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Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (VIGENTE EN 1996-1998) INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 61, INCISOS B) Y C). RIESGOS DE TRABAJO. DISTINCIÓN ENTRE EL SISTEMA QUE CONTEMPLA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 112/98. · Registro digital (IUS): 5749
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GUADALUPE PEÑA TOVAR.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, , Pág. 639.

AMPARO DIRECTO 112/98. GUADALUPE PEÑA TOVAR.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Previamente es conveniente precisar que este órgano colegiado sólo se aboca al análisis del concepto de violación indicado con el inciso B), en virtud de que la parte quejosa en auto de treinta y uno de marzo del año en curso (foja 29 del cuaderno de amparo), se conformó con el laudo emitido por la Junta responsable en sus resolutivos tercero y quinto y, se desistió del concepto de violación señalado bajo el inciso A) de la demanda de garantías.

Señalado lo anterior, por lo que respecta al concepto de violación que se analiza relativo a la subrogación planteada por la codemandada Comisión Federal de Electricidad respecto a la indemnización por riesgo de trabajo, resulta infundado.

En efecto, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable no toma en consideración que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cubre la pensión por incapacidad parcial permanente derivada de enfermedades de tipo profesional, a razón de un setenta por ciento del salario cotizado por el trabajador, mas no así con el cien por ciento del salario integrado y real percibido, y que por tanto la diferencia entre ambos porcentajes, es decir el treinta por ciento de los mil noventa y cinco días que se subroga el instituto, más la diferencia entre salario cotizado y el salario integrado percibido por el trabajador, debe quedar a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Ahora bien, en el laudo combatido la Junta determinó al respecto lo siguiente: "En lo referente a las prestaciones reclamadas a la Comisión Federal de Electricidad, consistente en el reconocimiento de la valuación que fije el Instituto Mexicano del Seguro Social, reclamadas por el actor, en el inciso A), del capítulo respectivo, tomando en cuenta que quedaron acreditados los padecimientos de enfermedades profesionales, se condena a Comisión Federal de Electricidad, a reconocer al actor la incapacidad parcial permanente del 28% que le determina este tribunal por los padecimientos de bronquitis química industrial e hipoacusia, asimismo, y tomando en cuenta que la prestación reclamada en el inciso b), consistente en el pago de indemnización por incapacidad parcial que presenta el actor, es una prestación accesoria a la principal, ya que en autos está demostrado y aceptado por las partes, que conforme a la cláusula 61 del contrato colectivo de trabajo, los trabajadores tienen derecho al pago de las indemnizaciones tomando como base 1640 días de salario que corresponde a una incapacidad total permanente, motivo por el cual, si en el expediente también se encuentra demostrado que Comisión Federal de Electricidad, tiene inscritos a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, dicho instituto lo subroga en la obligación de indemnizar por riesgos de trabajo, con prestaciones equivalentes de pensiones, en este caso, el instituto subroga al demandado Comisión Federal de Electricidad, como esta misma lo señala en la foja 44 de los autos, en la proporción que se señala en el artículo 60 de la Ley del Seguro Social, y en relación con el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, se encuentra subrogado en lo correspondiente a 1095 días y sobre el excedente que otorga el contrato colectivo de trabajo que en este caso son 1640, es sobre la que deberá de determinar el monto de la indemnización, es decir sobre 545 días deberá de obtenerse el porcentaje que corresponde al 28% y a su vez, cuantificarse por el salario percibido por el trabajador y dado que la cláusula 61 del contrato colectivo de trabajo, señala que dicha prestación debe de cuantificarse con el último salario, se ordena abrir el incidente de liquidación para la cuantificación de la citada prestación, la que deberá de realizarse con las bases antes establecidas y con el último salario percibido por el reclamante.".

En el punto resolutivo cuarto del laudo que se combate, dice:

"CUARTO.-Se condena a la demandada Comisión Federal de Electricidad, a reconocerle a Guadalupe Peña Tovar, la incapacidad del 28% que se le otorga en esta resolución por los padecimientos de bronquitis química industrial y la hipoacusia, y pagarle la indemnización por incapacidad parcial permanente de un 28% sobre 545 días, a razón del último salario que esté percibiendo, para cuya cuantificación también se ordena abrir el incidente de liquidación en los términos de lo señalado en el último considerando de fondo de la presente resolución."

Al respecto también es conveniente señalar que en materia de riesgos de trabajo la Ley Federal del Trabajo enumera en su artículo 477 los siguientes:

I. Incapacidad temporal;

II. Incapacidad permanente parcial;

III. Incapacidad permanente total; y

IV. La muerte.

En cuanto a lo que interesa en el presente asunto, se verá únicamente por lo que hace a la fracciones II y III del numeral transcrito.

La incapacidad permanente parcial que regula el artículo 492 del ordenamiento legal mencionado señala:

"Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado por la reeducación del trabajador."

Por su parte el artículo 495 de la ley laboral que contempla la incapacidad permanente total a la letra dice:

"Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil noventa y cinco días de salario."

Los preceptos legales transcritos señalan como regla general que la manera de indemnizar al trabajador que sufra un riesgo de trabajo es la siguiente:

A) Incapacidad permanente total: cantidad equivalente a 1095 días de salario.

B) Incapacidad permanente parcial: es el resultado que se obtenga del porcentaje de afectación que se le haya determinado al trabajador por el riesgo de trabajo por 1095 días de salario.

Los pagos o formas de liberación por la responsabilidad, correspondiente a las incapacidades que se determinen conforme al ordenamiento en comento, se realizarán a través de indemnizaciones.

Por su parte, el sistema consagrado en la Ley del Seguro Social, consiste en pensiones y no indemnizaciones, tal y como se estipula en la Ley Federal del Trabajo.

El artículo 60 de la Ley del Seguro Social señala que el patrón, que haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado del cumplimiento de las obligaciones por responsabilidad que por dicha clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo; entendiéndose que subrogar significa relevar al obligado (patrón) del cumplimiento íntegro de sus obligaciones aun cuando la equivalencia de sus prestaciones, no sea coincidente en lo aritmético de acuerdo como lo disponen las tesis de jurisprudencia, aplicadas por analogía, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo V, Materia de Trabajo, tesis 457 y 458, páginas 302 y 303, que respectivamente dicen:

"RIESGO DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CASO DE. BENEFICIARIOS.-El Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a lo ordenado por la ley que lo rige, se subroga en la obligación que la Ley Federal del Trabajo impone a los patrones en caso de riesgos de trabajo cuando aseguran a sus trabajadores en dicha institución, por lo que el derecho a la indemnización (o en su equivalencia jurídica, consistente en pensión) en los casos de muerte, debe pagarse a los beneficiarios que señala la propia ley, y en su defecto, a los demás beneficiarios a que se refiere el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo de 1970."

"RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN POR EL SEGURO SOCIAL. EQUIVALENCIA JURÍDICA DE LAS PRESTACIONES.-En principio, tratándose de riesgos de trabajo, los patrones son responsables del pago de las indemnizaciones que resulten, y la Ley Federal del Trabajo de 1970 señala en el artículo 502, que en caso de muerte del trabajador la indemnización relativa será la cantidad equivalente al importe de 730 días de salario; pero en el artículo 60 de la Ley del Seguro Social en vigencia desde el 1o. de abril de 1973, se establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga en la obligación que la Ley Federal del Trabajo impone a los patrones en materia de riesgos de trabajo, cuando aseguran a sus trabajadores en contra de tales riesgos, estimándose que existe una equivalencia jurídica entre las prestaciones que cubre el Instituto Mexicano del Seguro Social por la muerte de un trabajador a consecuencia de un riesgo de trabajo y las que señala la ley laboral, aun cuando aquéllas se paguen en forma de pensiones o prestaciones periódicas, puesto que ambas tienen el mismo carácter de prestaciones sociales, aunque no exista equivalencia aritmética por la distinta forma en que se liquida a los beneficiarios. Las prestaciones a que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social, en estos casos, consisten en el pago de pensiones y tienen equivalencia jurídica al importe de los 730 días de salario, a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, y si en un contrato colectivo se estipula una cantidad mayor de días por el propio concepto, resulta incontrovertible la existencia de una diferencia que el patrón está obligado a cubrir."

En esta tesitura, la regla que se consigna en la Ley del Seguro Social para solventar los riesgos de trabajo, en tratándose, ya sea de incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial, se encuentra prevista en el artículo 65, fracciones II y III, las que en su parte conducente son del tenor literal siguiente:

"Artículo 65. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:

"II. Al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual de acuerdo con la siguiente tabla: ...

"Los trabajadores inscritos en el grupo W tendrán derecho a recibir una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del salario diario en que estuvieren cotizando ...

"III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total ..."

Una vez hecha la distinción entre el sistema que se contempla en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, se puede concluir que:

A) Tratándose de incapacidad permanente total la indemnización consistirá en:

a. 1) 100% de los 1095 días de salario conforme a la Ley Federal del Trabajo.

B) Tratándose de incapacidad permanente parcial la indemnización consistirá en:

b. 1) La parte proporcional que se obtenga de los 1095 días, de acuerdo al porcentaje de incapacidad que se haya determinado al trabajador con motivo del riesgo de trabajo (conforme a la Ley Federal del Trabajo).

Los anteriores conceptos se tendrían que pagar de esa manera (como indemnización en una exhibición) si el patrón no tuviese asegurados a sus trabajadores y, por tanto, no hubiera subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. En cambio si el patrón tiene asegurados a sus trabajadores, el riesgo de trabajo se cubrirá con pensión (entregas periódicas) a cargo del instituto de la siguiente manera:

A) Tratándose de incapacidad permanente total, la pensión consistirá en un 70% del salario en que se estuviese cotizando. Debe entenderse que el porcentaje en mención no implica que sea un 70% de los 1095 días, sino que equivale a un 100% de los 1095 días, ya que se trata de una equivalencia jurídica y no aritmética de acuerdo con la tesis que se citó con antelación.

B) Tratándose de incapacidad permanente parcial, la pensión consistirá en el porcentaje de incapacidad que se aplicará al 70% del salario en que se estuviese cotizando.

Sentado lo anterior, cabe señalar que resulta infundado lo aducido por la parte quejosa, ya que la determinación de la Junta responsable, contrariamente a lo aducido, fue correcta pues no es cierto el hecho de que se le adeude un 30% de los 1095 días a que la Junta condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que éste sólo tiene que pagar una pensión sobre la base de un 70% del salario lo que equivale a los 1095 días, pues como ha quedado indicado con antelación, una forma de pago o liberación, a través de una pensión (pagos periódicos) constituye un porcentaje aritmético y no jurídico, es decir, equivaldría al 100% en caso de que se tratase de una indemnización por incapacidad total o, en su defecto, al porcentaje equivalente que resulte del grado de incapacidad que se haya determinado al trabajador si la incapacidad es parcial.

Por lo tanto, si en el caso el Instituto Mexicano del Seguro Social ya otorgó una pensión al trabajador en el porcentaje que le corresponde en atención al grado de incapacidad que se le haya determinado (28%), éste se subrogó en la obligación que tenía el patrón en razón de los 1095 días a que se refiere el artículo 495 de la Ley Federal del Trabajo.

En esta misma tesitura, debe hacerse igual consideración por lo que respecta a lo señalado por la Junta responsable al establecer que por lo que respecta al excedente que el Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad otorga a sus trabajadores que en este caso son 1640 días de salario, es sobre la base del diferencial respectivo que deberá de determinar el monto de la indemnización, es decir sobre la base de 545 días se deberá de aplicar el porcentaje que corresponde al 28% que es la incapacidad que en este caso se determinó al trabajador.

Para mejor claridad del asunto es conveniente señalar que en el Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad se reproduce y parte de reconocer como válido lo previsto en la Ley Federal del Trabajo en su título noveno, sin perjuicio de lo cual procede transcribir la cláusula 61, incisos b) y c) del contrato colectivo citado que es del tenor literal siguiente:

"Cláusula 61. Riesgos de trabajo

"b) Incapacidad total permanente. Cuando resulte al trabajador por riesgo de trabajo, incapacidad total permanente, la CFE pagará una indemnización equivalente al importe de 1,640 (un mil seiscientos cuarenta) días de salario que percibía al ocurrirle el riesgo, incrementado con los aumentos que correspondan al puesto que desempeñaba desde la fecha del riesgo a la del pago de la indemnización, más una compensación de 20 (veinte) días del mismo salario, por cada año de servicio.

"c) Incapacidad parcial permanente. Cuando el riesgo de trabajo produzca incapacidad parcial permanente, los trabajadores afectados recibirán de la CFE la indemnización calculada sobre la base de 1,640 (un mil seiscientos cuarenta) días de salario que percibía el trabajador al momento de sufrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho conforme a la tabla de valuación de la ley. CFE efectuará el pago en forma expedita."

De lo transcrito se puede concluir que:

A) Tratándose de una incapacidad total permanente el trabajador tendrá derecho a una indemnización por el 100% de los 1640 días de salario.

B) Tratándose de una incapacidad parcial permanente, tendrá derecho a la parte proporcional que se obtenga de los 1640 días de salario de acuerdo al porcentaje de incapacidad que se haya determinado al trabajador con motivo del riesgo de trabajo.

En consecuencia, si en el caso concreto se determinó al quejoso una incapacidad parcial permanente de un 28% y el excedente de los días de salario de incapacidad con motivo del contrato colectivo de trabajo son 545 días, resulta que la determinación de la Junta fue correcta al establecer que la codemandada debe de pagar como indemnización la cantidad que se obtenga de aplicar el porcentaje del 28% a los 545 días de salario.

En razón de lo anterior, y al estar perfectamente ajustada a derecho la decisión de la Junta responsable, lo conducente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78 y 158 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guadalupe Peña Tovar, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, firmando los licenciados Luz Patricia Hidalgo Córdova, como presidente y Jean Claude Tron Petit, como ponente, en unión del secretario de Acuerdos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5749-60e4e09b/comision-federal-de-electricidad-contrato-colectivo-de-trabajo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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