AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. LA SIMPLE OMISION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIR SU INFORME CON JUSTIFICACION, NO ES RAZON PARA DIFERIRLA.
AMPARO EN REVISIÓN 266/92. NESTOR SANCHEZ MUÑOZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La sentencia recurrida establece: " Segundo.-Dado que las causas de improcedencia son de examinarse de oficio como lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, en el presente caso no se examinarán los conceptos de violación de la demanda, por los motivos siguientes: A juicio del suscrito, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías con apoyo en el artículo 4º. Y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita.
En efecto, como el quejoso en su demanda inicial no expresa concretamente en representación de qué persona promueve el juicio de garantías que nos ocupa y tan sólo manifiesta dentro del capítulo de conceptos de violación, entre otras cosas, que el único que puede revocar el mandato que tiene otorgado es Nicolás Sánchez García, es de afirmarse que si en la especie el demandante promueve en su carácter de mandatario de l apersona que cita, debió acreditar su personalidad ante este tribunal o que su representación ha sido reconocida dentro del juicio generador del acto que reclama, aun cuando se haya tenido como presuntivamente cierto el acto que ha quedado señalado, puesto que la sola afirmación que al respecto emite es insuficiente para tenerla por acreditada, de ahí que como el artículo 4º. De la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor, lo que en la especie no sucede, puesto que como ya se dijo, no se encuentra acreditada en autos la personalidad del promovente, ni que la responsable se la tenga reconocida, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, teniendo aplicación al caso las jurisprudencias números 1301 y 1302, visibles en las páginas 2104 y 2107, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, bajo el rubro: 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO DE QUIENES LA TIENEN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE' Y 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL'.
SEGUNDO.-Como agravios el recurrente expresa lo siguiente: "UNICO. HECHO INFRACTOR.- La sentencia constitucional dictada por el C. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla en el que declara sobreseído el juicio de amparo promovido por el suscrito.
DISPOSICIONES LEGALES VIOLADAS.-El artículo 16 constitucional en relación con los diversos 4, 12, 13, 78 de la Ley de Amparo por no haberse aplicado en el caso, y 73 fracción XVIII y 74 fracción III de la misma ley por aplicarse indebidamente en el caso. CONCEPTOS DE VIOLACION.-El Juez de Distrito viola los anteriores preceptos legales porque para sobreseer el correspondiente juicio de amparo manifiesta en la sentencia constitucional que no expresé en representación de qué persona promuevo y que no acredité mi personalidad o que mi representación ha sido reconocida en el juicio generador y que mi sola afirmación ha sido reconocida en el juicio generador y que mi sola afirmación es insuficiente.
El criterio anteriormente expresado por el Juez de Distrito es inatendible y está al margen de derecho porque es perfectamente sabido que la personalidad es un presupuesto procesal y en consecuencia debe estimarse al admitir la demanda y si estima que no se encuentra debidamente acreditada era obligación del inferior mandarla aclarar y no esperar hasta el momento de dictar sentencia para, en una manifiesta contradicción, asentar que la personalidad no se encuentra acreditada, lo que se supone se había analizado al momento de proveer sobre la admisión de la demanda. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 132 del Apéndice 1975, Octava Parte que dice: 'Personalidad. La falta de comprobación de la personalidad de quien presente la demanda, no es causa manifiesta de improcedente, sino que debe considerarse como una oscuridad de la misma demanda, y por tanto, es procedente pedir su aclaración, en los términos de ley.
Con lo anterior se robustece la tesis de que la personalidad debe ser analizada al momento de proveer sobre la admisión de la demanda y no en la sentencia constitucional.
Por otro lado, estima el Juez de Distrito que es insuficiente mi afirmación de promover por mi representación pero sin embargo tengo reconocida tal representación ante la autoridad responsable debió tener por acreditada la misma o bien si en la audiencia constitucional estimó que tal personalidad no estaba acreditada debió, por equidad, diferir la audiencia en tanto la responsable rendía su informe justificado ya que aunque éste fue rendido, unos minutos después, de la hora fijada para la celebración de la audiencia constitucional, no fue tomado en cuenta por el Juez de Distrito aun cuando la sentencia me fue notificada con muchos días de atraso, pues señalada para las nueve horas del día nueve de abril del año en curso la audiencia constitucional, la citada sentencia me fue notificada el día veintiocho de abril, luego no es posible ser tan estrictamente severo para no tener en cuenta el informe justificado por rendirse unos minutos después y notificar la sentencia diecinueve días después y todavía no sancionar al Juez responsable con la multa que señala el artículo 149 de la Ley de Amparo, artículo que también deja de aplicar el Juez inferior en su último párrafo perjudicándome notoriamente con ello.
Por otra parte, si no se toma en cuenta el informe con justificación, se tienen por ciertos los actos reclamados y por ende se debe tener por ciertas mi personalidad reconocida por la responsable y siendo inconstitucional en sí mismos los actos reclamados, conocérseme el amparo demandado ya que la cuestión sometida al conocimiento de la responsable es de arrendamiento y sin embargo pretende analizar cuestiones de propiedad lo que es contrario al espíritu constitucional del artículo 13 que establece que el procedimiento civil de estricto derecho. Los anteriores argumentos demuestran que el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito es ilegal y que la supuesta falta de informe justificado hace presuntivamente cierto el acto reclamado que siendo en sí mismo inconstitucional debe concederséme el amparo que demando".
TERCERO.-Son infundados, los agravios hechos valer.
Por razón de orden, es conveniente estudiar en primer término los argumentos relativos a que por equidad, el Juez de Distrito debió diferir la audiencia constitucional para que la autoridad responsable rindiera su informe justificado, ya que el informe se recibió unos minutos después de esa audiencia que se celebró a las nueve horas con diez minutos del nueve de abril de mil novecientos noventa y dos, mientras que la sentencia combatida le fue notificada al hoy recurrente hasta el veintiocho de esos mismos mes y año.
Estos planteamientos deben desestimarse, pues por la razón que se invoca, el Juez de Distrito no tenía por qué haber diferido la audiencia constitucional.- Esto es así, pues si bien de las constancias del expediente de amparo se aprecia que la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Civil de esta ciudad de Puebla, no rindió su informe justificado antes de que se llevara a cabo la audiencia constitucional, sino minutos después de que ésta se celebró, tal circunstancia de ninguna manera obligaba al Juzgador Federal a diferir la citada audiencia, pues de la sana interpretación del artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez de Amparo está facultado para suspender o diferir la audiencia constitucional, siempre y cuando se reúnan estos tres supuestos: 1) Que la responsable omita rendir su informe justificado con la debida anticipación, o que lo rinda en un término menor al de ocho días previos al fijado para la audiencia; 2) Que lo solicite alguna de las partes, y 3) Que el juez lo estime pertinente. En el caso no se satisfacen estos tres presupuestos, pues el informe se recibió después de la audiencia, ninguna de las partes solicitó su aplazamiento y por ello el Juez no tenía por qué pronunciarse al respecto; además, de aceptar que deba aplazarse la audiencia siempre que la responsable no rinda su informe justificado se haría nugatorio lo dispuesto por el tercer párrafo del referido artículo 149 de la ley de la materia, ya que nunca operaría la presunción de certeza del acto que se le imputa. En ese orden de ideas, debe considerarse improcedente el diferimiento de la audiencia constitucional por la falta de informe de la autoridad responsable y por ello, debe destacarse que en la sentencia combatida, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al tener por presuntivamente ciertos los actos reclamados. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis sustentadas por este cuerpo colegiado al fallar respectivamente, los juicios de amparo en revisión números 362/991, 404/991, 439/991 y 258/992, y el también amparo en revisión número 248/991, que dice: La primera "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, LA SIMPLE OMISION DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIR SU INFORME CON JUSTIFICACION NO ES RAZON PARA DIFERIRLA.-El hecho de que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado no conduce al diferimiento de la audiencia constitucional. En efecto, de la sana interpretación del artículo 149 de la Ley de Amparo se desprende que el Juez Federal está facultado para suspender o diferir la audiencia constitucional, siempre y cuando se den estos tres supuestos: 1) Que la responsable rinda su informe sin la debida anticipación, es decir, que lo haga en un término menor al de ocho días previos al fijado para la audiencia. 2) Que lo solicite alguna de las partes. 3) Que el Juez lo estime pertinente. De aceptar que deba diferirse la audiencia siempre que la responsable no rinda informe justificado haría nugatorio el referido artículo 149 de dicha ley, pues nunca operaría la presunción de certeza del acto que se le imputa, de acuerdo con el párrafo tercero de tal disposición.". La segunda "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO IMPROCEDENTE POR FALTA DE INFORME. Cuando la autoridad responsable no rinde su informe justificado, debe presumirse cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, al tenor del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, pero tal omisión no es motivo legal para diferir la audiencia constitucional.".
A más de esto, la circunstancia de que la sentencia recurrida se haya notificado al hoy inconforme varios días después de que se celebró la audiencia constitucional, no puede servir de base para sustentar que debió haberse diferido esa audiencia, pues su aplazamiento debe encontrarse legalmente fundado y motivado, y no apoyarse en meras conjeturas basadas en cuestiones de carácter administrativo del juzgado a quo, que no son materia de la presente revisión.
Por otra parte, el recurrente argumenta que es ilegal el sobreseimiento decretado en el juicio de garantías, porque el hecho de que no se encontrara debidamente acreditada su personalidad al presentarse la demanda era motivo para que esa demanda se mandara aclarar, pero no para que la falta de comprobación de su personalidad se destacara hasta la sentencia combatida, de conformidad con la jurisprudencia número 132 de la Suprema Corte de Justicia de al Nación que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Octava Parte (sin página), cuyo rubro es "PERSONALIDAD" que de cualquier manera tiene plenamente reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, y además, ante la falta de informe justificado se tienen por ciertos los actos reclamados y pro consecuencia se debe tener por cierta su personalidad ante la responsable.
Sobre el particular, es pertinente señalar que de la demanda de garantías de Néstor Sánchez Muñoz (hoy inconforme) se advierte que afirmó promover el amparo "por su representación" sin especificar con claridad en representación de qué persona, pero en el capítulo de antecedentes de la propia demanda, manifestó que en el Juzgado Cuarto de lo Civil de esta ciudad, promovió juicio de otorgamiento de contrato de arrendamiento y rescisión del mismo en contra de Crescencia Corona Romero, juicio que se siguió por todas sus etapas procesales en el expediente número 429/988, y en el que se dictó sentencia condenado a la demandada a desocupar y entregar el inmueble arrendado; asimismo, en el de conceptos de violación, afirmó textualmente "Ahora bien, si como he dicho promuevo el juicio generador de los actos reclamados de los actos reclamados en calidad de mandatario, el único facultado para dar por terminado el mandato es el demandante, en el caso el profesor Nicolás Sánchez García ...".
En las condiciones relatadas, debe estimarse que Néstor Sánchez Muñoz promovió la demanda de amparo bajo la mención de tener por reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, por haber promovido el juicio generador de los actos reclamados, en su carácter de mandatario de Nicolás Sánchez García. Por tanto, es inexacto que el Juez de Distrito tuviera la obligación de mandar aclarar la demanda constitucional en cuando a la personalidad del promovente, o requerir a éste para que acreditara tal presupuesto, toda vez que al disponer el artículo 13 de la Ley de Amparo que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable; tal personalidad será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, no exige que en el momento de presentarse la demanda, se acredite que ante la autoridad responsable se halle reconocida la personalidad del promovente, sino que basta que se haga mención de ese recurso del juicio, quede acreditado el hecho, y no teniendo esto lugar habrá motivo para sobreseer. El anterior criterio que este Tribunal Colegiado comparte plenamente aparece publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, página 2105, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO.-Al disponer el artículo 13 de la Ley de Amparo que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, no exige que en el momento de presentarse la demanda se acredite que ante la autoridad responsable se halle reconocida la personalidad del promovente, sino que basta que se haga mención de ese reconocimiento, para que se dé entrada a la demanda, a reserva de que en el curso del juicio, quede acreditado, y no teniendo esto lugar habrá motivo para sobreseer.".
Es importante señalar que la jurisprudencia que el inconforme invoca como aplicable, efectivamente aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1975, Octava Parte, página 226, relacionada con el número 132, sin embargo, d esa compilación se advierte que su rubro y texto fueron reseñados en forma incompleta pro el recurrente, siendo su transcripción textual la siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO.-La falta de comprobación de la personalidad de quien tiene presente la demanda, no es causa manifiesta de improcedencia, sino que debe considerarse como una oscuridad de la misma demanda, y, por tanto, es procedente pedir su aclaración, en los términos de la ley y no desechar la demanda de plano.'"
Esta transcripción pone de manifiesto que el criterio sustentado en esa jurisprudencia en relativo al incorrecto desechamiento de la demanda de garantías, por la falta de comprobación de la personalidad de su promovente, estimándose que tal circunstancia no constituye una causal manifiesta de su improcedencia, pero en el caso, ese criterio no se aplicable, porque no se está cuestionando el desechamiento de la demanda, sino la improcedencia de la acción constitucional, estimada en la sentencia dictada en el juicio de amparo; además, de acuerdo con las consideraciones antes vertidas, en la especie, el Juez de Distrito no tenía por qué aclarar la demanda en cuanto a la personalidad del promovente, o requerir a éste para que justificara tal presupuesto, pues del texto íntegro de la demanda se infiere la mención de tener por reconocida esa personalidad ante la responsable, mención de ese reconocimiento que resultaba suficiente para admitir la demanda, luego no era necesario que ésta se mandara aclarar.
Además, el hecho de que en la sentencia que se revisa, el Juez Federal haya analizado la personalidad del promovente del amparo (hoy recurrente), de ninguna manera resulta incorrecto o le causa a éste un agravio formal, pues de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, la personalidad debe ser examinada en cualquier estado del juicio y aun de oficio, por ser la base fundamental del procedimiento de garantías, por tanto, sí en el caso, el juzgador a quo estudió de oficio, en la sentencia, la personalidad del promovente de la demanda constitucional, no significa que haya actuado indebidamente, con extremo rigor, sino simplemente examinó el requisito procesal a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, y que tomó en consideración lo dispuesto por los artículos 12 y 13 de la misma ley, preceptos que, con el citado artículo 4o., regulan lo relativo a la personalidad de quien promueve en el juicio de amparo. La jurisprudencia aludida aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte, página 2107, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALESQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL.-La personalidad debe ser examinada en cualquier estado del juicio y aun de oficio, por ser la base fundamental del procedimiento. Como consecuencia, de no encontrarse justificada, con fundamento en los artículos 4o. y 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de garantías.".
Ahora bien, el artículo 13 de la Ley de Amparo que dispone que cuando los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, será admitida en el juicio constitucional para todos los efectos legales, debe entenderse en el sentido de que el promovente de la acción de garantías debe ofrecer ante el juzgador de amparo, prueba de que su personalidad ha sido reconocida pro la responsable, sin que tenga eficacia la simple afirmación al respecto, es decir, sólo el promovente tiene la obligación de acreditar plenamente ese presupuesto procesal, que lo legitima ante la potestad federal para actuar en el juicio.
En el caso, esa oportunidad no fue justificada pro el promovente de la demanda de garantías, pues en ningún momento aportó prueba alguna tendiente a demostrar que tiene reconocida su personalidad dentro del juicio generador del acto reclamado, o su afirmación de ser el representante del quejoso, es decir, no justificó su afirmación de ser el representante del quejoso, es decir, no justificó su afirmación de ser el mandatario de Nicolás Sánchez García; luego, fue correcto que el Juez de Distrito considerara improcedente la acción constitucional, en términos de la fracción XVIII del artículo 73 en relación con el artículo con el artículo 4o., ambos preceptos de la Ley de Amparo, y por tanto, con apoyo en lo dispuesto por la fracción III del artículo 74 de la misma legislación, decretada el sobreseimiento en el juicio.
No es obstáculo para la anterior conclusión, que la autoridad responsable haya omitido rendir oportunamente su informe justificado, pues de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, esa circunstancia sólo da lugar a que se tenga como presuntivamente cierto el acto reclamado, no su falta de constitucionalidad, o de que la personalidad del promovente esté reconocida ante la responsable, además, en esa hipótesis, que se presenta en el caso, de acuerdo con lo establecido por el propio precepto invocado queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto, cuando no sea constitucional en sí mismo, hechos a probar, dentro de los que indudablemente debe encontrarse, por ser el elemento indispensable para poder discernir en cuanto a la violación de garantías alegadas, la personalidad del promovente del amparo, ya que de otra manera no podría decirse que el acto impugnado afecta sus derechos públicos subjetivos, hecho que debió ser justificado en la especie, pues el acto reclamado es una determinación judicial emitida por un Juez Civil competente, que no puede estimarse inconstitucional en sí misma.
Cabe agregar que si bien en el expediente de amparo obra el informe justificado de la autoridad responsable y las constancias del juicio generador del acto reclamado que ésta exhibió, tales elementos de convicción no pueden ser analizados para investigar si la personalidad del promovente del amparo se encuentra o no reconocida ante la responsable, pues cuando el informe justificado llega después de la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como en el caso, no debe ser tomado en cuenta, ni tampoco las pruebas que a él se acompañen, pues es en esa audiencia done el juzgador de amparo pronuncia su sentencia, por lo que no sería jurídico, que, en su caso, se revocara o modificara el fallo recurrido, con base en cuestiones que el Juez a quo no tuvo en cuenta al momento de dictar su sentencia y que, además, legalmente no pueden ser ya consideradas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 175 de este cuerpo colegiado, que dice: "INFORME JUSTIFICADO.-Cuando el informe justificado llega después de la hora señalada para la celebración de al audiencia de derecho, no debe ser tomado en cuenta, pues es en la audiencia en donde el Juez pronuncia su sentencia.".
Sobre el mismo punto, debe destacarse que el hecho de que la autoridad responsable no hay rendido su informe justificado, o que lo presentara después de la hora señalada para la celebración de la audiencia, y que el juzgador de amparo no le no le haya impuesto la multa que establece el cuarto párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, evidentemente no agravia al recurrente.
Las consideraciones que anteceden conducen a confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción IV, 85 fracción II, 86, 88, 90 y 91 de la Ley de Amparo, 43 y 44 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta o revisión.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por NESTOR SANCHEZ MUÑOZ, contra el acto que reclama del Juez Cuarto de lo Civil de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos al juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados Gustavo Calvillo Rangel, José Galván Rojas y José Mario Machorro Castillo, este último secretario en funciones de Magistrado por Ministerio de Ley, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo relator el segundo de los nombrados y firman con el secretario de Acuerdos que da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6303-bf9af200/audiencia-constitucional-la-simple-omision-de-la-autoridad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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