ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y MATERIALES DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O SUJETOS A CONTROL, DELITO DE INTRODUCCIÓN CLANDESTINA EN LA REPÚBLICA. ES DETERMINANTE EL MODO Y EL LUGAR EN QUE SE INTERNEN LOS OBJETOS DEL ILÍCITO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/97. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de criterios sustentados en materia penal.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en los términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, y 197-A, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el señor Ministro de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino V. Castro y Castro, y por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito.
TERCERO.-Con el propósito de establecer si en realidad existe contradicción de criterios, se estima conveniente transcribir en la parte que interesa los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito mencionados.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al fallar el amparo directo 874/96-I penal, promovido por Gregorio Serrato Flores, con fecha cinco de junio de mil novecientos noventa y siete, en lo conducente consideró:
"QUINTO.-Son infundados los anteriores conceptos de violación sin que este Tribunal Colegiado encuentre motivos para suplirlos en su deficiencia, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo.-Efectivamente, resulta preciso relatar que mediante la sentencia reclamada, el Magistrado Federal responsable consideró que el quejoso Gregorio Serrato Flores es plenamente responsable en la comisión del tipo penal de introducción clandestina al país de municiones reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y de armas de fuego no reservadas al uso exclusivo de la milicia nacional; previsto y sancionado por el artículo 84, fracciones I y III, segundo párrafo, de la Ley Federal de Armas de Fuego en vigor, en relación con los diversos artículos 9o., fracción II, y numeral 11 inciso f), de la referida ley; conducta antisocial que se sancionó con una pena de cinco años de prisión y multa de $459.00 (cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) equivalente esta última a 20 días de multa, sustituible por cien jornadas de trabajo, de tres horas cada una a favor de la comunidad.-Para sostener su determinación, el ad quem acertadamente tomó en cuenta el uso del arbitrio judicial sobre los alcances probatorios de cada uno de los medios de convicción que integran la causa penal que se examina, entre los que destacan: a) Oficio fechado el quince de junio de mil novecientos noventa y seis suscrito por el subadministrador de la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, dirigido al agente del Ministerio Público de la Federación en turno, mediante el cual denuncia hechos u omisiones contenidos en el acta de hechos número 189/96, poniendo a su disposición en relación a los mismos a Gregorio Serrato Flores, armas y municiones asegurados (foja 2).-b) Oficio suscrito por el subadministrador de la Aduana Local, dirigido al general brigadier de la Guarnición de la Plaza, de esta ciudad, poniendo a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional el armamento afecto a esta causa (foja 3).-c) Acta de hechos número 189/96, levantada ante dos testigos de asistencia por el agente de la Policía Fiscal Federal Juan Antonio Carrasco García, en el que asentó que estando de guardia en el Centro Táctico Turismo I, ubicado en el Puente Internacional Número Uno, el día quince de junio del presente año, como a las ocho horas con veinte minutos se presentó el autobús de la línea Carrillos Guerrero, con el número económico 601, con destino a la ciudad de Monterrey, Nuevo León; y que al revisar al pasajero Gregorio Serrato Flores, se encontró en su poder una caja de cartón conteniendo una escopeta marca JC Higgins, modelo 20-12GA Sears Roebuck and Co., 583.01, calibre 12, con pavón negro y culata de madera color café; una escopeta marca Winchester, calibre doce; modelo 1200-12-GA, serie número L101370, con pavón negro, culata de color café; cuarenta y seis cartuchos útiles calibre doce y treinta y un cartuchos útiles calibre 30-30 (fojas 6 y 7).-e) Certificado de lesiones emitido por el doctor Francisco Mejía Barrientos, practicado a Gregorio Serrato Flores, en donde se manifestó que se encuentra clínicamente en buenas condiciones de salud (foja 11).-f) Parte informativo elaborado por el agente de la Policía Fiscal Federal Juan Antonio Carrasco García, en el que hace del conocimiento al comandante de esa corporación, de los hechos contenidos en el acta 189/96, de la que se dio noticia en el inciso c) anterior, reiterando que se presentó ante el semáforo fiscal Gregorio Serrato Flores, a quien se le encontró en posesión de una caja de cartón conteniendo una escopeta JC Higgins, modelo 20-12GA Sears Roebuck and Co., 583.01, una escopeta Winchester, modelo 1200-12-GA, serie número L1013170; cuarenta y seis cartuchos útiles calibre doce; treinta y un tiros útiles calibre 30-30 (foja 12).-g) Fe ministerial llevada a cabo sobre las armas y municiones afectas a la presente causa penal (foja 19).-h) Dictamen pericial en materia de identificación de armas de fuego y balística, practicado por los especialistas Luis García Aguilar y Gerardo Pérez Montiel, en el que determinaron que la escopeta marca JC Higgins, modelo 20-12GA Sears Roebuck and Co., calibre doce, con pavón negro y culata de madera color café, y la escopeta marca Winchester, calibre doce, modelo 1200-12-GA, serie número L1013170 con pavón negro, culata de madera color café ‘no están consideradas como del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales’, pueden poseerse y portarse, por los particulares en los términos y limitaciones a que se refiere el artículo 9o., fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; por lo que respecta a los cartuchos calibre 30-30, sí son del uso exclusivo de la milicia nacional, de conformidad con lo que dispone el artículo 11, inciso f), de la mencionada ley (foja 24).-j) Declaratoria de perjuicio y/o querella formulada por el administrador local Jurídico de Ingresos de Nuevo Laredo, en contra de Gregorio Serrato Flores (fojas 27 y 28).-1) Declaración ministerial de Gregorio Serrato Flores en la que además de ratificar el acta de hechos, agregó que: ‘... el día viernes catorce del mes y año citado, por la noche, salió procedente de la ciudad de Dallas, Texas, con destino final a Morelia, Michoacán, a bordo de un autobús de pasajeros de la línea Carrillos Guerrero, con destino primero a Monterrey, Nuevo León, que al llegar al Puente Internacional Número Uno de esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, como a las 08:20 horas, del día siguiente la Policía Fiscal Federal le preguntó si tenía algo que manifestar contestando negativamente, por lo que accionó el semáforo fiscal que le marcó luz roja, por lo que procedieron a revisar el equipaje, encontrando en una caja de cartón dos armas de fuego, tipo escopeta, calibre 12 así como 46 cartuchos calibre 12 y 13 cartuchos calibre 30-30’, que respecto a dichas armas de fuego y cartuchos, manifestó que no eran de su propiedad ignorando la existencia de las mismas.-Los anteriores elementos de prueba, debidamente justipreciados, como lo estimó debidamente el Magistrado responsable, conforme a las reglas previstas en los artículos 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, son suficientes para establecer que se satisfacen los elementos del delito en estudio, puesto que está demostrado que en aquella fecha determinada, una persona (Gregorio Serrato Flores), fue sorprendida por la Policía Fiscal Federal al ser objeto de revisión aduanal en el recinto oficial de la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas; cuando pretendía introducir clandestinamente una escopeta marca JC Higgins, modelo 20-12GA Sears Roebuck and Co., 583.01, calibre 12, con pavón negro y culata de madera color café; una escopeta marca Winchester, calibre 12, modelo 1200-12-GA, serie número L101370, con pavón negro, culata de madera café; cuarenta y seis cartuchos útiles calibre 12; y treinta y un cartuchos útiles 30-30; ocultos en el interior de una caja de cartón; surtiéndose de tal modo el tipo penal previsto y sancionado por los artículos 82, fracciones I y III, en relación con el 9o., fracción II y 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; sin contar obviamente con permiso de autoridad competente para ese fin.-No es obstáculo para arribar a esta determinación, el argumento del quejoso, en el sentido de que la figura delictiva sentenciada no se materializó debidamente a la ausencia del elemento ‘clandestinidad’ que requiere el tipo penal de mérito; aduciendo que la introducción de las armas no fue de manera secreta u oculta con el fin de tratar de evadir la ley; pues en todo momento trajo a la vista la caja de cartón que contenía las armas y municiones descritas en la fe ministerial; misma que estuvo sujeta a revisión fiscal; además de que nunca supo, hasta el momento de la revisión de la existencia de esos artefactos, pues alude, un amigo (del quejoso) de nombre Ezequiel Herrera, le pidió el favor de entregar esa caja a unos familiares que lo estarían esperando en la central de autobuses de Morelia, Michoacán, manifestándole aquella persona que su contenido era ‘ropa’.-Al respecto cabe establecer que el concepto de clandestinidad, para los efectos de esta figura típica especial, no debe entenderse en los términos que pretende el inconforme se le tome en cuenta, esto es, que solamente se surta cuando la caja de cartón en la que se encontraron las armas y cartuchos afectos a la causa haya estado oculta en algún lugar que no estuviera visible para la autoridad fiscalizadora; sino que, en el caso, la introducción clandestina al país de las armas de fuego y municiones se da, precisamente y debe ser objeto de sanción, cuando ocultándose la existencia de las armas de fuego a la autoridad competente, se ponen fuera de su control, independientemente de que se oculte o se traiga a la vista el envase dentro del cual se contiene el objeto material del ilícito, puesto que la figura delictiva se da desde el momento en que intencionalmente no se hace del conocimiento de la autoridad la pretensión de introducir al país tales artefactos, razón por la que la clandestinidad como elemento integrante del ilícito debe aceptarse, no como el ocultamiento del envase dentro del cual se contiene el objeto material del ilícito; sino en la omisión de declarar ante la autoridad fiscalizadora las armas o municiones que requieren de previo permiso oficial para su introducción legal del país; máxime que en el caso la localización de la mercancía se hizo a virtud de que el acusado le dijo al agente de la Policía Fiscal Federal, que no tenía nada que declarar, por lo que tuvo que accionar el semáforo fiscal, tocándole al quejoso la luz roja, lo que lo obligaba a una revisión forzosa, a través de la cual se localizaron las armas y municiones fedatadas.-Como se advierte, tampoco resulta útil para la defensa del peticionario de garantías, el hecho de que en sus declaraciones rendidas administrativamente y en el proceso penal del que emana el acto reclamado, haya manifestado el reconocimiento de las armas de fuego y municiones encontradas en su poder, porque en el caso justiciable se trata de un delito de peligro, en el cual el dolo se presume, salvo prueba en contrario; y no está demostrada la versión defensiva del encausado, en el sentido de que desconocía la existencia de los objetos probatorios; pues no se desprenden elementos de convicción que conduzcan a la plena certidumbre de la relación con la tercera persona que se dijo llamarse Ezequiel Herrera, como para que pudieran influir en la defensa del quejoso. Por lo anterior, habrá de concluirse que tal argumento no excluye de responsabilidad al reo, pues su confesión calificada no se encuentra destruida en lo que le perjudica, en donde el acusado reconoció, que al momento de ser detenido por elementos de la Policía Fiscal, traía consigo, en el autobús de pasajeros que lo transportaba, una caja de cartón conteniendo las armas y municiones de referencia que es lo que debe tomarse en consideración.-Sobre el particular tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 69, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 157, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘CONFESIÓN CALIFICADA, PRUEBA DE LA.-Si existen elementos que afecten la verosimilitud de la confesión calificada, el acusado debe probar las circunstancias excluyentes o las modificativas atenuantes que al emitirlas introdujo a su favor.’.-Por último, la pena mínima de cinco años de prisión y multa de $459.00 (cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), equivalente a veinte días de multa o en su defecto por cien jornadas de trabajo, de tres horas cada una en favor de la comunidad, establecida por el artículo 84, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, no puede causar perjuicio al quejoso, pues es congruente con las reglas que sobre la individualización de la pena fijan los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal.-Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 181, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 389, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.-El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido.’.-En estas condiciones, se impone concluir que la sentencia reclamada no es violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales del peticionario de garantías, por tal razón se niega el amparo y protección federal solicitada.-Por lo expuesto y fundado además en los artículos 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve.-ÚNICO.-La Justicia de la Unión, no ampara ni protege a Gregorio Serrato Flores, contra el acto reclamado al Magistrado del Quinto Tribunal Unitario de este Décimo Noveno Circuito, que ha quedado precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.-Notifíquese ...".
CUARTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, al fallar el toca 81/96, promovido por Víctor Ávila Bocanegra, con fecha veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y seis, en lo conducente consideró:
"TERCERO.-Son fundados los agravios que se expresan: De las constancias de autos se aprecia que en el acta de irregularidades número 389/95, el jefe de la Policía Fiscal Federal, comandante Manuel Montes de Oca Muciño y el agente Leónides Dionisio Castro Arroyo, hicieron constar que se presentó el quejoso Víctor Ávila Bocanegra, a bordo del autobús de la línea ‘Ávila Tours’, placas T08-243 del Estado de Texas, procedente de Dallas, con destino a Matehuala, al cual, al pasar por el semáforo, le tocó ‘rojo’ revisión, encontrándole cartuchos útiles (1,174 de diferentes calibres), motivo por el que se le puso a disposición del administrador de la aduana y posteriormente del Ministerio Público Federal, describiéndose los calibres de los cartuchos en clasificación que anexó. En la misma acta de irregularidades, el hoy quejoso manifestó: ‘Que no son de él, que se los dieron unos amigos en las cajas cerradas para llevarlas a sus familiares’.-El agente de la Policía Fiscal, Leónides Dionisio Castro Arroyo, ante el Ministerio Público Federal investigador ratificó el contenido de la citada acta de irregularidades, en los siguientes términos: ‘Que habiendo dado lectura al acta de irregularidades número 389/95, la ratifica en todas sus partes, por contener la verdad de los hechos y la forma en que sucedieron y reconociendo como suya la firma que aparece al calce arriba de su nombre por haberla puesto de su puño y letra y ser la que utiliza en todos sus asuntos públicos y privados, agregando que aproximadamente a las siete de la mañana del día de hoy, cuando se encontraba en servicio en el Puente Internacional Número Uno, se presentó procedente del vecino país, el que dijo llamarse Víctor Ávila Bocanegra, a bordo de un autobús de la línea Ávila Tours, al cual el semáforo fiscal le tocó rojo por lo que procedió a efectuar la revisión correspondiente, encontrando en las pertenencias de dicha persona varias cajas conteniendo cartuchos hábiles de diferentes calibres, así como varios calcetines conteniendo cartuchos de los calibres 22, en cantidad de 1,019, 20 calibres 30-06, veinte cartuchos calibre 30-30, 20 calibre 243, cinco calibre SPK 12, cinco calibre SP12 y 25 calibre 12, haciendo un total de 1,174 cartuchos útiles, por lo que se procedió a su arresto y a ponerlo a disposición de sus superiores; que es todo lo que tiene que declarar.’.-Por su parte, el quejoso Víctor Ávila Bocanegra, al rendir su declaración ministerial, expresó lo siguiente: ‘Que efectivamente siendo aproximadamente las siete de la mañana del día de hoy llegó al Puente Internacional Número Uno de esta ciudad, procedente de Dallas, Texas, a bordo de un autobús de pasajeros de la línea Ávila Tours, ya que se dirigían a la ciudad de Matehuala; que los pasaron a revisión y un policía fiscal le encontró en cajas de cartón y calcetines cartuchos de diferentes calibres que hicieron un total de 1,114 mil ciento catorce cartuchos útiles, por lo cual procedieron a detenerlo, agregando que dichos cartuchos no son de su propiedad e ignoraba que los llevara en las cajas en donde fueron encontrados, las cuales iba a entregar a la señora Teresa Ramírez, por encargo de Ramiro Medrano, quien es residente en la ciudad de Houston, Texas; que es todo lo que tiene que declarar, con lo que se da por terminada la presente diligencia y previa lectura de su dicho, lo ratifica en todas y cada una de sus partes, firmando de conformidad al margen y al calce ante el personal de actuaciones que firman y dan fe.’.-Asimismo, obran en autos el informe sobre clasificación arancelaria, cotización y avalúo de las municiones afectas a la causa, mediante la cual se concluyó que el total de los impuestos omitidos por la introducción de las mismas, asciende a la cantidad de seiscientos dos nuevos pesos y que requieren permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; fe ministerial de treinta y cinco cartuchos hábiles, calibre 12, en sus respectivas cajas de cartón; una caja de cartón conteniendo veinte cartuchos útiles calibre 30-06; una caja de cartón conteniendo veinte cartuchos útiles calibre 30-30, una caja de cartón conteniendo veinte cartuchos útiles calibre .243; cinco cajas de cartón conteniendo cincuenta cartuchos útiles, cada una, calibre 22, cuatro calcetines con ciento cincuenta cartuchos útiles cada uno, calibre 22; un calcetín conteniendo ciento cincuenta y nueve cartuchos útiles, calibre 22, dando un total de mil ciento catorce cartuchos útiles.-El artículo 84, fracción I, de la Ley de Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dispone: ‘Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días de multa: I. Al que introduzca en la República, en forma clandestina, armas, municiones, explosivos y materiales de uso exclusivo de las fuerzas armadas o sujetos a control, de acuerdo con esta ley; asimismo al que participe en la introducción.’.-De lo expuesto con anterioridad se desprende que los elementos del referido delito, son los siguientes: a) Que el inculpado, por su propia cuenta, interne a los Estados Unidos Mexicanos, algunas municiones del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales; b) Que dicha internación de municiones a este país sea en forma clandestina y c) Que dicha conducta la realice el activo sin el permiso correspondiente expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional.-En la cuestión a estudio, no se encuentra demostrado el segundo de los elementos a que se ha hecho referencia, pues de las constancias que forman el proceso penal no se desprende que la introducción de municiones que realizó el quejoso, haya sido en forma clandestina. Así es, el término clandestino, es sinónimo de oculto y en la especie, lo que está demostrado es que el día veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, siendo aproximadamente las siete horas, cuando el agente de la Policía Fiscal Federal, Leónides Dionisio Castro Arroyo se encontraba en el Puente Internacional Número Uno de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se presentó el pasajero Víctor Ávila Bocanegra a bordo del autobús de la línea ‘Ávila Tours’, placas T08-243 del Estado de Texas, procedente de Dallas, con destino a Matehuala, el cual, al pasar por el semáforo le tocó (rojo) revisión, encontrándole entre sus pertenencias varias cajas que contenían los cartuchos de diferentes calibres afectos a la causa; por tanto, si con motivo del procedimiento aleatorio el semáforo marcó rojo y por ello el indiciado quedó sujeto a la revisión de las pertenencias y los cartuchos fueron encontrados en éstas, es obvio que dichos cartuchos se hallaban en un lugar visible, esto es, en un sitio sujeto a revisión aunque aquéllos hubieran venido en cajas o en calcetines, lo que no implica de ninguna manera que los hechos delictuosos los haya realizado en forma clandestina, toda vez que para ello debió haber preparado exprofeso, un lugar para ocultarlos, con el objeto de que los agentes de la Policía Fiscal no los encontraran, caso en el cual, sí se podría establecer que el inculpado actuó clandestinamente, pero al no existir ese elemento es indudable que no se configura el delito por el que se le decretó la formal prisión reclamada. Es pertinente destacar que, en todo caso, los hechos que se imputan al quejoso pudieran encuadrar en un diverso ilícito, sin embargo, a este Tribunal Colegiado no le corresponde reclasificar el delito.-En tales condiciones, al no haberse demostrado la existencia del cuerpo del delito de introducción clandestina al país de municiones reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, por la ausencia del elemento de clandestinidad y sin necesidad de estudiar los elementos que tomó en cuenta el Juez de Distrito para tener por acreditada la presunta responsabilidad del quejoso, procede revocar la sentencia que se revisa y conceder el amparo solicitado.-Por lo expuesto y con fundamento, además, en lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.-Se revoca la sentencia que se revisa.-SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Víctor Ávila Bocanegra, contra el acto que reclama del Magistrado del Quinto Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito y del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.-Notifíquese ...".
QUINTO.-El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al fallar el amparo directo penal 412/97, promovido por Leonel Ramírez Castro, con fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, en lo conducente consideró:
"CUARTO.-Los conceptos de violación son infundados.-En principio, porque contra lo en ellos argüido, de las constancias que conforman la causa penal de la que emana el fallo combatido, se desprende que éste proviene de un procedimiento en que se cumplió con las formalidades esenciales, pues consta que la detención de Leonel Ramírez Castro lo fue el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y seis (fojas 2 y 3 del expediente principal), siendo puesto a disposición del Juez de la instrucción el día diez de diciembre siguiente (foja 43), quien lo sujetó a término constitucional, mediante proveído de fecha once del citado mes y año (foja 45), tomándole su declaración preparatoria el día once de diciembre de mil novecientos noventa y seis (foja 51) en la que se le hizo saber las prerrogativas de que gozaba conforme al artículo 20 constitucional, nombrando como su defensor particular al pasante jurista Arturo Díaz Fraga, el que estando presente aceptó y protestó el nombramiento conferido y en la que, además, se le hizo saber el nombre de las personas que lo acusaban, el delito por el que se le detuvo y las personas que deponían en su contra, resolviéndose su situación jurídica dentro del término constitucional en el sentido de declarársele formalmente preso en cuanto presunto responsable del delito de introducción clandestina a la República de municiones sujetas a control por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como el diverso ilícito de transporte de municiones (fojas 53 a 58) y durante la instrucción probatoria, le fueron recibidas a la defensa las pruebas que ofreció sustancialmente documentales y testificales de buena conducta; luego de lo cual se declaró cerrada la instrucción y se fijó fecha para que se verificara la audiencia final, misma que se llevó a cabo con asistencia del fiscal y del defensor particular (foja 93), donde el representante social formuló sus conclusiones acusatorias, mientras que la defensa las suyas de inculpabilidad, pronunciándose luego sentencia definitiva (fojas 97 a 104) y como el acusado se inconformó con la misma, fue sustanciado el recurso de apelación por la Sala responsable, en donde se expresaron los agravios que estimó le irrogó dicho fallo de primera instancia y una vez efectuada la audiencia en la alzada, con la asistencia del defensor particular del aquí quejoso (foja 19 del toca apelatorio), se dictó la sentencia que ahora se reclama.-Asimismo, contra lo aducido en los conceptos de violación, el fallo combatido se encuentra debidamente fundado y motivado, pues al emitirlo, el ad quem externó las razones particulares, circunstancias especiales o causas inmediatas que tuvo en consideración para resolver el asunto en la forma en que lo hizo, apoyándolo en las normas que estimó aplicables al caso, por las razones que enseguida se expresan: En efecto, el Magistrado responsable a fin de tener por acreditado tanto el cuerpo del delito de introducción clandestina a la República de municiones sujetas a control por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, previsto y sancionado por el artículo 84, fracción I, en relación con los preceptos 37, segundo párrafo, 40 y 41, fracción II inciso a) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la plena responsabilidad penal de Leonel Ramírez Castro en su comisión, se apoyó en las siguientes pruebas: 1. Acta circunstanciada suscrita y ratificada ministerialmente por la licenciada Alejandra Díaz Rico, jefe de Sala de Revisión Aduanera ubicada en el Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mújica de esta ciudad, y por los verificadores fiscales Juan Manuel Martínez Huerta y Karla Leticia Díaz Fraga; 2. Fe ministerial de las municiones, boleto de pasajero y talones de equipaje afectos a la causa; 3. Dictamen pericial respecto de la clasificación dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de las municiones incautadas; 4. Declaración ministerial, ratificada por vía de preparatoria, de Leonel Ramírez Castro; 5. Documentales y testificales a cargo de Ramón González Rodríguez y Eleazar Vázquez Palomares, tendientes a avalar la buena conducta y modo honesto de vivir del aquí quejoso; y, 6. Informes sobre la inexistencia de antecedentes penales a nombre de Leonel Ramírez Castro; probanzas todas ellas, a excepción de las referidas en los dos últimos incisos, que el ad quem correctamente extractó en el fallo combatido, se encuentran visibles a fojas de la seis vuelta a la ocho vuelta de la presente ejecutoria de amparo y se dan por reproducidas en obvio de inútiles repeticiones.-Medios de prueba consistentes en la fe ministerial que se dio tanto de las municiones, como del boleto de pasajero y talones de equipaje, afectos a la causa, el dictamen pericial relativo a la clasificación dentro de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de las citadas municiones, al no haber sido impugnado y las documentales públicas consistentes en los informes sobre la inexistencia de antecedentes penales a nombre del aquí quejoso, rendido por el subdirector de Control de Sentencias en Libertad de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Gobierno como por la subdirectora de Prevención y Readaptación Social del Estado de Michoacán, que merecen pleno valor convictivo, en términos de los preceptos 280, 281 y 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, mientras que los reseñados en los restantes incisos, son indicios, en términos del artículo 285 del mismo cuerpo de leyes. Elementos convictivos, tanto aquellos a los que se concede pleno valor probatorio como a los considerados indicios, cuya apreciación se hace al tenor de lo dispuesto en los numerales 279 al 290 del enjuiciamiento en cita, adminiculados y corroborados entre sí, por el enlace lógico y natural que entre ellos existe, alcanzan el rango de prueba plena, de conformidad con el artículo 286 del plurialudido ordenamiento; y resultan aptos y bastantes, como bien se determinó en el fallo combatido y contra lo considerado en los conceptos de violación, para tener por demostrado el cuerpo del delito de introducción clandestina a la República de municiones sujetas a control por parte de la Secretaría de la Defensa N
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5615-cbf2df0f/armas-municiones-explosivos-y-materiales-de-uso-exclusivo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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