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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE NULIDAD DEL ACTO O ACTOS IMPUGNADOS, ESTUDIO DE LOS. EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 92/2000. · Registro digital (IUS): 7237
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: NACIONAL DE FOCOS, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, , Pág. 964.

AMPARO DIRECTO 92/2000. NACIONAL DE FOCOS, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer.

En el primero de sus argumentos, la quejosa sostiene que la Sala responsable violó lo dispuesto en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que en la sentencia reclamada no se tomaron en consideración los alegatos presentados oportunamente.

En el juicio de nulidad la ahora quejosa, mediante escrito recibido el diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, presentó los alegatos siguientes: "1. Por principio, como se desprende de autos del expediente en el que se actúa, la resolución impugnada se emitió con motivo de una revisión de dictamen, la cual no fue realizada conforme a derecho, por lo siguiente: Como se desprende del escrito inicial de demanda, en el concepto de impugnación marcado con el No. 8, medularmente se alegó una violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 55 y 56 del Reglamento del Código Fiscal referido y último párrafo del artículo 42 del citado ordenamiento legal.-Lo anterior, en virtud de que estos numerales establecen el procedimiento que se debe de respetar cuando se realice una revisión de dictamen, y que definitivamente no fue respetado por las demandadas, es decir, no se dio cumplimiento a lo dispuesto por los numerales invocados para la revisión de un dictamen.-Por su parte las demandadas, al contestar la demanda, no hacen pronunciamiento alguno a lo alegado por la actora, pues no refutan lo manifestado en el concepto de impugnación referido, esto es, en ningún momento controvierten estos hechos que se les imputaron de manera directa a las demandadas, ya que éstas lo único que hacen es dar una serie de argumentos carentes de sustento legal, pero ninguno va encaminado a controvertir los hechos que se les imputaron de manera directa.-Al no darse contestación a lo manifestado en el escrito inicial de demanda, y a los hechos que les fueron imputados a las demandadas de manera directa, pues no se respetó el procedimiento para la realización de una revisión de dictamen, es evidente que las liquidadoras se allanaron tácitamente a los hechos que les fueron imputados y, por lo tanto, se deben tener por ciertos, conforme a lo dispuesto por el artículo 212 del Código Fiscal de la Federación y, como consecuencia, es procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.-Al respecto, es aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala Regional del Golfo Centro de ese H. Tribunal, al resolver con fecha 17 de mayo de 1999, el juicio de nulidad 3527/98, promovido por ‘Francisco Martínez Zamora’ que en la parte que nos interesa señala: ‘... En efecto, el dispositivo legal antes citado señala, expresamente, que si no se produce la contestación a tiempo o ésta no se refiere a todos los hechos, se tendrán por ciertos los que el actor impute de manera precisa al demandado, salvo que por las pruebas rendidas o por los hechos notorios resulten desvirtuados, circunstancia que en el presente caso no ocurre, en virtud de que la autoridad es omisa en cuanto a combatir los hechos expresados por el actor, además de que no exhibe prueba alguna que apoye su dicho o del que esta Sala pueda apreciar algún hecho notorio que desvirtúe la información del actor, por lo que se deben de considerar como ciertos los hechos que manifiesta el demandante en su instancia ...’.-2. Como se desprende del concepto de impugnación marcado con el No. 9 del escrito inicial de demanda, de manera medular se sostuvo que el oficio No. 59865 de 16 de noviembre de 1997, a través del cual supuestamente se dieron a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión practicada al dictamen que nos ocupa, no fue notificado a la actora negándose, en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que dicho oficio se haya notificado.-Por su parte, las demandadas al formular su contestación de demanda se limitan a señalar que ese oficio no fue el impugnado y que los conceptos de impugnación carecen de materia; es lo único que manifiestan, pero respecto a nuestros argumentos, no hacen ningún pronunciamiento.-Conforme a lo anterior, es procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución recurrida, pues como se desprende de autos, se señala que la resolución que nos ocupa se emitió teniendo como motivo y antecedente el referido oficio No. 59865; por lo tanto, los hechos que la motivaron no se han dado, pues las demandadas en ningún momento prueban que ésta se haya notificado y emitido, pues se limitan a afirmar que éste fue notificado, pero no prueban su existencia, no debiendo olvidar que el que afirma está obligado a probar, por lo que se da la violación alegada.-Aunado a lo anterior, y como consecuencia de lo manifestado, la resolución impugnada se dictó en contravención a las disposiciones legales aplicables, siendo procedente declarar su nulidad lisa y llana, ya que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, cuando no se notifique el oficio de observaciones dentro de los plazos mencionados en el numeral referido, se entenderá por concluida la revisión, quedando sin efectos todo lo actuado, lo que en el caso acontece." (fojas 162 a 164).

Primeramente, debe precisarse que los alegatos en el juicio de nulidad no forman parte de la litis, en virtud de que no tienen por objeto aportar argumentos o pruebas novedosas al juicio, sino tan sólo tienen como objetivo hacer patente al juzgador la legalidad de la pretensión demandada, como se desprende de una recta interpretación a lo dispuesto por el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, lo dispuesto en la jurisprudencia que se comparte, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 253, Tomo III, abril de 1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente:

"NULIDAD, JUICIO DE. ALEGATO. NO DEBEN INTRODUCIRSE ELEMENTOS NUEVOS A LA CONTROVERSIA.-El artículo 235 del Código Fiscal de la Federación (en su texto vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho), dispone que el Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Asimismo, dispone que los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia; y, que al vencimiento del término señalado, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción sin necesidad de declaratoria expresa. El precepto en cita no define lo que debe entenderse por el término alegato pero, dentro de la doctrina jurídica se le delimita y estudia incluso con un sentido amplio y uno estricto. Así, se aprecia que los alegatos son los razonamientos por los cuales se pretende convencer al Juez de que se tiene la razón, por un lado; y, por otro, tratándose de los ‘alegatos de bien probado’, se dice que son aquellos razonamientos hechos después de que se han rendido las probanzas y antes de citación para sentencia, en los que esencialmente, quien los formula manifiesta las razones por las que las pruebas aportadas al juicio deben dar convicción al juzgador para decidir en su favor, arguyéndose también las incongruencias de la contraparte. En cualquiera de los dos casos los alegatos se agotan en el hecho de ser una especie de reiteración de lo manifestado dentro del juicio y de que las pruebas que obran en autos abonan a la pretensión propia. Precisamente, por estos motivos es por lo que los alegatos no forman parte de la litis, en virtud de que no tienen por objeto el aportar argumentos ni pruebas nuevas al juicio, sino tan sólo el de reiterar que se tiene la razón y hacerle patente al juzgador que con las pruebas aportadas sí se acredita la propia pretensión. En el caso específico, el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación se refiere a los ‘alegatos de bien probado’, es decir a aquellos razonamientos que tienden a ponderar el valor de las pruebas propias ofrecidas y a impugnar las de la contraparte. Tal aserto deriva del hecho de que dichos alegatos se presentarán con posterioridad ‘a la sustanciación del juicio’ y siempre y cuando ‘no exista cuestión pendiente que impida su resolución’, es decir, después que se hayan rendido las pruebas y antes de citación para sentencia. Por lo que en este sentido, debe concluirse que los alegatos a que se refiere dicho dispositivo deben contener los razonamientos por los cuales cada una de las partes estima que con sus pruebas se abona a la propia pretensión, mientras que las de la contraparte se impugnan en su valor probatorio. En esta tesitura, si el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación citado establece que ‘los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia’, se refiere únicamente a que los mismos, se considerarán en cuanto a los razonamientos que contengan respecto al valor de las probanzas propias presentadas, así como en cuanto impugnen el valor de las presentadas por la contraparte. Cuestión que excluye la consideración de los alegatos en cuanto que señalen nuevos actos impugnados, nuevos argumentos no hechos valer al presentar la demanda, o al contestarla, toda vez que, en primer lugar, el objeto de los alegatos no es el introducir nuevas cuestiones a la controversia, sino ponderar al valor de las probanzas presentadas. Así, la Sala Fiscal sólo estaría obligada a considerar los alegatos siempre y cuando lo en ellos contenido fuese propio de los mismos. Es decir, la Sala sólo considerará los alegatos en cuanto se refieran al valor de las probanzas presentadas y los razonamientos en ellos contenidos vayan dirigidos a determinar el alcance de cada una de ellas, mas en modo alguno deberán considerarlos en cuanto en ellos se introduzcan nuevos argumentos, ya que tal cuestión no es propia de los alegatos. Por otra parte, si la Sala resolviere el juicio en base a un nuevo argumento, o prueba, contenida en los alegatos de una de las partes, automáticamente estaría alterando la litis, pues se violaría el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación el cual establece que las Salas no podrán cambiar los hechos expuestos en la demanda y la contestación. A mayor abundancia, es pertinente señalar que en la exposición de motivos para la reforma del artículo en cuestión, no se encuentra ningún razonamiento relativo a los alegatos en particular, por lo que no puede asumirse que la intención del legislador haya sido la de permitir que mediante ellos se incorporen nuevos extremos a la litis. Y no puede ser de esa manera porque entonces, atendiendo al principio de equidad, sería necesario dar vista a una de las partes con los argumentos de su contraria y ello retrasaría notablemente la solución del conflicto, es decir, se instrumentaría un sistema de réplica y dúplica (desaparecido del ordenamiento adjetivo civil local desde la década de los sesentas) no previsto por el Código Fiscal de la Federación."

Ahora bien, en el caso concreto, la falta de estudio de lo argumentado por la otrora actora en los alegatos presentados en el juicio de nulidad, no le causa ningún agravio ni viola sus garantías de legalidad, toda vez que lo ahí sostenido tiende a robustecer lo argumentado en los conceptos de impugnación identificados con los números 8 y 9 de la demanda de nulidad, y a ese respecto, en la sentencia reclamada se consideró fundado el noveno concepto de impugnación y, consecuentemente, se declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada; por ello, en nada agravia a la quejosa el hecho de que no se hayan tomado en cuenta los alegatos relacionados con dicho concepto de impugnación si de cualquier modo el mismo se declaró fundado. Por otra parte, por lo que respecta a los alegatos relacionados con el concepto de anulación número 8 de la demanda, debe advertirse que no fue materia de estudio de la sentencia reclamada el mencionado concepto de anulación número 8, ya que en dicha resolución se declararon infundados los conceptos de nulidad 1, 2, 3, 5, 6 y 7, y se declaró fundado el noveno concepto de nulidad; por consiguiente, lo que en todo caso afecta a la quejosa es la falta de estudio del mencionado concepto de nulidad en relación al cual se expresaron alegatos (argumento que también expresa la quejosa como concepto de violación y que más adelante será estudiado), toda vez que si no se estudió dicho concepto de impugnación, por la misma razón menos pudieron haberse estudiado los argumentos que para robustecerlo se expresaron en vía de alegatos, de ahí que devenga infundado el concepto de violación en estudio.

En el segundo y último concepto de violación, esencialmente se argumenta que la autoridad responsable incumplió con lo establecido por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, violando la garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que no estudió los conceptos de impugnación identificados con los números 8, 10, 11 y 12 que pudieron llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Previo al estudio de la litis planteada, conviene precisar los antecedentes siguientes:

1. Mediante oficio número 324-SAT-R5-L34-4-27689, de fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el administrador local de Auditoría Fiscal Número 34 de Puebla, en ejercicio de sus facultades de comprobación requirió a la empresa, ahora quejosa, para que presentara diversa documentación contable, con la finalidad de llevar a cabo la revisión del dictamen presentado por su contador público registrado respecto de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete (fojas 77 a 79).

2. Por resolución número 324-SAT-R5-L34-4-64615, de fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, la citada administración local, tomando en consideración que la contribuyente no presentó documentos que desvirtuaran las irregularidades consignadas en el oficio de observaciones número 324-SAT-R5-L34-4-59865, de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, tuvo por consentidos los hechos consignados en el mismo, con base en los cuales se determinó un crédito fiscal por la cantidad de $1’023,618.00 por concepto de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto al activo, actualizaciones, recargos y multas (fojas 34 a 74).

3. Por escrito recibido el veintisiete de abril de mil novecientos noventa y nueve, la empresa aludida demandó la nulidad de la resolución mencionada en el punto que antecede formándose el juicio de nulidad 1443/99-07-02-6 (fojas 1 a 28).

4. El quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la Sala responsable pronunció la sentencia definitiva en la que declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada, por considerar que existió un vicio de procedimiento que afectó de manera directa las defensas del particular, en virtud de que no tuvo oportunidad de desvirtuar los datos asentados por la autoridad demandada en la resolución impugnada, al quedar demostrado que la autoridad no justificó la legal notificación del oficio número 324-SAT-R5-L34-4-59865, de fecha dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, que contenía las observaciones derivadas de la revisión a la documentación e información contable que se requirió y exhibió la contribuyente, declarando la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que en el caso de que se considere conveniente, se reponga el procedimiento a partir de la violación formal cometida, consistente en la falta de notificación del oficio de observaciones que sirvió de sustento a la resolución impugnada.

La sentencia anterior constituye el acto de autoridad reclamado en el presente juicio de garantías.

El artículo 237 del Código Fiscal de la Federación en sus dos primeros párrafos establece:

"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Fiscal se fundarán en derecho y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.-Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución. ..."

En la disposición transcrita, se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia fiscal, al imponer a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación la obligación de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales o vicios del procedimiento en su caso.

Contrario a lo que sostiene la quejosa, los conceptos de nulidad expuestos en la demanda e identificados con los números 8, 10, 11 y 12, cuyo estudio omitió la Sala responsable en la sentencia reclamada por considerar que "independientemente del sentido en que se llegaran a resolver en nada variaría el sentido de la presente resolución" (sic), no contienen argumentos que de estimarse fundados condujeran a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada; por lo tanto, no se infringe el principio de exhaustividad de las sentencias en materia tributaria.

Para llegar a la conclusión anterior, a continuación se analiza lo expuesto por la ahora quejosa en cada uno de los mencionados conceptos de nulidad.

En el octavo concepto de impugnación se expuso lo siguiente:

"8. Violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los artículos 55 y 56 del reglamento de este código, y último párrafo del artículo 42 de dicho código, ya que las demandadas dictaron la resolución controvertida, en contravención a estos numerales.-En efecto, se da la violación aludida en virtud de que las demandadas no ejercieron sus facultades conforme a los preceptos invocados, por lo que la resolución impugnada es fruto de un acto viciado.-Así, tenemos que el artículo 56 invocado es muy claro en señalar que sólo se considerará que se inició el ejercicio de las facultades de comprobación para aquellos contribuyentes que hayan dictaminado sus estados financieros, cuando se lleven las actuaciones previstas por las fracciones II y III del artículo 55 del reglamento del código en comento.-Ahora bien, conforme a la garantía de legalidad y del debido procedimiento, las demandadas estaban obligadas, por ser una revisión de dictamen, a observar lo previsto por los artículos 55, fracciones II y III y 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, lo que en la especie no aconteció.-Sin embargo, como consta de autos, advertimos que las demandadas dejaron de aplicar estos preceptos legales, ya que en ningún momento realizaron los actos que prevén las fracciones II y III del citado artículo 55, que establece el procedimiento que debe seguirse para la revisión de un dictamen financiero.-Sin que exista precepto legal que le permita a las demandadas revisar un dictamen y dejar de observar lo previsto por esos numerales, pues como ya se mencionó existe un procedimiento contenido en ley para la revisión de dictámenes financieros, y que debió observar la demandada, conforme a la garantía de legalidad.-De todo lo anterior, se concluye que las demandadas dictaron su resolución en contravención a los preceptos invocados como violados y, por lo tanto, no se puede obtener que válidamente hayan iniciado sus facultades de comprobación conforme a derecho.-Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia siguiente que a la letra señala: ‘DICTÁMENES FINANCIEROS. SU COMPROBACIÓN POR LA AUTORIDAD FISCAL DEBE CEÑIRSE A LA LEY.-De la correcta interpretación de los artículos 52 del Código Fiscal de la Federación y 50 de su reglamento, es de concluirse que la autoridad fiscal sólo inicia sus facultades de comprobación respecto de los dictámenes financieros de los contribuyentes en caso de que su actuación encuadre en cualquiera de las hipótesis a que se refieren las fracciones II y III del artículo 55 del reglamento referido, que señala los procedimientos a seguir tratándose de la revisión de dictámenes sobre estados financieros de los contribuyentes elaborados por contador público autorizado ... resulta incontrovertible que tal acto no dio inicio a las facultades de comprobación del fisco federal, toda vez que las autoridades administrativas deben encauzar sus actos a los términos y formas que la ley establece; dicho en otras palabras sólo pueden hacer lo que éstas les permita, y por consiguiente cualquier acto distinto, al no seguirse el procedimiento previamente establecido, es insuficiente para considerar que la autoridad hace uso de sus facultades de comprobación, circunstancia que le impide efectuar la determinación de crédito alguno.’.-Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Octava Época. Instancia: TCC. Fuente: SJF. Tomo XIV-Julio, p. 553."

En el concepto de impugnación transcrito se alega, sustancialmente, violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 55 y 56 del reglamento de dicho código, en virtud de que las autoridades demandadas iniciaron sus facultades de comprobación en contravención a lo dispuesto por los numerales invocados, sin respetar el procedimiento legalmente establecido para la revisión de un dictamen; argumentaciones en las que no se alega una violación de fondo de la resolución impugnada que pudieran llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en términos de lo dispuesto por el artículo 238, fracciones I y IV, del Código Fiscal de la Federación, sino que se trata de una violación de carácter formal relacionada con un vicio del procedimiento de fiscalización, causa de nulidad prevista en la fracción III del citado artículo 238, que de actualizarse no conduce a una declaración de nulidad lisa y llana de acuerdo con el artículo 239, fracción II, del ordenamiento legal citado, sino a una de las declaratorias de nulidad previstas en la fracción III del artículo 239 del citado ordenamiento legal, según sea el caso.

En los conceptos de impugnación décimo y onceavo, la ahora quejosa expuso lo siguiente:

"10. Violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la resolución impugnada no se encuentra fundada ni motivada, ya que para la imposición de la multa en cantidad de $188,068.00, las demandadas se están apoyando en preceptos que son inconstitucionales, por ser contrarios a lo establecido por el artículo 22 constitucional.-Es importante destacar que lo único que se pide a ese H. Tribunal, es que aplique la jurisprudencia que ha sustentado el Poder Judicial Federal; que los preceptos legales que imponen multas en cantidades fijas, sin tomar en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones económicas, etc., son violatorias del artículo 22 constitucional, aplicación que se pide en términos de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, el que impone la obligación de aplicar la jurisprudencia del Poder Judicial Federal.-Al respecto, es aplicable el precedente sustentado por la Sala Superior de ese H. Tribunal, al resolver el recurso de apelación No. 100(A)-I-380/96/1096/95, resuelto por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación y que aparece publicada en su revista del mes de febrero de 1998, pág. 19.-‘MULTAS. SU NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD.-Cuando se invoque una jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en apoyo de uno de los conceptos de impugnación hechos valer en la demanda de nulidad, y ésta sea efectivamente aplicable al punto cuestionado, el Tribunal Fiscal de la Federación está obligado a su acatamiento en los términos previstos por el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin que ello implique pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto administrativo, sino sólo sobre su legalidad, tomando en cuenta para ello, los preceptos normativos que lo sustentan; luego entonces, cuando como en el caso se alega que los montos fijos en multas ya han sido declarados inconstitucionales por jurisprudencia firme del Poder Judicial y se advierte que en la resolución impugnada se establecieron precisamente multas fijas, siendo esto alegado por el actor en el juicio, procede declarar su nulidad, por tener ésta su sustento en preceptos legales estimados como inconstitucionales por órgano competente, y en observancia a lo previsto en la Ley de Amparo como norma adjetiva superior (4).’.-Ahora bien, se da la violación aludida en virtud de que las demandadas imponen a mi representada una multa equivalente al 70% de las contribuciones omitidas actualizadas, de conformidad con lo establecido por el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en el ejercicio revisado.-Se viola el numeral invocado toda vez que precisamente el artículo 76, fracción II, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que sirvió de fundamento legal a las demandadas, contempla la posibilidad de la imposición de multas en cantidades excesivas, pues directamente a la contribución supuestamente omitida le aplica el porcentaje, siendo evidente que con ese sistema impositivo de multas fijas, de ninguna manera se tome en cuenta la capacidad económica del infractor, la conducta de éste, la gravedad de la infracción, etc.-En consecuencia, una multa debe considerarse excesiva y, por lo tanto inconstitucional, cuando en su imposición no se pueda tomar en consideración la gravedad de la infracción, los perjuicios ocasionados a la colectividad, la conveniencia de destruir prácticas establecidas, la reincidencia o no reincidencia del posible infractor y, lo más importante, la capacidad económica de éste; al no tomarse en cuenta dichos elementos se deja en estado de indefensión al contribuyente, pues no se dan las razones ni motivos que justifiquen la imposición de una multa equivalente al 70%, de la supuesta contribución omitida.-Por lo que es incuestionable que debe declararse la nulidad de la multa impuesta, con apoyo en la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación vigente en el ejercicio revisado, por contravenir en la parte anotada al artículo 22 constitucional.-Es aplicable al caso la siguiente tesis jurisprudencial: ‘MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE.-De la acepción gramatical del vocablo «excesivo», así como de las interpretaciones dadas por la doctrina y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos: a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito; b) Cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable; y c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, en su caso, de éste en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así determinar individualizadamente la multa que corresponda.’ (1).-SJF, IX Época, T. II, Pleno, julio de 1995, pág. 5; octubre de 1995, pág. 65.-11. Violación al artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la resolución impugnada no se encuentra fundada ni motivada, ya que para la imposición de la multa en cantidad de $79,087.00 y $30,613.00, las demandadas se están apoyando en preceptos que son inconstitucionales, por ser contrarios a lo establecido por el artículo 22 constitucional.-Por economía procesal y en obvio de repeticiones innecesarias, se da por reproducido como si a la letra se insertara el agravio anterior, mismo que se hace valer en contra de las multas referidas."

En los conceptos de impugnación reproducidos, se argumenta que la multa impuesta a la contribuyente quejosa en la resolución impugnada, contraviene criterios jurídicos establecidos en jurisprudencia obligatoria, por tratarse de una multa fija que no permite ser individualizada en cada caso concreto y por lo tanto debe considerarse excesiva; aun cuando el anterior argumento es de fondo y puede dar pauta a una declaratoria de nulidad lisa y llana, provocando la invalidez de la multa impuesta, en el presente asunto su estudio es innecesario por las razones que a continuación se precisan.

Como quedó precisado en los antecedentes mencionados, en la sentencia reclamada se declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto que de considerarlo conveniente se reponga el procedimiento a partir de la violación formal cometida, consistente en la falta de notificación del oficio de observaciones que sirvió de sustento a la resolución impugnada. No obstante que en la sentencia no se precisa correctamente el fundamento de la nulidad declarada, de lo expuesto se advierte que se trata de una nulidad declarada en términos de la parte final de la fracción III del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, ya que la nu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7237-e11b4bf4/conceptos-de-nulidad-del-acto-o-actos-impugnados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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