Corpus
Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO SON APLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. LA INSERCIÓN DE SU CARGO EN INVITACIONES O DOCUMENTOS ANÁLOGOS, NO DENOTA INDEBIDA OSTENTACIÓN NI PREPOTENCIA. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO. LA OBTENCIÓN DE UN BENEFICIO ECONÓMICO PROCEDENTE DE QUIEN ES PARTE EN UN JUICIO DE AMPARO DE SU CONOCIMIENTO, ES FALTA GRAVE QUE JUSTIFICA SU REMOCIÓN. REVISIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVERLO.

Tipo de asunto: REVISIÓN ADMINISTRATIVA 2/95 · Registro digital (IUS): 5882
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, , Pág. 474.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (CONSEJO) 2/95.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: ALEJANDRO S. GONZÁLEZ BERNABÉ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En la parte inicial de su agravio primero, aduce el recurrente esencialmente lo siguiente:

1. Que le causa agravio el inciso b) del considerando segundo de la sentencia recurrida, porque en él se hace un razonamiento en el sentido de que se "estableció una relación amistosa" entre el recurrente y el licenciado ... y su esposa, amistad tan estrecha que estos últimos apadrinaron a su hija ... con motivo de sus XV años, lo que resulta inexacto porque nunca se reconoció la existencia de esa amistad ni existe prueba de ello, ya que si bien reconoció una relación de trato, esto no significa la existencia de estrecha amistad.

1.1. Que le causa perjuicio el inciso c) del mismo considerando porque en él se afirma que el licenciado ... contrató un salón de fiestas para cien personas erogando la cantidad de $3'000,000.00 según factura que se anexó; afirmación que resulta incorrecta porque indebidamente se le otorga valor probatorio a la copia fotostática simple de la mencionada factura, valor que después el propio consejo le niega. Que la factura no tiene valor probatorio porque se refiere a la renta de un local y no al pago de cena alguna.

Agrega que se alteran los hechos, ya que como lo demostró, la invitación de la cena se le hizo a su esposa y a su hija, pero no a él; y que no quedó acreditado que el licenciado ... haya pagado la suma que menciona.

1.2. Que en el inciso d) del mismo considerando segundo, indebidamente se le otorga valor probatorio a las "invitaciones para la fiesta", siendo que en ningún momento refirió que se tratara de invitaciones para la fiesta sino la participación de un evento religioso.

1.3. Que en el inciso e) del considerando en cuestión, el Consejo de la Judicatura Federal considera que no obstante la existencia de impedimento, los juicios de amparo siguieron su curso sin que el Juez de Distrito se declarara impedido de su conocimiento, dada la evidente y pública relación de amistad con el licenciado ... por virtud de la profusión de las invitaciones para el festejo; afirmación que resulta incorrecta porque no quedó justificada la "profusión", ni la causa de impedimento que se menciona.

1.4. Que le causa agravio el inciso f) del considerando segundo porque se vuelven a alterar los hechos y se tiene por cierto que se contó con la presencia de cincuenta cadetes de la Escuela Naval de Mazatlán, Sinaloa, solicitados por el Juez de Distrito; cuando la verdad es que aceptó haber solicitado la presencia de quince cadetes para la custodia simbólica de su hija, pero no en su carácter de Juez de Distrito, máxime que en Mazatlán no ejercía ninguna jurisdicción; además, demostró en autos con la constancia expedida por el director de la Escuela Naval y con el ejemplar de un diario de Nayarit, que tal apoyo se le brinda a cualquier persona siempre y cuando no se infrinjan las normas reglamentarias de la institución.

1.5. Que en el inciso g) del mismo considerando segundo, se menciona que dictó sentencia en los juicios de amparo decretando el sobreseimiento, pero no se analizan las ejecutorias pronunciadas en revisión por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Décimo Segundo Circuito que confirman los fallos recurridos, de donde surge la prueba circunstancial de que no existía impedimento alguno.

Para poder dar respuesta a tales conceptos de agravio, es necesario volver a transcribir la parte relativa del considerando segundo que es la que en los agravios sintetizados compete el recurrente, que dice:

"SEGUNDO. De los antecedentes que obran en la presente queja administrativa, se advierte que los hechos que la sustentan se hacen consistir medularmente en lo siguiente:

"a) Que el licenciado ... el nueve y veintisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos, promovió ante el entonces único Juzgado de Distrito en el Estado de Nayarit, diversos juicios de amparo a los que les correspondieron los números 221/92 y 310/92.

"b) Que el licenciado ... y su señora esposa ... establecieron relación amistosa con el licenciado ... y su esposa la profesora ... amistad tan estrecha que estos últimos apadrinaron a su hija ... con motivo de la celebración de su decimoquinto aniversario y participaron en el festejo correspondiente el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y dos.

"c) Que el licenciado ... contrató un salón de fiestas para cien personas en el Hotel Real de Don Juan, para llevar a cabo la fiesta, erogando para ello la cantidad de $3,300,000.00 (tres millones trescientos mil pesos 00/100), según factura que se anexó.

"d) Que se formularon invitaciones para la fiesta, cuya copia certificada por el Notario Público número 14 ... en ejercicio en la primera demarcación territorial del Estado de Nayarit, obra en autos y cuyo texto es el siguiente:

"El Juez de Distrito del Estado de Nayarit.

"Lic. ... y su señora esposa.

"...

"Tienen el honor de invitar a usted y a su apreciable familia a la misa de acción de gracias, con motivo del XV aniversario del natalicio de su hija:

"...

"Se celebrará el día 5 de septiembre de 1992, a las 18:30 horas, en la catedral de Tepic, Nayarit.

"Oficiará la misa el señor obispo.

"...

"Sus padrinos.

"Lic. ... y Profa. ... ."

"e) Que a pesar de lo expresado en los incisos b) y c), los juicios de amparo siguieron su curso celebrándose las audiencias constitucionales en los meses de mayo y junio de mil novecientos noventa y dos, sin que el Juez de Distrito se declarara impedido de su conocimiento dada la evidente y pública relación de amistad con el licenciado ... por virtud de la profusión de las invitaciones para el festejo ya señalado.

"f) Que la fiesta se llevó a cabo en la fecha indicada, en la que además se contó con la presencia de un grupo de cadetes de la Escuela Naval de Mazatlán, Sinaloa, cuya participación fue solicitada por el propio Juez de Distrito al director de la mencionada escuela.

"g) Que en el mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, el Juez de Distrito ... dictó sentencia en los juicios de amparo ya indicados, sobreseyendo en los mismos."

Como se observa de la simple comparación de la parte transcrita de la resolución recurrida y de los conceptos de agravio esgrimidos, éstos resultan jurídicamente ineficaces, pues en los incisos del b) al g) del referido considerando segundo, el Consejo de la Judicatura Federal no expresa ninguna consideración propia, sino únicamente se concreta a puntualizar los hechos que derivan del escrito en el que se formula la queja administrativa; por tanto, al no realizarse en el apartado de la resolución que se analiza los razonamientos en los términos alegados por el recurrente, lo expresado como agravio en ese sentido debe, según se dijo, declararse jurídicamente ineficaz.

Cabe hacer la aclaración que en otra parte de sus agravios el recurrente reitera las argumentaciones que han sido declaradas ineficaces para combatir los mencionados incisos del b) al g) del considerando segundo de la resolución combatida, razón por la cual, tales manifestaciones serán objeto de estudio más adelante, cuando se tenga que examinar la parte especificada de la resolución que contiene las consideraciones que a juicio del inconforme le ocasionan los agravios a que alude. Se procederá, entonces, al examen de los restantes agravios esgrimidos, lo cual se hará atendiendo a cuestiones de orden lógico y no necesariamente al de su exposición.

Argumenta el recurrente que el Consejo de la Judicatura Federal no estuvo en lo correcto al estimar que la figura de la caducidad contemplada en el Código Federal de Procedimientos Civiles no debe aplicarse en las quejas administrativas: agrega que el consejo se contradice porque cuando valora las pruebas sí aplica de manera supletoria lo dispuesto en los artículos 95, 133, 197, 199 y 203, del mencionado ordenamiento, pero no para decretar la caducidad, no obstante que se dejó de actuar durante un año y cinco meses: y que no es verdad que en las quejas administrativas no pueda decretarse la caducidad aduciéndose que es de orden público e interés social dilucidar si existe o no por parte de Jueces y Magistrados conductas que revelen ineptitud manifiesta, mala fe, deshonestidad o alguna otra seria irregularidad, ya que también es de orden público y de interés social el que se respeten los derechos del hombre.

Este agravio resulta jurídicamente ineficaz como quedará demostrado a continuación:

El Código Federal de Procedimientos Civiles debe estimarse supletoriamente aplicable a los procedimientos administrativos que se tramiten ante autoridades federales, siempre y cuando no exista disposición expresa en contrario de la ley respectiva.

Así se advierte del contenido de la tesis publicada en la página 87, Volumen CXVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. El Código Federal de Procedimientos Civiles debe estimarse supletoriamente aplicable (salvo disposición expresa de la ley respectiva), a todos los procedimientos administrativos que se tramiten ante autoridades federales, teniendo como fundamento este aserto, el hecho de que si en derecho sustantivo es el Código Civil el que contiene los principios generales que rigen en las diversas ramas del derecho, en materia procesal, dentro de cada jurisdicción, es el código respectivo el que señala las normas que deben regir los procedimientos que se sigan ante las autoridades administrativas, salvo disposición expresa en contrario; consecuentemente, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles por el sentenciador, en ausencia de alguna disposición de la ley del acto, no puede agraviar al sentenciado."

En la especie, el Código Federal de Procedimientos Civiles no es aplicable supletoriamente a los procedimientos seguidos en las quejas administrativas que tienen por objeto investigar que la conducta de los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, se ajusten a las disposiciones constitucionales y legales con fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que tales funcionarios deben observar en el ejercicio de su cargo y, en su caso, fincarles la responsabilidad y aplicarles sanción a que son acreedores en términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Lo anterior es así, porque el artículo 45 de la referida Ley Federal de Responsabilidades contiene disposición expresa que excluye la aplicación que por regla general se hace del Código Federal de Procedimientos Civiles, al establecer:

"Artículo 45. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal."

Cabe mencionar que no obstante que tal precepto se encuentra dentro del capítulo IV, relativo a las disposiciones comunes para los capítulos II y III del título segundo (procedimientos en el juicio político), la redacción del artículo permite establecer con claridad que la intención del legislador no fue limitar la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales a las cuestiones no previstas en los procedimientos de los juicios políticos, sino a cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, dentro de los que se encuentra el que ahora se cuestiona.

Bajo ese contexto, no queda duda de que el Código Federal de Procedimientos Penales es el que puede aplicarse de manera supletoria al caso, y no el de procedimientos civiles como pretende el inconforme.

Más todavía, tampoco el Código Federal de Procedimientos Penales que es el ordenamiento supletorio, contempla la mencionada figura de la caducidad.

En tales condiciones, no asiste razón al inconforme al afirmar que la figura jurídica de la caducidad establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles debe aplicarse al caso de manera supletoria.

No pasa inadvertido a este tribunal que el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, contempla la figura de la prescripción de la sanción (no caducidad), en los siguientes términos:

"Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la secretaría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetarán a lo siguiente:

"I. Prescribirán en un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y

"II. En los demás casos prescribirán en tres años.

"El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiere cesado, si fue de carácter contínuo.

"En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 64."

En el caso, con independencia de que lo alegado por el ahora inconforme fue que operó la caducidad por haberse dejado de actuar en un lapso de año cinco meses -lo que ya quedó demostrado que no puede darse- mas no que la sanción haya prescrito, debe decirse que tampoco prescribió la sanción como enseguida se explicará:

Los hechos de los que se hace derivar la conducta indebida del licenciado ... ocurrieron el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y dos, al celebrarse la fiesta de XV años de su hija.

La queja fue presentada ante el Ministro ... entonces inspector del Juzgado de Distrito en Tepic, Nayarit, a principios del mes de abril de mil novecientos noventa y tres, sin que se pueda precisar la fecha exacta.

El citado Ministro inspector inició el procedimiento correspondiente al solicitar al licenciado ... un informe en relación a los hechos que se le imputaban. Dicha solicitud se la hizo durante la práctica de la visita ordinaria de inspección que llevó a cabo del veintitrés al veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres.

El informe fue rendido mediante escrito de fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres.

El Ministro inspector solicitó la formación y registro de la queja administrativa por escrito del siete de septiembre de mil novecientos noventa y tres, lo que fue acordado por proveído el día veintiuno siguiente.

El Consejo de la Judicatura Federal continuó con el procedimiento desde el trece de marzo de mil novecientos noventa y cinco, fecha en que tuvo por radicados los autos que le fueron remitidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por acuerdo del veintiuno de febrero del mismo año.

El diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco, tuvo verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con la que concluyó la investigación.

El procedimiento finalmente culminó con la resolución que ahora se recurre, dictada el primero de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.

La relación anterior permite establecer que la facultad del Consejo de la Judicatura Federal, para sancionar al licenciado ... no prescribió, pues de la fecha en que este incurrió en responsabilidad (cinco de septiembre de mil novecientos noventa y dos) a la en que se presentó la queja (abril de mil novecientos noventa y tres), y de ésta a la en que se inició el procedimiento (veintitrés, veinticuatro o veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y tres), no transcurrió el año a que se refiere la fracción I del mencionado artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aun para el caso de que el beneficio obtenido por el infractor no excediera de diez veces el salario mínimo mensual.

Tampoco corrió ese lapso de la fecha en que terminaron las investigaciones (diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco) a la en que se dictó la resolución que ahora se revisa (primero de noviembre del mismo año), tomando en cuenta, además, que desde que se inició el procedimiento (veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y tres), el término de la prescripción estuvo interrumpido, conforme a lo previsto en la parte final del artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

En las relacionadas consideraciones, queda también de manifiesto que la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para sancionar al licenciado ... no prescribió.

Por otro lado, y atentas las razones que se han dado con anterioridad, fue incorrecto que el Consejo de la Judicatura Federal haya valorado las pruebas desfavorables para el ahora recurrente en términos de algunos preceptos del Código Federal de Procedimientos Civiles; sin embargo, ello no determina la ilegalidad de su resolución por las razones que se expondrán en esta ejecutoria, haciendo la aclaración que este Pleno valorará las pruebas rendidas conforme a las disposiciones relativas del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por otra parte, argumenta el recurrente que la queja administrativa se tramitó de una manera irregular, sin proporcionarle el tiempo necesario para rendir su informe, ya que le fue entregada hasta el final de la visita del Ministro inspector con la indicación de que en ese mismo instante rindiera su informe.

Para estar en aptitud de hacerse cargo de estos agravios, se toma en consideración lo dispuesto por los artículos 94, cuarto párrafo 97, segundo y cuarto párrafos y 101 de la Constitución General de la República, vigentes en la época de los acontecimientos; 12, fracción XIII y 90, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dicen:

"Artículo 94. ...

"... El Pleno de la Suprema Corte determinará el número, división en circuitos y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito."

"Artículo 97. ...

"... La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado Federal; o algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual.

"...

"... Los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito serán distribuidos entre los Ministros de la Suprema Corte, para que éstos los visiten periódicamente, vigilen la conducta de los Magistrados y Jueces que los desempeñen, reciban las quejas que hubiere contra ellos y ejerzan las demás atribuciones que señala la ley ..."

"Art. 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los respectivos secretarios, no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo."

"Art. 12. Son, además, atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno, las siguientes:

"... XIII. Distribuir los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito entre los Ministros de la Suprema Corte o los supernumerarios, para que los visiten periódicamente, vigilen la conducta de los Magistrados y Jueces respectivos, reciban las quejas que hubieren contra ellos y ejerzan las demás atribuciones que esta ley y los reglamentos les señalen ..."

"Art. 90. Al practicar visitas reglamentarias los Ministros inspectores a que se refiere el artículo 12, fracción XIII de esta ley, a los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, deberán hacer constar, en el acta relativa, el número y especificación de los expedientes revisados; si se encuentran en orden, haciéndose especial mención de si las resoluciones y acuerdos fueron dictados y cumplidos oportunamente, y si las notificaciones y demás diligencias se efectuaron dentro de los plazos que establece la ley, poniendo la constancia respectiva en cada expediente revisado.

"...

"... Si los Ministros inspectores encuentran irregularidades en el despacho de algún Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito, darán cuenta al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que proceda con arreglo a la ley."

También se toma en cuenta que, en el caso, el escrito por el que se formula la queja administrativa fue presentado ante el Ministro ... en el mes de abril de mil novecientos noventa y tres; esto es, durante la vigencia de los preceptos transcritos.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Acuerdo Número 7/89, dictado el cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, estableció el procedimiento a seguir en las quejas administrativas de la siguiente manera:

"... De los órganos. PRIMERO. Son órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como aplicar las sanciones correspondientes:

"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; III. Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; IV. La Comisión de Gobierno y Administración; V. Los Tribunales Colegiados de Circuito; VI. Los Magistrados de los Tribunales Unitarios de Circuito; VII. Los Jueces de Distrito; VIII. El superior jerárquico del servidor público a quien se atribuya responsabilidad.

"SEGUNDO. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, será aplicada por la autoridad jurisdiccional a la que, en términos de ley, corresponda establecer tal sanción por responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial Federal.

"TERCERO. Corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación imponer las sanciones administrativas por faltas en que hayan incurrido: I. Los Magistrados de Circuito; II. Los Jueces de Distrito; III. Todos los demás servidores cuyo nombramiento le competa, o que no dependan específicamente de otro órgano.

"Tratándose de los servidores públicos referidos en esta última fracción, el Pleno debe intervenir necesariamente cuando la falta amerite suspensión, destitución o sanción económica; cuando no sea así, la sanción puede ser aplicada por el superior jerárquico.

"CUARTO. Para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos del Poder Judicial Federal, así como aplicar las sanciones correspondientes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia tendrá las atribuciones que le confieren la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este acuerdo y los demás ordenamientos aplicables ...

"De los procedimientos. OCTAVO. La queja administrativa deberá formularse por escrito y presentarse en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en la Oficina de Correspondencia del Tribunal Colegiado, Unitario o Juzgado de Distrito a que corresponda el servidor público contra quien se haga valer. En dichas oficinas se pondrán avisos visibles en tal sentido.

"NOVENO. En el caso del artículo séptimo, la queja administrativa deberá presentarse en la oficina de correspondencia del funcionario u órgano del Poder Judicial Federal en cuyo auxilio se actúe.

"DÉCIMO. En casos que así lo ameriten, a juicio de la autoridad competente, la queja administrativa podrá presentarse en forma verbal, levantándose acta de la diligencia.

"DÉCIMO PRIMERO. Las quejas en contra de los servidores públicos señalados en las tres fracciones del artículo tercero de este acuerdo, serán turnadas al Ministro inspector o a la Comisión de Gobierno y Administración, en su caso; éstos, formularán el dictamen que proceda y, si el caso lo amerita, lo someterán al conocimiento del Pleno, quien decidirá, atendiendo a la seriedad de la instancia y a la gravedad de la falta atribuida, si es el caso de investigar los hechos.

"Si resuelve en contra de la práctica de la investigación, se archivará el expediente.

"DÉCIMO SEGUNDO. En el caso de que se ordene la investigación, ésta será realizada por el Ministro inspector o por la comisión que designe el Pleno.

"DÉCIMO TERCERO. El Ministro inspector o la comisión, en su caso, practicará la investigación valiéndose de todos los medios que considere pertinentes, pero en todo caso respetará la garantía de audiencia del afectado. La indagación debe culminar con un dictamen que se someterá a la decisión final del Pleno.

"DÉCIMO CUARTO. Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estima que no se acreditó la responsabilidad administrativa del investigado, ordenará archivar el expediente; si resuelve que se comprobó su responsabilidad, impondrá en su caso, las sanciones que procedan. La resolución se notificará al interesado y se darán los avisos a los órganos correspondientes.

"DÉCIMO QUINTO. Los órganos y titulares especificados en las fracciones de la II a la VII, del artículo primero de este acuerdo, se valdrán, para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas en que hayan incurrido los servidores públicos cuya vigilancia les competa, de los medios que estimen pertinentes, pero en todo caso respetarán la garantía de audiencia del afectado. El procedimiento comprenderá una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

"I. En la cita del presunto responsable a la audiencia se le hará saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio del representante que al efecto designe.

"Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles.

"II. Al concluir los alegatos o dentro de los tres días hábiles siguientes, el titular u órgano competente resolverá si existió o no responsabilidad; en caso afirmativo, impondrá al infractor, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes y dará los avisos a los órganos competentes. En todo caso, notificará la resolución al interesado dentro de las veinticuatro horas siguientes.

"III. La audiencia podrá diferirse si lo solicita el interesado con causa justificada a juicio del titular u órgano respectivo; asimismo, si éstos encuentran que no hay datos suficientes para resolver, o advierten elementos que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo de presunto responsable o de otras personas, podrán disponer la práctica de mayores investigaciones y citar para otra u otras audiencias, o bien, turnar el asunto al órgano o titular que resulte competente ..."

En la especie, según se destacó, la queja administrativa fue presentada y el informe del Juez de Distrito se rindió durante la vigencia de los preceptos constitucionales; de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo Plenario Número 7/89 que quedaron transcritos; pero el procedimiento que siguió el Consejo de la Judicatura Federal para la investigación, trámite y resolución de dicha queja, fue el previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en vigor al día siguiente, que en sus artículos 132, 133 y 134, dicen:

"Artículo 132. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere este título se iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por cualquier persona, por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos o por el agente del Ministerio Público Federal. Las denuncias anónimas sólo serán tramitadas cuando estén acompañadas de pruebas documentales fehacientes.

"Las denuncias que se formulen deberán estar apoyadas en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado."

"Artículo 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta ley:

"I. La Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, tratándose de faltas de los Ministros y de las faltas graves cometidas por sus servidores públicos;

"II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

"III. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tratándose de faltas graves de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, cuando las sanciones aplicables sean las de destitución o inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargo o comisiones en el servicio público, y

"IV. El órgano colegiado que determine el Consejo de la Judicatura Federal, en los casos no comprendidos en la fracción anterior.

"Siempre que de un mismo acto se derive responsabilidad por una falta grave de un Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, y otro u otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se estará a lo previsto en la fracción III de este artículo.

"El Consejo de la Judicatura Federal podrá señalar, mediante acuerdos generales, los casos en que la Contraloría del Poder Judicial de la Federación sea competente para conocer de los procedi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5882-5e9059ba/responsabilidad-administrativa-de-magistrados-de-circuito-y-jueces · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.