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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LAS PARTES ESTÁN OBLIGADAS A SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR EN QUE TIENE SU SEDE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 305 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA).

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 117/99, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/98. · Registro digital (IUS): 6189
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO (RECURRENTE: CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO).
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, , Pág. 610.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 117/99, RELATIVO A LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 26/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO (RECURRENTE: CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO).

MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.

SECRETARIO: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Ahora bien, se pasa al estudio de los agravios esgrimidos por la parte recurrente.

En los agravios primero y tercero, los promoventes argumentan, en lo sustancial, que el auto impugnado por el cual se les requirió para que señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, les causa agravio por lo siguiente:

a) Fue indebida la aplicación supletoria del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que con la misma se viola la garantía de seguridad jurídica que se contiene en el artículo 14 de la Carta Magna, en relación con los artículos 4o., 5o. y 8o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Que la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles únicamente procede cuando se dan vacíos legislativos y a falta de disposición expresa, lo que en el caso no se da;

c) Si bien es cierto que el artículo 1o. de la ley reglamentaria de la materia prevé la aplicación supletoria del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el sentido y alcance del auto recurrido no se ajusta a las disposiciones contenidas en este precepto, porque se deja de tomar en cuenta lo que dispone en su parte final, que señala que los servidores públicos siempre serán notificados en su residencia oficial, por lo que si la ley no distingue no es válido distinguir; que en el caso el domicilio oficial del Poder Legislativo del Estado de México es el edificio que ocupaba la Casa de la Cultura, ubicado en la Plaza Hidalgo en la ciudad de Toluca, pues así se declaró mediante Decreto Número 66 expedido por la XLV Legislatura del Estado de México;

d) De los antecedentes legislativos del artículo 305 en cita se infiere que fue voluntad expresa tanto del autor de la iniciativa como de los legisladores, al expedir este precepto, la de reconocer expresamente que todos los funcionarios públicos tienen un domicilio oficial en donde deben ser notificados, para evitar cualquier posible discusión sobre el particular;

e) La interpretación del artículo 305 debió ser sistemática y no aislada, tomando en cuenta todos los preceptos que en una u otra forma regulan esos supuestos, entre los que se encuentra la disposición contenida en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en el que se sigue el juicio, deberán encomendarse al Juzgado de Distrito o de primera instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que deben practicarse, precisando, además, en su último párrafo, que la Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de diligencias a cualquier autoridad de la República, autorizándola para dictar las resoluciones que sean necesarias para su cumplimentación.

Son infundados los agravios sintetizados, en atención a lo siguiente:

Resulta conveniente para una mayor claridad en el presente asunto, realizar un breve estudio acerca de la supletoriedad.

La supletoriedad es una figura jurídica que implica la acción de suplir una deficiencia o mala regulación de una ley de carácter general con otra de carácter específico, en la que se encuentre regulada la institución o figura a suplir; en este contexto deben existir dos leyes:

1. La ley a suplir; y,

2. La ley supletoria.

En este caso, la ley a suplir debe contener en su texto, de manera expresa, el ordenamiento legal que deba ser supletorio; es decir, que la supletoriedad debe preverse expresamente en el ordenamiento a suplir, característica sin la cual no puede existir la figura de la supletoriedad.

De lo anterior se infiere que los presupuestos de esta figura son:

1. Que el ordenamiento que se pretende suplir lo admita expresamente y señale la ley aplicable;

2. Que la ley a suplir contenga la institución o figura jurídica de que se trata;

3. Que no obstante la existencia de ésta, las normas reguladoras de dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación necesaria; y,

4. Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución o figura suplida.

Consecuentemente, la supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación la establece; de esta manera la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para dar debida coherencia al sistema jurídico; por lo que el carácter supletorio de la ley resulta, una integración y reenvío de una ley especializada a otra de carácter general que fije los principios aplicables a la regulación de la ley suplida.

Esta regla admite como excepción a la necesidad de que la institución esté prevista en el ordenamiento que pretenda suplirse, el que su aplicación sea indispensable para aclarar conceptos ambiguos, oscuros, contradictorios o para subsanar alguna omisión en la ley, de tal manera que de no realizar la aplicación supletoria de las disposiciones que rigen esa institución se impediría prácticamente al juzgador cumplir con el principio de expeditez en la impartición de justicia consagrado en el artículo 17 constitucional.

En relación con lo anterior, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 8/97, publicada en la página 290, del Tomo V, marzo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ha establecido el siguiente criterio:

"MEDIDAS DE APREMIO, PARA SU APLICACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL, DEBE ACUDIRSE SUPLETORIAMENTE A LA LEGISLACIÓN COMÚN.-La técnica procesal en la materia mercantil, de conformidad con el artículo 1054 del Código de Comercio, permite la aplicación de normas de los Códigos de Procedimientos Civiles de cada Estado, cuando en el citado Código de Comercio, no existan preceptos procedimentales expresos sobre determinado cuestionamiento jurídico, generalmente cuando dicho punto esté comprendido en el ordenamiento mercantil, pero no se encuentre debidamente regulado o esté previsto deficientemente, todo ello desde luego, siempre y cuando esa aplicación supletoria no se contraponga con el Código de Comercio. Siguiendo esta regla genérica, aparentemente no cabría la aplicación supletoria en tratándose de medios de apremio, puesto que no existe tal institución en el invocado ordenamiento, mucho menos la forma de impugnarlos; sin embargo, como todo juzgador dentro del procedimiento tiene la facultad para emplear medidas de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, ello implica que la supletoriedad opera aun cuando tal institución no se encuentre prevista en el ordenamiento mercantil, siempre que sea indispensable aclarar conceptos ambiguos, oscuros, contradictorios o subsanar alguna omisión; además, por la razón obvia de que, de no establecerse esa supletoriedad de manera íntegra, incluyendo la sustanciación de su impugnación, el juzgador que conozca de las contiendas de carácter mercantil estará imposibilitado para hacer uso de medidas legales tendientes a la obtención de la celeridad en la impartición de justicia; aunado a que el carácter supletorio de la ley, como en la especie, resulta como consecuencia de una integración y reenvío de una ley especializada a otros textos legislativos generales que fijan los principios aplicables a la regulación de la ley suplida."

Ahora bien, el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 1o. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles."

El numeral en cita, hace una referencia expresa al Código Federal de Procedimientos Civiles, como supletorio a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, con el fin de subsanar las posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones, lo que obedece evidentemente a la dificultad de que se pueden prever en este ordenamiento legal todos los supuestos que pueden darse en su aplicación.

En concordancia con lo anterior, los artículos 4o. y 5o. de la ley reglamentaria en cita disponen:

"Artículo 4o. Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía telegráfica.

"Las notificaciones al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se entenderán con el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a quienes corresponda el asunto, o con el consejero jurídico del Gobierno, considerando las competencias establecidas en la ley.

"Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir copias de traslado."

"Artículo 5o. Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha."

Del análisis integral de las disposiciones transcritas se desprenden los siguientes supuestos:

1) Las notificaciones deberán realizarse por lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes;

2) Las notificaciones podrán practicarse: a) por conducto del actuario; b) por correo certificado en pieza certificada con acuse de recibo; y c) por vía telegráfica (en casos urgentes);

3) Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir las copias del traslado;

4) Las notificaciones que se practiquen a las partes, mediante oficio, deberán realizarse en las oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren, lo que lleva a establecer que el domicilio puede ser tanto su residencia oficial como cualquier otro que se designe con ese carácter;

5) Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren.

Conforme a los numerales transcritos las notificaciones que se practiquen a las partes mediante oficio deberán realizarse en las oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren, de lo que se sigue que la ley no impone la obligación de que se practiquen en la residencia oficial de las partes, sino que puede ser en sus propias oficinas o en cualquier domicilio o lugar en que se encuentren.

Ahora bien, el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en que el Ministro instructor apoyó la determinación contenida en el auto recurrido, a la letra dice:

"Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Éstos siempre serán notificados en su residencia oficial."

Dada la materia del presente recurso de reclamación, en cuanto a la aplicación supletoria del citado artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de controversias constitucionales, es importante destacar los alcances de dicho precepto para poder determinar si resulta o no aplicable al caso concreto.

Del contenido del artículo en mención se advierte que regula lo relativo al señalamiento de domicilio que deben hacer las partes en donde deben hacérseles las notificaciones personales. Al efecto se desprenden dos reglas generales y otras específicas propias de cada una de estas dos.

Las dos reglas generales son: a) el domicilio que deben señalar las partes en su primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan; y, b) el domicilio que debe señalar la parte actora en donde tenga que hacerse la primera notificación a la parte demandada o a quien se tenga interés que se notifique.

Debe destacarse que uno es el domicilio que deben señalar las partes para recibir las notificaciones personales, y otro el que debe señalar la actora en donde tenga que hacerse la primera notificación a la demandada o a quien se solicite deba notificársele, pues en este último caso es precisamente para que se pueda emplazar o hacer la primera notificación correspondiente al demandado o a quien corresponda, sin perjuicio de que éstos puedan señalar el domicilio correspondiente en su primer escrito o diligencia judicial en que intervengan.

Ahora bien, en lo específico, el domicilio que señalen las partes para recibir las notificaciones personales deberá ser en el lugar en que tenga su sede el tribunal que conozca del asunto, de tal manera que no podrá señalarse alguno fuera del lugar de la población correspondiente. Lo anterior es una disposición que rige para los que van a señalar su domicilio, esto es, para quienes promueven o intervienen en una diligencia judicial por primera vez, pero no así para efectos de la primera notificación que deba hacerse a los demandados o quienes se pida se notifique, en cuyo caso deberá señalarse el domicilio en que éstos se encuentren aunque sea fuera del lugar del tribunal, pues apenas va a emplazárseles o hacérseles el primer comunicado, y hecho esto entonces sí deberán señalar su domicilio en el lugar del tribunal al momento de que presenten su primer escrito o en la primera diligencia en que intervengan.

De lo anterior se sigue que el domicilio que deberá señalarse en el lugar del tribunal es una regla que se aplica para efectos de la primera parte de la disposición (primera regla general: domicilio que de inicio deben señalar las partes), pero no así para efectos de la segunda parte (segunda regla general: domicilio que del demandado u otros señale el actor para hacer la primera notificación).

Por otra parte, la disposición también establece que tratándose de funcionarios públicos, no es necesario señalar domicilio, ya que éstos siempre serán notificados en su residencia oficial.

De una interpretación gramatical y sistemática del precepto, puede concluirse que, cuando dice que "... No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos ...", se refiere al caso en que el demandado o a quien se pide se notifique sea un funcionario público, en cuyo caso el actor no está obligado a señalar domicilio para hacer la primera notificación, pues en tales casos deberá hacerse en el domicilio oficial del funcionario.

Lo anterior debe entenderse así, pues siendo funcionarios públicos, el actor no puede, válidamente, señalar un domicilio distinto del que oficialmente tienen aquéllos y, en caso de que así lo pretendiera, la parte final del artículo 305 en examen ordena al Juez que haga caso omiso de ese señalamiento y ordene hacer la primera notificación en la residencia oficial. Al efecto, la exposición de motivos de veintidós de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos, relativa a la reforma del Código Federal de Procedimientos Civiles, dice:

"... El artículo 305 no ofrece novedad alguna, porque contiene el mandato común en toda nuestra legislación procesal, consistente en que cada litigante señale su propio domicilio en la sede del tribunal, para recibir notificaciones, e indique el lugar en que ha de hacerse la primera notificación a la persona contra la que se promueve. Sin embargo, contiene este artículo un agregado, relativo a que no es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Se estima conveniente la adición, sólo con el fin de evitar ociosas discusiones sobre la necesidad de hacer el señalamiento de que se trata, pues, aun reconociendo todos que los funcionarios tienen un domicilio oficial en donde deben ser notificados, se argüía, sin embargo, que, no estableciendo la ley excepción, debía cumplirse con el imperativo de señalar dicho domicilio aunque el señalamiento resultase innecesario."

Atento a lo expuesto y tomando en consideración que esta parte del precepto que se analiza está ligado a la segunda cuestión general (el domicilio del demandado u otros que debe señalar el actor para efectos de la primera notificación), se concluye que, efectivamente, debe tenerse como domicilio de los funcionarios públicos contra quienes se promueva o de quien se tenga interés se notifique por la intervención que deba tener en el asunto, el relativo al de su residencia oficial para efectos de la primera notificación únicamente.

Lo anterior no significa que tratándose de funcionarios públicos que residan fuera de la sede del tribunal, las notificaciones personales posteriores al emplazamiento deban hacérseles en su domicilio oficial, ya que una vez llamados al procedimiento, operará la primera regla general en virtud de la cual deben señalar el domicilio que estimen conveniente en el lugar del tribunal a través de su primer escrito o en la primera diligencia en que intervengan, porque la intención del legislador es hacer expedito el procedimiento facilitando las notificaciones, en vez de entorpecerlas.

Precisados los alcances del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se pasa al análisis del caso concreto.

La aplicación supletoria del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la ley reglamentaria de la materia (conforme a su artículo 1o.), que apoya la determinación contenida en el auto recurrido de que las partes señalen en esta ciudad domicilio para oír y recibir notificaciones, con la finalidad de agilizar el trámite de la instrucción, cumple con los requisitos exigidos por la regla genérica para que opere la supletoriedad de la ley, ya que, por una parte, la ley reglamentaria contempla la institución respecto de la cual se aplica, es decir, la notificación a las partes en su domicilio, pero no prevé todos los supuestos que pueden darse para su aplicación, es decir, la ley dice que las notificaciones a las partes mediante oficio deben realizarse en sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentre, pero no precisa la forma en que se hará la designación de ese domicilio, ni prevé otros supuestos que pueden darse como consecuencia de la necesidad de que la designación se haga en el lugar de residencia del tribunal que conoce del asunto, como sucede en el caso concreto, en que en aras de agilizar el trámite de instrucción en la controversia constitucional y cumplir así con la obligación que impone el artículo 17 constitucional de impartir justicia pronta, se requiere que las partes señalen domicilio en esta ciudad, en que tiene su sede esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que hace necesario acudir a la ley supletoria, para poder acatar tanto el imperativo constitucional de mérito como lo dispuesto por la ley, de notificar a las partes, mediante oficio, en su domicilio.

Por otra parte, la aplicación supletoria de la disposición contenida en la primera parte del artículo 305 de mérito en el acuerdo recurrido, no pugna con el ordenamiento legal que se suple, porque no existe ninguna disposición en este último que contradiga en forma expresa o tácita lo previsto en ese numeral. Por lo contrario, es inexacto que todas las notificaciones, aun las posteriores al emplazamiento, deban hacerse necesariamente en el domicilio oficial de las partes, en virtud de que el último párrafo del artículo 4o. de la ley reglamentaria, permite que las notificaciones se hagan por medio de personas designadas para ello, de donde se infiere que es inatendible la referida proposición puesto que dicho párrafo, implícitamente autoriza que las notificaciones se hagan en lugar distinto al domicilio oficial.

Esto último se corrobora con la primera parte del artículo 5o. de la ley reglamentaria, en cuanto establece que: "Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren ...".

No pasa inadvertido para este tribunal que la multicitada ley reglamentaria no especifica las notificaciones personales para distinguirlas de las no personales; sin embargo, igualmente cierto resulta que en la primera parte de su artículo 4o. engloba todo tipo de notificaciones, al establecer que: "Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se hubiesen pronunciado, mediante publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo ...", siendo obvio que de la opción que permite entre la notificación por el actuario y la hecha por correo, la primera se ajusta a la expeditez erigida por la disposición de que sea "al día siguiente", lo cual se logra sin desdoro para la defensa de las partes que residan fuera de la sede del tribunal, si designan en ésta, domicilio para oír notificaciones.

Por tanto, si por la naturaleza de las partes que intervienen en los referidos procedimientos instituidos en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, las notificaciones que se les practiquen generalmente serán mediante oficio en sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren, al omitir prever la ley de la materia todos los supuestos que puedan generarse para la aplicación de esta disposición, como lo es el señalamiento del domicilio respectivo para oír y recibir notificaciones, se hace necesario acudir a las normas de la ley supletoria, que contenga supuestos semejantes, para llenar el vacío de la ley.

Se insiste en que el artículo 5o. de la ley reglamentaria, si bien no establece expresamente las notificaciones personales a las partes, sí involucra esa figura jurídica, al establecer, después de referirse a la obligación de las partes de recibir los oficios de notificación que se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren, que: "... En caso de que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, se hará constar el nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta o a recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.".

En efecto, el precepto en mención establece la obligación del actuario que practique la notificación por oficio de levantar un acta en la que haga constar el nombre de la persona con quien se entendió la diligencia, así como, en su caso, si ésta se negó a firmar o a recibir el oficio, para posteriormente tener por legalmente hecha la notificación, de lo que se sigue que aunque no hace referencia expresa a las notificaciones personales, la forma que debe seguirse para realizarla corresponde a la de una notificación de esa naturaleza, por lo que, si la ley de la materia no prevé todos los supuestos de su aplicación, en tanto que no dice lo que deberá hacerse cuando, por ejemplo, no se encuentre a nadie en el domicilio, o cuando se informe al actuario que el domicilio en que pretende hacer la notificación ya no es el de la parte a quien pretende notificar, etcétera, necesariamente tendrá que acudirse a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, que regulan a las notificaciones personales, para llenar las lagunas de la ley de la materia.

Resulta ineficaz lo aducido por la recurrente en el sentido de que se debió aplicar lo dispuesto en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que a la letra dice:

"Artículo 298. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de la residencia del tribunal en que se siga el juicio, deberán encomendarse al Juez de Distrito o de primera instancia para asuntos de mayor cuantía del lugar en que deban practicarse.

"Si el tribunal requerido no puede practicar, en el lugar de su residencia, todas las diligencias, encomendará a su vez, al Juez local correspondiente, dentro de su jurisdicción, la práctica de las que allí deban tener lugar.

"La Suprema Corte de Justicia puede encomendar la práctica de toda clase de diligencias a cualquier autoridad judicial de la República, autorizándola para dictar las resoluciones que sean necesarias para la cumplimentación."

Si bien es verdad que conforme a la disposición transcrita, de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme a lo dispuesto en su artículo 1o., esta Suprema Corte de Justicia de la Nación puede valerse de cualquier autoridad judicial de la República para la práctica de toda clase de diligencias, también lo es que la finalidad del requerimiento que se hizo a la parte recurrente de señalar domicilio en esta ciudad para oír notificaciones es la de agilizar el trámite de instrucción en la controversia constitucional, que evidentemente se vería entorpecido de tenerse que encomendar a un Juez Federal la práctica de las notificaciones respectivas.

Es inoperante el segundo concepto de agravio hecho valer por los recurrentes, en atención a lo que se pasa a considerar.

Los promoventes, manifiestan en síntesis lo siguiente:

a) Que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Federal, en relación con el diverso artículo 26 de la ley reglamentaria de la materia, en atención a que no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, toda vez que el plazo señalado en el requerimiento que se contiene en el auto impugnado, es independiente al que se les dio en auto de fecha cuatro de marzo del año en curso, a las autoridades responsables para presentar su contestación de demanda.

b) Que la violación a los preceptos anteriores, se actualiza en virtud de que, no ha transcurrido el término de treinta días a que se refiere el citado artículo 26 de la ley de la materia, para que produzca su contestación a la demanda, por lo que no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, en virtud de que no existe fundamento legal alguno que obligue a los recurrentes a señalar domicilio antes de presentar su primer escrito, ya que a la fecha no han tenido intervención alguna en la controversia constitucional de la que se deriva el presente recurso.

En atención a lo anterior, es pertinente destacar el hecho que por auto de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y ocho dictado por el Ministro instructor en la controversia constitucional de la que deriva el presente recurso, se tuvo como terceros interesados, entre otros, a la parte ahora recurrente y se ordenó correrle traslado con copia autorizada de ese auto, del acuerdo de radicación y turno y con un ejemplar del escrito de demanda, para que dentro del plazo de treinta días expusiera lo que a su derecho conviniera.

En efecto, el proveído en mención, en su parte conducente, dice:

"... Por otra parte, con fundamento en el artículo 10, fracción III, de la ley reglamentaria que rige este procedimiento, se tienen como terceros interesados en la presente controversia al Congreso del Estado de México, al subsecretario A del Gobierno Estatal; al presidente municipal y al Ayuntamiento de Tultitlán, de la misma entidad, a quienes también deberá corrérseles traslado con copia autorizada de este auto, del acuerdo de radicación y turno, además de un ejemplar del escrito de demanda, para que dentro del plazo de treinta días expongan lo que a su derecho convenga ..." (folio 209, tomo I, del expediente principal).

El indicado acuerdo se notificó a la parte recurrente el cinco de octubre de mil novecientos noventa y ocho, según se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 212 del expediente principal.

Ahora bien, el plazo de treinta días que se le concedió al promovente del recurso en el auto de mérito comenzó a correr el día siete de octubre y concluyó el diecinueve de noviembre, del presente año, ya descontados los días 6 (en que surtió sus efectos la notificación), 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y 1o., 2, 7, 8, 14 y 15 de noviembre, que fueron inhábiles, por corresponder a sábados y domingos, a excepción del día 12, en el que se suspendieron las labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, el plazo de diez días que en el auto recurrido de trece de abril de mil novecientos noventa y nueve se le otorgó a la parte recurrente, para señalar domicilio en esta ciudad para oír notificaciones, comenzó a correr el día dieciséis siguiente (un día después de que surtió sus efectos la notificación correspondiente).

Por consiguiente, es evidente que si el primer plazo (el de treinta días) comenzó a correr el siete de octubre de mil novecientos noventa y ocho y concluyó el diecinueve de noviembre del mismo año y el segundo (que se le otorgó para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones) comenzó a correr el dieciséis de abril del año siguiente, resulta inexacto que cuando se le otorgó este último estuviera transcurriendo el plazo de treinta días señalado.

Por tanto, resulta inoperante el agravio que se analiza en tanto que la violación que aduce a los artículos 14 constitucional y 26 de la ley reglamentaria de la mater

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6189-5e9570ae/controversias-constitucionales-las-partes-estan-obligadas-a-senalar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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