PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. NO SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO AL NO ESTAR CONTEMPLADA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA, YA QUE SE RIGE POR SU PROPIA LEY ESPECIAL.
AMPARO DIRECTO 152/2000. GAS LUXOR, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Son infundados los conceptos de violación propuestos por la quejosa, quien en síntesis aduce:
a) Que la responsable omitió considerar que la Procuraduría Federal del Consumidor, si bien aparentemente está fuera de la administración pública centralizada, actúa como una autoridad administrativa federal, tal como la clasifica el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, aunado a que el numeral 3o. de esta ley, le confiere la facultad de sancionar el incumplimiento de dicha normatividad, por lo que es evidente que funciona como integrante de la administración pública centralizada, por tanto, su actividad queda supeditada a lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ordenamiento este que trata de desregular, generalizar y simplificar los procedimientos, dado que las autoridades administrativas de manera sistemática omiten resolver los recursos ordinarios; además, del concepto de autoridad se deduce que sólo las autoridades investidas con el poder del Estado pueden obligar a los particulares a cumplir con la ley, y con ese carácter únicamente pueden integrar la administración pública centralizada, pues resulta incompatible contar con la facultad sancionadora y ser parte de la administración pública paraestatal.
Son infundados los motivos de inconformidad que anteceden.
Previo a su estudio, es menester señalar que la resolución reclamada en el presente juicio fue dictada por la Sala Fiscal, quien declaró infundado el recurso de reclamación que interpuso la ahora quejosa en contra del proveído de quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, donde se desechó la demanda por improcedente, al no haberse agotado el recurso de revisión previsto en el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en contra de las resoluciones números 1408/99, 1409/99 y 2124/99, todas de fecha cuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve, dictadas por el titular de la delegación metropolitana de Iztapalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor, en el expediente 1871/99-06-01-1 de los de la Primera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Fiscal de la Federación.
De igual manera, es importante reproducir, para los efectos de la presente resolución, las siguientes disposiciones legales:
De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los artículos 1o., 3o., fracción I, y 45.
"Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
"La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la administración pública centralizada.
"Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."
"Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
"I. Organismos descentralizados."
"Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."
De la Ley Federal de Protección al Consumidor, los numerales 3o. y 20.
"Artículo 3o. A falta de competencia específica de determinada dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial expedir las normas oficiales mexicanas previstas por la ley y a la procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento."
"Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto."
De la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el artículo 1o., párrafo primero.
"Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte."
Pues bien, como se dijo, son infundados los motivos de inconformidad antes resumidos.
En efecto, acorde al artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la administración pública centralizada está formada por las secretarías de Estado y por los departamentos administrativos, en tanto que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados.
Es oportuno mencionar que el tratadista Andrés Serra Rojas (Derecho Administrativo, Primer Curso, vigésima primera edición, Editorial Porrúa, México, 2000, p. 526), define la descentralización administrativa en los siguientes términos: "La descentralización administrativa es la técnica de la organización jurídica de un ente público, que integra una personalidad a la que se le asigna una limitada competencia territorial o aquella que parcialmente administra asuntos específicos, con determinada autonomía o independencia, y sin dejar de formar parte del Estado, el cual no prescinde de su poder político regulador y de la tutela administrativa.".
En ese tenor, cabe precisar que con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada al Poder Ejecutivo, la administración pública se organiza esencialmente en dos formas: la centralización y la descentralización.
La administración pública centralizada se presenta como una estructura de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relación de jerarquía presidida por su jefe máximo, en el nivel federal encarnado en el presidente de la República.
La administración pública descentralizada se expresa en una estructura de organismos desvinculados en diverso grado de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región. En esta faceta del Estado advertimos también a las empresas de participación estatal de las que se vale para realizar directamente actividades de intervención en la economía del país; ambas clases de entes conforman la llamada administración paraestatal.
En este orden de ideas, los organismos descentralizados no forman parte del Poder Ejecutivo, en tanto que son componentes de la administración pública, y su objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo.
De acuerdo con lo anterior, tenemos que la Procuraduría Federal del Consumidor integra la administración pública descentralizada, creada por decreto del Congreso de la Unión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como se indica en el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; así, aunque no forma parte del Poder Ejecutivo, sí constituye un órgano auxiliar del mismo, como expresamente lo señala la fracción I del artículo 3o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sobre el particular, cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 3/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, enero de 2000, página 41, que dice:
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. SI BIEN SON ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, NO FORMAN PARTE DE LOS PODERES EJECUTIVOS, FEDERAL, ESTATALES NI MUNICIPAL.-El Tribunal Pleno de esta Corte Constitucional aprobó la tesis número P./J. 16/95 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, agosto de 1995, página 60, cuyo rubro sostiene ‘TRABAJADORES DEL SERVICIO POSTAL MEXICANO. SUS RELACIONES LABORALES CON DICHO ORGANISMO DESCENTRALIZADO SE RIGEN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL, POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’, del texto de la misma y de las consideraciones de los precedentes que la integran se desprende que un organismo público descentralizado se distingue de los órganos de la administración pública centralizada a los que se les identifica con el Poder Ejecutivo a nivel federal o estatal o con el Ayuntamiento a nivel municipal, de tal suerte que es un ente ubicado en la administración pública paraestatal, toda vez que la descentralización administrativa, como forma de organización responde a la misma lógica tanto a nivel federal, como estatal o incluso, municipal, que es la de crear un ente con vida jurídica propia, que aunque forma parte de la administración pública de cada uno de esos niveles, es distinta a la de los Poderes Ejecutivos, sean federal o estatales así como a los Ayuntamientos municipales, aun cuando atienden con sus propios recursos una necesidad colectiva."
En otro aspecto, es pertinente resaltar que el otorgamiento de personalidad y patrimonio propios a los organismos descentralizados, a que hace referencia el ordinal 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, obedece a la necesidad de darles ya sea una simple autonomía técnica o bien una autonomía verdaderamente orgánica, o ambas, con el fin de que cumplan los cometidos a su cargo.
La autonomía técnica implica el no sometimiento de los organismos a las reglas de gestión administrativa y financiera aplicables por lo general a todos los servicios centralizados del Estado.
La autonomía orgánica se traduce en la especial organización interna del organismo que le permite incluso en el caso extremo el autogobierno.
Desde este punto de vista, se trata pues de una autoadministración en el marco de las leyes, restringida a la ejecución de los fines específicos encomendados a dichos organismos.
Esto es, los organismos descentralizados reflejan una forma de organización administrativa del Estado, no ajena a éste, que presenta una autonomía para efectos de gestión y para lograr un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones que tienen encomendadas, por lo que es dable concluir que son parte del Estado.
Ahora bien, es verdad que el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, dispone que corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor, velar por el cumplimiento de la citada ley, y en su caso, aplicar sanciones a los particulares que vulneren sus disposiciones, sin embargo, ello no implica que por tal motivo pierda la calidad de organismo descentralizado.
Ciertamente, en algunos casos, puede suceder que los organismos descentralizados, al contar con facultades de decisión y de ejecución, realicen actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares, de lo cual se podrá concluir que estamos en presencia de un acto de autoridad, mas no de una determinación emitida necesariamente por un organismo centralizado, pues no debe perderse de vista que aquéllos actúan con base en atribuciones que le corresponden al Estado y, por tanto, es indudable que se encuentran en posibilidad de emitir actos de autoridad.
En este contexto, si la resolución que se pretendió combatir a través del juicio contencioso-administrativo, no fue emitida por un organismo centralizado, es evidente que no se ubicaba dentro de los supuestos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuyo artículo 1o., disponía que tal ordenamiento resultaba aplicable solamente a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada.
Similar criterio ha sustentado este tribunal en los juicios de amparo directo números 1195/99, 1063/99, 198/2000 y 96/2000, promovidos el primero por Gas Imperial, Sociedad Anónima de Capital Variable, el segundo y tercero por Regio Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable y, el último por Gas Luxor, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, resueltos en sesiones de dos de marzo, cuatro de mayo, nueve de junio y veintiuno de septiembre de dos mil.
Sobre el particular, conviene reproducir la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, páginas 595 y 596, que a la letra dice:
"-La Ley Federal de Procedimiento Administrativo es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, que la integran la presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; ahora bien, los organismos descentralizados son entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios; de manera que siendo la Procuraduría Federal del Consumidor un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, es claro que no pertenece a la administración pública federal centralizada, por lo que sus actos, procedimientos y resoluciones no se encuentran regidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino por su propia ley especial que es la Ley Federal de Protección al Consumidor."
b) Que la responsable no tomó en cuenta que la resolución impugnada en el juicio de nulidad se dictó con base en una ley supeditada a lo que dispone el artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como es la Ley sobre Metrología y Normalización; así también, soslayó que la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra subordinada a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, quien publica los ordenamientos legales que rigen a dicha institución; que tampoco advirtió que el artículo 1o. de la Ley sobre Metrología y Normalización, establece que su aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de sus dependencias, dentro de las cuales se encuentra la mencionada procuraduría.
Deviene infundado el anterior concepto de violación.
Se afirma lo anterior, en atención a que si bien el artículo 1o. de la Ley sobre Metrología y Normalización, establece que su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en ese ordenamiento, también es verdad que en términos de la fracción XIV del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la vigilancia y el cumplimiento en la verificación de normas oficiales mexicanas, pesas y medidas para la actividad comercial, entre otros, corresponde a la Procuraduría Federal del Consumidor.
Entonces, si con motivo de la oposición a que se realizara diversa diligencia de verificación en el cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-002-SCFI-1993, el titular de la Delegación Metropolitana en Iztapalapa, de México, Distrito Federal, de la Procuraduría Federal del Consumidor, impuso a la ahora quejosa unas multas por las cantidades de cincuenta y un mil seiscientos setenta y cinco pesos, cuarenta y siete mil trescientos sesenta y ocho pesos con setenta y cinco centavos y cuarenta y cinco mil seiscientos cuarenta y seis pesos con veinticinco centavos, con fundamento en la fracción I del artículo 25 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es innegable que tal resolución fue dictada por un organismo público descentralizado que, como tal, no quedaba regulada por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues como ya se precisó, tal ordenamiento resultaba aplicable en forma exclusiva a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada.
Por otra parte, si bien el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé que a falta de competencia específica de alguna otra dependencia de la administración pública federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial expedir las normas oficiales mexicanas, ello no significa que la Procuraduría Federal del Consumidor se convierta en un organismo público centralizado cuando despliega sus atribuciones de vigilancia y de sanción, en relación con el cumplimiento de las normas expedidas por dicha secretaría.
En las relatadas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados contra la resolución de ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Primera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de reclamación que se hizo valer en el expediente 1871/99-06-01-1.
Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 79, 158, y 190 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gas Luxor, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Fiscal de la Federación, consistente en la resolución de ocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dictada en el expediente 1871/99-06-01-1.
Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Salvador Mondragón Reyes, Manuel Baraibar Constantino y Óscar Germán Cendejas Gleason, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7028-e653aff2/procuraduria-federal-del-consumidor-no-se-rige-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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