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SEGURO SOCIAL. LE CORRESPONDE ACREDITAR EL NÚMERO DE COTIZACIONES DE SUS AFILIADOS CUANDO EXISTE CONTROVERSIA SOBRE ESTE EVENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 868/2000. · Registro digital (IUS): 7306
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, , Pág. 1122.

AMPARO DIRECTO 868/2000. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer en atención a las siguientes consideraciones.

De los antecedentes del laudo reclamado deriva que mediante escritos de veintiséis y veintiocho de febrero, así como de siete de marzo de mil novecientos noventa y siete, Roberto Solís Arellano, Dámaso Coronado Barrientos y Lauro Garza Elizondo demandaron, respectivamente, al Instituto Mexicano del Seguro Social, de quien reclamaron, además de otros conceptos, el otorgamiento y pago de pensión de invalidez definitiva, afirmando padecer una serie de enfermedades generales.

Las demandas se admitieron y registraron, respectivamente, bajo los números 279/97, 292/97 y 341/97 acumulándose, de oficio, las dos últimas a la primeramente señalada.

Celebrada la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, el tres de febrero de dos mil, previa petición del apoderado de la parte actora, se le tuvo por desistido de la prueba de inspección que ofreció, así como de la demanda laboral promovida por Roberto Solís Arellano y Dámaso Coronado Barrientos (foja 49).

Agotados los trámites legales, el dieciséis de mayo del pasado año, se dictó el laudo que ahora se combate, cuya parte considerativa obra ya transcrita.

Ahora bien, es infundado lo aducido por el instituto quejoso en su primer concepto de violación porque, contrariamente a lo que ahí afirma, el dictamen del perito propuesto por la parte trabajadora de la contienda laboral no se obtuvo de manera distinta a la establecida por la ley, en tanto la responsable, a petición de Lauro Garza Elizondo y con apoyo en el artículo 842, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, giró oficio al director del Hospital Metropolitano para que se sirviera proponer un perito médico oficial el cual, una vez designado, procedió a rendir su dictamen, ratificándolo con posterioridad, según consta a fojas cuarenta y dos a cuarenta y cuatro y cincuenta y dos de autos, de las que se advierte que el doctor Marco A. Treviño Tamez fue designado como perito, aceptó el cargo conferido y ratificó su dictamen correspondiente. Por lo que dicho dictamen no se obtuvo en forma distinta de la señalada en el procedimiento laboral.

Igualmente, es infundada la violación procesal referida también en el primer concepto, y que se hace consistir en que en el desahogo de la prueba pericial, los peritos de la intención de la parte actora y el tercero en discordia no dieron respuesta a los cuestionarios formulados por las partes, pues respecto de ello, debe decirse lo que a continuación se expone.

El cuestionario formulado por la actora se hizo en los siguientes términos:

"1. Diga el perito médico sus generales. 2. Diga el perito médico, si examinó médicamente al actor y, en su caso, ¿qué enfermedades generales y limitaciones encontró en su organismo? 3. Diga el perito médico el perfil del puesto que corresponde a la categoría del actor. 4. Diga el perito médico, si la capacidad de trabajo del actor se ha disminuido en un 50% o más, en los términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social. 5. Diga el perito médico, si hizo la confrontación entre el perfil del puesto y las limitaciones y enfermedades detectadas en el actor. 6. Diga el perito, la razón de su dicho." (foja 23).

El cuestionario formulado por el instituto demandado fue el siguiente:

"1. Diga el perito sus generales. 2. Diga el perito si los actores presentan alguna enfermedad de origen general. 3. Diga el perito en el caso de que los actores presenten alguna enfermedad de origen general si ésta disminuye su capacidad laboral en la forma y términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social. 4. Diga el perito si los actores presentan alguna enfermedad de origen general, si ésta puede ser controlable médicamente, enunciando en qué forma cada una de ellas. 5. Diga el perito la razón de su dicho." (foja 24).

El doctor Marco Antonio Treviño Tamez, perito oficial del actor Lauro Garza Elizondo dictaminó:

"El médico cirujano que suscribe, Dr. Marco A. Treviño Tamez, legalmente autorizado para ejercer su profesión, mexicano, mayor de edad, casado, originario de Allende, N.L., cédula profesional número 1032450, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, con domicilio en el Hospital Metropolitano ‘Dr. Bernardo Sepúlveda’, ubicado en la Av. López Mateos número 4600, Col. Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L., actuando como perito médico por la parte actora certifica haber examinado a Lauro Garza Elizondo y después de haber practicado interrogatorio y exploración física completos, así como exámenes clínicos y paraclínicos de laboratorio y gabinete se encontró: paciente masculino de 53 años de edad, que laboró en Cervecería Cuauhtémoc durante 23 años, inicia como recibidor de banda y termina como supervisor de producción; posteriormente laboró en Protexa durante 10 años como auxiliar de compras y termina como jefe de compras; área en la que se requiere de integridad anatómica y funcional de los siguientes aparatos y sistemas: visual, auditivo, vestibular, músculo-esquelético y articular, para desarrollar las labores para las que fue contratado. Actualmente refiere padecer de gota de 14 años de evolución con artralgias en tobillo y rodillas, hipertensión arterial de 15 años de evolución manejado con captropil metroprolol, disminución de la agudeza visual de 10 años de evolución, dolor en región lumbar de 2 años de evolución sin irradiación. Fue valorado por los departamentos de Oftalmología, Medicina Interna, Traumatología, Radiodiagnóstico y Medicina Legal, reportando lo siguiente: paciente masculino de 53 años de edad que cursa con disminución de la agudeza visual, hipertensión arterial, artritis gotosa, dolor en región lumbar sin irradiaciones y ambas rodillas. Exploración física: P.A. 135/100, peso 72 Kgs. Agudeza visual: ojo derecho 20/15, ojo izquierdo 20/20, segmento anterior con pteriglón nasal ojo izquierdo, presión intraocular 17/18, fondo de ojo normal; tórax sin compromiso cardiorespiratorio, cursa con dolor precordial opresivo irradiado a cuello y brazo izquierdo. Electrocardiograma: sólo se observa bradicardia sinusal; en la radiografía de tórax se observa cardiomegalia grado I, en las de columna lumbo sacra se observan cambios óseos degenerativos, con osteofitos marginales. Exámenes de laboratorio: hematocrito 46%, velocidad de sedimentación globular 8m/hr., glucosa 87 mgs., Bun 12.7 mgs., creatinina 1.17 mgs., ácido úrico 7.6 mgs. Por todo lo antes descrito y en base a los exámenes clínicos y paraclínicos practicados se puede concluir que el actor presenta como enfermedades de origen no profesional: pteriglón nasal ojo izquierdo, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, hiperuricemia, lumbalgia crónica secundaria a espondiloartropatía degenerativa III y gonartrosis bilateral que actualmente dejan en el actor un estado declarado de invalidez debido a que se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida durante el último año, como lo marca el artículo 128 de la Ley del Seguro Social." (foja 43).

El doctor Gustavo Pérez Villamayor, perito tercero en discordia, dictaminó:

"Gustavo Pérez Villamayor, médico cirujano partero, con título legalmente registrado en la Secretaría de Salubridad Pública con el número 16568 y cédula profesional número 44764 de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, mexicano, mayor de edad, casado, originario de Mesones, Oaxaca, con domicilio en el Hospital Metropolitano ‘Dr. Bernardo Sepúlveda’, ubicado en la Av. López Mateos número 4600, Col. Bosques del Nogalar, San Nicolás de los Garza, N.L., actuando como perito médico tercero en discordia en la demanda que dicha Junta ventila con expediente laboral número 279/97, de Lauro Garza Elizondo en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, pensión por invalidez. Después de haber practicado interrogatorio y exploración física completos, certifica que se trata de paciente masculino de 54 años de edad, que laboró durante 23 años como recibidor de banda y supervisor de producción; área en la que se requiere de integridad anatómica y funcional de los siguientes aparatos y sistemas: visual, auditivo, vestibular, músculo-esquelético y articular para desarrollar las labores para las que fue contratado. Actualmente refiere dolor en región lumbar y artralgias múltiples, disminución de la visión y la audición. Fue valorado por los departamentos de Oftalmología, Traumatología, Medicina Interna y Medicina Legal, reportando lo siguiente: paciente de 54 años de edad, hipertenso de más de 14 años de cronicidad, dolores articulares en ambas rodillas y tobillos, dolor en región lumbar sin irradiación. En la exploración física se encontró: P.A. 150/100, pesa 70 kilos, agudeza visual 20/15 en ojo derecho y 20/20 en ojo izquierdo, segmento anterior medios transparentes, fondo de ojo normal; cardiorespiratorio normal. Exámenes de laboratorio dentro de los límites normales, tele de tórax se observa cardiomegalia I, las de columna lumbo sacra muestran cambios osteodegenerativos, electrocardiograma normal. Por todo lo antes descrito y en base a los exámenes practicados se puede concluir que el actor presenta como enfermedades de origen no profesional: hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, lumbalgia crónica secundaria a espondiloartrosis degenerativa grado III, gonartrosis bilateral y presbicia que dejan en su persona un estado declarado de invalidez debido a que se encuentra imposibilitado para procurarse mediante un trabajo igual una remuneración superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual percibida durante el último año, como lo marca el artículo 128 de la Ley del Seguro Social." (foja 55).

Como se aprecia, si de los términos en que se contienen los dictámenes ya transcritos se derivan las respuestas a los cuestionarios formulados por las partes, pues en dichos peritajes se asentaron los generales de los peritos, los estudios médicos practicados, las enfermedades de origen general detectadas a Lauro Garza Elizondo, quien se desempeñó sucesivamente como recibidor de banda, supervisor de producción, auxiliar de compras y jefe de compras, deriva la opinión de que el mismo tiene disminuida la capacidad laboral en más de un cincuenta por ciento y que reúne los requisitos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, sin perder de vista que en tales dictámenes obra inmersa la razón del dicho de los referidos profesionistas, al haber establecido que todo lo expuesto en esos dictámenes les permitía arribar a la conclusión de que el mencionado actor registraba un estado de invalidez. Conclusión esta con la que tácitamente se da respuesta negativa a la pregunta consistente en que si la enfermedad padecida por el actor era controlable. Por lo que cabe reiterar que la violación procesal alegada por el instituto quejoso, es infundada.

También es infundado lo que se alega en el segundo concepto de violación, ya que es inexacto que la Junta resolviera la controversia con base en la mayoría de los dictámenes periciales emitidos y sin fundar ni motivar su resolución.

En efecto, de la lectura del laudo reclamado se desprende que la responsable externó las razones del porqué otorgó eficacia probatoria a los dictámenes del perito oficial y del tercero en discordia, exponiendo al respecto:

"... las razones por las cuales esta autoridad otorga fuerza a este dictamen es en principio atendiendo a la edad cronológica del reclamante de 53 años de edad, que con problemas visuales, lumbares, hipertenso y gota que afectan a tobillo y rodillas, siendo indudable que se encuentran afectados los órganos indispensables para el desarrollo de una labor como lo es el órgano de la vista, la columna vertebral que es la que sostiene la cabeza y el tronco, necesarios para caminar o permanecer de pie por tiempos prolongados, y aún más, permanecer también sentado; aunado a la existencia de gota con 14 años de evolución y problemas cardiológicos ocasionados por ser hipertenso con 15 años de evolución y dolor precordial que se irradia al cuello y brazo izquierdo, que dado lo numeroso de los padecimientos que presenta y los órganos que afectan son claras desventajas en relación con otras personas económicamente activas para que pueda lograr la obtención de una remuneración en el porcentaje citado en líneas anteriores, máxime que se trata de una persona de 53 años de edad, que ha laborado por espacio de 33 años, que hace que su estado físico se encuentre disminuido; además de los padecimientos que presenta ... en similares condiciones al perito oficial se pronunció el tercero en discordia ... reiterándose que los efectos de valor estriban en que el accionante fue valorado por los departamentos de Medicina Especializada para determinar científicamente los padecimientos que presenta que resultan invalidantes, estableciendo asimismo el perito médico la imposibilidad del accionante de obtener una remuneración superior al 50% de la que habitualmente obtenía, cumpliendo así los requisitos señalados por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social y que coincide con la opinión médica del perito del actor ..." (fojas 68 y 69).

Por tanto, contrario a lo asegurado por el aquí quejoso, la Junta sí fundó y motivó su determinación de conceder pleno valor probatorio a los dictámenes de los citados peritos. Siendo inexacto que en lo razonado por la Junta, ésta no determinara cuáles eran los departamentos especializados en los que, según los peritos, fue valorado el referido actor, si de lo expuesto en el propio laudo se advierte que ahí se asentó que tales departamentos especializados eran los de Traumatología, Radiodiagnóstico, Medicina Interna, Oftalmología y Medicina Legal.

De igual modo, resulta infundado lo sostenido en el tercer concepto de violación, porque la responsable no desestimó el dictamen del doctor Luis García Morales, perito del demandado, ahora quejoso, precisamente porque no se mencionaron los apoyos "médicos" de que se valió, sino la desestimación obedeció a que tal perito no señaló si el actor fue valorado por departamentos especializados, acorde con los padecimientos encontrados y por qué realizó un peritaje demasiado superficial, revelando que los estudios médicos que le practicó al actor fueron objetivos, al no especificar con exactitud el grado de mejoría que pudiere tener aquél con las medidas de control y tratamiento médico.

Asimismo, es infundado lo aducido en el cuarto concepto de violación porque adverso a lo ahí afirmado, la Junta sí dio las razones del porqué consideró que correspondía al Instituto Mexicano del Seguro Social probar las cotizaciones del trabajador, pues basta la lectura del laudo reclamado para corroborar esta aseveración.

Además, la fijación de la litis laboral que estableció la Junta no viola garantías individuales del instituto quejoso, porque en casos como el que se analiza, las cargas procesales son compartidas, esto significa que al actor le corresponde probar los elementos esenciales de su acción, contenidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, a través de la prueba pericial médica; en cambio, el instituto demandado debe demostrar los extremos de su defensa, o sea, que el asegurado no reúne el mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales y que la reclamación está fuera del periodo de conservación de derechos, en razón de que no sólo por lógica sino que por disposición de la ley y su reglamento, que regulan sus funciones, el instituto cuenta con más y mejores elementos de prueba que el asegurado, para acreditar las aludidas cotizaciones, toda vez que le corresponde el registro de inscripción de los diversos trabajadores para el efecto del seguro social obligatorio, así como sus altas y bajas, registro de sus salarios y sus modificaciones, abriendo un expediente por cada trabajador asegurado. Al respecto, es aplicable la tesis de este tribunal, anteriormente denominado Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 843, cuyo rubro y texto, dicen:

"-La tesis de jurisprudencia número 27/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en las páginas 524-525, del Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: ‘SEGURO SOCIAL. LA CARGA DE LA PRUEBA DE LAS COTIZACIONES DE LOS TRABAJADORES QUE SIRVEN DE BASE SALARIAL PARA DETERMINAR LA CUANTIFICACIÓN DE LAS PENSIONES QUE PREVÉ LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.’, es aplicable cuando en un juicio sobre otorgamiento de pensión existe controversia respecto del número de cotizaciones del actor al Seguro Social, pues a pesar de que es un supuesto distinto al que es el tema de dicho criterio jurisprudencial, su observancia surge en cuanto éste remite al artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de determinar la carga probatoria en cualquier controversia entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que deben ventilarse ante los tribunales laborales y sustanciarse conforme a las reglas procesales que regulan su funcionamiento."

Cabe destacar que al instituto demandado le corresponde demostrar que el actor se encontraba fuera del periodo de conservación de derechos, conforme al artículo 182 de la derogada Ley del Seguro Social, aplicable al caso (artículo 150 de la ley vigente), puesto que si el actor no cuenta con elementos suficientes para saber el número de semanas que cotizó al régimen del seguro social obligatorio, tampoco está en posibilidad de probar que se encuentran vigentes sus derechos, o sea, que su reclamación la hace dentro del lapso que comprende una cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales, contado a partir de la fecha de su baja. Esto significa que quien tiene los elementos idóneos para demostrar ese hecho es el Instituto Mexicano del Seguro Social, y como la Junta estimó que no cumplió con esa carga procesal, la consecuencia legal necesaria es que se tenga en tiempo la solicitud de pensión de invalidez reclamada por el actor.

Tiene aplicación la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 798, que dice:

"SEGURO SOCIAL. LE CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE QUIEN SOLICITE EL OTORGAMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS PENSIONES A QUE SE REFIERE EL CAPÍTULO V, SECCIÓN PRIMERA, DE LA LEY QUE RIGE SU FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRA FUERA DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 182 DE LA PROPIA LEY (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).-Corresponde al Seguro Social y no a quien deduce la acción de otorgamiento de cualquiera de las pensiones a que se refiere el capítulo V, sección primera, de la Ley del Seguro Social, demostrar que el asegurado se encuentra fuera del periodo de conservación de derechos, pues ese evento no forma parte de los requisitos que la Ley del Seguro Social requiere para tener derecho a las pensiones de que se trata, y si el derecho se extingue porque el asegurado o el beneficiario, lo ejercita fuera del periodo de conservación de derechos a que se refiere el artículo 182 de la ley invocada, ello da lugar a una excepción que toca al Instituto Mexicano del Seguro Social hacer valer en la contestación de la demanda, y en su caso probarla, ya que con esa excepción no desconoce el nacimiento de la acción sino que pretende destruirla con un elemento extraño a la misma."

En consecuencia, es cierto que por principio de derecho el que afirma está obligado a probar, sin embargo, en el caso el demandado no justificó su excepción de que el actor no reunía el mínimo de ciento cincuenta semanas cotizadas al régimen de seguridad social obligatorio y que no se encontraba dentro del periodo de conservación de derechos, ya que el actor sólo tiene a su cargo el deber de probar los elementos esenciales de su acción, contenidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, y para ese efecto ofreció la prueba pericial en comento.

En otro aspecto, también es infundado lo argüido en el quinto concepto de violación, porque si bien en el laudo sólo se hizo alusión a la prueba de inspección ofrecida por el actor para justificar el número de semanas cotizadas, sin que se analizara la misma, ello en nada agravia al ahora impetrante, habida cuenta de que, como ya quedó precisado, corresponde al instituto la justificación del número de semanas cotizadas por el trabajador. Además de que el actor desistió de dicho medio de convicción, por lo que la Junta no tenía por qué abordar el estudio de una prueba respecto de la cual su oferente perdió interés, ni con tal actitud la autoridad omitió el análisis de las actuaciones en el juicio.

Es infundado lo que se hace valer en el sexto concepto de violación, pues además de que la Junta también examinó lo expuesto en el dictamen del doctor Luis García Morales, perito del instituto demandado, aquí quejoso, fue acertada su determinación de otorgar mayor valor probatorio a los dictámenes del perito oficial y el tercero en discordia.

El perito propuesto por el instituto demandado en el juicio de origen dictaminó lo siguiente:

"El que suscribe Dr. Luis García Morales, médico cirujano y partero, especialista en medicina del trabajo, legalmente autorizado para ejercer la profesión con cédula profesional 1385042, certifica haber estudiado al C. Lauro Garza Elizondo, con No. afiliación 0363 46 1755 habiendo encontrado lo siguiente: Masculino de 51 años de edad, cuya última ocupación referida es la de compras y almacén, donde refiere haber laborado por 10 años. Padecimiento actual: Masculino de 51 años que refiere mialgias y artralgias generalizadas, cefalea y dolor precordial, disnea ocasional. Está en tratamiento de hipertensión desde hace 15 años. Actualmente presenta artralgias en caderas y rodillas. Exploración física: TA 140/90, FC 70x’, FR 19x’, agudeza visual 20/20 ambos ojos, oídos normoyentes, resto de exploración física sin datos patológicos. Estudios de lab. y gabinete: Hb normal, glucosa 92, colesterol 194, ac. úrico 1.7. Rx. Tórax: botón aórtico prominente pleuropulmonar normal; Rx. col. lumbar: cambios degenerativos moderados compatibles con ead gil. Perfil del puesto: Sus actividades como encargado de compras y almacén consistían en efectuar compras a proveedores haciendo órdenes de compras y las enviaba al almacén para su resguardo. Conclusión: El C. Lauro Garza Elizondo es portador de las siguientes patologías: 1. Espondiloartrosis grado II. 2. Hipertensión arterial. Dichos padecimientos presentes en el actor son susceptibles de corrección y control a base de tratamiento médico adecuado, por lo que al realizar valoración de capacidades físicas residuales para el trabajo, con motivo y fundado en todo lo anterior, se establece que el actor no presenta estado de invalidez no reuniendo los términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997." (foja 30).

Ahora bien, haciendo un estudio comparativo del dictamen del perito que propuso el ahora instituto quejoso en el procedimiento de origen, con los emitidos por el perito oficial y tercero en discordia, los que ya obran transcritos, se llega al conocimiento de que estos últimos son en los que mejor se precisan las razones que los fundamentan, al señalarse con claridad, entre otras cuestiones, la labor que desempeñaba Lauro Garza Elizondo en sus diversos puestos y su duración; que al mismo se le practicó interrogatorio y exploración física completa, exámenes clínicos y paraclínicos de laboratorio y gabinete; que fue valorado por los departamentos de Oftalmología, Medicina Interna, Traumatología, Radiodiagnóstico y Medicina Legal, reportando ser de sexo masculino, de cincuenta y tres años de edad, que cursa con disminución de la agudeza visual, hipertensión arterial, artritis gotosa, dolor en región lumbar sin irradiaciones y los demás datos ahí asentados.

En cambio, en el dictamen elaborado por el perito del demandado, Instituto Mexicano del Seguro Social, y en la diligencia de desahogo de esa prueba (fojas veintiocho y treinta), no se explicó razonada y claramente el porqué las enfermedades del actor no podían determinarle un estado de invalidez, ni tampoco se señaló si el trabajador fue valorado por departamentos especializados y, en todo caso, cuáles fueron esos departamentos. Por lo que la Junta estuvo en lo correcto al otorgar mayor valor probatorio a los dictámenes del perito oficial y del perito tercero en discordia.

Siendo intrascendente que en los dictámenes de estos últimos no se estableciera la relación causa-efecto-daño entre el perfil laboral y las enfermedades generales del actor, ya que lo que se demandó fue una pensión por invalidez y no por incapacidad proveniente de una enfermedad profesional.

Tampoco interesa que a los dictámenes del perito del actor y el tercero en discordia, no se hayan adjuntado los resultados de los exámenes o estudios practicados, pues para la valoración de una prueba de tal naturaleza se debe atender únicamente a las consideraciones fundatorias de las peritaciones.

Tal es el sentido de la jurisprudencia número IV.3o. J/35, publicada en la página 694, Tomo VII, marzo de 1998, Tribunales Colegiados de Circuito y Acuerdos, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"PERITOS MÉDICOS. ES INNECESARIO QUE ACOMPAÑEN DOCUMENTOS A SUS DICTÁMENES.-Resulta intrascendente el hecho de que los peritos médicos no acompañen a sus veredictos algún documento donde se describan las enfermedades que padecen los trabajadores, ni las instrumentales relativas a los estudios que se les practiquen, pues son ellos quienes pueden determinar, con base en sus conocimientos especializados, la invalidez o no de una persona; además de que la ley de la materia no exige en ninguno de sus preceptos y mucho menos en los reguladores de este medio de prueba, comprendidos del 821 al 826 de la Ley Federal del Trabajo, que los dictámenes deban ser acompañados de estas constancias a fin de que hagan prueba plena."

De la misma manera, es infundado lo que el instituto aduce en el séptimo concepto de violación porque, contrariamente a lo que ahí se afirma, el actor Lauro Garza Elizondo sí acreditó su imposibilidad para procurarse una remuneración habitual igual a la que percibía en el último año de trabajo, si se toma en consideración que con la prueba pericial a que se ha hecho referencia, se acreditó no sólo padecer enfermedades no profesionales, sino también estar imposibilitado para procurarse un ingreso superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, habida cuenta que de los peritajes contrapuestos al del perito del demandado se desprende su edad de cincuenta y tres años, el tipo de patologías que padece, así como las consecuencias de esos padecimientos; por lo que atendiendo al puesto de jefe de compras desempeñado por el referido actor donde se requiere, como se asentó en los dictámenes, de integridad anatómica y funcional de los aparatos y sistema visual, auditivo, vestibular, músculo-esquelético y articular, es indudable que los citados peritajes ponen en evidencia que el referido actor, ahora tercero perjudicado, sí cuenta con un estado de invalidez que le impide desempeñar un trabajo remunerado en un porcentaje superior al cincuenta por ciento del que percibiría un trabajador sano, de semejante capacidad, categoría y formación profesional, dada su avanzada edad y la disminución fisiológica que presenta.

Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo la clave 2a./J. 51/96, en la página 265 del Tomo IV, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.-Del artículo 128 de la Ley del Seguro Social se desprende que son dos los requisitos que han de satisfacerse para demostrar el estado de invalidez de un asegurado: que el mismo no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Si bien es exacto que para demostrar la existencia del segundo de los requisitos mencionados, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente y el origen no profesional del mismo, no ocurre sin embargo igual tratándose del primero de los requisitos mencionados, a saber, la imposibilidad del asegurado de obtener una remuneración en el porcentaje especificado, toda vez que para demostrar este hecho el interesado goza de la facultad de ofrecer todas las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no sean contrarias a la moral o al derecho, pruebas entre las cuales puede figurar incluso la prueba pericial médica, cuando de la misma se desprenda, por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, que el asegurado esté impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador, considerando que para resolver la cuestión propuesta, la Junta está obligada a analizar t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7306-89accf68/seguro-social-le-corresponde-acreditar-el-numero-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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