AUTODETERMINACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. HACE INNECESARIA LA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA DE LA AUTORIDAD HACENDARIA.
REVISIÓN FISCAL 30/99. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTRA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Son sustancialmente fundados los agravios formulados.
Se sostiene en ellos que la Sala Fiscal dictó la sentencia que se revisa en contravención a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, porque inobservando los principios de congruencia y exhaustividad, no cumplió con su obligación de analizar todos y cada uno de los argumentos sostenidos por la parte demandada, en la contestación a la demanda intentada en el juicio natural, violando con ello lo dispuesto por los artículos 16 constitucional, 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, y 6o., 32 y 66 de este mismo ordenamiento, por el alcance que pretende darle a la garantía de audiencia en materia fiscal, por la supuesta falta de liquidación previa al requerimiento de pago que constituyó el acto demandado en primera instancia. Que la Sala Fiscal analiza una violación formal cometida supuestamente por la demandada al emitir el requerimiento de pago del crédito fiscal convenido en parcialidades, porque desde su óptica éste carece de fundamentación y motivación al no darse la existencia de una resolución liquidatoria, concluyendo erróneamente en declarar la nulidad para efectos (sic) del requerimiento impugnado, cuando de pleno derecho y en atención a que no existió la contravención al contenido de los numerales señalados como infringidos, correspondía declarar la validez del mismo.
Que la sentencia recurrida centra su punto resolutivo (sic) en el hecho de que la autoridad demandada en primera instancia requirió a la promovente por el pago de un crédito que se originó con la autodeterminación efectuada por el contribuyente respecto de diversas contribuciones que adeudaba al fisco federal, determinando de manera voluntaria suscribir convenio de pago en parcialidades, lo que no tomó en cuenta la resolutora.
Que el acto se encuentra debidamente fundado y motivado en términos de los artículos 16 constitucional y 38, fracción III, y 66, fracción III, inciso c), del Código Fiscal de la Federación.
Que se consideró que la autoridad demandada requirió del pago sin que existiera la liquidación correspondiente, lo que no era necesario para la existencia de un crédito fiscal a cargo de un contribuyente, pues no siempre es necesario que exista una resolución determinatoria del mismo, la cual deba ser legalmente notificada, pues ello sólo ocurre cuando la autoridad fiscalizadora ejerce sus facultades de comprobación y en base a un procedimiento administrativo al efecto establecido en el Código Fiscal de la Federación. Que de conformidad con el principio de autodeterminación de impuestos que rige nuestro sistema tributario, consagrado en el tercer párrafo del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, corresponde al contribuyente la determinación y declaración de los impuestos que adeuda con motivo de sus actividades, siendo tal manifestación de sus contribuciones lo que genera, por un lado, el derecho del fisco federal a obtener el entero de las mismas, y por otro, la obligación de pago por parte del causante, esto es, que sólo en caso de excepción las autoridades ejercitan sus facultades de fiscalización, además de que a solicitud de los contribuyentes podrán autorizar el pago en parcialidades de las contribuciones omitidas, como sucede en el caso, y tal autorización cesa cuando el contribuyente no pague tres parcialidades sucesivas. Que en la especie no se está en una determinación de crédito por parte de la autoridad fiscal, sino en el supuesto de una autodeterminación por parte del contribuyente que solicitó el pago en parcialidades, como se acreditó con el formulario de aviso de opción o solicitud de autorización para pagar adeudos en parcialidades, por lo que al presentar la propia enjuiciante la solicitud de pago en parcialidades, reconoció la existencia de los créditos e inclusive el monto de los mismos; por lo que el adeudo del contribuyente cuyo monto solicitó pagar en parcialidades, no fue determinado por la autoridad, y por ende no hubo necesidad de notificar personalmente a la enjuiciante una liquidación en los términos que pretende la a quo, sino que fue el propio contribuyente quien determinó y declaró unilateral y voluntariamente los impuestos que solicitó enterar en parcialidades, cuyo incumplimiento de su parte generó el derecho inobjetable de la enjuiciada de exigir su pago, en los términos de los dispositivos jurídicos en que se sustenta el acto impugnado. Así, de acuerdo a los artículos 145 y 66, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad sólo pudo hacer exigible el crédito cuando el particular dejó de cumplir con el pago, por tanto no era necesario que existiera una liquidación por parte de la autoridad fiscal, porque los créditos fiscales ya se encontraban establecidos en las cantidades que se iban a pagar a través del convenio de pago en parcialidades. Que en la legislación fiscal vigente no se encuentra establecida legalmente la obligación de determinar, previo al requerimiento de pago de los créditos, sino que la autoridad solamente debe requerir las contribuciones que el particular dijo adeudar.
Que no es apegada a derecho la sentencia que se recurre, en la parte que sostiene que para que sea válido el procedimiento administrativo de ejecución contemplado en los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación, es necesario que exista previamente la determinación de un crédito fiscal y que éste se encuentre debidamente notificado, pues esa aseveración lato sensu no es aplicable al caso, porque la exigibilidad del crédito que pretende llevar a cabo la autoridad ejecutora encuentra su razón en que ante ella el actor celebró un convenio de pago en parcialidades, que fue incumplido, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 66, fracción III y 151, del Código Fiscal de la Federación, este último que contempla el procedimiento administrativo de ejecución cuando la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades, esto es, que se actúa apoyado en un reconocimiento de adeudo fiscal por parte del contribuyente, bien sea por autoliquidación o autocorrección fiscal, situación esta última que es totalmente ajena a la ejecutora, quien tiene en su haber un adeudo reconocido expresamente y que se encuentra insatisfecho.
Son sustancialmente fundados los agravios esgrimidos, pues tal y como lo refieren las autoridades inconformes, en los casos en que el contribuyente se autodetermina no es necesario que la autoridad hacendaria emita resolución liquidatoria de un crédito, en atención a que en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, corresponde originalmente al propio particular determinar el alcance de sus obligaciones fiscales, de modo que si éste ocurre ante la autoridad a manifestar a cuánto ascienden sus obligaciones, y para el efecto de su cumplimiento pide que se le permita enterar el importe de su obligación en mensualidades, y la autoridad accede a la petición, con tal actuación y por consenso de ambas (contribuyente y autoridad fiscal) queda establecido el importe del crédito a liquidar, por lo que no existe la necesidad de que el fisco ejerza sus facultades de comprobación, ni de que liquide un crédito que ya es líquido y determinado.
Luego, si precisamente el crédito C-00089860, que concierne a la autorización de pago en parcialidades solicitado por el contribuyente a la exactora, es el que se le requiere en pago en la resolución que se impugna, es incuestionable que, como lo aducen las autoridades inconformes, el actor en el juicio natural no puede argumentar válidamente la omisión de la emisión de la resolución liquidatoria del crédito cuyo pago se le requiere, puesto que corresponde precisamente al que de propia voluntad se autodeterminó, y después de informarlo a la autoridad hacendaria, le solicitó que le permitiera pagar en parcialidades el monto de su autodeterminada contribución.
Por otra parte, también asiste razón a las autoridades inconformes al sostener que el acto combatido, en el aspecto analizado, se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que los numerales 66 y 151 del Código Fiscal de la Federación, justifican el requerimiento de pago cuestionado, pues el primero de ellos establece, en su fracción III, que la autorización para pagar en parcialidades quedará revocada ante el impago de tres parcialidades consecutivas, y el segundo de los dispositivos prevé el derecho de la autoridad hacendaria de hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requiriendo de pago al deudor, y en caso de que no sea cubierto, podrá proceder al embargo en los términos que el propio artículo dispone, estableciendo en el cuarto párrafo de su fracción II, que: "Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades ...", el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento; esto es, que tal disposición no remite, para hacer efectivo el crédito, a los términos y condiciones que refieren los artículos 144 y 145 del Código Fiscal, sino que le permite a la autoridad requerir al contribuyente cuando se revoque la autorización de pago en parcialidades, de lo que se concluye que como lo refieren las inconformes, tales disposiciones, sin lugar a dudas, establecen el fundamento para que la autoridad demandada formulara el requerimiento al actor, al haberse ubicado en el supuesto contemplado en la fracción III del artículo 66 citado, y por ende, para formular el requerimiento de pago no era necesario que la autoridad demandada agotara el procedimiento establecido en los artículos 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación, para determinar en cantidad líquida el crédito, como lo estimó la autoridad sentenciadora, pues éste ya se encontraba determinado.
Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que este tribunal comparte, visible a foja 374, parte II, Segunda Parte-2 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "PARCIALIDADES. CON LA SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO, SE GENERA LA OBLIGACIÓN DE EMPEZAR A ENTERARLAS.-Resulta falsa la aseveración que hace la parte quejosa en el sentido de que ninguna obligación de pago en parcialidades se había instituido entre ella y autoridad fiscal alguna, toda vez que como quedó demostrado habiendo presentado su solicitud de pago en parcialidades, su obligación de empezar a enterar los pagos se generó al mismo tiempo, aun cuando todavía no se resolviera sobre la misma, según lo previsto por el artículo 59 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, de lo que se concluye que la obligación de pago no se establece necesariamente como resultado del obsequio de la solicitud de convenio, sino que también por imperativo de la ley con la sola presentación de la solicitud de convenio o pago a plazos, por lo que lógica y legalmente el derecho de la autoridad fiscal para iniciar la ejecución del cobro, se había actualizado.".
Atento a lo razonado, procede declarar fundado el presente recurso, revocar la sentencia recurrida y devolver los autos a la Sala Fiscal, para que emita otra en la que atienda lo expuesto en la presente ejecutoria, y resuelva lo que en derecho corresponda respecto de los conceptos de anulación que se abstuvo de estudiar.
Lo que es acorde con la jurisprudencia por contradicción de tesis número 6/91, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 759 y vuelta del Tomo III del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, jurisprudencia por contradicción de tesis, que dice: "REVISIÓN FISCAL. INAPLICABILIDAD DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO.-El amparo directo y la revisión de que conocen los Tribunales Colegiados de Circuito, en razón de su jurisdicción especial, sólo constituyen medios conferidos a los particulares o a las autoridades para ocurrir ante la Justicia Federal en defensa de sus intereses, en contra de sentencias pronunciadas por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. La similitud entre esos medios de defensa extraordinarios lleva a la conclusión de que las resoluciones que en ambos casos se dicten, sólo pueden ocuparse de las cuestiones analizadas por la potestad común, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, resultando por ello, inaplicable a las revisiones fiscales, lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, del propio ordenamiento; de manera que si en éstas se concluye que son fundados los agravios, de existir conceptos de anulación no estudiados por la Sala responsable, deben devolverse los autos a la Sala de su origen para que se haga cargo de las cuestiones omitidas, de la misma manera que ocurre en el amparo directo que no permite la sustitución de facultades propias de la responsable. Ello es así porque si bien el artículo 104 constitucional, en su fracción I-B, dispone que las revisiones contra resoluciones de tribunales contenciosos de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, ‘se sujetarán a los trámites que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto ...’, ello no significa que tales revisiones deban resolverse con las mismas reglas del amparo indirecto en revisión, sino tan sólo que su trámite debe ajustarse a dichas reglas.".
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal, y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Se revoca la sentencia recurrida de dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Primera Sala Regional del Noroeste del Tribunal Fiscal de la Federación, en el expediente número 527/98.
Notifíquese, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Evaristo Coria Martínez, Ana María Serrano Oseguera de Torres y Jorge Farrera Villalobos, siendo ponente la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5654-179b7b54/autodeterminacion-del-contribuyente-hace-innecesaria-la-resolucion-liquidatoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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