PODERES EXPEDIDOS POR INSTITUCIONES DE CRÉDITO, INSERCIONES EN LOS.
AMPARO EN REVISIÓN 449/99. JOSÉ MIRANDA GONZÁLEZ Y OTROS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Resultan infundados e inoperantes los argumentos del único agravio que hacen valer los inconformes, por las consideraciones que enseguida se precisan.
Por cuestión de orden, se estudia de manera preferente el argumento marcado con el inciso f), en el que manifiestan los recurrentes que el Juez Federal ignoró por completo lo manifestado en el inciso c), del concepto de violación que hizo valer.
Contra lo sostenido por los inconformes, debe decirse que de la sentencia impugnada se advierte que el Juez Federal sí estudió lo argumentado en el inciso C), del concepto de violación propuesto, pues a fojas doscientos treinta y siete y doscientos treinta y ocho, el a quo transcribe lo manifestado por los quejosos en el referido inciso C), en los siguientes términos:
"Los peticionarios de garantías en los puntos C, D y E, en su orden argumentan: ‘C. La sentencia reclamada es inconstitucional por cuanto estima que la actora no tiene por qué justificar a la acreditada razón o motivo de haber sido intervenida, dado que esa circunstancia sólo le afecta a la actora, y en todo caso es ésta la que tendría que protestar la intervención de que fue sujeto y no el acreditado pues ningún perjuicio le causa.’. ‘D) ... y E)’. Respecto a los puntos precisados, la parte quejosa en esencia argumentó que en el caso no se trata de una cuestión de interés jurídico o perjuicio sufrido a acreditar, como lo sostuvo la responsable, sino que se trata de determinar si en el caso la personalidad de quien se apersona a juicio está o no acreditada, lo que exigía justificar que se había actualizado la hipótesis legal que permite designar interventor gerente."
Como se ve, dicha transcripción y sinopsis corresponde a lo que se encuentra a fojas 9, de autos, relativo al inciso c), del concepto de violación.
A lo anterior, el Juez Federal dio respuesta en los siguientes términos:
"Carecen de razón los quejosos toda vez que la Sala responsable correctamente consideró que desde el momento en que se designó a Manuel Espinosa de los Monteros Guerra, con el carácter de interventor gerente, se actualizó la hipótesis prevista por el artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que cuando a juicio de la Comisión Nacional Bancaria, existan irregularidades en las instituciones de crédito que afecten la estabilidad o solvencia de aquélla y ponen en peligro los intereses públicos o acreedores, el presidente de dicho órgano, podrá de inmediato, con acuerdo de la Junta de Gobierno declarar la intervención, con carácter de gerencia, de la institución de que se trate y designar, sin que para ello requiera acuerdo de la Junta de Gobierno, a la persona física que se haga cargo de la institución con el carácter de interventor gerente, y en el caso concreto, en ejercicio de la facultad correlativa el presidente de la Comisión Nacional Bancaria dispuso la intervención gerencial hecho que, en sí, no causa ningún perjuicio a los quejosos;" (fojas 238 vuelta y 239 de autos).
En este orden de ideas, es inconcuso que el Juez Federal, sí se ocupó y estudió el concepto de violación marcado con el inciso c), cuya omisión alegan los inconformes.
Por otra parte, resulta inoperante el agravio que se hace valer, en virtud de que los recurrentes son omisos en controvertir en su totalidad con razonamientos lógico-jurídicos las consideraciones que sirvieron de base al Juez Federal para negar el amparo de la Justicia Federal, pues al respecto dicho Juez consideró lo siguiente:
a) Que en relación al primer párrafo del único concepto de violación, es inoperante, porque los argumentos que se vierten no constituyen un concepto de violación, dado que éste debe ser la exposición del razonamiento jurídico contra los fundamentos y consideraciones en que se sustentó la resolución reclamada, para poner de manifiesto que es contraria a la ley o a su interpretación jurídica, ya sea porque siendo aplicable determinada disposición legal no se llevó a cabo o bien porque no se hizo una correcta interpretación jurídica de la ley; por ende, la cita de los preceptos constitucionales que los quejosos estiman violados y la transcripción de ellos, sin exponer razonamiento alguno que demuestre jurídicamente la contravención de los derechos fundamentales que estiman violados por el acto que reclaman, no puede considerarse como concepto de violación, y cita como apoyo la jurisprudencia cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES.";
b) Respecto del segundo y tercer párrafos del concepto de violación, son inoperantes porque los quejosos soslayaron exponer cuáles son las acciones y excepciones sobre las que no se pronunció la autoridad responsable en la resolución combatida y las razones por las que, en su opinión, la responsable no se apegó a las formalidades esenciales del procedimiento conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica o a los principios generales del derecho para declarar parcialmente fundados los agravios de los quejosos, pero insuficientes para modificar la resolución del Juez natural; omisión que impidió al Juez Federal entrar a su estudio, ya que para establecer si existió la falta de estudio de las acciones y excepciones deducidas del juicio y la inexacta aplicación de las formalidades esenciales del procedimiento, tendría que realizarse un estudio oficioso de tales cuestiones y ello equivaldría a suplir la deficiencia en un caso no permitido legalmente;
c) Que en relación a la violación de los artículos 356, 357 y 359, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, resultan inoperantes, porque los quejosos soslayan precisar cuál fue el actuar de la responsable que incidió en tal circunstancia; esto es, debieron expresar las razones jurídicas por las que en su opinión, la responsable no fue congruente en la resolución reclamada e incurrió en la inobservancia, inaplicación o inexacta aplicación de los numerales que refiere, señalando en el caso, el modo en que los mismos debieron ser observados y aplicados en la resolución del presente asunto, así como manifestar los argumentos jurídicos necesarios por los que se demostrara jurídicamente que resultan exactamente aplicables, así como la falta de fundamentación y motivación atribuida al acto reclamado;
d) En relación al inciso a), del concepto de violación, también es inoperante, porque lo alegado no fue materia de agravio, ni se alegó cuando se planteó la excepción previa de falta de personalidad en el escrito de contestación de demanda, pues lo único que expresaron fue que en la escritura pública número 1152 de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco, no se consigna la transcripción del poder que fue conferido a Guillermo Eduardo López Romero, para otorgar mandato a favor de Omar Villanueva García; a lo que dio respuesta la responsable considerando infundados los argumentos, porque de la aludida escritura, se aprecia que el notario hizo constar la comparecencia de Guillermo Eduardo López Romero, con el objeto de conferirle poder general no delegable para pleitos y cobranzas a Omar Villanueva García para que representara a Banpaís, Sociedad Anónima, con las facultades insertas en la escritura citada, porque en dicho instrumento público sí refiere el acto consignado, que es precisamente el otorgamiento de poder por parte de Guillermo Eduardo López Romero a favor de Omar Villanueva García, consideraciones que al mantenerse intocadas permanecen vigentes para regir su sentido y en cuanto a ellos no puede hacerse estudio para establecer su legalidad o ilegalidad, porque de hacerlo se supliría la deficiencia de la queja en un caso no permitido por ser de naturaleza civil, y cita como apoyo la jurisprudencia cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUESTIONES QUE NO PUEDEN PLANTEARSE EN LOS, POR NO HABER SIDO MATERIA DE APELACIÓN.";
e) En relación a lo manifestado en el inciso b), del concepto de violación, se consideró que no era necesario que el artículo 140 de la Ley de Instituciones de Crédito, deba quedar inserto o transcrito en el instrumento notarial con el que compareció al juicio natural el representante de la actora, pues es suficiente que en el oficio número 601-1-0007, de tres de marzo de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, designó a Manuel Espinosa de los Monteros Guerra, como interventor gerente de Banpaís, Sociedad Anónima, con las facultades y atribuciones que otorga el artículo 140 de la Ley de Instituciones de Crédito, y que tal documento se relacione con la escritura pública para que se tenga por satisfecho tal requisito; además, el artículo 90, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone que los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración, a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos se concedan al mismo consejo, en el caso concreto, al interventor gerente;
f) En relación a lo manifestado por los quejosos en los incisos c), d) y e) del concepto de violación, se consideró que carecen de razón, porque la responsable desde el momento en que se designó a Manuel Espinosa de los Monteros Guerra, con el carácter de interventor gerente, se actualizó la hipótesis prevista por el artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito; que en el caso concreto, en ejercicio de la facultad correlativa el presidente de la Comisión Nacional Bancaria dispuso la intervención gerencial, hecho en sí, que no causa ningún perjuicio a los quejosos, de ahí que no se requiere que el contenido del precepto legal aludido, quede inserto, relacionado o transcrito en el instrumento público con el que compareció a juicio natural la parte actora, pues es suficiente que se haga relación del antes referido oficio número 601-1-0007, para que se comprenda que se actualiza la hipótesis del citado artículo 138 de la ley en cita; además de que el interventor gerente y los apoderados Guillermo Eduardo López Romero y Omar Villanueva García, no se ostentaron con el carácter a que se refiere el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que resulta innecesario que su nombramiento fuera aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria, porque basta que el nombramiento del interventor gerente haya sido realizado por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 138 de la ley antes señalada, para que éste pueda otorgar poderes generales, como en la especie ocurrió, y cita como apoyo la tesis cuyo rubro es: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO. ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA CUANDO EXISTAN IRREGULARIDADES.".
Para combatir las consideraciones que antes se han resumido, los inconformes en el único agravio que hacen valer, manifiestan lo siguiente:
En el inciso marcado con la letra a), sólo se concretan a reiterar parte de lo considerado por el Juez Federal, al dar respuesta a lo manifestado por los quejosos en el primer párrafo, del único concepto de violación;
En el inciso b), aducen que en la demanda se expuso razonamiento lógico-jurídico tendiente a evidenciar la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, a través de un procedimiento silogístico, en que se invocaron las disposiciones constitucionales violadas, el sentido de la sentencia reclamada y ulteriormente se evidenciaron las razones por las que se estimaba que la sentencia contradecía lo ordenado por las garantías individuales precitadas, por lo que estiman ilegal la sentencia recurrida;
En el inciso c), manifiestan que en el caso se expusieron en cada uno de los incisos del único de los conceptos de violación, los razonamientos concluyentes a través de los cuales se demostraba la inexacta aplicación de las disposiciones legales precitadas, que se traducían en violaciones a las garantías individuales, lo que determina que se vertieron argumentos para demostrar la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada;
En el inciso d), aducen que no es exacto que la cuestión argumentada en el apartado A del único concepto de violación, no fuera materia de agravio, ni se hubiera alegado por los entonces demandados al excepcionarse a la demanda, ya que en el caso se argumentó que el instrumento exhibido era insuficiente para acreditar la personalidad ostentada por Omar Villanueva García, y por ende, lo anterior sí fue materia de excepción y de agravio ante la alzada, por lo que es ilegal la sentencia recurrida.
Como se advierte, los anteriores argumentos, de ningún modo combaten en su totalidad las razones del Juez de Distrito, que antes se han sintetizado en los incisos del a) al f), por ende, al ser la sentencia un todo y si en la misma se sostienen varias consideraciones (lo resumido en los incisos), los agravios que en contra de ella se hagan valer deben controvertir la totalidad de dichas consideraciones, es decir, con los argumentos que se expresen en los agravios, se deben destruir todas las razones que sirvieron de base al Juez Federal para resolver; consecuentemente, si en el caso a estudio, los inconformes son omisos en combatir lo considerado por el Juez de Distrito que lo llevó a negar el amparo de la Justicia Federal, es inconcuso que dichos argumentos resultan ineficaces para revocar o modificar la sentencia que hoy se estudia.
En apoyo de la anterior consideración, se cita la jurisprudencia número veintiocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página dieciocho, del Apéndice de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, localizable también en el CD IUS9, con número de registro 393,984, que dice:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Cuando son varias las consideraciones que sustentan la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito."
Por otra parte, los inconformes en los incisos e) y parte final del f), aducen que para que las facultades del interventor gerente, designado en oficio 601-1-0007, constaran en el instrumento por el que otorgó poder a Guillermo Eduardo López Romero, era preciso que se relacionaran las facultades del otorgante, puesto que así lo exige el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, ya que sólo así podría establecerse si el poderdante originario contaba con facultades bastantes para transmitir la representación de la actora, sin que sea suficiente que en el oficio en cuestión se establezca que se designa al interventor gerente con las facultades que establece el artículo 140 de la ley antes citada, ya que en el mencionado artículo 90 de la referida ley, en el párrafo segundo, establece la exigencia de relacionar, transcribir o insertar la justificación de las facultades del otorgante del poder; asimismo, que la personalidad de los apoderados Guillermo Eduardo López Romero y Omar Villanueva García, exigía que en su acreditación se justificara, no que hubieran sido aprobadas sus designaciones por la Junta de Gobierno, ya que ello jamás se sostuvo en los conceptos de violación.
Los argumentos en estudio resultan infundados, por lo siguiente.
En el caso resulta necesario transcribir lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, que dice:
"Los poderes que otorguen las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento a las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de los consejeros."
De lo precisado es inconcuso que no asiste razón a los inconformes, porque del precepto transcrito se advierte que no es necesario que se transcriban en el poder las facultades del otorgante, ya que en el caso es suficiente con que se haga constar que el que lo otorgó está facultado para ello, requisitos que satisface la escritura pública número mil ciento cincuenta y dos, con la que compareció a juicio Omar Villanueva García, en representación de la parte actora, pues de la aludida escritura se desprende que quien le otorgó poder fue Guillermo Eduardo López Romero, quien a su vez lo recibió del interventor gerente Manuel Espinosa de los Monteros Guerra y éste de Eduardo Fernández García, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional Bancaria, poder que este último confirió en términos de lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuyo precepto dispone:
"Artículo 138. Cuando a juicio de la Comisión Nacional Bancaria, existan irregularidades de cualquier género en las instituciones de crédito, el presidente de dicho órgano, podrá proceder en los términos del artículo anterior, pero si esas irregularidades afectan la estabilidad o solvencia de aquéllas y ponen en peligro los intereses del público o acreedores, el presidente podrá de inmediato, con acuerdo de la Junta de Gobierno declarar la intervención con carácter de gerencia, de la institución de que se trate y designar, sin que para ello requiera acuerdo de la Junta de Gobierno, a la persona física que se haga cargo de la institución, con el carácter de interventor-gerente."
Asimismo, resulta pertinente señalar que el artículo 140 de la ley antes citada, en relación con las facultades del interventor-gerente, dispone:
"El interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administración de la institución y plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo del presidente de la Comisión Nacional Bancaria, y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue conveniente y revocar los que estuvieren otorgados por la institución intervenida y los que él mismo hubiere conferido. El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración."
En las narradas circunstancias, si el artículo 90 de la ley en cita, dispone que en los poderes que otorguen las instituciones de crédito no se requiere de otra inserción, entre otros supuestos, más que las que prevén las leyes orgánicas; por ende, si en el presente asunto, se advierte que quien otorgó el poder original lo fue el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, por disposición de la ley, es inconcuso que la escritura pública número mil ciento cincuenta y dos, de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco (fojas 38 a 44 de autos), con la que compareció a juicio Omar Villanueva García, cumple con los requisitos de ley, pues de la misma se advierte la inserción del oficio número 601-1-0007, a través del cual Eduardo Fernández García, como presidente de la referida comisión, designó a Manuel Espinosa de los Monteros Guerra, como interventor-gerente de Banpaís, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Ábaco Grupo Financiero, otorgándole las mismas facultades a que se refieren los artículos 140 y 141 de la Ley de Instituciones de Crédito, preceptos que lo facultan para otorgar poderes.
En apoyo de la anterior consideración y en lo que resulta aplicable, este tribunal comparte la tesis número III.2o.C.6 C, sustentada por su similar el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página setecientos sesenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el CD IUS9, con número de registro 196,517, que dice:
"PODERES OTORGADOS POR LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. NO ES NECESARIA LA INSERCIÓN EN ELLOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O DEL CONSEJO DIRECTIVO, CUANDO LOS CONFIERE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.-El artículo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito dispone que los poderes que otorgan las instituciones de crédito no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del consejo directivo, según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, o las facultades que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos se concedan al mismo consejo y la comprobación del nombramiento de los consejeros; sin embargo, el cumplimiento de esas exigencias sustanciales es innecesario cuando el poder habilitante de la personalidad de quien comparece en juicio, lo confiere la asamblea ordinaria de accionistas de que se trate, ya que sus atribuciones derivan del numeral 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que le reconoce el carácter de órgano supremo, con facultades para acordar y ratificar todos los actos y operaciones que sean conformes a su naturaleza, y deben cumplir sus resoluciones, las personas a quienes ella misma designe."
Asimismo, se cita la tesis número XXI.1o.55 C, sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página setecientos setenta y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el CD IUS9, con número de registro 199,352, que dice:
"-En términos del artículo 90, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, los poderes expedidos por las instituciones de crédito de banca múltiple, no requieren para su eficacia de otras inserciones más que las siguientes: a) Las relativas al acuerdo del consejo de administración que haya autorizado su otorgamiento; b) Las relativas a las facultades que en los estatutos sociales se concedan al propio consejo; y, c) Las relativas a la comprobación del nombramiento de los consejeros; por lo tanto, es claro que la aprobación de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria, en relación con el nombramiento de consejeros, a que se refiere el artículo 24, último párrafo, del cuerpo legal en cuestión, es innecesaria su inserción en el poder respectivo, en razón de que, al ordenar en forma expresa el dispositivo en estudio que los poderes expedidos por aquellas instituciones, no requieren de otras inserciones más que las indicadas, excluye cualquiera que pudiere inferirse de las diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito."
En las narradas circunstancias, al resultar infundados e inoperantes los argumentos del único agravio que se hace valer, procede confirmar la sentencia recurrida.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Miranda González, José Miranda Brito, Genaro Miranda Brito, María Brito Miranda y Rosa María Miranda González, contra el acto y autoridad precisada en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con copia certificada de esta resolución, devuélvanse los autos al órgano de procedencia y en su oportunidad, archívese el presente toca, por tratarse de un asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Daniel Patiño Pereznegrón, Marcos García José y Amado López Morales, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6410-7197e3e6/poderes-expedidos-por-instituciones-de-credito-inserciones-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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