SÍNDICO MUNICIPAL, FACULTAD DEL, PARA ABSOLVER POSICIONES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 717/2000. FRANCISCO ANICETO PADILLA.
CONSIDERANDO:
IV. Como conceptos de violación el quejoso señala los siguientes:
a) Que el laudo reclamado es contrario a lo prevenido por el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente, porque el laudo carece de toda equidad y justicia social, al no requerir al síndico del Ayuntamiento demandado o en su caso, a la persona que legalmente el Cabildo de Zumpango hubiere designado para tal efecto, ya que es obvia la inequidad que la responsable aplica en este caso, pues en casos posteriores quien debía contestar en la confesional por la parte actora sería el apoderado legal y no el actor.
b) Transgrede el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el artículo 6o. de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria porque el criterio y las normas que pretende encuadrar en su laudo no le benefician, sino por el contrario, se aplica el criterio en su contra.
c) El tribunal responsable también infringe el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, porque no se acatan las disposiciones establecidas por el precepto mencionado, pues el apoderado de la demandada no acredita fehacientemente estar autorizado para contestar a nombre de su representada en la prueba confesional ofrecida por el quejoso y que indebidamente acepta el tribunal, tal y como se dice en la tesis "PODERES OTORGADOS POR UNA SOCIEDAD. REQUISITOS.", omitiéndose examinar los documentos exhibidos, pues en el testimonio notarial, no se asentó que el Ayuntamiento de Zumpango concediera legalmente la facultad al síndico procurador para que otorgase facultades a terceros para que a nombre del Ayuntamiento absolviera posiciones, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
d) Sostiene igualmente la violación al artículo 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque el tribunal no analiza en forma congruente, a verdad sabida y buena fe guardada el laudo, pues al admitir que el apoderado del síndico procurador absolviera posiciones a nombre del Ayuntamiento, pasa por alto que éste no tiene facultades para ello, siendo por ende impreciso e incongruente el laudo.
e) Igualmente refiere violación al 196 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, porque si bien dicho precepto señala que las partes podrán comparecer a través de apoderado, también lo es que en su fracción II, se menciona que cuando el compareciente actúe como representante de las instituciones públicas, dependencias o de sus titulares deberá de hacerlo mediante oficio o carta poder debidamente firmada por quien tenga facultades, y en el caso el síndico no tiene facultades para deslindar su responsabilidad como representante del Ayuntamiento, y menos en la confesional del Ayuntamiento de Zumpango en la cual la idea fundamental del legislador es cuestionar a las partes y no a través de apoderado legal, además de que en todo poder deben insertarse los documentos con los que se acredite el carácter de quien otorga tal poder, excediéndose el notario en la realización de dar fe.
Los argumentos anteriores entrañan una violación al procedimiento, consistente en el indebido desahogo de la prueba confesional a cargo del Ayuntamiento demandado, misma que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, la cual merece análisis preferente, pues de existir, daría lugar a reponer el procedimiento y tornaría innecesario el estudio del fondo del asunto.
La fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, establece que en los juicios seguidos ante los tribunales de trabajo, se afectarán las defensas del agraviado, entre otras, "III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.".
A su vez, dispone el 161 del mismo ordenamiento, que podrán reclamarse en amparo, los laudos o resoluciones, siempre y cuando pongan fin al juicio; empero, no es dable prepararlas, porque no existe recurso ordinario, según el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo y no lo exige el numeral 158 de aquella legislación, siempre y cuando haya evidencia de su trascendencia al fallo.
En la especie, de las constancias del juicio laboral, aparece que en la audiencia tripartita, la parte actora ofreció, entre otras pruebas la confesional a cargo del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México, por conducto de la persona física que acreditara tener facultades bastantes para absolver posiciones, relacionándola con todos y cada uno de los hechos de la demanda. Esta probanza fue admitida por la responsable en la audiencia citada, fijando las nueve horas y quince minutos del día once de febrero del presente año, para que tuviera verificativo el desahogo de la misma, por conducto de la persona física que acreditara tener facultades suficientes para absolver posiciones en nombre y representación de la demandada (Ayuntamiento de Zumpango), con el apercibimiento de que de no comparecer se tendría por confeso.
El día fijado comparece a la audiencia respectiva el licenciado Humberto González Ramos a nombre del Ayuntamiento, ostentándose como apoderado legal, calidad que según la responsable acredita con el testimonio notarial que exhibe, misma que es objetada por el actor en los siguientes términos: "asimismo se objeta la personalidad del compareciente en virtud de no acreditar fehacientemente las facultades que le otorga la persona física Adrián Isabel Desales Pineda en su carácter de síndico procurador del H. Ayuntamiento y quien es el que tiene las facultades conforme lo estipula la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, para absolver dichas posiciones en su carácter de representante legal del Ayuntamiento de Zumpango y en virtud de que en el poder notarial otorgado a dicho profesionista para absolver posiciones no existe acuerdo previo de Cabildo donde se otorguen las facultades al síndico procurador para otorgar poder a terceras personas con facultades para representar y absolver posiciones en juicios de esta naturaleza, reservándonos el derecho de instaurar el juicio de garantías si este H. Tribunal acepta y acuerda que el Lic. Humberto González Ramos pueda absolver posiciones aun no teniendo las facultades conforme a derecho.".
A lo anterior, la Junta dijo en lo conducente: "visto el pliego de posiciones exhibido por la parte actora el mismo se califica de procedente y de legal, toda vez que se encuentra formulado en términos de lo que establece el artículo 790, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria. Visto lo manifestado por el apoderado legal de la parte actora no ha lugar de acordar lo solicitado en virtud de que como se desprende el instrumento notarial exhibido por el apoderado legal de la demandada, en su hoja dos, si bien es cierto en dicho instrumento notarial no se expresa que tenga facultades para delegar poder para absolver posiciones, también lo es que en el multicitado instrumento notarial, no tiene límites para hacerlo y a mayor abundamiento en la carta poder con la cual acreditó su personalidad el licenciado Humberto González Ramos apoderado legal de la parte demandada, la cual fue otorgada por el ingeniero Adrián I. Desales Pineda, de la misma se desprende que tiene plenas facultades para articular y absolver posiciones. Razón por la cual se desecha la petición hecha por la actora.".
Conviene precisar que el estudio de la personalidad que a continuación se hará, versará únicamente respecto a si el absolvente tiene o no facultades para absolver posiciones a nombre del Ayuntamiento, pero de ninguna manera se analizará si la determinación de la responsable estuvo o no correcta al reconocer personalidad a la persona que comparece a nombre del Ayuntamiento al juicio, ya que esta cuestión es materia de amparo indirecto, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 7/99, visible en la página ciento sesenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Segunda Sala, IX, febrero de 1999, que dice: "PERSONALIDAD EN MATERIA LABORAL. POR REGLA GENERAL DEBE RECLAMARSE EN AMPARO INDIRECTO, EXCEPTO CUANDO LA JUNTA, DENTRO DEL JUICIO, DESCONOZCA O RECHACE LA DE QUIEN COMPARECE POR EL ACTOR, O CUANDO, EN EL LAUDO, HAGA PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE LA CUESTIÓN, CASOS EN LOS CUALES PROCEDE EL AMPARO DIRECTO.—Conforme al criterio actual del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, recogido en la tesis P. CXXXIV/96, publicada en las páginas 137 a 139, del Tomo IV, noviembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que se intitula ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’, la regla general es que procede el amparo indirecto en contra de las resoluciones que, previamente al fondo, dirimen una cuestión de personalidad en el juicio ordinario laboral. De la misma ejecutoria aparece que esa regla tiene dos excepciones, a saber: a) cuando la autoridad laboral dicte resolución en la que desestime la personalidad de quien comparece como representante del actor, lo cual pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal; y, b) en el caso de que haga pronunciamiento específico sobre la personalidad –de cualquiera de las partes– en el laudo, el cual es definitivo, hipótesis en las que, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 44, 46, tercer párrafo, y 158 de la Ley de Amparo, procede el amparo directo.".
Los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, prevén lo siguiente:
"Artículo 52. Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los Ayuntamientos."
"Artículo 53. Los síndicos tendrán las siguientes atribuciones: I. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los Ayuntamientos en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal; II. Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal; III. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo; IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la tesorería, previo comprobante respectivo; V. Asistir a las visitas de inspección que realice la Contaduría General de Glosa a la tesorería e informar de los resultados al Ayuntamiento; VI. Hacer que oportunamente se remitan a la Contaduría General de Glosa de la Legislatura del Estado las cuentas de la Tesorería Municipal y remitir copia del resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento; VII. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de sus valores y de todas las características de identificación, así como el uso y destino de los mismos; VIII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales; IX. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la Propiedad; X. Practicar, a falta del agente del Ministerio Público, las primeras diligencias de averiguación previa o aquellas que sean de notoria urgencia remitiéndolas al agente del Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente, dentro del término de 24 horas y vigilar que los oficiales conciliadores y calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos; XI. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos en las leyes respectivas; XII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes respectivas; XIII. Verificar que los funcionarios y empleados del Municipio cumplan con hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado y Municipios; XIV. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia; XV. Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados; XVI. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.—En el caso de que sean dos los síndicos que se elijan, uno estará encargado de los ingresos de la hacienda municipal y el otro de los egresos. El primero tendrá las facultades y obligaciones consignadas en las fracciones I, IV, V, y XVI, y el segundo, las contenidas en las fracciones II, III, VI, VII, VIII, IX, X y XII entendiéndose que se ejercerán indistintamente las demás. En el caso de que se elija un tercer síndico, éste ejercerá las atribuciones del segundo a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX y X.—Los síndicos no pueden desistirse, transigir, comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de bienes municipales, sin la autorización expresa del Ayuntamiento."
Ahora bien, de los preceptos mencionados se desprende que los síndicos municipales tienen a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, también la representación jurídica de los Ayuntamientos, en los litigios en los cuales éstos fueran parte.
Consecuentemente, quienes tengan dicho carácter, están autorizados para comparecer en juicio, e incluso, absolver posiciones en nombre del Gobierno Municipal, cuyo Cabildo es el único con facultades para designar procuradores o apoderados especiales que además de los síndicos representen al Ayuntamiento.
De tal manera que, si como se desprende del testimonio agregado al juicio natural, el licenciado Adrián Isabel Desales Pineda, en su calidad de primer síndico del Ayuntamiento del Municipio de Zumpango, otorga poder al licenciado Humberto González Ramos, entre otros, para que lo representara ante la Junta, es evidente que el desahogo de la prueba fue incorrecto, porque la Ley Orgánica Municipal no prevé precepto alguno que lo faculte para delegar esas facultades a un tercero o terceros.
Al respecto conviene citar la tesis de este tribunal, número II.T.13 K, publicada en la página mil ciento veintitrés, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XI, febrero de 2000 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "—De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los síndicos tienen a su cargo la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, así como su representación en los litigios en los cuales fuere parte. En ese contexto, están autorizados para asistir en juicio, e incluso a absolver posiciones en su nombre, cuyo Cabildo es el único, para en otros casos, designar procuradores o apoderados especiales que además de aquéllos, representen al Ayuntamiento. Consecuentemente, sólo el síndico está en aptitud de desahogar la confesional, si al comparecer en el juicio demuestra ese carácter a través del nombramiento relativo, de no haberse designado apoderados.".
Similiar criterio aplicó este tribunal en el amparo directo 520/2000.
Luego entonces, si la prueba confesional de que se trata no fue desahogada por quien legítimamente estuviere facultado para ello, resulta evidente la violación al procedimiento invocada por el quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, en la medida en que al demandado se le formularon posiciones en relación al tiempo extraordinario reclamado por el accionante y del cual la responsable absolvió al primero.
Al resultar fundado el anterior concepto de violación, resulta innecesario estudiar el diverso que hace valer el impetrante en relación a que la emisora indebidamente absolvió al Ayuntamiento demandado de las horas extras.
En las relatadas condiciones lo que procede en la especie es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado en lo necesario; tenga por confeso al Ayuntamiento de las posiciones formuladas por la actora, por no comparecer a su desahogo mediante legítimo representante y con plenitud de jurisdicción resuelva conforme proceda en derecho.
La anterior concesión del amparo es sin perjuicio de lo resuelto en el diverso 716/2000 promovido por el hoy tercero perjudicado en contra del mismo laudo que ahora se combate.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107 fracciones III y V de la Constitución General de la República, 46, 158, 184, 186, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:
ÚNICO.—Para el efecto precisado en la última parte del considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Aniceto Padilla, contra la autoridad y respecto del acto que precisado quedó en el resultando primero de esta sentencia.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese el presente como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito que integran los Magistrados Alejandro Sosa Ortiz, Salvador Bravo Gómez y Fernando Narváez Barker, siendo relator el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6777-c599c6bf/sindico-municipal-facultad-del-para-absolver-posiciones-legislacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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