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Modo: Corpus Pro

MULTA EN AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE SU APLICACIÓN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 12656/99. · Registro digital (IUS): 6320
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, , Pág. 889.

AMPARO DIRECTO 12656/99. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-El estudio de los conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente.

En el primero de ellos aduce esencialmente el quejoso, que el actor no acreditó los dos extremos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, para demostrar la existencia de un estado de invalidez, ya que en ningún momento quedó acreditado fehacientemente que el actor está imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, y sólo acreditó la existencia de los padecimientos del orden general.

Es insuficiente el anterior argumento.

En efecto, el quejoso manifiesta que es procedente concederle el amparo y protección de la Justicia Federal por el hecho de que no quedó acreditado que el actor no pudiera obtener una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual, sin embargo, de la lectura íntegra del laudo impugnado, se advierte que la autoridad responsable consideró: "Por cuanto hace a la excepción interpuesta por el demandado, respecto a que el actor no cubre los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, relativos a la pensión de invalidez, cabe apuntar que mediante el presente juicio el actor acreditó ser portador de una enfermedad del orden general la cual es progresiva y degenerativa y que le limita en forma considerable la realización incluso de sus actividades cotidianas, hecho que aunado a que el actor dejó de laborar el 25 de junio de 1992, tal y como lo establece la baja que se encuentra establecida en la documental consistente en la hoja de certificación de derechos, que en fax, ofreció el demandado, que obra a fojas 29 de los autos, en donde en el rubro baja, refiere 25/06/92, de lo que se desprende que el actor a la fecha no se encuentra laborando, creándose para tal efecto presunción lógica que el actor no puede hacerse de una remuneración superior al 50% de la remuneración habitual que percibió el año anterior, dado que en éste no se encontraba laborando." (folio 78); consideración que el quejoso no combate en su concepto de violación, de ahí que sea insuficiente.

En el segundo concepto de violación, manifiesta el quejoso que el laudo impugnado carece de la debida fundamentación, ya que la pensión de invalidez se debe cuantificar tomando como base el salario promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización del asegurado, y si bien es cierto que el instituto demandado fue omiso en acreditar tal salario promedio, la responsable debió considerar que el actor laboral sólo hace mención de un salario diario y no del citado salario promedio de las doscientas cincuenta últimas semanas de cotización.

Es infundado el anterior argumento.

Efectivamente, de la lectura del escrito inicial de demanda, se aprecia que el actor señaló como hecho 6, inciso a), que: "6. El monto de la pensión a que tengo derecho, se determinará al momento en que se declare por esta H. Junta la pensión de invalidez que me corresponda y se calcula en términos del artículo 167 de la Ley del Seguro Social de la siguiente forma: a) El grupo de salario en el que estoy comprendido es el de W-21 tomando como base el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización." (folio 3); asimismo, en audiencia celebrada el nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, en la etapa de demanda y excepciones, el actor amplió el mencionado inciso del hecho 6, en los siguientes términos: "se amplía la demanda en lo relativo al hecho 6 inciso a) en su parte final debiéndose de agregar siendo el salario diario promedio el de $51.44." (folio 49); es decir, que manifestó que el salario con el que se debe calcular el pago de la pensión de invalidez, es el correspondiente al promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización, y aclaró que ese salario promedio era de cincuenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos.

Por su parte, al dictar el laudo que por esta vía se combate, la autoridad responsable consideró: "Para el efecto de la cuantificación de la pensión por invalidez a que ha sido condenado el demandado, deberá de considerarse lo que establece el artículo 167 de la ley en cita, ya que si bien es cierto que el demandado se limitó a negar el salario manifestado por la parte actora, desprendiéndose de autos únicamente el promedio salarial de las últimas 52 semanas de cotización, mediante la hoja de certificación de derechos que obra a fojas 29 de los autos, debiéndose considerar para efectos de cuantificar la pensión de invalidez del actor, el grupo promedio de salario reconocido por el actor que se encuentra dentro del rubro W 21, siendo el salario diario promedio el de $51.44, según lo manifestó a fojas 49 de los autos, ya que el demandado no acreditó el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización registradas por la parte actora, recayendo en el demandado la carga probatoria, toda vez que éste se limitó a negar el salario manifestado por la parte actora sin acreditar el promedio salarial de las últimas 250 semanas de cotización relativamente y sin acreditar otro diverso, ya que si bien es cierto que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de patrón del hoy actor, también lo es que como organismo asegurador recibió las cotizaciones a nombre del asegurado, de lo que se desprende que cuenta con los elementos necesarios para aportar a juicio los promedios salariales referidos." (folio 79).

De las transcripciones anteriores se advierte que, contrario a lo manifestado por el hoy quejoso, el actor laboral sí manifestó que el salario diario promedio que señaló, era el de las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización y, en consecuencia, era al Instituto Mexicano del Seguro Social a quien le correspondía la fatiga probatoria para desvirtuar tal salario promedio, y al no haberlo hecho así, sino que únicamente se limitó a negar el indicado por el actor, es correcta la conclusión alcanzada por la responsable, en el sentido de que debe considerarse para la cuantificación de la pensión de invalidez reclamada por el hoy tercero perjudicado, el salario promedio por él manifestado; por ello, el concepto de violación que se analiza resulta ser infundado.

Consecuentemente, lo procedente es negar el amparo solicitado.

La negativa del amparo debe hacerse extensiva a los actos de ejecución atribuidos al presidente adscrito a la Junta responsable, de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 298, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 518 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1988, Segunda Parte, cuyo tenor literal es el siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.-Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía.".

QUINTO.-No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, la conducta en que incurrió la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, autora del laudo que aquí se reclamó, al no cumplir oportunamente con la obligación procesal prevista por el primer párrafo del artículo 169 de la Ley de Amparo, pues debió remitir dentro del término de tres días, una vez que hubiese cumplido el trámite a que se contraen los artículos 167 y 168 de la propia Ley de Amparo, la demanda de garantías promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, y además constancias de ley; lo que amerita la imposición de una multa.

Para arribar a tal decisión, se toma en cuenta lo que disponen, entre otros, los artículos 163, 167, 168 y el citado 169 de la Ley de Amparo, mismos que, respectivamente, dicen: "Artículo 163. La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de la constancia se sancionará en los términos del artículo siguiente."; "Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos."; "Artículo 168. Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las copias, a dicho tribunal, quien tendrá por no interpuesta la demanda.-En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo no será motivo para tenerla por no interpuesta. En este supuesto, el tribunal que conozca del amparo mandará sacar las copias oficiosamente."; y, "Artículo 169. Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe.-Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento este en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique.-La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto.".

De la anterior normatividad, en lo que atañe a la materia laboral, se distinguen, entre otras, las siguientes situaciones: a) Que la demanda de amparo en contra de laudos o resoluciones que ponen fin al proceso, dictados por tribunales de trabajo, debe presentarse por conducto de la autoridad responsable que emitió el fallo de que se trate; b) Que dicha autoridad debe hacer constar al pie de la demanda la fecha en que se notificó la resolución reclamada y en la que se presentó la demanda, asentando también los días inhábiles que mediaron entre una y otra fechas; c) Que con las copias de la demanda que se exhiban, la responsable emplazará a las partes del juicio constitucional a fin de que, dentro del plazo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito; d) Que si no se presentan las copias necesarias de la demanda, la autoridad responsable se abstendrá de remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito, así como de proveer lo relativo a la suspensión, previniendo al quejoso para que las exhiba en un plazo de cinco días que, transcurrido sin cumplirse, se enviará informe al Tribunal Colegiado, quien la tendrá por no interpuesta; e) Que dentro del término de tres días, la autoridad responsable debe remitir al Tribunal Colegiado de Circuito, la demanda de amparo y copia de la misma para emplazar al Ministerio Público Federal, así como los autos originales (o en su caso, copia certificada de éstos, de existir alguna imposibilidad fundada) y el informe justificado respectivo; f) Que si no cumple la responsable con el envío de la documentación antes señalada, dentro del plazo citado (tres días), se le impondrá la sanción consistente en una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario.

Ahora bien, en el caso, de las constancias procesales se aprecia que el laudo fue notificado a la quejosa el día veintiocho de enero de mil novecientos noventa y nueve (foja 83 del expediente laboral) y presentó su demanda de garantías, según aparece de la certificación que hizo la autoridad del conocimiento al calce de la demanda y se observa del sello de recibido, asimismo estampado en la primera de sus hojas, el día diecinueve de febrero del mismo año; dentro de los quince días que dispone el artículo 21 de la Ley de Amparo, y que se emplazó a Gustavo Muñoz Juárez, tercero perjudicado, el diecinueve de agosto siguiente (foja 14 del cuaderno de amparo); sin embargo, fue hasta el veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en que se recibió en la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, el oficio suscrito por el presidente de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aquí autoridad responsable ordenadora, remitiendo la demanda de amparo y documentación relativa.

Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada ante la autoridad del conocimiento el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, quien concluyó el trámite que en la especie tuvo lugar, de conformidad con los preceptos transcritos en apartados precedentes, una vez que emplazó a la tercera perjudicada, esto es, el día diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por lo que los tres días que establece el artículo 169 de la ley en consulta, para que remitiera la demanda y demás documentación al Tribunal Colegiado de Circuito, finalizaron el día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, y al haberse recibido dicha demanda ante la potestad federal, hasta el día veintitrés de noviembre del mismo año, debe concluirse que la autoridad responsable no dio cumplimiento oportuno con la obligación procesal de remitir la demanda dentro del plazo de tres días señalado y, en esa medida, debe aplicarse la sanción que establece la parte final del artículo 169 de la Ley de Amparo, consistente en una multa de veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, acorde, además, con el primer párrafo del artículo 3o. bis de la propia ley en cita, en la parte en la que estatuye: "Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada ..." (primer párrafo); pues la no remisión de la demanda de garantías y demás constancias, por parte de la autoridad responsable, dentro del lapso de tres días posteriores a la presentación de la demanda y, en la especie, a la fecha en que se emplazó al tercero perjudicado, constituye una conducta omisiva sancionable por sí misma, al encontrarse así dispuesta, por mandato expreso del legislador, en el párrafo final del aludido precepto 169.

En otras palabras, si de autos se desprende que la autoridad responsable no dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 169 de la Ley de Amparo, al no remitir la demanda de garantías, junto con la demás documentación precisada en ese propio artículo, al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en el término de tres días ahí señalado, es evidente que con tal proceder omisivo incurrió en una conducta de carácter pasivo, que se traduce en el incumplimiento oportuno de la anotada obligación procesal, sancionable por sí misma en términos de lo establecido en el propio precepto legal en comento, por no haber respetado el plazo legal que para el envío de la demanda constitucional consignó el legislador, que originó perjuicios a la parte quejosa, ya que con el retardo en la remisión de la demanda de amparo, dejó de cumplir con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Amparo, y en esas condiciones, resulta procedente imponer la multa a que se contrae en el invocado artículo, tal y como se ha señalado, para lo cual habrán de librarse los oficios respectivos a la autoridad hacendaria que corresponda, con el objeto de que, en auxilio de esta autoridad judicial federal, y en ejercicio de sus funciones, provea lo conducente a fin de que se haga efectiva la sanción que aquí se impone.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que sustenta este Sexto Tribunal Colegiado, registrada con la clave TC016053.9L1, derivada del amparo directo 12206/98, Adela Medinilla Hernández, resuelto el veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, que dice: "-Si de autos se desprende que la autoridad responsable no dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 169 de la Ley de Amparo, al no remitir la demanda de garantías al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, junto con la demás documentación precisada en ese propio artículo, en el plazo de tres días ahí señalado, contado a partir de que concluyó el trámite que en auxilio de la Justicia Federal le impone la misma ley reglamentaria en cita (artículos 163, 167, 168 y 169, entre otros), sino en un lapso muy superior; resulta evidente que con tal proceder omisivo incurrió en el incumplimiento de la anotada obligación legal, lo cual es sancionable por sí mismo en términos de lo establecido en el propio precepto legal invocado, sin que en este supuesto resulte necesario manifestar si la responsable actuó de mala fe o no, de acuerdo con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 3o. bis de la Ley de Amparo, ya que la mala fe que en su caso debe apreciar el juzgador, es la proveniente de los particulares, no así de las autoridades, y para éstas la propia ley dispone las multas que de inmediato proceden ante la actuación omisa de sus obligaciones legales.".

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución General de la República y 158, 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.-Se sobresee en el presente juicio de garantías por lo que hace al actuario de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos del considerando primero de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje y su presidente, consistentes en el laudo del seis de octubre de mil novecientos noventa y ocho y su ejecución.

TERCERO.-Se impone multa a la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al día veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Gírense los oficios respectivos a la autoridad hacendaria que corresponda, a fin de que en auxilio de este Tribunal Colegiado, haga efectiva la sanción aquí impuesta, en términos del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Sexto Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo, integrado por los ciudadanos Magistrados: presidente, licenciado Genaro Rivera, licenciada Carolina Pichardo Blake y licenciada María del Rosario Mota Cienfuegos, siendo relatora la segunda de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6320-7b06f86d/multa-en-amparo-directo-es-procedente-su-aplicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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