CLAVE CATASTRAL, NATURALEZA JURÍDICA DE LA. SU CANCELACIÓN EN FORMA UNILATERAL ES UN ACTO VIOLATORIO A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 398/99. JAVIER PAUL HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Son parcialmente fundados los agravios vertidos por el quejoso y suficientes para revocar la sentencia recurrida, levantando el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito en la misma.
Esencialmente se aduce lo siguiente:
Que la Juez a quo determinó sobreseer el juicio de garantías en base a lo manifestado por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, siendo inexacto que tenga aplicación al caso lo dispuesto por los artículos 73, fracción XV de la Ley de Amparo y 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, pues dicho quejoso no fue parte en el procedimiento que determinó la cancelación de la clave catastral U-0883-34-03-H registrada a su nombre, y que constituye el acto reclamado, ya que las partes en dicho procedimiento tan sólo fueron la presidenta municipal auxiliar de San Buenaventura Atempan, Tlaxcala, quien solicitó la cancelación de dicha clave, y el Ayuntamiento Municipal de Tlaxcala, quien por acuerdo de Cabildo 08/99 aprobó dicha cancelación; sin que el hoy inconforme fuese citado para comparecer a hacer valer sus excepciones y defensas.
Que como el quejoso no fue parte dentro del procedimiento de cancelación de clave catastral, ello debe constituir una excepción al principio de definitividad por no haber sido llamado a dicho procedimiento; por lo que resulta ser una persona extraña a este último, así como respecto del acto administrativo de cancelación, y por ello no tenía por qué agotar recurso alguno, ni medio ordinario de defensa.
En principio, conviene destacar que el hecho de que la Juez a quo haya determinado la actualización de una causal de improcedencia en base a las manifestaciones vertidas por las autoridades responsables, no es un hecho que en sí mismo cause agravio; pues el artículo 149 de la Ley de Amparo, impone a dichas autoridades la obligación de exponer las razones por las que consideren que el juicio es improcedente; y de igual modo, el artículo 73, último párrafo, del mismo ordenamiento legal, dispone que el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y por ello, de estudio preferente; de lo que se colige que es obligación y no facultad del Juez de Distrito el estudio de las causales de improcedencia, así como de las alegaciones vertidas a fin de establecer la certeza de su actualización, y en su caso, declarar la procedencia o no de la causal invocada.
No obstante lo anterior, debe decirse que le asiste la razón al quejoso en cuanto señala que por el hecho de no haber sido llamado dentro del procedimiento de cancelación de una clave catastral, no tenía por qué agotar el principio de definitividad mediante la interposición del recurso previsto por el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala; y lo anterior es así, pues es evidente que el mismo en modo alguno tuvo conocimiento de la existencia de dicho procedimiento, ni de las constancias que lo integran, de modo tal que pudiese estar en aptitud de interponer el recurso de mérito, pues al efecto cabe destacar que si el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del procedimiento de cancelación que nos ocupa, lo fue por el hecho de que se le comunicó la subsecuente cancelación de la clave catastral por medio del oficio número T.M./225/99 de fecha ocho de julio de mil novecientos noventa y nueve (foja 7 del juicio de amparo 1165/99-C), sin que se advierta de la lectura de dicho oficio que se acompañaran las constancias relativas al emplazamiento al procedimiento de cancelación, de modo tal que se pudiese interponer dentro del plazo legal el recurso respectivo; por lo que es claro que si el hoy quejoso no fue parte en el procedimiento de cancelación de clave catastral respectivo, ni se le dio a conocer el mismo a fin de que pudiese interponer el recurso o medio ordinario de defensa correspondiente a pesar de no haber sido llamado para que manifestase lo que a su derecho correspondiera, debe concluirse que en el caso a estudio no había motivo alguno para agotar el principio de definitividad, ante su desconocimiento de las situaciones jurídicas y de hecho tomadas en consideración por el Ayuntamiento responsable dentro del procedimiento respectivo; máxime si aun y cuando se interpusiera el recurso previsto por el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Tlaxcala, el quejoso no podría argumentar en contra de la resolución del Ayuntamiento en atención a que ignora, a la fecha en que presentó su instancia de garantías, los motivos y fundamentos que la sustentan, dado que en su perjuicio se contravino el artículo 14 constitucional por el hecho de no haber sido llamado al procedimiento como señala.
Al respecto, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el anterior Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV-Julio, página 769, que dice: "RECURSOS ADMINISTRATIVOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS SI SE RECLAMA FALTA DE EMPLAZAMIENTO (CRÉDITO FISCAL).-Si el quejoso reclamó la violación directa a la garantía de audiencia por falta de emplazamiento, y en términos del artículo 126 del Código Fiscal de la Federación, el recurso de oposición solamente puede interponerse cuando el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la ley o por violaciones cometidas durante el mismo, aunque sea cierto que el quejoso se hizo sabedor de la existencia del procedimiento generador del acto reclamado una vez iniciado el procedimiento administrativo de ejecución, ello no implica que deba sometérsele a la ley que rige el acto reclamado, pues a través de dicho medio de impugnación no podría obtener que la autoridad analizara la notificación inicial, pues en éste ya no se puede discutir la validez de la resolución con que culminó el procedimiento administrativo de investigación y audiencia en el que se determinó el crédito.".
Por lo anterior, evidentemente no se actualiza al caso la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 constitucional; por lo que lo procedente es levantar el sobreseimiento decretado por la a quo en la sentencia recurrida, y no advirtiéndose que se actualice ninguna otra causal de improcedencia o de sobreseimiento del juicio, procede entrar al estudio de los conceptos de violación formulados en el escrito inicial de demanda.
QUINTO.-A guisa de conceptos de violación se aduce lo siguiente:
"Se violan en mi perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en atención a que no se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, como a continuación paso a demostrar: El artículo 14 constitucional establece: ‘... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. ...’.-Este precepto constitucional se viola en mi perjuicio, en virtud de que en ningún momento he sido llamado a juicio alguno, que tenga como finalidad la baja del padrón municipal del predio registrado a mi nombre con clave catastral U-0883-34-03-H, violándose así mis garantías de audiencia y defensa a que constitucionalmente tengo derecho, ya que al no habérseme notificado a juicio alguno, es claro y evidente, que sí existe algún procedimiento en el que se me haya condenado a la baja catastral de mi predio, en éste no pudo haberse seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, violándose las disposiciones contenidas en este ordenamiento legal en mi perjuicio, ya que no he sido oída ni vencida en juicio, dejándome con esto en completo estado de indefensión.-Otra violación más, lo constituye en que dicho acuerdo de baja del padrón municipal del predio registrado a mi nombre con clave catastral U-0883-34-03-H, tomado por la responsable ordenadora, no puede estar debidamente fundado ni motivado, ni que este acuerdo esté dictado por autoridad competente, ya que conforme a la Ley Orgánica Municipal, el Honorable Ayuntamiento no tiene facultades para determinar en Cabildo sobre solicitudes de cancelación de altas del padrón catastral, violándose así lo dispuesto por el artículo 16 constitucional que establece: ‘Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ...’. Violándose con esto mi garantía de legalidad.-Teniendo aplicabilidad al presente caso las siguientes tesis jurisprudenciales: ‘ACTOS ADMINISTRATIVOS, INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS. NO ES NECESARIO RECLAMAR LA LEY, CUANDO ÉSTA ES OMISA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESENCIALES CONSAGRADAS POR EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’ (la transcribe), ‘ACTOS ADMINISTRATIVOS, ORDEN Y REVOCACIÓN DE. GARANTÍAS DE AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (la transcribe), ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (la transcribe), ‘POSESIÓN. DEBE RESPETARSE. PARA PRIVAR A UNA PERSONA DE ELLA, SE LE DEBE OÍR EN DEFENSA, SEA QUE LA POSESIÓN SEA LEGÍTIMA O ILEGÍTIMA.’ (la transcribe).-Por lo que respecta a la autoridad administrativa, la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido una obligación directa de proporcionar la oportunidad de defensa a los afectados, aun cuando la ley del acto no establezca ni el procedimiento ni las formalidades esenciales respectivos (tesis 339, página 569, Apéndice 1975, Segunda Sala)."
Precisado lo anterior, le asiste la razón al quejoso en cuanto aduce en forma específica que no le fue otorgado el derecho de audiencia, a fin de que se le hiciera saber el procedimiento que se llevó a cabo y relativo a la baja del padrón municipal de la clave catastral U-0883-34-03-H; y lo anterior es así, pues no pasa inadvertido para este tribunal que si legalmente se justificaba para el Ayuntamiento responsable la cancelación de dicha clave, se debió otorgar previamente la garantía de audiencia al quejoso.
En efecto, si el acto reclamado consiste precisamente en un procedimiento administrativo relativo a la cancelación de una clave catastral que previamente ya había sido otorgada, es claro que, independientemente del cumplimiento o no de los requisitos necesarios para su expedición y de los motivos por los que la misma deba ser cancelada, dicho acto de cancelación sí es susceptible de causar perjuicios al quejoso ante la privación en forma unilateral de los derechos que previamente se le otorgaron y que se han hecho patentes mediante el otorgamiento previo de una clave catastral; por ello, si ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dentro de los requisitos que deben satisfacer los ordenamientos que prevean procedimientos que puedan concluir con la privación de derechos de los gobernados, se encuentran los de ofrecer y desahogar pruebas y de alegar, a fin de que el posible afectado finque su defensa; con mayor razón debe decirse que en el caso de un ordenamiento que no prevé procedimiento alguno previo a la privación de derechos, debe por lo menos respetarse la garantía de audiencia previa a esa privación; pues es claro que la falta del otorgamiento del derecho de audiencia en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala, no puede ser justificante para la cancelación en forma arbitraria y unilateral de una clave catastral previamente otorgada, siendo que por encima de dicho ordenamiento se encuentra la garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, la cual de ninguna manera puede ser restringida por ninguna ley secundaria ni reglamento; por ello debe decirse que es un imperativo constitucional escuchar previamente al gobernado cuando se le trata de privar de derechos previamente adquiridos, en respeto de la garantía de audiencia; por ello resulta indispensable que a este último se le den a conocer todos los elementos que según la autoridad se tienen en su contra y que justifican esa privación, para que pueda imponerse de los mismos y produzca, por lo menos, las alegaciones que puedan desvirtuarlos; pues en el caso a estudio es evidente que el quejoso alega en forma expresa que la cancelación de la clave catastral carece de fundamentación y motivación, sin que se advierta que haya tenido oportunidad de formular tales alegaciones ante las autoridades responsables con objeto de evitar que se le cancelara una clave catastral previamente otorgada.
Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia sustentada por la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 95, en la página 62, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.-La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción.".
En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Ayuntamiento del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, deje insubsistente el acuerdo de Cabildo número 08/99 de veinticinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, por cuanto se refiere a la cancelación y baja del padrón municipal de la clave catastral U-0883-34-03-H; y si considera que existen motivos suficientes para que esta última deba cancelarse, y que por ello sea necesario lo anterior, deberá previamente otorgar el derecho de audiencia al quejoso para que esté en oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, teniendo la obligación de tomar en consideración las alegaciones formuladas al momento de resolver lo conducente; amparo que se hace extensivo respecto del acto reclamado a la autoridad ejecutora.
Cabe por último reflexionar sobre la naturaleza jurídica de la clave catastral, la que si bien no es constitutiva de derechos, sin embargo, es evidente el estado de incertidumbre legal que dicha cancelación propicia, motivada en la especie por la constitución de una zona ecológica sobre los predios amparados por dicha clave; como lo revela la lectura del acuerdo de Cabildo 08/99, y que dice: "... En el desahogo de uno de los puntos correspondientes a los asuntos generales de esta sesión, el ciudadano licenciado Víctor Hugo Cahuantzi González, Presidente Municipal Constitucional de este Municipio, hace del conocimiento del H. Cabildo, que el día nueve de junio del presente año, recibió el oficio número 67/99, de la profesora María Lima Palacios, presidente municipal auxiliar de San Buenaventura, Atempan, Tlax., de fecha ocho del mismo mes y año y en este acto se procedió a dar lectura al citado oficio, en el que esta autoridad manifiesta que por existir conflictos en los terrenos pegados a la presidencia auxiliar de ese lugar que es un bosque o zona ecológica, se proceda a dar de baja o cancelar las altas que en el padrón predial municipal, se dio respecto a los lotes ubicados en los terrenos antes mencionados y que solicita la cancelación de los registros prediales de estos lotes. En razón de lo expuesto se da a conocer que efectivamente durante los meses de febrero y marzo, comparecieron diversas personas a la Tesorería Municipal de este lugar, a dar de alta varios lotes ubicados en la población de San Buenaventura, Atempan, y también se da a conocer que existe un convenio de ordenación de la zona conurbada intermunicipal de Tlaxcala, Chiautempan, Panotla y Totolac, publicado en el Diario Oficial el día ocho de enero del año en curso, el cual contempla un área determinada de la población de Atempan que se encuentra como una zona ecológica, y estando presente la profesora María Lima Palacios, presidente municipal auxiliar de la referida población, informa que desde hace muchos años existe una zona boscosa que la misma población ha reconocido de propiedad comunal, informando también que desde hace algunos años se encuentra declarada como zona ecológica, y por tales razones solicita que se den de baja de la tesorería de este Municipio, los registros de los lotes existentes en ese lugar, que se dieron de alta en la mencionada tesorería, por lo que el honorable Cabildo después de haber escuchado las razones por las que se solicita la cancelación de los registros de los lotes ya mencionados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, de la Constitución Federal, 86, 87 y 90, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 1o., 4o., 19, 28, 32, fracción IV, 33, fracción III, IV, VI y VIII, de la Ley Orgánica Municipal, por unanimidad de todos los integrantes de este Cabildo votaron porque se cancelen las altas que se realizaron en la Tesorería Municipal, respecto a los lotes que corresponden a la zona comunal o zona ecológica de la población de San Buenaventura Atempan, puesto que resultan ilegales los derechos que argumentan los supuestos propietarios de estos lotes respecto a los mismos, pues este Ayuntamiento en ningún momento ha tenido conocimiento de que esa zona se pretendiera fraccionar, ni mucho menos en los libros de las actas de Cabildos de esta presidencia municipal y correspondientes a los años anteriores, existe algún acuerdo de este Ayuntamiento, que autorizara fraccionar esa zona comunal o ecológica, por lo tanto no se encuentra ningún dato de que este honorable Cabildo o los anteriores, hayan autorizado el fraccionamiento de la referida zona y se ordena la baja de los registros existentes en la tesorería de este Municipio y que corresponden a las siguientes claves catastrales ..." (fojas 27 a 29 del juicio de amparo).
En efecto, tal cancelación se traduce en una determinación gubernamental que modifica su aprovechamiento por parte de sus legítimos propietarios, lo que debe interpretarse como una afectación en los derechos del quejoso, previo a la cual se debió otorgar la garantía de audiencia.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 88, 89, 90 y 91, de la Ley de Amparo, así como 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Paul Hernández en contra del acuerdo y autoridades precisadas en el resultando primero de la presente ejecutoria y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, remítase copia autorizada de la misma a la autoridad responsable, así como los autos respectivos al juzgado de su origen y archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jorge Higuera Corona, Francisco Javier Cárdenas Ramírez y Jaime Raúl Oropeza García, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6597-82d6dbe7/clave-catastral-naturaleza-juridica-de-la-su-cancelacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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