PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS DELEGACIONES REGIONALES TIENEN EXISTENCIA JURÍDICA.
AMPARO DIRECTO 4321/99. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los conceptos de violación son infundados en diversos aspectos e inoperantes en otro.
En el tercero de ellos la quejosa aduce que la Sala responsable debió tomar en consideración la existencia y competencia de la autoridad que dio contestación a la demanda de nulidad, porque para que ejerciera sus facultades era necesario que la demandada existiera jurídicamente y, en el caso, no existe la Delegación Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, por lo que la Sala no puede tener a la demandada contestando la demanda, ya que no es suficiente que los artículos 16 y 17 del reglamento de la mencionada autoridad señalen que al frente de cada una de las delegaciones habrá un delegado y que las atribuciones de éste podrán ser ejercidas por el jefe del departamento de Servicios al Consumidor, siendo necesario un decreto, acuerdo u ordenamiento legal que, entre otros datos, precise el número de delegaciones, la entidad a la que van a estar asignadas y su denominación; datos que permitan a los particulares conocer y saber de su existencia legal.
Por otra parte, afirma el quejoso que las autoridades competentes, como el Congreso de la Unión o el presidente de la República, no han creado a la dependencia demandada; que la resolución impugnada en el juicio de nulidad, de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fue emitida por el delegado en Veracruz de la Procuraduría Federal del Consumidor, pero que tal autoridad no se encuentra prevista en ninguno de los artículos que se citan en el acto impugnado, lo que permite sostener que tal delegación no existe jurídicamente, ni los órganos que la integran, como el jefe del departamento de Servicios al Consumidor que impuso la sanción, razón por la cual la resolución que impone la multa y la que la confirma se encuentran indebidamente fundadas y motivadas.
Como antecedente del presente caso destaca que con fecha dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el jefe del departamento de Servicios al Consumidor de la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz, dictó resolución administrativa en la que impuso a la Comisión Federal de Electricidad, empresa aquí quejosa, multa por la cantidad de $9,257.50 (nueve mil doscientos cincuenta y siete pesos 50/100 M.N.). En su contra, la comisión interpuso recurso de revisión al que le recayó la resolución de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, pronunciada por el titular de la delegación antes aludida, que fue objeto del juicio de nulidad materia de este amparo.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece lo siguiente:
"Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto."
"Artículo 21. El domicilio de la procuraduría será la Ciudad de México y establecerá delegaciones en todas las entidades federativas. ..."
"Artículo 22. La procuraduría se organizará de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su cargo, con oficinas centrales, delegaciones, subdelegaciones y demás unidades administrativas que estime convenientes, en los términos que señalen los reglamentos y su estatuto."
Por su parte, el Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor dispone:
"Artículo 1o. Este reglamento tiene como finalidad establecer la organización de la Procuraduría Federal del Consumidor, para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Protección al Consumidor."
"Artículo 2o. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por:
"...
"VII. Delegaciones: las delegaciones de la procuraduría."
"Artículo 3o. La procuraduría se organizará de manera desconcentrada para el despacho de los asuntos a su cargo, con oficinas centrales, delegaciones, subdelegaciones y demás unidades administrativas que estime conveniente."
"Artículo 4o. La procuraduría contará con las siguientes unidades administrativas:
"...
"XXIV. Delegaciones. ..."
"Artículo 7o. Sin perjuicio de lo previsto por otras normas aplicables, en los casos de ausencia temporal, impedimento o excusa, los servidores públicos adscritos a la procuraduría, serán suplidos de la siguiente manera:
"...
"VIII. Los delegados serán suplidos por el jefe de departamento de Servicios al Consumidor ..."
"Artículo 16. Al frente de cada una de las delegaciones habrá un delegado, quien será nombrado y removido por el procurador, y el cual será auxiliado para el despacho de los asuntos de su competencia por los servidores públicos que determine el procurador.
"Las delegaciones no tendrán limitaciones respecto a la competencia por cuantía o por territorio de los asuntos que conozcan.
"Son atribuciones de los delegados:
"...
"IX. Sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley;
"...
"XIII. Imponer, notificar y, en su caso, ejecutar sanciones;
"...
"XX. Recibir y sustanciar los recursos de revisión que presenten los particulares en contra de sus resoluciones;
"...
"Las delegaciones ejercerán sus atribuciones de acuerdo con los lineamientos, criterios, instrucciones y acuerdos que el procurador, los subprocuradores, los coordinadores generales, la Contraloría Interna y la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidan con fundamento en la ley, el reglamento, el estatuto orgánico y los demás ordenamientos jurídicos que emanen de aquélla."
"Artículo 17. El delegado será el responsable del ejercicio de las atribuciones señaladas en el artículo previo. Con independencia de lo anterior, las atribuciones podrán ser ejercidas por los siguientes servidores públicos:
"I. Al jefe de departamento de Servicios al Consumidor competerá el ejercicio de las atribuciones indicadas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII, XIV, XIX y XXXIII ..."
Por otro lado, el Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor prevé:
"Artículo 1o. Finalidad. Este estatuto orgánico tiene por objeto regular la adscripción y organización interna de las unidades administrativas de la procuraduría, así como la distribución de las funciones previstas en la ley entre dichas unidades."
"Artículo 2o. Denominaciones. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por:
"...
"VII. Delegaciones: las delegaciones de la procuraduría."
"Artículo 3o. Adscripción de las unidades administrativas. Para efectos de planeación, coordinación, control, seguimiento y evaluación de acciones, las unidades administrativas se adscribirán, de conformidad con el artículo 4o. del reglamento, al procurador, a la subprocuraduría o a la coordinación general respectiva, de acuerdo con las fracciones siguientes:
"...
"VII. Las delegaciones ejercerán sus funciones en forma desconcentrada y estarán adscritas directamente al procurador, quien se auxiliará para tal fin de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones."
De los ordenamientos anteriores se desprende, contrario a lo que sostiene la empresa quejosa, la legal existencia de las delegaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor. En efecto, esta dependencia es la encargada de proteger los derechos de los consumidores y de procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones que tienen con los proveedores. Su funcionamiento se rige por lo que disponen la ley, el reglamento y el estatuto mencionados. Para cumplir con sus funciones cuentan, entre otras unidades administrativas, con delegaciones establecidas en todas las entidades federativas, las cuales no tendrán limitaciones respecto de la cuantía o por territorio de los asuntos que conozcan, y ejercerán sus atribuciones de conformidad con los lineamientos, criterios, instrucciones y acuerdos que sus superiores expidan.
Así las cosas, resulta inexacto que la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor en Veracruz y las autoridades que le están subordinadas, como el jefe del departamento de Servicios al Consumidor, no existan jurídicamente y que, por ello, tanto la resolución sancionadora dictada por el titular del departamento mencionado como la que la confirmó dictada por el titular de la delegación en cita sean ilegales por estar indebidamente fundadas y motivadas, toda vez que sí tienen existencia legal según se desprende de los ordenamientos transcritos, habiendo sido creadas por el Legislativo en la Ley Federal de Protección al Consumidor y por el Ejecutivo Federal en el Reglamento de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.
En el segundo y cuarto conceptos de violación se alega fundamentalmente que la persona que representó a la autoridad demandada no acredita que efectivamente desempeñe el cargo que ostenta; que suponiendo sin conceder que la delegación demandada existiera jurídicamente, era tal autoridad la que debió dar contestación a la demanda de nulidad por ser la emisora del acto administrativo impugnado, por lo tanto, no cabía la suplencia que hizo el director general de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, con independencia de que el titular de esta última autoridad omitió decir a nombre de quién daba contestación, razón por la cual debió haberse tenido por precluído el derecho de las autoridades demandadas; que la Sala omitió hacer un estudio respecto de la personalidad de quien compareció a contestar la demanda, incumpliendo así lo establecido por el artículo 200 del Código Fiscal de la Federación; y agrega la quejosa que la persona que contestó la demanda debió acreditar su representación con documento legal idóneo.
Resulta infundado el anterior argumento.
Consta en autos que la persona que compareció al juicio a dar contestación a la demanda de nulidad instaurada por la Comisión Federal de Electricidad contra el procurador federal del Consumidor y el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Veracruz (foja 55 del juicio de nulidad), fue Agustín E. Carrillo Suárez, en su carácter de director general de lo Contencioso y de Recursos de tal procuraduría, con fundamento en el artículo 13, fracciones I, II y III, del estatuto orgánico de la procuraduría en mención, que prevé lo siguiente:
"Artículo 13. Dirección General de lo Contencioso y de Recursos. Son atribuciones de esta dirección general:
"I. Representar legalmente a la procuraduría y al procurador en todos aquellos litigios en los que sean parte en ejercicio de sus atribuciones;
"II. Intervenir en los procedimientos judiciales, laborales y contencioso administrativos en los que la procuraduría sea parte;
"III. Ejercer las acciones judiciales y contenciosas que correspondan a las unidades administrativas de la procuraduría."
De la transcripción anterior se desprende la facultad del titular de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos para comparecer al juicio de nulidad en representación tanto del procurador federal del Consumidor como del delegado de la procuraduría en Veracruz, toda vez que legalmente puede intervenir en los juicios en que tales autoridades sean parte, siendo en el caso demandados.
Así las cosas, si bien la Sala responsable no hizo análisis alguno de la personalidad de quien compareció a juicio a contestar la demanda de nulidad, ello no perjudica a la quejosa porque tal servidor público cuenta con facultades suficientes para ello, sin que sea necesaria previa autorización por parte de las demandadas, debido a que la ley no lo exige.
Por otro lado, debe decirse que en ninguna de las disposiciones del Código Fiscal de la Federación que regulan lo relativo a la representación de las partes, se establece el requisito de que las personas físicas que participan en un juicio de nulidad con el carácter de autoridades, deban demostrar con el nombramiento correspondiente que efectivamente desempeñan el cargo que ostentan, pues la autoridad como ente de derecho público no está sujeta a las reglas de representación a las que deben constreñirse los particulares. Bajo ese tenor, haber tenido la Sala por contestada la demanda por parte del director general de lo Contencioso y de Recursos, no causa agravio alguno a la empresa quejosa.
Asimismo, resulta inexacto que el director general aludido no haya señalado a nombre de quién dio contestación a la demanda, pues al efecto señaló que lo hacía en representación de "dicho organismo", es decir, se refirió a la Procuraduría Federal del Consumidor.
En el primer concepto de violación señala la promovente del amparo que es incongruente la sentencia reclamada pues, por un lado, la Sala responsable sostiene que se tiene debidamente acreditada la existencia de la resolución impugnada y, por otro lado, menciona que la accionante no acreditó su dicho al haber omitido exhibir en el juicio la resolución sancionadora, ya que desde el escrito inicial de demanda fueron aportados todos y cada uno de los elementos de prueba.
Al respecto, debe decirse que no existe la incongruencia que apunta la quejosa porque de la lectura de la sentencia reclamada se aprecia que si bien la autoridad responsable tuvo por cierta la existencia de la resolución administrativa impugnada, que fue materia del juicio de nulidad, al sostener que los conceptos de anulación eran ineficaces porque para que se estuviera en aptitud de analizar la multa y si el recurso interpuesto contra ella se apegó a derecho, la parte actora debió exhibir en el juicio el oficio sancionador, se refería a la resolución original en la que se impuso multa a la actora, la que no fue aportada al juicio por ninguna de las partes, de ahí lo correcto de la afirmación de la responsable.
En el quinto concepto de violación alega la quejosa, entre otras cosas, que la autoridad demandada estaba obligada a exhibir la resolución por la cual la sancionó y al no haberlo hecho se presume que la resolución no cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación en cuanto a la imposición de la multa.
Sobre el particular cabe apuntar, contrario a lo que expresa la comisión quejosa, que el hecho de que la autoridad demandada no haya exhibido en el juicio de nulidad la resolución administrativa en la que le impuso multa, no significa que deba presumirse que no cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación, toda vez que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo sostuvo la responsable, correspondía a la actora probar los hechos constitutivos de su acción, y si en el caso adujo que en la resolución administrativa sancionadora no se señalaron los motivos y razones que llevaron a la autoridad a imponerle la multa, para demostrarlo debió aportar al juicio tal resolución, sin que en autos conste que lo haya hecho.
Además manifiesta la empresa promovente del amparo que en el caso se autorizó la imposición de una multa variable y si la autoridad impuso más del mínimo, debió motivar la cuantificación hecha atendiendo a las reglas que consigna el artículo 132 de la Ley Federal de Protección al Consumidor; que la multa no cumple con los requisitos de motivación en cuanto a su cuantificación porque se omitió razonar las circunstancias especiales que condujeron a la autoridad a aplicar la multa.
El argumento anterior resulta inoperante porque no combate de ninguna forma la aseveración esencial de la Sala, referente a que los agravios son ineficaces porque la demandada al resolver el recurso de revisión determinó confirmar la multa impuesta a la comisión y para estar en aptitud de analizar dicha multa y si el recurso se resolvió conforme a derecho, la parte actora debió exhibir el oficio sancionador, razón por la cual al no acreditar los extremos de su acción, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los argumentos resultan insuficientes y agrega la Sala que al no desvirtuar la presunción de legalidad, tanto de la resolución impugnada como de la multa impuesta, procede reconocer su validez, limitándose a manifestar la quejosa cuestiones relacionadas con la resolución primigenia en la que se impuso la multa, sin que en el caso sea posible su análisis porque, como lo señaló la Sala responsable, para poder verificar si los agravios que la actora enderezó contra tal resolución eran o no fundados, debió haberla exhibido en el juicio y no lo hizo.
Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver los amparos directos números DA. 4281/99, DA. 5531/99, DA. 5771/99 y DA. 231/2000, promovidos por la Comisión Federal de Electricidad y resueltos en sesión de diecinueve de enero del año dos mil uno.
En consecuencia, procede negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Comisión Federal de Electricidad, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación.
Notifíquese; y con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Julio Humberto Hernández Fonseca (presidente), Luis María Aguilar Morales y Carlos Ronzon Sevilla, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7254-ef7cb2e4/procuraduria-federal-del-consumidor-las-delegaciones-regionales-tienen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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