda deberá contarse la prescripción de la acción para hacerlo efectivo.

En tales condiciones, al existir contradicción de tesis, esta Segunda Sala debe abocarse a determinar cuál es la que debe prevalecer, sin que obste para eso el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito haya tomado en consideración un convenio (5087/91) que no fue revisado por el otro Tribunal Colegiado y que, en principio, pudiera llevar a pensar que respecto de ese punto no existiría contradicción de tesis, al haber sido sustentadas en el examen de diversos elementos.

Se afirma que sí existe la contradicción de tesis denunciada puesto que de los antecedentes que se narraron en el considerando anterior deriva que el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que no se pronunció en su ejecutoria en relación con el convenio 5087/91, que sí fue estudiado en forma expresa por el otro tribunal, manifestó claramente que "... no comparte el criterio respetable del Segundo Tribunal Colegiado en que se apoyó la responsable y debe denunciarse la contradicción de tesis correspondiente ...". Además, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que no tomó en consideración el convenio 5087/91, afirmó categóricamente que los derechos otorgados a los trabajadores transitorios del sector Frontera Noreste de Petróleos Mexicanos, en el convenio 4761/89, no tenían la categoría de un contrato colectivo y que, por lo mismo, podía modificarse por cualquier acuerdo de voluntades.

En tal sentido es que los criterios de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados en este asunto sí resultan contradictorios y debe procederse a su resolución, aun en el caso de que, como se vio, uno de ellos haya considerado implícitamente un elemento que el otro consideró en forma expresa. Al respecto sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE ÉSTE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicción de tesis denunciada, sea implícito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicción planteada, pero para que la divergencia tenga jurídicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio tácito sea indubitable." (Tesis de esta Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página trescientos setenta y dos).

En tales condiciones, se repite, una vez precisado que sí existe la contradicción de tesis denunciada, esta Segunda Sala debe proceder a resolver cuál es la que debe prevalecer.

SEXTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, las tesis que se precisarán más adelante, que se apartan del criterio sustentado por cada uno de los Tribunales Colegiados involucrados, por los siguientes argumentos:

El problema jurídico que se presenta en este asunto, según se vio en el considerando anterior, consiste en determinar si el convenio 4761/89, celebrado entre Petróleos Mexicanos y el sindicato titular del contrato colectivo, constituye una norma jurídica equiparable a las que integran el contrato colectivo y, por consiguiente, si goza de sus mismos atributos o, por el contrario, si se trata de normas jurídicas distintas que tienen atributos diversos. En ese sentido es conveniente hacer una referencia a los contratos, en general, así como al principio de la autonomía de la voluntad y, posteriormente, abordar el tema específico de la contratación en materia de trabajo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1792 y 1793 del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, un convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones; y los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

Las definiciones legales apuntadas fueron tomadas, básicamente, de la doctrina francesa, entre cuyos autores destacan Marcel Planiol y Julien Bonnecasse, quienes manifiestan en relación con el tema que nos ocupa:

"La convención es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico y el contrato es una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones." (Planiol, Marcel. Derecho Civil, Harla, México, 1997, trad. Leonel Pereznieto Castro, p. 815).

"... la convención es un acto jurídico bilateral, es decir, un acuerdo de voluntades cuyo objeto es crear, modificar, transmitir o extinguir un derecho ... Con el contrato nos encontramos ante una noción más particular. En efecto, el contrato es una variedad de convenio cuya característica es ser creador de obligaciones. Por tanto, es indudable, que para precisar la noción de contrato, necesariamente, debe partirse por lo menos de la del acto jurídico ... Cuando se considera en general el acto jurídico y el contrato, desde el punto de vista de la voluntad, se plantea un doble problema admitiéndose, naturalmente, que no se discute la necesidad de que exista una voluntad y la manifestación de ésta para que haya acto jurídico. Pero establecido lo anterior, se trata, en primer lugar, de precisar si de acuerdo con una pretendida regla, considerada hasta hoy como indiscutible, se halla la voluntad totalmente sustraída, en el derecho civil moderno, de una manera general, a la influencia de la forma, siendo por tanto soberana, en cuanto a la formación del acto jurídico. Este primer problema consiste en preguntarse cuáles son la función y manifestaciones del formulismo en la época contemporánea. El segundo problema planteado por el papel de la voluntad en el acto jurídico se confunde, frecuentemente, con el primero, no obstante que debe distinguirse cuidadosamente de él. Se reduce a preguntar, una vez constituido el acto jurídico, si para atribuirle todo su alcance o interpretarlo, deben desatenderse los términos empleados por los interesados y tomar en consideración su voluntad interna y psicológica, o si por el contrario, abandonando esta última voluntad, es necesario atenerse a los términos del acto jurídico so pretexto de que la voluntad que determinó su creación definitivamente se concreta y traduce en las fórmulas del acto, es decir, en la declaración de la voluntad." (Bonnecasse, Julien, Tratado Elemental de Derecho Civil, Harla, México, 1997, trad. Enrique Figueroa Alonzo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5408-e32cc3f5/contrato-y-convenios-colectivos-en-materia-de-trabajo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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