TÍTULOS DE CRÉDITO, LITERALIDAD DE LOS. LAS LETRAS "C.P.P.", SON SINÓNIMO DE COSTO PORCENTUAL PROMEDIO.
AMPARO DIRECTO 3130/99. EMILIO CÁRDENAS FERRIGNO.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los conceptos de violación en una parte son inoperantes, y en otra infundados.
Mediante sentencia interlocutoria dictada el treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, declaró infundada la excepción de falta de personalidad opuesta por la parte demandada; interlocutoria que fue confirmada por resolución dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en los autos del toca número 815/95.
Esos conceptos de violación son inoperantes, ya que lo relativo a esa personalidad no puede ser analizado en esta instancia constitucional, porque no se trata de aquellas violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo, que pueden reclamarse en la vía de amparo directo, al promoverse éste contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.
En efecto, la determinación que sin ulterior recurso declara improcedente la excepción de falta de personalidad, constituye un acto dictado dentro del juicio que tiene efectos cuya ejecución es de imposible reparación, porque es una violación procesal que afecta a las partes en grado predominante o superior, toda vez que es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva.
Por ello, la referida resolución debió impugnarse a través del juicio de amparo indirecto que procedía en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos su publicación en el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en términos del artículo 21 de la ley citada; y al no haberlo hecho así, la parte demandada, ahora peticionaria de garantías, consintió esa determinación judicial que se encuentra firme, por lo que ya no puede analizarse en el juicio de amparo directo como una violación a las leyes del procedimiento que afectó sus defensas, porque de hacerlo, quedaría a elección de la parte interesada promover el juicio de amparo indirecto o esperar a la sentencia definitiva y hacer la impugnación en los conceptos de violación, y de esta manera dejaría de tener aplicación la regla general contenida en los artículos 21 y 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, consistente en que el amparo debe promoverse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia que se identifica con el número 4/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/98-PL, aprobada en sesión privada de once de enero del año dos mil uno, que es del texto siguiente:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.-Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo."
De modo que tratándose de la resolución que decide sobre la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe combatirse a través del juicio de amparo indirecto, porque se trata de un acto dictado dentro de juicio que tiene una ejecución cuyos efectos son de imposible reparación; y la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de dicha resolución, que decide sobre ese presupuesto procesal, excluye la posibilidad de que pueda impugnarse como violación procesal a través de los conceptos de violación que se expresen en el juicio de amparo directo; por lo que no puede dejarse a la elección del quejoso que reclame la resolución que dirime la cuestión de personalidad, mediante el juicio de amparo indirecto, o a través de los conceptos de violación expresados en el juicio de amparo uniinstancial que procede contra la sentencia definitiva, toda vez que el derecho del demandado que se pretende proteger mediante el juicio de amparo indirecto que procede en contra de ese acto, queda consumado irreparablemente y no puede ser materia de estudio en el juicio de garantías en la vía directa.
La jurisprudencia transcrita con antelación, no existía en el momento en que se resolvió lo relativo a la excepción de la falta de personalidad, pero no es motivo que impida su aplicación al caso concreto, ya que por su naturaleza no se trata de una nueva norma jurídica, sino sólo es la interpretación válida y obligatoria de la norma, a partir de que es publicada oficialmente o es conocida por el órgano judicial al que obliga.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 145/2000, publicada en la página 16 del Tomo XII, del mes de diciembre del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone:
"JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta ‘conformación o integración judicial’ no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional."
En otro contexto, son infundados los conceptos de violación tendientes a demostrar que los documentos exhibidos por la actora como base de su acción, no integran título ejecutivo en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En efecto, los artículos 1391, fracción VIII, del Código de Comercio, y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, por su orden, establecen lo siguiente:
"Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.
"Traen aparejada ejecución:
"...
"VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivo o que por sus características trae aparejada ejecución."
"Artículo 68. Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito.
"El estado de cuenta certificado por el contador a que se refiere este artículo, hará fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, en todos los casos en que por establecerse así en el contrato:
"I. El acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato, y
"II. Se pacte la celebración de operaciones o la prestación de servicios, mediante el uso de equipos y sistemas automatizados."
Conforme a la literalidad de esos preceptos, cuando se ejercita una acción ante autoridad judicial, y ésta se funda en documento que traiga aparejada ejecución, tiene lugar el procedimiento ejecutivo mercantil. Entre otros documentos, traen aparejada ejecución los contratos o pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito; y además, el referido estado de cuenta certificado hace fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes a cargo de los acreditados o de los mutuatarios, entre otros casos, en los que por establecerse así en el contrato, el acreditado o el mutuatario pueda disponer de la suma acreditada o del importe de los préstamos en cantidades parciales o esté autorizado para efectuar reembolsos previos al vencimiento del plazo señalado en el contrato.
La acción ejecutiva que deriva de un documento de esa naturaleza, se puede ejercitar sin que sea necesario que el deudor reconozca su firma para que se pueda despachar ejecución, ya que se trata de un documento que tiene incorporado el derecho que se ejercita, correlativo de una obligación líquida y exigible, con la precisión del acreedor y el deudor; de ahí que motiva la ejecución, porque es inherente al documento sin necesidad de reconocimiento y sin mayores requisitos, como lo establece el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito.
En ese contexto, es legal que la Sala responsable haya declarado infundados los agravios de la parte demandada y respecto de dicha parte haya confirmado la sentencia de primera instancia, por la que el Juez de primera instancia declaró procedente la vía ejecutiva mercantil, en atención a que la institución bancaria hizo uso de esa vía privilegiada mediante la demanda respectiva, y al efecto exhibió como documento base de la acción, el contrato de apertura de crédito refaccionario agrícola celebrado entre las partes, al cual acompañó el estado de cuenta certificado por el contador de la institución de crédito actora, mismo que remite expresamente a los anexos en los que se encuentra debidamente desglosado el saldo resultante.
De modo que los documentos precisados reúnen los requisitos exigidos por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, para considerarlos como título ejecutivo, porque conforme a ese precepto, basta que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que éste acredite que se encuentra autorizado para realizar esa certificación y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador público, como lo afirma el quejoso, porque tales requisitos no los exige el artículo citado, así como tampoco exige que se precisen y acrediten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se utilizó el crédito; de ahí que no se pueda exigir al banco que cumpla con elementos distintos, que no están previstos en la ley que es exactamente aplicable al caso concreto.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia que se identifica con el número 1a./J. 10/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 59/96, publicada en la página 130 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, que dispone:
"CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR ÉL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).-Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por una institución bancaria, el que se exhiba el contrato o póliza donde conste el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la profesión de contador público, porque estos requisitos no los exige el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario."
Luego, es legal que la Sala responsable considerara infundados los agravios de la parte demandada, porque a través de éstos no desvirtuaron la ilegalidad de la sentencia de primera instancia, en la cual el Juez de primera instancia declaró improcedentes las excepciones de falta de acción, de improcedencia de la acción y de la vía, opuestas por los demandados, en virtud de que éstos no desvirtuaron los elementos de la acción ejecutiva ejercitada, y no ofrecieron las pruebas idóneas para acreditar los extremos de sus excepciones.
Asimismo, es legal que la Sala responsable reiterara el valor probatorio que el juzgador de primer grado dio al citado estado de cuenta, para determinar el monto de las cantidades adeudadas por concepto de suerte principal, porque éste contiene en el anexo al cual remite expresamente, el desglose en columnas de los movimientos que dieron origen al saldo insoluto a cargo de los deudores, que se obtiene sumando las cantidades establecidas en las columnas correspondientes, y que fueron calculadas mensualmente a partir del uno de noviembre de mil novecientos noventa, al treinta de junio de mil novecientos noventa y dos, de acuerdo a la tasa de interés que consta en la columna respectiva. Asimismo, en esa certificación consta copia del mecanismo llevado a cabo para la determinación de la tasa de intereses; todo lo cual generó convicción en la Sala responsable, de que el citado estado de cuenta certificado sí cumplía con los requisitos legales que permitían obtener las cantidades resultantes mediante la realización de los cálculos correspondientes en base a la aplicación del citado mecanismo.
Luego, a la parte demandada correspondía desvirtuar los cálculos realizados en el referido estado de cuenta, a través de los medios de convicción idóneos para acreditar que aquéllos eran incorrectos, porque el referido estado de cuenta certificado por el contador, hace fe, salvo prueba en contrario, sin que de modo alguno se les reste ese valor, por el hecho de que en auto de catorce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, se hayan tenido objetados los documentos exhibidos por la actora, ya que en su caso, los enjuiciados no impulsaron el procedimiento con la finalidad de que se desahogara la prueba pericial que era la idónea para desvirtuar la ilegalidad de esos cálculos.
En efecto, por auto de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y ocho se tuvieron por ofrecidas en tiempo las pruebas de la parte demandada, entre ellas, la pericial en materia de contabilidad (folio 328); y no consta que el perito de la parte demandada haya formulado su dictamen correspondiente, e incluso en el auto de publicación de probanzas de fecha seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se dijo que la prueba pericial contable se encontraba pendiente de desahogar (folio 372); sin embargo, por auto de catorce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se proveyó que no había lugar a desahogar la prueba pericial solicitada por escrito fechado el doce de agosto de mil novecientos noventa y ocho, en virtud de que había transcurrido con exceso la dilación probatoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 1201 del Código de Comercio.
Además, es legal que esa prueba se le haya dejado de recibir, porque deben desahogarse en el periodo probatorio respectivo y sólo por causa justificada, el Juez puede oportunamente conceder la prórroga, pero no cuando el periodo probatorio ordinario legal ha concluido, como ocurrió en la especie.
Luego, es suficiente que se haya anexado al estado de cuenta certificado, el mecanismo utilizado para realizar los cálculos de intereses, para que ese estado de cuenta cumpliera con los requisitos necesarios a fin de que las cantidades determinadas en el mismo, pudieran ser desvirtuadas por los deudores a través de los medios de convicción idóneos, en virtud de que la certificación y anexos, guardan identidad con el nombre de los acreditados, el tipo de crédito otorgado, así como la tasa utilizada para calcular los intereses respectivos.
De ahí que el citado mecanismo utilizado que está detallado en hojas anexas al estado de cuenta certificado exhibido por la parte actora, forma parte integrante de la citada certificación, y no existe prohibición legal para que el mecanismo utilizado para realizar los cálculos correspondientes conste en hoja anexa, la cual se identifica con la certificación principal, puesto que en ésta se precisó la fecha en que se inscribió el contrato de apertura de crédito, al igual que se precisaron los nombres de los acreditados y el tipo de crédito otorgado.
De ahí que la sentencia reclamada no contraviene las diversas tesis invocadas en los conceptos de violación, porque en tales tesis se sustenta que no debe otorgarse valor probatorio a los estados de cuenta que certifica el contador facultado por la institución acreedora, que no contengan la tasa y el tipo de interés que se utilizaron en la cuantificación del saldo que se reclama, así como la forma en que se determinó el saldo resultante, porque en ese caso el deudor está imposibilitado para rendir prueba en contrario a fin de desvirtuarlos; pero esos criterios aislados no se aplican al caso en que tal situación consta en hojas anexas a la certificación y que forman parte de ella.
Por lo tanto, el estado de cuenta certificado, vinculado con los anexos donde obre el mecanismo utilizado para realizar los cálculos contenidos en él, sí contenía los elementos suficientes para que los cálculos realizados fueran desvirtuados por los demandados mediante la prueba idónea para tal fin, por lo que era a los demandados a quienes correspondía desvirtuar el estado de cuenta certificado, lo cual no acreditaron, tal como lo manifestó la Sala responsable.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1194 del Código de Comercio, el que afirma está obligado a probar, por lo que el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones; además, demostrada la existencia de la obligación, su pago corresponde acreditarlo al deudor, en términos de la jurisprudencia 308 publicada en la página 261, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dispone:
"PAGO O CUMPLIMIENTO. CARGA DE LA PRUEBA.-El pago o cumplimiento de las obligaciones corresponde demostrarlo al obligado y no el incumplimiento al actor."
En el caso, la parte demandada no acreditó el pago del adeudo reclamado, ni sus excepciones de falta de acción e improcedencia de la misma, porque como se ha establecido con anterioridad, dadas las características del documento ejecutivo exhibido como base de la acción, con el mismo se desvirtuaron esas excepciones.
Por otra parte, del estado de cuenta se advierte que los demandados dispusieron del crédito, lo cual reconocieron tácitamente al haber realizado amortizaciones del adeudo, cosa que no desvirtuaron, con lo que obtuvieron un beneficio económico de ese contrato y a ellos correspondía la carga de la prueba, porque el negar que dispusieron de la totalidad del crédito reclamado, constituye un hecho positivo para quien impugna, y podían demostrar que no dispusieron de las cantidades reclamadas mediante la prueba pericial contable, que no desahogaron de su parte; además, los títulos de crédito constituyen prueba preconstituida de la acción y el periodo probatorio no es para que el actor pruebe su acción, sino para que el deudor acredite sus excepciones y defensas, lo que los demandados no hicieron en la especie y por ello incumplieron con la carga probatoria que tenían; de ahí que sea infundado el concepto en el que el quejoso manifiesta que debía existir una cantidad líquida exigible y demostrar el actor que el acto no es simulado a través de la demostración de que sí entregó el dinero que reclamó.
Aunado a lo anterior, los deudores mediante las amortizaciones, consintieron en forma tácita la aplicación de la tasa que utilizó el contador de la institución de crédito actora para realizar los cálculos contenidos en su estado de cuenta certificado; por lo que ya no podían impugnar la aplicación de la tasa que se utilizó y que ya habían consentido.
Asimismo, la tasa pactada en el contrato de apertura de crédito, en caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones pactadas, equivaldría al "C.P.P., más diez puntos por 1.5.".
Luego, no asiste razón jurídica al quejoso al indicar que ese tipo de tasa es imprecisa, ya que cuando las partes convienen en pactar el pago de intereses de acuerdo a las letras "C.P.P.", éstas deben entenderse como el "Costo Porcentual Promedio" fijado por el Banco de México, por lo que tal pacto basado en las referidas siglas, es legal, puesto que ese tipo de tasa se publica periódicamente en el Diario Oficial de la Federación, por lo que aun y cuando para conocer su monto se debe acudir a fuentes de información diversas, las mismas se encuentran al alcance de los interesados, por lo que no hay razón fundada para considerar que dicho pacto resulte violatorio del principio de literalidad que consagran los títulos de crédito.
Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo número DC. 4243/2000, en sesión de seis de noviembre del año dos mil, sustentó que las letras "C.P.P.", contenidas en un pagaré base de la acción, son lo suficientemente claras para determinar que significan costo porcentual promedio, que fija el Banco de México periódicamente y es acorde con lo que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 110/98, entre las sustentadas por el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, en sesión celebrada el veintidós de noviembre del año dos mil, en la que emitió la tesis de jurisprudencia número 38/2000, que dispone lo siguiente:
"PAGARÉ. INTERESES MORATORIOS PACTADOS CONFORME AL CPP. BASTA LA INSERCIÓN DE ESTAS SIGLAS PARA QUE SE ENTIENDA QUE AQUÉLLOS FUERON ESTIPULADOS DE ACUERDO AL INDICADOR ECONÓMICO DENOMINADO COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN.-El artículo 2o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito estatuye que los títulos de crédito se regularán, en primer término, por dicha ley y por las demás leyes especiales relativas; en segundo lugar, por la legislación mercantil; en tercer lugar, por los usos bancarios y mercantiles; y, en cuarto lugar, por el Código Civil del Distrito Federal. Ahora bien, como ni la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ni ley especial alguna y mucho menos el Código de Comercio definen el significado de las siglas CPP como forma de calcular los intereses moratorios pactados en un pagaré, tiene aplicación la tercera de las citadas regulaciones de los títulos de crédito, o sea, los usos bancarios y mercantiles, conforme a los cuales las siglas CPP ya están definidas, pues según lo ha sostenido el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que uno de los usos bancarios y mercantiles autorizados por los artículos 2o., fracción III, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 6o., fracción II, de la Ley de Instituciones de Crédito, que generalmente se utilizan en la actualidad para la fijación de las tasas de interés bancarias, lo constituye el índice o referente económico identificado con las citadas siglas, que el anexo número 13 de la circular 2019/95 emitida por el Banco de México, el veinte de septiembre de mil novecientos noventa y cinco define como la estimación que esta institución bancaria da a conocer mensualmente, a través del Diario Oficial de la Federación, sobre el costo porcentual promedio de captación por medio de tasa y, en su caso, sobretasa de rendimiento -por interés o por descuento- de los pasivos en moneda nacional a cargo del conjunto de las instituciones de banca múltiple, correspondientes a depósitos bancarios a plazo, depósitos bancarios en cuenta corriente, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, aceptaciones bancarias y papel comercial con aval bancario. En esa tesitura, cuando en un pagaré se pactan intereses consignando en el documento relativo las siglas CPP, esta abreviatura basta para que se entienda que los intereses fueron estipulados conforme al índice o indicador económico denominado costo porcentual promedio de captación, que mensualmente publica el Banco de México, resultando inadmisible que el deudor desconozca o tenga dudas sobre el significado de la expresión CPP utilizada en el título de crédito para fijar el monto de los intereses, puesto que al mencionarse en el documento tal abreviatura, resulta evidente que el deudor quiso convenir ese sistema para el pago de los intereses que se causaran y que conocía la mecánica para calcular su monto.-Contradicción de tesis 110/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil, ambos del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Juan Manuel Rodríguez Gámez."
En ese contexto, son infundados los conceptos de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7307-0eae5684/titulos-de-credito-literalidad-de-los-las-letras · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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