Corpus
Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS. EL MARIDO TIENE LA CARGA DE PROBAR QUE LA MUJER NO LOS NECESITA Y ÉSTA LA PRESUNCIÓN DE REQUERIRLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 769/98. · Registro digital (IUS): 5441
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EMILIANO ROGELIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Febrero de 1999, , Pág. 382.

AMPARO DIRECTO 769/98. EMILIANO ROGELIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-En el primer concepto de violación señaló el quejoso que la responsable infringía lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los numerales 374 y 416 del Código de Procedimientos Civiles, porque indebidamente valoró la testimonial y con ella consideró acreditada la causal de divorcio prevista en el artículo 253, fracción I, del Código Civil, en tanto los testigos, incluso en la razón de su dicho, no precisaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo acontecieron los hechos, y que la responsable cambió el sentido literal de los hechos contestados por los testigos, dándoles una interpretación distinta, desprendiéndose una total imprecisión en cuanto a los hechos que se pretendían acreditar, por lo que era obvio que la Sala valoró indebidamente la testimonial violándose las reglas propias de su valoración y sin destruir los razonamientos del Juez natural para tener por fundada la acción de la ahora tercero perjudicada.

Además, sostuvo el quejoso que en autos no obra prueba que robusteciera las testimoniales para tener por acreditado el adulterio; incluso de la confesional del demandado se dijo que no beneficiaba a la oferente, y las actuaciones penales debían considerarse simplemente como meros indicios; por lo que al tratarse de la causal de adulterio, la actora no quedaba "relegada" de acreditar tiempo, lugar y modo en que se produjeron los hechos.

Citó como aplicables las tesis: "TESTIGOS, INEFICACIA PROBATORIA DE LA DECLARACIÓN DE LOS."; "PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACIÓN DE LA." y "PRUEBAS.".

Carece de sustento el argumento que antecede.

En efecto, el tribunal de alzada declaró fundados los argumentos de la parte apelante con relación a la causal de adulterio invocada en la reconvención, en atención a que consideró que en la demanda sí se precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos adulterinos, e incluso consideró que dado el sigilo o secreto con el que normalmente se producen esos hechos, para probarlos se admite la prueba indirecta.

En el caso, la autoridad responsable tomó en consideración lo narrado por la actora en la reconvención, para estimar que cumplió con los requisitos de precisar el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos relativos a la conducta de adulterio, consistentes en que en febrero de mil novecientos noventa y siete, su hijo Víctor Manuel González Gómez buscó a su padre vía telefónica y contestó una persona que dijo ser la esposa del demandado, por lo que empezó a averiguar, y luego, en el mes de mayo siguiente, confirmó que su esposo vivía en amasiato con una mujer de nombre Millely Flores Gómez, ahijada de ambos contendientes y menor de edad, por lo que formuló la denuncia de hechos correspondiente, formándose la causa 337/97. Además concedió valor probatorio a la testimonial de Víctor Manuel González Gómez, Juan Carlos González Gómez y María de Lourdes González Gómez, quienes refirieron con claridad el lugar donde saben y les consta que el demandado vive o vivía en unión de Millely Flores Gómez, sitio donde se desarrollaron los acontecimientos imputados al demandante; lo anterior relacionado con la copia certificada de la averiguación previa, misma que produjo efectos de valor indiciario, pero advirtió que existe la confesión expresa del propio demandado reconvencional en cuanto aceptó que estaba procesado por esos hechos.

De todo lo anterior la Sala advirtió una serie de indicios que debidamente entrelazados formaron la presunción humana suficiente para considerar, como prueba indirecta que quedó plenamente demostrada la causal de referencia, y así deducir que Emiliano Rogelio González Jiménez, al vivir en un lugar determinado con una persona distinta de su cónyuge, había incurrido en actos infieles en contra de su contraria, elemento indispensable del adulterio, agregó que la "relación sexual extramarital" quedó demostrada al hacer vida en común con persona distinta de su cónyuge, de lo que dieron fe los testigos referidos, quienes dieron conocimiento claro de ello y con calidad, por ser cercanos a las partes. Citó como aplicable la jurisprudencia: "DIVORCIO. PRUEBA TESTIMONIAL DE PARIENTES, AMIGOS O DOMÉSTICOS.".

Lo anterior es correcto, y no se advierte la alegada infracción a lo previsto en los artículos 374 y 416 del Código de Procedimientos Civiles, con relación a la valoración de la testimonial ofrecida por la actora reconvencional.

Ciertamente, según las constancias del juicio natural remitido, se advierte que al desahogarse la prueba testimonial a cargo de Víctor Manuel, Juan Carlos y María de Lourdes, todos de apellidos González Gómez, les fueron formuladas las siguientes preguntas:

"7. Si saben y les consta con quién el Sr. Emiliano Rogelio González Jiménez vive en adulterio.", "8. Si saben y les consta en qué lugar vive el Sr. Emiliano Rogelio González Jiménez en adulterio." y "9. Si saben y les consta el nombre de la persona con quien el Sr. Emiliano Rogelio González Jiménez vive en adulterio."

También se les formularon estas repreguntas:

"... 14. En relación a la séptima directa que diga el testigo por qué sabe y le consta que el señor Emiliano Rogelio González Jiménez vive en adulterio ... 17. En relación a la octava directa que diga el testigo quién le informó del domicilio donde dice vive el señor Emiliano Rogelio González Jiménez en adulterio ... 20. En relación a la novena directa que diga el testigo quién le informó del nombre de la persona que dice vive en adulterio con el señor Emiliano Rogelio González Jiménez ..." (fojas 106 y 107 del juicio natural).-María de Lourdes González Gómez, contestó: "7. Con Millely Flores Gómez.". Respecto a las repreguntas dijo: "R: 14. Porque yo lo he visto con ella y ellos dos me lo han dicho.". "8. Me han dicho que en el fraccionamiento La Pilita, pero no sé llegar.". "R: 17. Los dos". "9. Millely Flores Gómez.". "R: 20. Lo sé porque es mi sobrina.".-Juan Carlos González Gómez dijo: "7. Millely Flores Gómez.". "R: 14. Porque lo he visto e inclusive he ido a La Pilita y lo he visto también en la calle.". "8. En La Pilita.". "R: 17. Lo he visto ahí.". "9. Millely Flores Gómez.". "R: 20. Lo sé porque es sobrina de mi mamá.".-Víctor Manuel González Gómez respondió: "7. Con Millely Flores.". "R: 14. Porque yo lo he visto con ella.". "8. En un departamento de La Pila.". "R. 17. Yo sé que vive ahí.". "9. Con Millely Flores.". "R: 20. Yo sé ese nombre, la conozco porque es mi sobrina." (fojas 109 a 111).

Ahora bien, al absolver posiciones Emiliano Rogelio González Jiménez contestó afirmativamente que estaba procesado actualmente en el Juzgado Penal de Cuantía Menor de Metepec, México, por vivir en la colonia La Pilita con Millely Flores Gómez, aclarando que no se le había demostrado porque no vivía con ella.

También cabe señalar que la ahora tercera perjudicada ofreció como prueba copia certificada de lo actuado en la causa penal 178/97, donde consta que se dictó auto de formal prisión contra Emiliano Rogelio González Jiménez al declararlo presunto responsable en la comisión del delito de adulterio en agravio de María de Lourdes Gómez González.

En términos de lo precedente, al considerar que como lo estimó el tribunal de alzada, tratándose de la causal de divorcio por adulterio de uno de los cónyuges, es posible probar mediante prueba indirecta los hechos en que se funda la demanda correspondiente; si los testigos aludidos fueron contestes y uniformes al manifestar que tenían conocimiento de que el demandado ahora quejoso vive o vivía con Millely Flores Gómez en el fraccionamiento La Pilita, resulta incuestionable que, contrariamente a lo sostenido en el concepto en estudio, el tribunal de alzada correctamente determinó demostrada la causal de adulterio, porque Emiliano Rogelio González Jiménez vivía en un lugar diverso al domicilio conyugal con una persona distinta a su cónyuge, y de ello dieron fe los aludidos testigos, quienes, como se dijo, manifestaron que el ahora quejoso hacía vida marital con la referida persona Millely Flores Gómez.

Siendo inatendible lo alegado por el quejoso respecto de que los testimonios aludidos no eran coincidentes entre sí, ya que según la anterior transcripción en lo esencial fueron acordes al manifestar que en el fraccionamiento La Pilita vivía Emiliano Rogelio González Jiménez en adulterio con Millely Flores Gómez, y las diferencias que pudieran notarse en esos testimonios son únicamente cuestiones accidentales, pero en lo medular refirieron tener conocimiento de los hechos sobre los que depusieron.

Es aplicable al caso la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, consultable con el número 1074 en la página 742 del Tomo VI (Materia Común) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que reza:

"TESTIGOS, SU DICHO TIENE VALOR SI SÓLO DIFIEREN EN CUESTIONES ACCIDENTALES.-Si los testigos que deponen sobre actos que presenciaron, difieren en cuestiones accidentales, pero sus divergencias no alteran la sustancia de los hechos, su testimonio adquiere valor probatorio pleno, más aún si están adminiculados con otros elementos de prueba."

De ahí que, el tribunal de alzada correctamente determinó acreditada la causa de divorcio prevista en el artículo 253, fracción I, del Código Civil, declarando disuelto el vínculo matrimonial entre los litigantes; sobre todo porque el testimonio de las referidas personas fue adminiculado con las copias certificadas de la causa penal 178/97 relativa, por la denuncia de hechos de María de Lourdes Gómez González, y ahí se dictó auto de formal prisión contra el ahora inconforme por resultar presunto responsable en la comisión del delito de adulterio.

De acuerdo con lo anterior, resultan inaplicables las tesis que relacionó el quejoso, porque, como se indicó, los testigos manifestaron en lo esencial, de modo acorde y congruente, las circunstancias por las cuales tuvieron conocimiento de lo que declararon; además, el tribunal de alzada de acuerdo con lo previsto en el artículo 410 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, estuvo facultado para valorar en forma discrecional la testimonial de mérito.

En el segundo concepto de violación adujo el quejoso que la responsable debió considerar que en autos demostró que la ahora tercera perjudicada no requería de alimentos, en virtud de que expresamente así lo confesó al dar contestación a las posiciones 21, 22, 23 y 25, pues dijo que contaba con recursos propios, y que obtenía las utilidades del negocio denominado "Grúas González", confesión que por ello tenía pleno valor probatorio en su perjuicio. Citó la tesis: "PRUEBA CONFESIONAL. VALOR DE LA.".

Por otro lado, manifestó el quejoso que la Sala tampoco consideró que la propia ahora tercero perjudicada reconoció que el quejoso no tenía ingresos, que no trabajaba y ni tenía oficio, así como que por su edad no podía desempeñar algún empleo; consecuentemente, no debió ser condenado a ministrar alimentos por falta de elementos que acreditaran la necesidad de la actora, pues se había justificado que ella obtenía ingresos propios provenientes de la referida negociación, la cual administra y de la que obtiene utilidades, actualizándose el supuesto del artículo 301, fracción I, del Código Civil.

Aún más, señaló que no se tomó en cuenta lo establecido en el artículo 150 de ese código, pues la propia demandada dijo que administraba el negocio constituido por el quejoso y de la liquidación de la sociedad conyugal le correspondía el cincuenta por ciento de los bienes; por otro lado, que al quejoso le fue practicado embargo en un juicio ejecutivo mercantil por la cantidad de un millón trescientos mil pesos, logrando su contraria excluir el cincuenta por ciento de los derechos que le correspondían por virtud de la sociedad conyugal, mientras que el quejoso no contaba con ningún bien, pues el cincuenta por ciento que le correspondía fue secuestrado, además, por su edad no tenía trabajo ni percibía ingreso alguno, estando imposibilitado para aportar alguna cantidad en concepto de pensión alimenticia.

Finalmente, concluyó que la ahora tercero perjudicada confesó "ser autosuficiente", y que como los alimentos debían darse en razón a la necesidad del que debe recibirlos, la responsable resolvió todo lo contrario.

Son infundados los argumentos que preceden.

El tribunal de alzada, respecto de la pensión alimenticia que demandó María de Lourdes Gómez Manjarrez, estimó que resultó procedente en atención a que con las pruebas aportadas no se demostró que no necesitara recibir alimentos. Citó la tesis del rubro: "ALIMENTOS, CARGA DE LA PRUEBA.". Por lo anterior, como se trataba de una persona adulta y en cuestión de alimentos debía haber un justo equilibrio entre el que debe darlos y el que los percibe, la Sala consideró que el demandado reconvencional debía proporcionar a la acreedora un salario mínimo diario vigente en la zona económica de Toluca, México. Al respecto transcribió la tesis del rubro: "ALIMENTOS. FIJAR SU MONTO EN UN DÍA DE SALARIO MÍNIMO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN EL PAGO DE.".

Lo anterior se estima correcto.

Efectivamente, en términos de lo establecido en el artículo 150 del Código Civil del Estado de México, el marido debe de dar alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar; incluso, subsiste esa obligación en los casos de divorcio. De ahí que la mujer tiene a su favor la presunción de necesitar los alimentos, salvo prueba en contrario y sólo cesa cuando ya no tiene necesidad de recibirlos, pero la carga de la prueba corresponde al deudor alimentario.

En el caso, como lo sostuvo el tribunal de alzada, Emiliano Rogelio González Jiménez no demostró con las pruebas aportadas en autos que María de Lourdes Gómez Manjarrez no requiriese ni tuviera la necesidad de ser alimentada.

Esto es, que en el particular resultó insuficiente la circunstancia de que al absolver posiciones la ahora tercera perjudicada aceptara que administraba el negocio "Grúas González", así como que había obtenido utilidades de ese establecimiento, por virtud de que en autos no se determinó si esas utilidades cubrían sus necesidades elementales de casa, comida, vestido, etcétera; por ello, no era suficiente para determinar que la demandante en la reconvención "dejó de necesitar" los alimentos.

Además, el hecho de que María de Lourdes Gómez Manjarrez perciba algunos ingresos no determinados, no podía eximir al ahora quejoso de su obligación de proporcionar alimentos a dicha persona, máxime que resultó ser el cónyuge culpable en el juicio de divorcio.

Es aplicable al caso y se comparte la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página 593 del Tomo V, mayo de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"-Tomando en consideración que conforme al artículo 150 del Código Civil del Estado de México, el marido debe dar alimentos a la mujer, y ésta sólo contribuir para los gastos de familia, cuando tiene bienes propios o desempeña algún trabajo, resulta claro que, cuando el marido sostiene que la mujer se encuentra en cualquiera de esos casos de excepción, le corresponde la carga de la prueba, y si no lo acredita, es evidente que debe proporcionar los alimentos a la mujer, que tiene a su favor la presunción de necesitarlos, derivada del mismo mandamiento."

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que resulta en sí una prueba insuficiente la confesional de la ahora tercera perjudicada, para los efectos pretendidos por el inconforme, pues aun cuando la demandante contestara en forma afirmativa que hasta marzo de mil novecientos noventa y uno el demandado en la reconvención obtenía ingresos de la negociación "Grúas González", y que en la fecha en que se articularon las posiciones a María de Lourdes Gómez Manjarrez, el ahora quejoso carecía de ingreso económico alguno, ello no basta para determinar con precisión que no estaría obligado a proporcionar alimentos, por virtud de que la acreedora solamente requirió acreditar ese carácter, y que el demandado obtenía ingresos suficientes.

De ese modo, es de estimar que como lo relativo a que al contestar la posición vigésimo novena, respecto de que el quejoso era propietario de las concesiones otorgadas por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito para realizar el servicio público de transporte especializado con grúa desde mil novecientos setenta y siete, quedó corroborado con el escrito de contestación a la demanda, donde sostuvo el obligado que él era dueño de las tres concesiones citadas, con ello sin duda se contradice lo sostenido en la confesional por la ahora tercera perjudicada, respecto de que no obtenía algún ingreso.

Tampoco obsta que a la demandada le correspondiera el cincuenta por ciento de los bienes por la liquidación de la sociedad conyugal y que al ahora quejoso le hubieran embargado el otro cincuenta por ciento que le correspondía, ya que son hechos independientes de la referida obligación de proporcionar alimentos que nace por virtud del matrimonio, puesto que, como se indicó, en algunos casos persiste ese deber hasta después de disuelto el vínculo matrimonial.

Además, como lo determinó el tribunal de alzada, no puede ser violatoria del principio de proporcionalidad la pensión fijada de un día de salario mínimo, aun cuando no se hubiese precisado en juicio el monto de los ingresos del ahora inconforme.

En esas condiciones, no demostrada la transgresión a los preceptos constitucionales y del orden común invocados, procede negar la protección federal solicitada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Emiliano Rogelio González Jiménez, respecto de los actos que reclamó de la Primera Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, con sede en esta ciudad de Toluca, que se indicaron en el resultando primero, según fue considerado en la presente sentencia constitucional.

Notifíquese, y con testimonio de esta ejecutoria federal vuelvan los autos al tribunal estatal de su origen. Oportunamente archívese el expediente como concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo.

Así y por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Raúl Solís Solís, Virgilio A. Solorio Campos y Jorge Mario Pardo Rebolledo, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. Fue ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5441-22bacfbb/alimentos-el-marido-tiene-la-carga-de-probar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.