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Modo: Corpus Pro

CONCLUSIONES ACUSATORIAS. OMISIONES QUE NO LAS AFECTAN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 39/2001. · Registro digital (IUS): 7138
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Mayo de 2001, , Pág. 918.

AMPARO DIRECTO 39/2001.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Los conceptos de violación expresados por el quejoso son por una parte infundados, y por otra fundados, supliendo en lo necesario la queja deficiente, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.

En ellos aduce el quejoso, por una parte, que la sentencia combatida vulnera en su perjuicio la garantía constitucional de seguridad jurídica, en virtud de que la Sala responsable realizó una incorrecta fijación de los hechos materia de la causa penal instruida en su contra, violando lo dispuesto por el artículo 89, fracciones IV y V, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Zacatecas; que además, debió la responsable de analizar en primer término los agravios expresados por el Ministerio Público y después los por él expuestos, y no en forma conjunta como lo realizó.

Se estima que lo aducido en el párrafo anterior por el impetrante de garantías es infundado, toda vez que del análisis del acto reclamado, este tribunal advierte que la Sala responsable sí dio cumplimiento a lo establecido por las fracciones IV y V del artículo 89 a que se hace referencia, en las que se dispone, en síntesis, que la sentencia debe contener un extracto breve de los hechos conducentes, refiriendo las pruebas que se hayan aportado al sumario, así como los razonamientos y fundamentos que sustenten el sentido del fallo.

Lo anterior es así en atención a que, de la lectura del considerando tercero y cuarto de la sentencia combatida, se desprende que la Sala responsable hizo referencia a los medios de prueba que obran en el juicio penal instaurado en contra del aquí quejoso, y además realizó una síntesis de los hechos que, a su criterio, se desprenden de esos medios de convicción.

Por otra parte, se considera que la circunstancia de que la Sala responsable haya abordado el estudio de los agravios expresados por ambos apelantes, es decir, el Ministerio Público y el aquí quejoso, en forma conjunta y no en los términos que precisa en sus conceptos de violación, no es violatorio de garantías, pues lo realmente importante es que se analice la totalidad de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, con independencia del orden en que se hayan manifestado y de la forma que elija la autoridad responsable, deviniendo de lo anterior lo infundado del motivo de queja en estudio.

En cuanto a lo anterior, se estima que tiene aplicación la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo criterio comparte este tribunal, la cual puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, julio de 1991, página 122, bajo el epígrafe y texto siguientes:

"AGRAVIOS. EXAMEN DE LOS.-Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos pueda causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos: ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etc.; lo que importa es el dato sustancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija."

En otro orden de ideas, el quejoso manifiesta, en lo sustancial, que la Sala responsable no analizó correctamente los agravios que él expuso en el recurso de apelación, en los cuales afirmó, en síntesis, que las conclusiones del Ministerio Público se expresaron en forma defectuosa al no haber precisado cuál fue la norma que se violó del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales; que el Juez de primera instancia suplió la deficiencia de esas conclusiones acusatorias al haber señalado que se vulneraron las disposiciones contenidas en los artículos 100 y 118 del reglamento en cita, aseverando que la falta de estudio de esos argumentos, contenidos en los agravios, lo dejan en estado de indefensión, citando como apoyo de ese motivo de inconformidad la tesis aislada que transcribe bajo el rubro: "MINISTERIO PÚBLICO, CONCLUSIONES DEFECTUOSAS DEL, SI OMITE PRECISAR EL ARTÍCULO EN EL QUE ENCUADRAN LOS HECHOS POR LOS QUE SE ACUSÓ AL PROCESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).".

Es infundado el anterior concepto de violación, en razón de que la Sala responsable en el considerando quinto del acto reclamado sí analizó lo atinente al tema en estudio, y concluyó que es inexacto que las conclusiones del Ministerio Público se hayan expresado en forma defectuosa, y que además, no constituye una suplencia a ese supuesto defecto, el hecho de que el Juez de primera instancia hubiese citado los preceptos del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, en que se contienen las faltas de cuidado que se le atribuyen al aquí quejoso en la causa penal en comento.

En efecto, para sustentar la anterior determinación a la que arribó la Sala responsable, en forma acertada estableció que en las conclusiones acusatorias sí se precisó la conducta culposa antijurídica que desplegó ... como determinante del hecho de tránsito materia del procedimiento penal que en su contra se instruyó, señalando los hechos y medios de prueba que evidencian lo anterior y, por otro lado, que la cita de los preceptos legales que sustentan la conclusión a que se arribó en primera instancia, no puede ser considerada como suplencia de la deficiencia de las conclusiones acusatorias, sino como satisfacción de la garantía de fundamentación y motivación de las sentencias judiciales.

Efectivamente, se estima que le asiste la razón a la Sala responsable al señalar que en el pliego acusatorio se expresó en forma correcta y no defectuosa, como lo afirma el aquí quejoso, toda vez que corresponde al órgano jurisdiccional resolver si se actualiza la conducta delictiva que imputa la representación social a la hipótesis legal prevista en la ley, así como si se encuentran acreditados los hechos en que se sustente ese actuar antijurídico, a fin de determinar la responsabilidad penal e imponer las sanciones que correspondan; por tanto, se considera que la circunstancia de que en esas conclusiones acusatorias no se hayan citado todos los artículos del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales en que se establece el deber de cuidado y prudencia que se estima transgredió el aquí impetrante de garantías, no es suficiente para considerar que se expresaron en forma deficiente dichas conclusiones, pues en ellas se señalaron los hechos por los que, a su criterio, debería ser sancionado el aquí quejoso, así como las pruebas que acreditan esa conducta antijurídica.

En relación a lo anterior, este tribunal, al resolver los juicios de amparo números 1301/98, 152/99, 471/2000 y 619/2000, sustentó la tesis aislada siguiente:

"-Si al formular conclusiones acusatorias el Ministerio Público no cita la jurisprudencia o doctrina aplicables al caso, las circunstancias peculiares del procesado o algunas otras cuestiones no esenciales contempladas por los artículos 292 y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales, tales omisiones no afectan a la acusación, pues la esencia de esas conclusiones como expresión final del ejercicio de la acción penal es la pretensión punitiva que se reduce a la imputación de los hechos considerados como delitos por la ley y las pruebas que en su concepto los acrediten y, en todo caso, al Juez corresponderá resolver si se actualizan las hipótesis legales, determinar la responsabilidad penal del acusado e imponer las penas que procedan."

En lo concerniente al tema que se analiza, y conforme a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este tribunal considera que la tesis que transcribe el quejoso en apoyo de su argumento, además de no ser obligatoria por no constituir jurisprudencia en términos del segundo párrafo del artículo 193 de la ley de la materia, no tiene aplicación al caso en estudio, en virtud de que del análisis de ese pliego acusatorio se advierte que, como ya se señaló en la presente ejecutoria, sí se precisaron los hechos que la representación social estimó constitutivos de los ilícitos de homicidio y daño en las cosas por culpa, atribuidos al aquí quejoso, por lo cual es inexacto que haya quedado en estado de indefensión, como él lo asevera ahora en sus conceptos de violación, pues al haberse señalado los hechos que, se reitera, fueron considerados como delictivos y por los cuales se sustanció el procedimiento penal, es evidente que sí estuvo en aptitud jurídica de desvirtuarlos, deviniendo de lo anterior lo infundado de los argumentos en estudio.

En otro contexto, el quejoso asevera que la autoridad responsable no analizó correctamente los agravios ante ella expuestos, pues de haberlo hecho habría llegado a la conclusión de que el accidente de tránsito que originó el proceso penal que se instauró en su contra, fue ocasionado debido a que Raudel Sauceda Rivera conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad el vehículo que participó en esos hechos, y debido a esos factores invadió el carril por el que circulaba el aquí quejoso en el vehículo que conducía al momento del citado accidente; que lo anterior se demuestra con el examen toxicológico de alcoholemia que se le practicó al cuerpo de quien en vida llevara el nombre de Raudel Sauceda Rivera, así como con la prueba pericial emitida por el ingeniero Rubén Méndez Félix, afirmando el quejoso que la Sala responsable no tomó en cuenta esos medios de prueba y, por ello, en forma indebida tuvo por acreditados los elementos materiales objetivos externos que integran los delitos de homicidio y daño en las cosas por culpa.

Se estima que no le asiste la razón al quejoso en atención a que, por lo que concierne a la comprobación de los elementos externos de las figuras delictivas de homicidio y daño en las cosas por culpa, la Sala responsable estuvo en lo correcto al tenerlos por acreditados con base en el análisis que realizó respecto de la fe ministerial del cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Raudel Sauceda Rivera, en el que se precisaron las lesiones que éste presentaba como resultado del accidente a que se ha hecho referencia, las cuales, de acuerdo al certificado médico de autopsia, se determinó que fueron la causa de su deceso, así como a la fe ministerial de los daños que presentaron los dos vehículos que participaron en el accidente de tránsito, uno de ellos conducido por el ofendido Raudel Sauceda Rivera y el otro por el aquí quejoso ... medios de convicción anteriores que en forma indubitable evidencian que en los hechos de tránsito en que intervino el aquí impetrante de garantías, se causaron daños a los bienes y la privación de la vida de Raudel Sauceda Rivera.

Es pertinente destacar, que en atención a que la forma de comisión de los ilícitos de referencia se atribuye como culposa, ésta tiene directa e íntima relación con la responsabilidad penal del aquí quejoso.

Ahora bien, para arribar a la conclusión de que el accidente de tránsito fue ocasionado por el aquí quejoso, señalando que como causa determinante fue la velocidad inmoderada e invasión del carril en que circulaba el pasivo Raudel Sauceda Rivera, la Sala responsable valoró en lo individual y en su conjunto los medios de convicción siguientes:

a) Parte de accidente número 282/96, emitido por agentes de la Policía Federal de Caminos y Puertos (fojas 14 y 15);

b) Fe ministerial del lugar de los hechos y de los vehículos que participaron en el accidente de tránsito en cita (fojas 4 vuelta a 6);

c) Fotografías que se tomaron del lugar de los hechos en forma inmediata a que éstos acontecieron (fojas 46 a 56);

d) Inspección judicial practicada en el lugar de los hechos (fojas 109, 1113 y 1114); y

e) Dictamen de causalidad emitido por Javier Villa Vázquez y por el tercero en discordia Mario Alberto Saucedo Guerrero (fojas 1120 a 1140, 1261 y 1262).

En este contexto, resulta inexacto lo aseverado por el impetrante de garantías, en el sentido de que la Sala responsable no tomó en consideración el hecho de que el pasivo conducía el vehículo Volkswagen Jetta a exceso de velocidad, así como que en el examen toxicológico de alcoholemia que se practicó al pasivo Raudel Sauceda Rivera, se determinó que al momento en que acontecieron los hechos materia de la causa penal, éste resultó positivo para la presencia de alcohol etílico, con una concentración de cero punto cero ocho por ciento, equivalente a ochenta miligramos de alcohol etílico por cada cien mililitros de sangre, pues en forma expresa concluyó que esas circunstancias no fueron la causa determinante que ocasionó el accidente de tránsito de referencia, pues ésta se debió a que el aquí quejoso conducía a velocidad inmoderada e invadió el carril por el que de frente circulaba el pasivo Raudel Sauceda Rivera.

De igual forma, es inexacto que la Sala responsable haya omitido valorar el dictamen de causalidad emitido por el ingeniero Rubén Méndez Félix, pues al analizar ese medio de convicción, en forma tácita estableció que no tiene el alcance probatorio pretendido por el aquí quejoso, toda vez que del estudio de ese medio de prueba (el que obra a fojas 62 a 65 del proceso penal), este tribunal advierte que, en lo sustancial, tal como lo refiere la autoridad responsable, e incluso el Juez de primera instancia, en ese dictamen no se señala la forma en que el perito obtuvo el peso de los vehículos que participaron en el hecho de tránsito, los cuales le sirvieron de base para determinar la velocidad a que eran conducidos en el momento en que éste ocurrió; además, no coincide la distancia en que finalmente quedó el automóvil que conducía el pasivo en relación con el lugar de impacto, pues señaló que eran sesenta y ocho metros y en la inspección ministerial se estableció una distancia de ochenta metros; tampoco se hace referencia a la fórmula o medio que utilizó para obtener el coeficiente de fricción del pavimento que existía en el lugar de los hechos; también excluye el dato referente al lugar en que quedaron esparcidos los vidrios de los garrafones que transportaba en el costado derecho del citado automotor, así como la trayectoria de la huella de frenado del vehículo que conducía el aquí impetrante de garantías y, por último, tampoco se hace referencia a las maniobras que éste refirió haber ejecutado para evitar el impacto, por todo lo cual, resulta inexacto que ese medio de prueba deba tomarse como base para determinar la velocidad a que eran conducidos ambos vehículos, así como la forma en que sucedió el hecho de tránsito en estudio, como lo pretende el aquí quejoso.

En este orden de ideas, este tribunal considera que es inverosímil y no se encuentra acreditado que el accidente de tránsito en que resultara el fallecimiento de Raudel Sauceda Rivera y se dañara en su totalidad el automóvil que éste conducía, hubiese acontecido en la forma en que lo refiere el aquí impetrante de garantías en sus conceptos de violación, es decir, que se produjo debido a que el pasivo tripulaba el vehículo de motor en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y que incluso fue éste quien invadió el carril de circulación en que viajaba el aquí quejoso.

Para arribar a la conclusión anterior, es menester destacar que la Sala responsable determinó que el grado de alcohol y la velocidad con que el pasivo conducía el vehículo al momento del impacto no fue la causa determinante para que aconteciera el accidente de tránsito en que falleció y resultó dañado el automóvil que tripulaba, lo cual es correcto, pues aun cuando el pasivo manejaba un vehículo de motor sin observar ese deber de cuidado, el accidente no se hubiese producido si el aquí quejoso no hubiera invadido el carril contrario, en que circulaba el pasivo.

Asimismo, para concluir que ... fue quien invadió el carril contrario, la autoridad responsable acertadamente consideró que de la fe ministerial de ese vehículo se desprende que los garrafones que se quebraron fueron los que transportaba en su costado derecho y los fragmentos quedaron esparcidos en el carril por el que éste viajaba, lo cual se advierte de la fe ministerial del lugar de los hechos y se corrobora con las fotografías que del mismo se tomaron; además, es inverosímil la alegación defensiva que vierte el impetrante de garantías, en el sentido de que al advertir que el pasivo venía invadiendo su carril giró el volante a su derecha tratando de esquivar el impacto, pues de ser cierto, lo lógico es que hubiese abandonado la carpeta asfáltica, o bien, que los fragmentos de vidrio de los garrafones hubiesen caído fuera de la carretera, lo que no aconteció y, por el contrario, de la fe ministerial y fotografías que se tomaron del lugar de los hechos se desprende que los vidrios en comento quedaron esparcidos sobre su mismo carril y la huella de frenado tenía una trayectoria procedente del carril contrario, es decir, del en que circulaba el pasivo del ilícito; las circunstancias anteriores permiten concluir que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al otorgarle mayor valor y alcance probatorio a los dictámenes de causalidad emitidos por Javier Villa Vázquez, nombrado por el Ministerio Público, y Mario Alberto Saucedo Guerrero, perito tercero en discordia, los que, en esencia, son acordes al parte de accidente remitido por los elementos de la Policía Federal de Caminos y Puertos, en cuanto señalan que la causa determinante del accidente se debió a que el aquí quejoso conducía el vehículo de carga a velocidad inmoderada e invadiendo el carril contrario al momento en que se originó el accidente, deviniendo de lo anterior lo infundado de los motivos de inconformidad en estudio.

En otra tesitura, el peticionario de garantías señala, en síntesis, que la sentencia combatida es violatoria de garantías al no otorgarles el valor probatorio que merecen los testimonios de Juan Raudales López, Fredy Armando Ramírez Rivera y Cristóbal Hernández Pérez, por considerar que los dos primeros incurren en contradicciones y el tercero fungió como perito, soslayando que en la diligencia de careos se aclararon las contradicciones a que se hace referencia.

También señala el quejoso que le agravia el que la Sala responsable haya omitido valorar el resultado de la prueba de confrontación entre Arturo Ochoa García con ... y Fredy Armando Ramírez Rivera, pues si el primero no reconoció a los segundos, es evidente que no estuvo en el lugar y momento en que acontecieron los hechos.

Son infundados los argumentos contenidos en los dos párrafos anteriores, pues se estima que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al determinar que Juan Raudales López no acompañaba al aquí quejoso al momento en que se originó el accidente en que perdiera la vida Raudel Sauceda Rivera y resultara dañado el vehículo que éste conducía.

Lo acertado de la conclusión anterior deviene en razón de que, de la primera declaración vertida por Fredy Ramírez Rivera (foja 20), se considera pertinente destacar los siguientes párrafos:

"... salimos el de la voz y el chofer del camión que responde al nombre de ... ya de ahí nos bajamos los dos y ... se fue ya que nada más lo vi que se retiró, no sé para qué rumbo y yo ahí me quedé ..."

De lo anterior se desprende que sólo él viajaba con ... y, por ende, Juan Raudales López no fue testigo presencial, como lo refiere el aquí quejoso, lo cual fue correctamente considerado por la Sala responsable pues, se reitera, en ningún momento de esa declaración se hace referencia alguna en el sentido de que también los acompañara Juan Raudales López.

Para corroborar la conclusión anterior, la autoridad responsable tomó en consideración las contradicciones en que incurrió ... y Juan Raudales López, en cuanto que el primero de ellos manifestó que junto a él iba sentado Juan Raudales López y después Fredy Armando Ramírez Rivera, en tanto que el segundo manifestó que él iba al lado de la ventanilla y a su izquierda Fredy Armando Ramírez Rivera, contradicciones que pretendieron corregir en las diligencias de careos que entre ellos se celebraron; sin embargo, se estima correcto el criterio de la Sala responsable al determinar que, atendiendo al principio de inmediatez de las declaraciones, se demostró que Juan Raudales López no fue testigo presencial de los hechos materia de la causa penal de la cual emana el acto reclamado, deviniendo de lo anterior lo infundado del motivo de queja en estudio.

En este mismo contexto, se considera irrelevante la circunstancia de que la autoridad responsable haya considerado ocioso entrar al estudio de la prueba de confrontación a que hace referencia el quejoso, toda vez que en forma expresa determinó que no se demostró que el testigo Arturo Ochoa García, ofrecido por el Ministerio Público, fuese testigo presencial del accidente que originó el proceso penal instruido en contra de ... y, por ende, ese testimonio no sustentó la acreditación de los elementos del cuerpo de los ilícitos que se le atribuyen al aquí quejoso, ni su responsabilidad penal.

Así las cosas, al resultar infundados los conceptos de violación materia de estudio, se estima que la Sala responsable estuvo en lo correcto al tener por plenamente acreditados los elementos del cuerpo delictivo de las figuras de homicidio y daño en las cosas por culpa, así como demostrada la culpabilidad de ... en su comisión.

Por lo que atañe a la pena de dos años y dos meses de prisión y multa de veintisiete cuotas de salario mínimo vigente al momento en que acontecieron los hechos delictivos, se considera que es acorde al grado de culpabilidad equidistante entre la mínima y la media en que fue ubicado, para lo cual se tomaron en cuenta la forma en que se desplegó la conducta antijurídica, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 del Código Penal vigente en el Estado, sus circunstancias personales, la experiencia que refirió tener en la conducción de vehículos de motor, las peculiares de él y de los ilícitos cometidos en los términos previstos por los preceptos 51 y 52 del cuerpo de leyes en cita, así como que el artículo 59 de la ley en comento establece que los delitos de culpa se sancionarán con prisión de tres meses a ocho años de prisión y multa de cinco a noventa cuotas, por todo lo cual, se considera que las sanciones de dos años y dos meses de prisión y multa de veintisiete cuotas de salario mínimo, son equidistantes a su grado de culpabilidad y, en consecuencia, no son violatorias de garantías.

Por lo que respecta al tema de la reparación del daño, la autoridad responsable modificó la sentencia dictada en primera instancia a fin de establecer que en esa resolución se omitió realizar el estudio de los documentos privados que se anexaron al procedimiento penal, en los que, en esencia, se contienen los gastos propios realizados con motivo de la defunción de Raudel Sauceda Rivera, los que, a su criterio, son suficientes para demostrar que por ese concepto se erogó el monto que de los mismos se desprende, declarando fundados los agravios que el Ministerio Público vertió al respecto y determinando que al encontrarse acreditado el monto de los gastos funerarios realizados, no debe aplicarse lo dispuesto por la fracción I del artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, condenó al solicitante del amparo al pago de la cantidad que en total se contiene en las documentales que refiere en el considerando octavo del acto reclamado.

En relación a lo anterior, el quejoso señala, en síntesis, que le agravia el monto de la condena debido a que los documentos privados que para ese efecto se aportaron al procedimiento penal, no fueron ratificados por quienes los suscribieron.

No obstante lo anterior este tribunal, en suplencia de la queja deficiente, advierte que los artículos 30 y 31 del Código Penal vigente en el Estado, determinan en forma genérica, en lo que aquí interesa, que el monto de la reparación del daño será fijado por el Juez, atendiendo al daño que se requiera reparar, en el que se debe comprender el resarcimiento del daño material causado; sin embargo, en forma específica, el primer párrafo del artículo 34 de la ley en cita, establece:

"Artículo 34. Cuando el daño que se cause al ofendido produzca su muerte, el monto de la indemnización por reparación del daño se fijará aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la víctima y tomando como base la utilidad o salario que hubiese percibido; y, cuando éste exceda del salario mínimo general que rija en el lugar al momento de producción de la muerte, o si la víctima no percibía utilidad o salario o no pudiere determinarse éste, el monto de la indemnización se fijará tomando como base el mencionado salario mínimo."

De la transcripción anterior se desprende que en tratándose de ilícitos en que se produzca la muerte del sujeto pasivo, como en la especie acontece, la indemnización por reparación del daño debe fijarse atendiendo a las reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, a su vez, este cuerpo de leyes en la fracción I del precepto 500, dispone:

"Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá:

"I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios."

En este orden de ideas, este tribunal estima que es inexacto el razonamiento vertido por la autoridad responsable en el sentido de que no tiene aplicación la fracción I del artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo, por encontrarse acreditado el monto erogado por concepto de gastos funerarios, toda vez que esa distinción no se encuentra prevista en el artículo 34 del Código Penal del Estado de Zacatecas pues, por el contrario, en forma expresa remite a esa ley laboral para fijar el monto de la indemnización cuando el daño que origine el ilícito cause la muerte del ofendido lo que, se reitera, sucedió en el caso en estudio.

Se estima que en relación al razonamiento contenido en el párrafo que antecede, tiene aplicación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo criterio se comparte, la cual fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 319, en la que se establece:

"REPARACIÓN DEL DAÑO. TRATÁNDOSE DE GASTOS FUNERARIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).-En la especie la Sala responsable condenó al acusado al pago de la reparación del daño por concepto de gastos funerarios, tomando como base documentos privados, sin advertir que la condena al respecto, está prevista por el artículo 102 del Código Penal del Estado, que establece: ‘Cuando el daño que se cause al ofendido produzca su muerte, el monto de la indemnización se fijará aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo.’. A su vez, la legislación laboral refiere en su numeral 500: ‘Cuando el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá: I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios ...’; consecuentemente, al condenar la responsable por el concepto señalado, apoyándose en documentos que no tienen trascendencia para ese fin, queda de manifiesto una inobservancia a la norma legal aplicable."

En esta tesitura, al resultar fundado el motivo de inconformidad que se analiza, se concede a ... el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia que constituye el acto reclamado, únicamente por lo que concierne a la condena al pago de la reparación del daño, sólo en lo atinente a gastos funerarios, y dicte otra resolución en la que, respecto a ese rubro, atienda a lo dispuesto por la fracción I del artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ... contra la autoridad y por el acto precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos señalados en la parte final del considerando séptimo de la misma.

Notifíquese, anótese en el libro de gobierno; con testimonio de la resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Gilberto Pérez Herrera, Guillermo Alberto Hernández Segura y Juan Ramón Carrillo Reyes, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7138-ed3bda52/conclusiones-acusatorias-omisiones-que-no-las-afectan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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