Corpus
Modo: Corpus Pro

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR AUTORIZADO DE ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 122/2000. · Registro digital (IUS): 6523
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO GBM-ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 680.

AMPARO DIRECTO 122/2000. BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO GBM-ATLÁNTICO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Por razón de método debe estudiarse en primer término el concepto de violación en el que la parte quejosa sostiene que al emitirse la sentencia reclamada, la autoridad responsable incurrió en una violación de carácter formal.

La institución bancaria quejosa, a partir de la foja veinticinco de la demanda de garantías, asevera de manera sustancial que los demandados únicamente opusieron como excepciones argumentos tendientes a que se declare la nulidad del contrato fundatorio de la acción, pero ninguna adujeron en cuanto a la improcedencia de la vía intentada, basada en que los estados de cuenta exhibidos por la parte actora, contengan alguna irregularidad; que los deudores al producir su contestación de demanda admitieron como ciertos los hechos 6, 7, 8, 9 y 10; que además se ofreció como prueba confesional el reconocimiento expreso de tales puntos, así como los diversos hechos 11, 12, 13 y 14, en los que se establecieron las reglas generales para el pago del capital, así como de los intereses ordinarios, que serían a razón de sumar cuatro punto cinco unidades al factor de inflación contemplado en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por cuanto hace al adeudo reconocido, y en lo tocante a los intereses que se causen por aportarse recursos propios del banco acreditante, se aplicaría la tasa que resultara de multiplicar por ciento treinta y ocho por ciento, la tasa mayor entre los certificados de la Tesorería de la Federación, costo porcentual promedio o la tasa de interés interbancaria promedio; que es antijurídico que en forma oficiosa se pretenda desvirtuar la eficacia legal de los estados de cuenta, con motivo de que en los mismos no se estableció la forma en que fueron calculados los intereses, de dónde provienen o cómo el contador facultado obtuvo las cantidades que por esos conceptos se reclaman, ya que los demandados no optaron por ningún medio de defensa legal para desvirtuarlos y que diera al juzgador elementos para declarar la improcedencia de la vía, lo que no aconteció, máxime que en el contrato fundatorio de la acción y en la contestación de demanda, los deudores reconocieron como ciertos los cálculos realizados, por lo que en su opinión es inexplicable que la Sala responsable haya relevado a los demandados de la obligación de sustentar la excepción tendiente a declarar la improcedencia de la vía, basada en la teoría del estudio oficioso, la que en todo caso se traduce en que el actor está obligado a probar su acción y los demandados sus excepciones, todo lo cual apoya en ocho criterios jurisprudenciales que al efecto transcribe.

Es fundado el anterior concepto de violación, toda vez que en efecto es incorrecto que la Sala responsable haya analizado de oficio el contenido de los estados de cuenta que exhibió el banco actor, en virtud de que los demandados no expresaron objeción alguna en concreto en contra de los mismos, sino que únicamente se limitaron a impugnar el contenido del contrato fundatorio de la acción, primordialmente en cuanto a que debe declararse la nulidad de ese acuerdo de voluntades, pero no controvirtieron el contenido de la certificación bancaria, y menos aún adujeron que en ese documento no se especificó la forma en que se calcularon los intereses reclamados, de lo que se deduce que el tribunal ad quem no contaba con elementos suficientes proporcionados por los deudores para hacer un estudio de la multicitada certificación contable, en la forma en que lo llevó a cabo.

Lo anterior es así, tomando en consideración que la parte actora en el juicio generador demandó a Víctor Augusto Merino Irigoyen y América Marina Ramírez del Olmo de Merino, el pago de la cantidad de quinientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y ocho pesos, con un centavo, como suerte principal, más noventa y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos, con setenta y tres centavos, por concepto de intereses ordinarios; los intereses moratorios que se generaran hasta la completa solución del conflicto; los gastos y comisiones pactadas en el contrato fundatorio de la acción; así como los gastos y costas del juicio, a través del juicio ejecutivo mercantil 650/97, radicado en el Juzgado Noveno de lo Civil de esta capital, en cuyo escrito inicial en los puntos de hechos 1, 2, 3, 4 y 6 se detalló lo concerniente a la deuda que fue reconocida por los demandados y la forma en que ellos la cubrirían, mientras que en los diversos apartados 5, 7, 8, 9, 10 y 11 se mencionó la manera en que se realizaría el pago de intereses; siendo importante destacar que a la demanda de que se trata se adjuntaron, el contrato de reconocimiento de adeudo fundatorio de la acción, así como dos estados de cuenta certificados por el contador facultado del banco actor, en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Ahora bien, los deudores al producir su contestación de demanda, misma que ha sido resumida en el considerando cuarto de la presente ejecutoria en el que se precisaron los antecedentes del caso, admitieron que celebraron el contrato de reconocimiento de adeudo aludido por el banco actor, y en un capítulo especial que denominaron de "excepciones y defensas", se limitaron a impugnar el contenido del documento en el que consta ese acuerdo de voluntades, al aducir en esencia: que plantean la nulidad de las cláusulas primera, segunda, tercera, aplicables de manera común para el pago del adeudo en las porciones o tramos primero y segundo, mencionados en el capítulo segundo del contrato fundatorio de la acción, con motivo de que se convino la capitalización de intereses, lo que es ilegal, por lo que en su opinión no produce ninguna obligación, en términos de los artículos 77 y 81 del Código de Comercio; que además el banco actor simula el otorgamiento de un crédito para el refinanciamiento de intereses, con la finalidad de que se le paguen intereses "... que se devenguen del crédito principal y que no sean pagados, lo cual constituye un pacto de anatocismo ..."; que dicha capitalización de intereses es contraria a derecho, pues se hizo con base en el aludido crédito adicional, de acuerdo con las cláusulas segunda y tercera del contrato base de la acción "... como se acreditará en su momento con los dictámenes que emitan los peritos contables ..."; que es clara la simulación del crédito en términos del artículo 2180 del Código Civil para el Distrito Federal, insistiendo en que de antemano el banco actor pactó la ya señalada capitalización de intereses sobre la suerte principal, lo que se encuentra prohibido por la ley.

Como se desprende de lo anteriormente reseñado, los demandados al producir su contestación en el juicio generador, sólo se limitaron a formular alegaciones respecto de las cláusulas del contrato fundatorio de la acción, de las cuales se excepcionaron en el sentido de que son nulas, pero no formularon objeción alguna respecto de los estados de cuenta certificados presentados como prueba por el banco actor, de ahí que es incorrecto que la Sala responsable de oficio abordara el análisis de esa documental, ya que no existía controversia sobre ese punto, debiendo destacarse además que en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, dichos estados de cuenta gozan de una presunción de legalidad, por lo que es indispensable que exista objeción de parte interesada respecto de los mismos, evidentemente en vía de excepción, para que la autoridad pueda ocuparse de ello en sentencia, por respeto al principio de congruencia que rige en las sentencias, de acuerdo con el artículo 1327 del Código de Comercio, que señala que la sentencia se ocupará exclusivamente de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación.

Por otro lado, el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito establece:

"Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.-El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato: I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados."

En términos de lo dispuesto en el precepto antes transcrito, las condiciones requeridas para la procedencia de la acción ejecutiva mercantil consisten en: I. La existencia de un crédito; II. La especificación desglosada de saldos resultantes del mismo a cargo de los acreditados; III. Que los saldos los señale el contador del banco acreedor; y, IV. La exigibilidad de pago del crédito por haber vencido el plazo o llegado la condición que afectara la obligación; de donde es de concluirse que cualquier irregularidad que presente el saldo desglosado en el estado de cuenta bancario, ya no concierne a los elementos de la acción ejecutiva y que, por ende, amerite estudio oficioso, sino que constituye una excepción que tiende a impedir que proceda en la forma planteada o a que no prospere, pero que necesariamente debe hacerse valer, con el objeto de que el Juez pueda ocuparse de ella en la sentencia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.81 C, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, publicada en la página 437 del Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS. TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO EN JUICIO CUANDO NO SON OBJETADOS.-De la recta interpretación del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, se deduce que los estados de cuenta certificados por el contador de dichas instituciones hacen prueba del saldo del financiamiento otorgado a los acreditados, salvo que se demuestre lo contrario; por tanto, cuando en el juicio se tiene por cierto el saldo del adeudo establecido en la certificación contable aludida, misma que no fue objetada, no se infringe la disposición legal mencionada.".

De igual forma, se invoca como apoyo a lo anterior en su parte conducente la tesis emitida por este tribunal de garantías, visible en la página 1015, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "-El estado de cuenta certificado por el contador de una organización auxiliar de crédito es título ejecutivo junto con el contrato respectivo o póliza en que conste el crédito otorgado, si en él se precisa claramente la identificación del crédito celebrado entre las partes, la cantidad a la que ascendió, fecha hasta la que se calculó el adeudo, capital vencido a la fecha del corte, los pagarés mediante los que se hicieron las disposiciones del crédito por parte de los acreditados, monto de las mismas, fechas de vencimiento, tasas de interés normales, pagos no efectuados al capital y pagos hechos sobre los intereses, especificándose las tasas aplicadas a cada uno de ellos, y si además contiene el cálculo de los intereses moratorios correspondientes a cada uno de los pagarés derivados del contrato de crédito y la tasa aplicada por ese concepto, de tal suerte que el estado de cuenta así elaborado satisface los requisitos formales que para el efecto exige el artículo 47 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, puesto que dicho documento, conjuntamente con el contrato o la póliza en que conste el crédito, trae aparejada ejecución y hace procedente la vía ejecutiva mercantil que se ejercite para obtener el pago correspondiente, sin que sea obstáculo para así estimarlo que en dicho estado de cuenta no se haya especificado el método para calcular la tasa de interés aplicada, pues a fin de desvirtuar la fe de dicho documento y destruir la presunción legal de los datos y saldos anotados en el mismo, es necesario que los demandados demuestren, a través de la prueba pericial contable, la inexactitud de los saldos a su cargo ya sea por errores matemáticos o por alguna otra circunstancia que evidencie lo inverosímil del estado de cuenta.".

También encuentra sustento lo antes reseñado, en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página 429, Tomo VII, junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que este tribunal de garantías comparte y cuyo tenor literal es el siguiente: "ACCIÓN EJECUTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SU ESTUDIO POR EL JUZGADOR.-En términos de lo dispuesto en dicho precepto, las condiciones requeridas para la procedencia de la acción ejecutiva que prevé, consisten en: I. La existencia de un crédito; II. La especificación desglosada de saldos resultantes del mismo a cargo de los acreditados o mutuatarios; III. Que los saldos los señale el contador del banco acreedor, y IV. La exigibilidad de pago del crédito por haber vencido el plazo o llegado la condición que afectara la obligación; de donde es de concluirse que cualquier irregularidad que presente el saldo desglosado en el estado de cuenta bancario, ya no concierne a los elementos de la acción ejecutiva y que, por ende, amerite estudio oficioso, sino que constituye una excepción que tiende a impedir que proceda en la forma planteada o a que no prospere, pero que necesariamente debe hacerse valer con el objeto de que el Juez pueda ocuparse de ella en la sentencia, por respeto al principio de congruencia que rige las sentencias, conforme al artículo 1327 del Código de Comercio.".

Similar criterio sostiene el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 624, del tomo y época indicados en el párrafo que antecede, bajo el epígrafe: "CERTIFICACIÓN CONTABLE JUNTO CON EL CONTRATO DE CRÉDITO, CONSTITUYEN TÍTULO EJECUTIVO, AUN CUANDO NO SE HAYA CALCULADO CORRECTAMENTE EL IMPORTE DE LOS INTERESES.-Si en la certificación contable presentada con la demanda, aparece que en algunas mensualidades no se calcularon los intereses ordinarios sobre el instrumento bancario elegido, agregando los puntos adicionales que fueron pactados; ello no impide considerar que ese documento, junto con el contrato de crédito, integran el título ejecutivo a que se refiere el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque, en todo caso, el error en el cálculo de intereses ordinarios debe ser materia de excepción, en la que los demandados impugnan la procedencia de una acción, que se basa en el pago de una obligación calculada apartándose de lo convenido en el contrato.".

Asimismo, es aplicable por analogía, la jurisprudencia 10/97, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 59/96, publicada en la página 277, Tomo V, marzo de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARA FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).-Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria, el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador público, porque estos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario.".

No es óbice para todo lo anteriormente concluido, lo concerniente a que la autoridad judicial esté facultada para analizar de oficio la procedencia de la acción, en virtud de que tal estudio sólo debe limitarse a los requisitos contemplados por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, que han quedado precisados con antelación, tales como: I. La existencia de un crédito; II. La especificación desglosada de saldos resultantes del mismo a cargo de los acreditados o mutuatarios; III. Que los saldos los señale el contador del banco acreedor; y, IV. La exigibilidad de pago del crédito por haber vencido el plazo o llegado la condición que afectara la obligación; pues se insiste, cualquier irregularidad que presente en la forma en que se calcularon los intereses en el multicitado estado de cuenta bancario, ya no concierne a los elementos de la acción ejecutiva que amerite un estudio oficioso, sino que constituye una excepción que tiende a impedir que proceda en la forma planteada o a que no prospere, pero que necesariamente debe hacerse valer con el objeto de que el Juez pueda ocuparse de ella en la sentencia. Luego entonces, si en el presente asunto no se expuso alguna defensa en el sentido de lo resuelto por la responsable, es de concluirse que la sentencia reclamada resulta ilegal.

En consecuencia, al estimarse fundado el concepto de violación antes analizado, provoca la concesión de la protección constitucional para el efecto de que quede insubsistente la sentencia reclamada, lo que hace innecesario el estudio de los restantes argumentos tendientes a combatirla.

Cobra aplicación sobre el particular la jurisprudencia VI.2o. J/170, emitida por este órgano colegiado, consultable en la página 99, Tomo IX, enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS.-Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción.".

Al ser fundado el concepto de violación antes analizado, se concluye que la sentencia reclamada es violatoria de garantías y ello autoriza a conceder el amparo, solicitado por la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva, en la que limite su estudio a la litis planteada en el juicio generador, es decir, con base en la acción ejercitada, las excepciones opuestas y las pruebas ofrecidas por ambas partes, y una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda.

Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 107, fracciones III y IX de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Banco del Atlántico, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero GBM-Atlántico, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto que reclama de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia dictada el diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dentro del toca de apelación 1086/99, que confirma la pronunciada el trece de mayo del citado año, por la Juez Noveno de lo Civil de esta ciudad, en el expediente 650/97, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por la quejosa, en contra de Víctor Augusto Merino Irigoyen y otra.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Antonio Meza Alarcón y Raúl Armando Pallares Valdez. Fue ponente el tercero de los nombrados.

Nota: La tesis de rubro: "CERTIFICACIÓN CONTABLE JUNTO CON EL CONTRATO DE CRÉDITO, CONSTITUYEN TÍTULO EJECUTIVO, AUN CUANDO NO SE HAYA CALCULADO CORRECTAMENTE EL IMPORTE DE LOS INTERESES.", aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, enero de 2000, página 974, tesis XI.3o.15 C.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6523-a59ac800/estado-de-cuenta-certificado-por-contador-autorizado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.