Corpus
Modo: Corpus Pro

TÍTULOS EJECUTIVOS. ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. REQUISITOS PARA QUE CONSTITUYAN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 454/98. · Registro digital (IUS): 5741
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCO INVERLAT, S.A., GRUPO FINANCIERO INVERLAT.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, , Pág. 705.

AMPARO DIRECTO 454/98. BANCO INVERLAT, S.A., GRUPO FINANCIERO INVERLAT.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-De la totalidad de actuaciones practicadas en el procedimiento natural y en el toca de origen, remitidas a este tribunal por la Sala responsable, a las que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se otorga valor probatorio pleno, se desprende que la parte quejosa compareció ante el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, a demandar, en la vía ejecutiva mercantil de Luis Priego Álvarez y Fridy Romellón Álvarez de Priego, el pago de pesos, derivado del contrato de apertura de crédito refaccionario ganadero, con interés y garantía prendaria e hipotecaria celebrado por ambas partes el dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, presentando como documentos fundatorios de su acción, el citado contrato y la certificación expedida por José del Carmen Velázquez Velázquez, contador facultado de dicha institución, en la que se estipula un adeudo total por un millón ochocientos trece mil trescientos veinticinco pesos con veinticinco centavos; que seguido el procedimiento natural el diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho el Juez de origen dictó sentencia definitiva en tal procedimiento declarando improcedente la vía ejecutiva mercantil intentada, dejándole a salvo sus derechos a la actora para que los hiciera valer en la vía y forma que correspondiere; y que inconforme con tal resolución, la hoy quejosa interpuso en su contra recurso de apelación, que fue resuelto por la Sala responsable mediante la sentencia reclamada en el presente juicio de garantías, confirmando la sentencia apelada.

Ahora bien, el contrato fundatorio de la acción celebrado tanto por la institución de crédito aquí quejosa como por la parte tercero perjudicada, reviste, entre otras, las siguientes características:

a) Es un contrato de apertura de crédito refaccionario ganadero, con interés y garantía prendaria e hipotecaria (fojas treinta y uno a cuarenta de los autos del juicio de origen), en el que la parte quejosa otorgó a los acreditados, un préstamo en moneda nacional hasta por la cantidad necesaria para cubrir la ejecución física del proyecto que les fue presentado, la que no podría exceder del monto que resultara de aplicar a la cantidad de un millón de pesos, considerado como crédito base, la fórmula del anexo tres que se agregó al apéndice de ese instrumento.

b) En la cláusula cuarta del contrato citado, se estableció que las cantidades ejercidas por el acreditado, causarían intereses mensuales por el saldo insoluto del préstamo a una tasa anual de Cetes consignada sobre la base del año comercial de trescientos sesenta días.

c) Por la importancia que reviste en relación con los conceptos de violación, se transcribe la cláusula décima segunda del contrato de mérito:

"Décima segunda. Si ‘el acreditante’ no cumple con las condiciones reconocidas y demás señaladas por parte del Banco de México, F.I.R.A.; se le podrá requerir anticipadamente el pago del crédito, para lo cual acepta que bastará la simple comunicación de dicho fideicomiso a ‘el acreditante’, para acreditar su rescate. En tal caso, ‘la institución’ liquidará el saldo del crédito al fideicomiso antes mencionado, modificándose a partir del rescate, las obligaciones contraídas por el ‘acreditado’ de la siguiente manera: A) Los intereses normales a razón del Cetes más 2 puntos la tasa normal pactada sobre saldos insolutos diarios del capital vigente computable desde la fecha de disposición del crédito hasta el vencimiento, intereses que se capitalizarán mensualmente y serán liquidados anualmente durante el transcurso del proyecto. Convienen las partes en que la tasa de intereses pactados en el presente documento, será variable y se revisará mensualmente. Respecto de la parte del financiamiento otorgado con recursos de ‘el acreditante’ y ‘el fondo’, ‘el acreditado’ se obliga (n) a pagar a ‘el acreditante’ intereses a una tasa anual sobre saldos insolutos que podrá calcularse tomando como tasa de referencia el costo porcentual promedio, que en lo sucesivo se le denominará también como CPP que determina el Banco de México, o la tasa ponderada de los Certificados de la Tesorería de la Federación, que en lo sucesivo se le denominará también Cetes, más dos puntos porcentuales, lo que resulte mayor, de conformidad con las siguientes bases: I. Cuando se tome como tasa de referencia el costo porcentual promedio (CPP) Banxico, la tasa de interés será variable y estará compuesta de dos elementos variables: 1o. Una base o costo financiero que será igual al CPP Banxico definido como el costo porcentual promedio por concepto de tasa y, en su caso, sobre tasa de interés de los pasivos en moneda nacional correspondiente a préstamos de empresas y particulares y depósitos a plazo, excepto del ahorro, del conjunto de la banca y que variará cuando se altere dicho CPP Banxico, o el costo financiero que lo sustituya según la información que mensualmente o con una periodicidad menor proporcione dicho Banco Central, el cual según el del mes de diciembre ha sido de 16.62 (dieciséis punto sesenta y dos) y, 2o. Un margen financiero consistente en 15.38 quince punto treinta y ocho puntos porcentuales adicionales al CPP Banxico antes mencionado, dicho margen financiero será variable conforme a las bases que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México o el organismo al que resultaren asignadas estas funciones, o en ausencia de éstos, los que determine la ‘institución acreditante’. Por lo tanto, la tasa de interés aplicable en esta fecha es de 32.00% treinta y dos por ciento anual, la cual será ajustada conforme se alteren uno y otro o ambos de los elementos citados. II. Cuando se tome como tasa de referencia la tasa ponderada de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), la tasa de intereses será variable y estará compuesta de dos elementos variables: 1. Una base o costo financiero que será igual a la tasa promedio de rendimiento de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) de las cuatro últimas semanas de colocación primaria a plazo de 27, 28 y 29 días conocidas hasta el día veinte del mes en que deben cobrarse los intereses, y que en esta fecha es 14.43% catorce punto cuarenta y tres puntos y 2. Un margen financiero consistente en 17.57 diecisiete punto cincuenta y siete puntos porcentuales adicionales; dicho margen financiero será variable conforme a las bases que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México o el organismo al que resultaren asignadas estas funciones, o en ausencia de esto, los que determinen ‘la institución acreditante’ por lo tanto la tasa de interés aplicable a esta fecha es de 32.0% treinta y dos por ciento anual, la cual será ajustada conforme se alteren uno y otro o ambos de los elementos citados. En caso de que cualquiera de los instrumentos antes mencionados dejara de existir o en el momento de hacer cálculo de los intereses respectivos no se conociese su cotización, la institución hará el mencionado cálculo con base en los instrumentos de captación financiera que los sustituya. Dichas modificaciones se llevarán a cabo sin necesidad de convenio posterior con ‘el acreditado’ los cuales desde ahora se obliga (n) a pagar la tasa de interés modificada aceptando que la suma que resulte del ajuste correspondiente será cargada en cuenta de cheques de la que fuere titular en alguna sucursal de ‘el banco’ dicho cliente o bien se obliga (n) a liquidarla en efectivo en las fechas en que se le (s) requiera. Si ‘el acreditado’ no aceptare (n) los ajustes antes referidos deberá (n) pagar anticipadamente el saldo insoluto de (l) (los) crédito (s) que se encuentra (n) a su cargo más los intereses devengados y demás accesorios en su caso. De no hacer el pago anticipado en dichas circunstancias, ‘el acreditante’ dará por rescindido el contrato. Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses pero podrán ser capitalizados a juicio de ‘la institución’ en los términos del artículo 363 trescientos sesenta y tres del Código de Comercio vigente para lo cual, las partes contratantes dan su expresa conformidad. III. Los intereses moratorios se determinarán multiplicando por el factor 1.5 uno punto cinco la tasa de interés ordinaria y se causarán durante todo el tiempo que se encuentren insolutas las cantidades vencidas no pagadas. Dicha tasa de interés moratorio se modificará cuando y en la forma que lo determine ‘la institución’..."

En sus conceptos de violación, la parte quejosa aduce en síntesis, que al emitir la sentencia reclamada, la Sala responsable vulnera en su perjuicio las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, porque según su entender, el documento que presentaron como fundatorio de su acción en el juicio ejecutivo mercantil de origen, sí reúne los requisitos previstos por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito para que junto al contrato de crédito de origen, fuera considerado como título ejecutivo en contra de los demandados tercero perjudicados.

Tales conceptos de violación resultan infundados.

En efecto, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece:

"Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito. El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato: I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados."

Así se tiene, que contrario a lo afirmado por la quejosa, la certificación de referencia, no cumple con los requisitos a que se refiere el transcrito artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito para ser considerada junto con el contrato base de la acción, como título ejecutivo, porque atendiendo a su naturaleza no puede hacer fe en el rubro de la cantidad reclamada por concepto de intereses, salvo prueba en contrario en el juicio natural en términos del artículo antes citado, porque sólo contiene un desglose de los movimientos que originaron el saldo reclamado, mas no la totalidad de estos, que son: a) la identificación del crédito celebrado entre las partes, b) la cantidad a la que ascendió c) fecha hasta la que se calculó el adeudo, d) capital vencido a la fecha del corte, e) los pagarés mediante los que se hicieron las disposiciones del crédito por parte de los acreditados, f) monto de las mismas, g) fechas de vencimiento, h) tasas de interés normales, i) pagos no efectuados al capital, j) pagos hechos sobre los intereses; y k) específicamente, todo lo relativo a los intereses ordinarios y moratorios, ya que respecto a esto último, el citado contador se limitó a establecer el periodo respectivo y los días transcurridos, las tasas y el importe, pero de ninguna manera menciona en relación al contrato y a las formas en que las partes pactaron cómo se integrarían los intereses, por qué razones concluía el monto de cada una de las tasas de intereses ordinarios, y la razón por la cual se aplicaban las tasas relativas a los intereses moratorios; obligación que le impone el multicitado artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, pues como se vio con antelación, las partes convinieron en lo relativo al cobro de los intereses ordinarios y moratorios que estos se cobrarían con base en instrumentos pertenecientes al sistema financiero como los Cetes y el costo porcentual promedio entre otros; de manera que es evidente que para que pueda considerarse desglosado el estado de cuenta relativo a los adeudos por concepto de intereses ordinarios y moratorios, el contador facultado por la institución acreedora debió haber precisado en la certificación correspondiente; es decir, asentar cuáles fueron los instrumentos utilizados para concluir los saldos a que se refiere y cual fue el mecanismo que utilizó de manera contable, con relación a lo pactado, para llegar a la conclusión del citado estado de cuenta, y al no haberlo hecho así, como acertadamente lo afirma la responsable, se limitó la capacidad de preparar la defensa de los demandados, terceros perjudicados al desconocer el origen de tales cantidades, pues no es suficiente saber el monto de lo que corresponde a dichos rubros y las tasas, sino que es necesario evidenciar de qué manera se obtuvieron.

Es aplicable al caso, el criterio sustentado por este tribunal al resolver el amparo directo número 409/94, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-Febrero, tesis X.1o.53 C, página 221 y los diversos amparos directos 386/99, 301/98 y 515/98 cuyo tenor literal, es el siguiente:

"-La certificación que exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, no lo constituye un estado de cuenta en el que se mencione un saldo anterior a cargo del deudor al que se le agreguen los intereses correspondientes a un determinado mes y los intereses moratorios, sino que la presentación del estado de cuenta que dicho precepto exige es una explicación más detallada de las operaciones bancarias respectivas, esto es, que de la certificación expedida por el contador del banco acreedor se pueda conocer cuál es el adeudo a cargo del obligado; por tanto, si junto con el contrato de apertura de crédito se exhibió una certificación en la que no se especificó el procedimiento seguido para determinar el monto del saldo anterior citado en forma aislada, esto no constituye en modo alguno título ejecutivo que traiga aparejada ejecución, ya que el deudor no puede conocer de donde surgió el saldo certificado ni cuáles fueron las operaciones que le dieron origen, negándosele con ello la oportunidad de defenderse frente a las reclamaciones de su contraparte; por lo que al no existir base jurídica para probar la partida en cuestión, es obvio que la sentencia impugnada que declaró procedente su pago con base en dicha documental, es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República."

Igualmente, es aplicable, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, compartido por este órgano constitucional, que aparece publicado en la página 646 del Tomo IV, septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA. DEBE CONTENER LOS INSTRUMENTOS QUE SIRVIERON PARA CALCULAR LOS INTERESES RECLAMADOS (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).-Cuando en los contratos en los que se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, se hubiere convenido que los intereses ordinarios y moratorios se calcularían en base a determinados instrumentos bancarios, como por ejemplo el Costo Porcentual Promedio, Banxico, Cetes o el instrumento de mayor rendimiento en el sistema financiero mexicano; el contador facultado por la institución acreedora deberá precisar en la certificación correspondiente cuáles fueron dichos instrumentos, es decir, de dónde provienen los intereses reclamados, pues de lo contrario, se limita la capacidad de defensa del demandado al desconocer el origen de tales cantidades, ya que no es suficiente saber que corresponden a aquel rubro, sino que es necesario evidenciar de dónde y cómo se obtuvieron."

Igualmente encuentran apoyo las anteriores consideraciones en las ejecutorias emitidas por este propio tribunal al resolver los amparos 69/998 y 396/998.

En conclusión, tenemos que resultan infundadas las alegaciones de la quejosa, tendientes a demostrar que la citada certificación del contador sí cumple con los requisitos necesarios en los términos del artículo 68 de la ley en comento, para ser considerado título ejecutivo junto con el contrato, pues como se consideró con anterioridad, cuando en el contrato se pactó el cobro de intereses con base en los citados instrumentos bancarios y financieros, y estos se pretenden cobrar en la vía ejecutiva en los términos del artículo 68 antes citado, no basta señalar el periodo, la tasa y el monto de los intereses generados, sino que es esencial especificar con precisión de qué manera, atendiendo a lo pactado, se generaron las tasas correspondientes a dichos montos.

Igualmente, resultan infundadas las alegaciones vertidas en el sentido de que el Juez de primera instancia debió haber analizado la litis que se planteó en el procedimiento natural con las defensas y excepciones que opusieron los demandados a la acción intentada en su contra, porque de haberlo hecho, se hubiera percatado, que con la prueba pericial contable que estos ofrecieron, se acreditaba que el citado certificado de contador si reúne los requisitos exigidos por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Esto, porque como legalmente lo consideró la Sala responsable en la sentencia reclamada, el hecho de que no sea en el auto de exequendo en el que debe analizarse si los estados de cuenta certificados por el contador de la institución de crédito actora reúne los requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, sino en la sentencia definitiva en base a las excepciones opuestas y pruebas desahogadas por las partes a fin de desvirtuar el carácter ejecutivo que les atribuye la actora, esto no significa que deba realizarse forzosamente un estudio de la litis planteada y las pruebas con las que se trataron de acreditar la acción y excepción, puesto que si como en el caso concreto al realizar el análisis respectivo, de la simple lectura del documento certificado por el contador de la actora el a quo se percató que no reunía los requisitos de ley para la procedencia de la vía ejecutiva, es incuestionable que no tenía por qué realizar un análisis de diversas cuestiones, entre estas las pruebas desahogadas, porque aun en el supuesto sin conceder de que con la pericial contable ofrecida en tal procedimiento se hubiera acreditado que las cantidades ahí consignadas son las que efectivamente adeudan los demandados, no es en la etapa de desahogo de pruebas en la que debe acreditarse la procedibilidad de los rubros contenidos en el certificado en cuestión, sino en el propio texto del documento, a fin de que el demandado tenga conocimiento del origen de las cantidades que se le reclaman.

Por último, resulta infundado, el concepto de violación que se esgrime en el sentido de que la sentencia combatida carece de fundamentación y motivación.

Esto, porque como bien puede observarse de la simple lectura de la sentencia reclamada, en ella, la Sala responsable citó como fundamentos esenciales, para resolver la litis de segunda instancia los artículos 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1391 del Código de Comercio invocando como apoyo a su considerar, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, de rubro: "ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL CONTADOR DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO ACREEDORA. DEBE CONTENER LOS INSTRUMENTOS QUE SIRVIERON PARA CALCULAR LOS INTERESES RECLAMADOS (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).", que estimó aplicables al caso, y expresó, también en forma precisa, las razones, motivos o circunstancias especiales que le condujeron a concluir que resultaban infundados los agravios expresados por la recurrente; adecuando además, tal razón con las hipótesis normativas en que se fundó, de lo que se sigue que la Sala Civil responsable acató la obligación que le impone el artículo 16 constitucional.

En estas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la peticionaria de garantías antes estudiados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 184 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Banco Inverlat, Sociedad Anónima, Grupo Financiero Inverlat, a través de su apoderado Ulises Chávez Vélez, contra los actos que reclamó de la autoridad que quedó precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, anótese en el libro de gobierno, expídanse las copias de ley, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados licenciados Sara Judith Montalvo Trejo, quien fue la ponente, Roberto Alejandro Navarro Suárez y Alfonso Soto Martínez, como presidente, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5741-6d2a7b39/titulos-ejecutivos-estados-de-cuenta-bancarios-requisitos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.