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Modo: Corpus Pro

SEGURO SOCIAL. EL OTORGAMIENTO DE CONSTANCIAS RELATIVAS A VIGENCIA DE DERECHOS CORRESPONDE AL JEFE O ENCARGADO DE LA OFICINA DONDE SE CONCENTRA LA INFORMACIÓN RELATIVA DE LOS ASEGURADOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 993/2000. · Registro digital (IUS): 7305
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MIGUEL TORRES HERRERA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, , Pág. 1115.

AMPARO DIRECTO 993/2000. MIGUEL TORRES HERRERA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Son infundados los conceptos de violación transcritos con anterioridad.

En efecto, las constancias de autos informan que mediante escrito presentado ante la Junta responsable el dos de junio de mil novecientos noventa y siete, José Omar Díaz García, en representación del hoy quejoso Miguel Torres Herrera, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento y pago de una pensión de invalidez definitiva por enfermedad no profesional (fojas 7 y 8).

Al producir su contestación, María Teresa Álvarez Sandoval, apoderada general para pleitos y cobranzas del instituto demandado, indicó que el coactor Miguel Torres Herrera se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos: "... toda vez que al haber cotizado 639 semanas en el régimen obligatorio de mi representada al 29 de marzo de 1994, que fue la fecha de su baja, únicamente conservó derechos hasta el 29 de marzo de 1997, por lo que no reúne los requisitos establecidos por el artículo 182 de la Ley del Seguro Social, ya que cuando el actor presentó su demanda el 2 de junio de 1997 ya no conservaba derechos, toda vez que como ya lo mencionamos anteriormente el actor únicamente conservó derechos hasta el 29 de marzo de 1997, siendo ésta una causa más para la improdecencia de su reclamación ..." (fojas 36 y 37).

Durante la secuela del procedimiento se desahogaron dictámenes periciales, siendo contestes el perito que fungió como de la intención del ahora quejoso, como el diestro tercero en discordia, en el sentido de que Torres Herrera presentaba diversas enfermedades de origen no profesional que le dejaban un estado declarado de invalidez, debido a que se encontraba imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la percepción habitual obtenida durante el último año, como lo establecía el artículo 128 de la abrogada Ley del Seguro Social, mientras que el perito de la intención de la demandada diagnosticó que el actor Miguel Torres Herrera no presentaba un estado de invalidez (fojas 109, 122 y 93, por su orden).

Finalmente, la Junta del conocimiento absolvió al instituto demandado del otorgamiento y pago de la pensión por invalidez solicitada por el hoy quejoso, con base en que éste, cuando presentó su reclamación, ya se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos.

Por su parte, el apoderado legal del quejoso argumenta que el laudo reclamado infringe las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como lo dispuesto por el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, dado que la responsable, de oficio, desglosó la cuantificación de la conservación de derechos que reglamenta el artículo 182 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, siendo que en el escrito de contestación de demanda no se estableció tan detalladamente la forma para concluir que el actor se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos.

El accionante del amparo también sostiene en sus demás motivos de inconformidad, que la Junta valoró en forma errónea el instrumento aportado por el instituto demandado, denominado hoja de certificación de derechos, documental a la que no debió otorgarse valor probatorio pleno, porque la persona que lo firmó no tiene facultades para ese efecto, ya que se trata de un empleado de dicho instituto y, por ende, existe una parcialidad y unilateralidad a su favor, pero que además, conforme el artículo 258-C, fracción VI, de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, compete exclusivamente a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social firmar dichos documentos, que por ello, el instrumento se encuentra afectado de nulidad y como consecuencia de lo anterior, la Junta responsable debió determinar que el instituto demandado no cumplió con la carga probatoria y debió emitir un laudo condenatorio. Que incluso, no se exhibió junto con dicho documento los movimientos afiliatorios que hicieron los diversos patrones que tuvo el quejoso y que ello le provoca incertidumbre, pues con la exhibición de los mismos se demostrarían las relaciones de trabajo que unieron al actor con sus diversos patrones y entonces se comprobarían cuántas semanas de cotización generó y hasta cuándo generó esas semanas, solicitando, en su caso, la suplencia de la queja en su favor.

A criterio de este órgano colegiado, carece de razón el impetrante, pues, por un lado, no es verdad que la Junta, de oficio, desglosara la cuantificación de la conservación de derechos del actor, sino que habiendo sido motivo de defensa por parte del instituto que el actor se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos para demandar el otorgamiento y pago de una pensión por invalidez, en términos del artículo 128 de la abrogada Ley del Seguro Social, la responsable en forma correcta atendió a los razonamientos de la demandada a fin de acreditar su aserto; esto es, que la autoridad del trabajo no desglosó oficiosamente la hoja de certificación de derechos, sino que con base en su contenido y en el dicho del ente demandado arribó a la conclusión de que el actor, efectivamente, para cuando presentó su reclamación, ya se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos.

Por otro lado, debe decirse que la referida hoja de certificación de derechos sí fue firmada por una persona con facultades para ello.

En efecto, la circunstancia de que el artículo 258, inciso c), fracción VI, del citado ordenamiento legal, confiera a los delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social, la facultad de autorizar las certificaciones que expida la delegación, no implica que en el caso concreto, Ma. de Jesús Campos Saldaña, como jefe de la Oficina del CAO, del Departamento de Vigencia de Derechos del propio instituto, carezca de facultades para expedir y signar la hoja de certificación de derechos que tomó en cuenta el tribunal laboral.

Para lo anterior, conviene transcribir los artículos 15, 16 y 17 del Reglamento de Organización Interna de las Delegaciones Regionales y Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 15. En las delegaciones categorías A, B, y C1, los servicios técnicos estarán a cargo de un jefe de Servicios Delegacional.

"En las delegaciones C2, las distintas secciones que integren los servicios técnicos dependerán del jefe de Servicios Administrativos; y en las delegaciones C3 dichas secciones dependerán directamente del delegado."

"Artículo 16. El jefe de los Servicios Técnicos Delegaciones -o el de Servicios Administrativos, en su caso- tendrá a su cargo y será responsable ante el delegado de:

"a) Acordar con el delegado regional o estatal todos los asuntos relativos a los servicios técnicos de la delegación y a sus diversas secciones;

"b) Orientar, controlar y supervisar las diversas secciones dependientes de los servicios técnicos, que se mencionan en este capítulo, en los términos de los instructivos correspondientes;

"c) Supervisar, orientar y controlar, en lo relativo, la operación de las subdelegaciones y oficinas administrativas, a cuyo efecto deberá visitarlas periódicamente, rindiendo informe por escrito al delegado;

"d) Dependiente del jefe de los Servicios Técnicos, del jefe de los Servicios Administrativos en delegaciones C2 o directamente del delegado en las delegaciones C3, funcionarán en las delegaciones las siguientes secciones técnicas:

"Afiliación-vigencia de derechos."

"Artículo 17. Esta sección tendrá al frente un encargado bajo cuya responsabilidad estarán las siguientes funciones:

"a) Realizar las inscripciones de patrones y trabajadores cuya incorporación al Seguro Social se haya decretado en la circunscripción que comprenda la delegación, conforme a las leyes, reglamentos, acuerdos e instructivos de la materia;

"b) Aplicar y controlar los números de registro patronal y de afiliación de los sujetos comprendidos por el régimen;

"c) Expedir las tarjetas de identificación y de afiliación de los trabajadores inscritos por primera vez; además proporcionar los duplicados de las mismas a causa de extravío y con observancia de las disposiciones reglamentarias;

"d) Registrar las incidencias subsecuentes de patrones y trabajadores para mantener actualizada la afiliación;

"e) Determinar la aplicación de los artículos 23, 29 y 48 de la ley y los reglamentos relacionados con la afiliación, proporcionando la información necesaria para su cumplimiento;

"f) Tramitar las solicitudes para la continuación voluntaria del seguro obligatorio;

g) Realizar trabajos, labores de análisis y vigilancia para promover el aumento de la afiliación y determinar las causas que la disminuyan, solicitando las verificaciones necesarias;

"h) Sugerir, por conducto de la delegación, los procedimientos que la técnica y la experiencia aconsejen para mejorar las funciones de los servicios de afiliación;

"i) Rendir informe de los asegurados inscritos para elaborar la estadística; además de aquellos que solicite la superioridad."

Por su parte, el artículo 18, inciso i, del citado reglamento, establece lo siguiente: "En vigencia de derechos, el encargado tiene bajo su responsabilidad: ... i) Certificar el número de semanas reconocidas como cotizaciones y el grupo promedio de salario, así como los movimientos de afiliación y demás datos, en las solicitudes de pensión y ayuda para gastos de matrimonio.".

De los preceptos legales transcritos se advierte que en las delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, los servicios técnicos se realizan a través de diversas secciones, entre las que se encuentra la de "Afiliación-Vigencia de Derechos", y que cada una de esas secciones, tiene un encargado con diversas responsabilidades y funciones. En tal virtud, la expedición de certificados de vigencia de derechos corresponde a un encargado, por lo que no significa que el delegado del instituto demandado tenga que realizar directamente o en forma exclusiva la expedición de la certificación correspondiente, como afirma el impetrante, pues dada la organización interna de dicho instituto y la diversidad de funciones administrativas que debe solventar, el otorgamiento de las constancias relativas a vigencia de derechos corresponde al encargado de la oficina o departamento donde se concentra la información necesaria para hacer constar los derechos reconocidos a los asegurados.

En el caso concreto, se advierte en la hoja de certificación expedida el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y siete, que tomó en cuenta la Junta responsable, que aparece la leyenda "Jefatura de Servicios Técnicos Departamento de Vigencia de Derechos", y en la parte inferior se identifica a la suscriptora Ma. de Jesús Campos Saldaña como jefe de la Oficina del CAO (Catálogo de Avisos Originales), de donde se sigue que dicha funcionaria tiene a su cargo la expedición de las certificaciones correspondientes, de tal suerte que esa actividad no necesariamente corresponde al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Además, dicho instrumento se adminiculó con la prueba de inspección que obra a foja 56 de autos, donde el fedatario adscrito a la responsable asentó que el actor Miguel Torres Herrera tiene seiscientas treinta y nueve semanas cotizadas al segundo bimestre de mil novecientos noventa y cuatro y conservó derechos hasta el dieciocho de abril de mil novecientos noventa y siete. Incluso, la hoja de certificación de derechos contiene a detalle los datos relativos al nombre del asegurado, su número de afiliación, el registro y nombre del único patrón al que sirvió (Altos Hornos de México, Sociedad Anónima) (foja 49), por lo que resulta inconducente que se exhibieran los movimientos afiliatorios como lo pide el quejoso, concluyendo que al segundo bimestre de mil novecientos noventa y cuatro (como ya se dijo), tiene reconocidas seiscientas treinta y nueve semanas, de ahí que la Junta responsable haya valorado en forma correcta la citada prueba documental, sobre todo porque si con base en el artículo 182 de la abrogada Ley del Seguro Social, los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán sus derechos adquiridos a las pensiones, entre otras, la de invalidez, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales contadas a partir de la fecha de su baja, entonces, de aquí se sigue que conservó derechos por ciento cincuenta y nueve semanas contadas a partir de la fecha en que fue dada de baja, que venció la tercera semana de abril de mil novecientos noventa y siete, y si presentó su reclamación hasta el día dos de junio de ese año, según reloj fechador impreso en la demanda (foja 8), resulta inconcuso que se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos.

Por eso, con independencia de que la certificación de derechos que expide el Instituto Mexicano del Seguro Social sea un documento elaborado unilateralmente por los funcionarios del propio instituto, lo cierto es que constituye un documento de control de uso ordinario que se emplea para registrar los movimientos de afiliación de los trabajadores con base en los datos proporcionados por el patrón respectivo, motivo por el cual es improbable que el instituto altere los datos de registro.

En consecuencia, es evidente que el instituto demandado justificó su excepción en el sentido de que el actor se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, de tal suerte que es correcto el proceder de la responsable al absolver al instituto demandado de las prestaciones reclamadas.

Similar criterio sustentó este tribunal, en su anterior denominación, al resolver los amparos directos 932/98, 44/99, 960/99 y 37/2000, que dieron pauta a la formación de la tesis visible en la página 998, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "-De los artículos 15, 16, 17 y 18, inciso i), del Reglamento de Organización Interna de las Delegaciones Regionales y Estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que en dichas dependencias los servicios técnicos se realizan a través de diversas secciones, entre las que se encuentra la de ‘Afiliación-Vigencia de Derechos’ y que cada una de esas secciones tiene un encargado con diversas responsabilidades y funciones. Por tanto, la expedición de certificados de vigencia de derechos, conforme a la organización interna de dicho instituto y dada la diversidad de funciones administrativas que debe solventar, corresponde al encargado de la oficina o departamento donde se concentra la información necesaria para hacer constar los derechos reconocidos a los asegurados, por lo que si en la hoja de certificación de derechos que tomó en cuenta la Junta responsable aparece la leyenda ‘Jefatura de Servicios Técnicos, Departamento de Vigencia de Derechos’ y en la parte inferior se identifica a la suscriptora como jefe de la Oficina del CAO (Catálogo de Avisos Originales), es inconcuso que dicha funcionaria tiene a su cargo la expedición de las certificaciones correspondientes."

En las relacionadas consideraciones, y al no advertir este tribunal motivo para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede negar al quejoso el amparo de la Justicia Federal que solicita.

Por lo expuesto y fundado, y además con apoyo en lo establecido por los artículos 158 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Torres Herrera contra el acto y por la autoridad que precisados quedaron en el resultado primero de esta ejecutoria.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados Alfredo Gómez Molina, Victorino Rojas Rivera y Adela Domínguez Salazar, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7305-93085176/seguro-social-el-otorgamiento-de-constancias-relativas-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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