MULTA DE FONDO Y MULTA FORMAL. DISTINCIÓN ENTRE LAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 76, FRACCIÓN II, Y 81, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 1993, 1994 Y 1995.
AMPARO DIRECTO 157/99. MARÍA OLGA DE ITA ORTIZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los conceptos de violación expresados en la demanda son infundados en parte e insuficientes en lo demás.
Por razón de técnica jurídica, se procede en primer término, al estudio de las argumentaciones orientadas a controvertir la identificación y personalidad de los visitadores que practicaron la visita domiciliaria.
No tiene razón la quejosa en lo aducido en su tercer concepto de violación, ya que como atinadamente lo determinó la Sala Fiscal, son infundadas las argumentaciones que formula en el sentido de que el hecho consistente en haber negado en los términos del artículo 68 del código tributario federal, que las actas de visita sean documentos públicos; que los visitadores que practicaron la visita tengan contrato laboral con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla y que existan sus nombramientos; no significa que las autoridades demandadas en el juicio de nulidad hayan tenido que demostrar que los visitadores son funcionarios públicos y menos que la responsable haya debido recabar sus contratos laborales, pues no debe perderse de vista que, en principio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234, fracción I, segundo párrafo, del código tributario federal, tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas respectivas; y como puede verse en las actas parciales números uno, dos, tres, cuatro, cinco, última acta parcial y acta final, practicadas al amparo de la orden de visita número A.C.R.E. 111/94, que obran a fojas 102 a 178 de los autos del expediente fiscal, en todos los casos los visitadores se identificaron ante la quejosa María Olga de Ita Ortiz con los documentos que se describen en dichas actas, de lo que se sigue que ello es suficiente para acreditar el carácter de funcionarios públicos de los aludidos visitadores, sin que la objeción de la quejosa expresada en el sentido de que las actas de visita no son documentos públicos, sea bastante para privarlas del valor probatorio pleno que les confiere el mencionado artículo 234, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que las referidas actas cumplen con los requisitos que para los documentos públicos señala el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; además de que, si la quejosa sostenía la falsedad de las actas de visita, debió haber promovido el incidente correspondiente ante la Sala responsable y ofrecer los elementos de prueba idóneos porque, como ya se dijo, su sola afirmación no es suficiente para demostrar su argumento.
Cabe agregar que no existe disposición alguna en el Código Fiscal de la Federación (y en concreto el artículo 44, fracción III, de dicho ordenamiento) que establezca como requisito que las personas físicas que intervengan como visitadores en el desarrollo de la visita domiciliaria, deban demostrar que efectivamente desempeñan el cargo que ostentan. Ello obedece a que la autoridad, como ente de derecho público, no está sujeta a las reglas de la representación convencional que rigen para los particulares; en el caso, sólo es factible analizar jurídicamente la debida identificación de los funcionarios respectivos, no así la cuestión concerniente a la legitimidad de la persona física que dice ocupar el cargo de que se trate. Por tanto, si una persona viene ocupando un cargo, la situación relativa a si es legítima su actuación no es dable examinarla en juicio de nulidad ni en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que le ponga fin, sino lo que en la especie debe estudiarse únicamente, es lo relativo al requisito de legalidad consistente en la identificación de los visitadores, ya que la Carta Magna, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o la Ley de Amparo, no autorizan a este órgano colegiado para analizar la legitimidad del nombramiento de una autoridad.
Por otra parte, son inoperantes los argumentos en los que señala los hechos que pueden dar lugar a la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y ejercicio indebido del servicio público, porque el juicio de amparo directo que promueve la quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada por la Sala Regional del Golfo Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, el cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, no es la vía legal correcta para realizar esos planteamientos.
En el sexto concepto de violación, la peticionaria del amparo argumenta, esencialmente, que los visitadores que practicaron la visita domiciliaria, deben tener título profesional y cédula para ejercer la profesión de contador público, ya que la labor de los visitadores es revisar la contabilidad, lo que es un acto propio de la mencionada profesión; que los aludidos funcionarios actuaron como peritos y falsamente se ostentaron como contadores públicos durante la práctica de la visita y que la citada exigencia deriva de lo dispuesto en la Ley General de Profesiones, así como en el Código Penal Federal, en cuanto tipifica el delito de usurpación de funciones y falsificación de documentos.
Como correctamente lo determinó la Sala responsable, en la especie no se requiere que los visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla y Secretaría de Finanzas de la misma entidad federativa, tengan título legalmente registrado y cédula con efectos de patente para ejercer la profesión de contador público, ya que al respecto es menester realizar las siguientes precisiones: si bien en términos del artículo 42, fracción III, del código tributario federal, las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido con las disposiciones fiscales, estarán facultadas para practicar visitas a dichos contribuyentes y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, no debe perderse de vista que esa facultad de comprobación corresponde al Administrador Local de Auditoría Fiscal de Puebla y al secretario de Finanzas del mismo Estado, porque los visitadores que practicaron la visita domiciliaria a la ahora quejosa no tienen el carácter de peritos, sino únicamente son empleados de las citadas dependencias, y respecto de ellos ninguna de las disposiciones fiscales aplicables, incluyendo el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, exige que deban ostentar el título de contador público para poder tener el cargo de visitador y en vía de consecuencia practicar la visita domiciliaria; aunado a ello, cabe señalar que contra lo que se afirma, los visitadores no sólo revisan la contabilidad del contribuyente visitado sino que, en realidad, esa revisión es sólo uno de los medios por virtud de los cuales se verificará el cumplimiento de las obligaciones fiscales. De todos los hechos conocidos por los visitadores, se levantarán actas circunstanciadas y, con vista en ellas, las autoridades fiscalizadoras procederán, en ejercicio de sus facultades discrecionales, a determinar lo que en derecho proceda. De tal modo que basta para salvaguardar la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional que los funcionarios que practiquen la visita ajusten su actuación a lo preceptuado en el artículo 44 del Código Fiscal Federal, que señala las formalidades para el inicio de las visitas domiciliarias, sin que sea dable exigir mayores requisitos que los previstos en la disposición legal aplicable. No es óbice para concluir lo anterior, las argumentaciones que formula el quejoso en relación con lo dispuesto en la Ley General de Profesiones y en el Código Penal Federal, pues como ya se ha precisado con anterioridad, los hechos constitutivos de un delito no pueden ser materia de estudio en esta vía.
Por encontrarse estrechamente relacionados, este órgano jurisdiccional procede al estudio conjunto de los argumentos contenidos en los conceptos de violación séptimo y octavo, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Aduce la quejosa que en las actas parciales uno y dos, levantadas el veintitrés de noviembre y seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la parte relativa a la identificación de los visitadores, no se asentó el número de sus credenciales y que, además, en la citada acta de inicio no se expresó el cargo del visitador adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla que intervino en su diligenciación.
Contra lo que se alega, la Sala responsable estuvo en lo correcto al considerar debidamente satisfechos los requisitos concernientes a la identificación de los visitadores, en los términos del artículo 44, fracción III, del código tributario federal, sin que sea necesario precisar el número de las credenciales, pues para dar seguridad jurídica al gobernado basta que en las actas parciales respectivas se hayan circunstanciado la fecha de expedición de los documentos identificatorios; el funcionario que los expide; su vigencia y que en las credenciales aparece la fotografía, nombre y firma de los visitadores, así como la dependencia a la que están adscritos, como datos relativos a su personalidad y representación, elementos suficientes de acuerdo con la jurisprudencia número 576 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 419 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, que dice: "VISITAS DOMICILIARIAS. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES QUE LAS PRACTICAN.-Para satisfacer con plenitud el requisito legal de identificación en las visitas domiciliarias, es necesario que en las actas de auditoría se asienten todos los datos necesarios que permitan una plena seguridad de que el visitado se encuentra ante personas que efectivamente representan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que por tal motivo pueden introducirse a su domicilio, por lo que es menester se asiente la fecha de las credenciales y el nombre de quien las expide para precisar su vigencia y tener la seguridad de que esas personas efectivamente prestan sus servicios en la secretaría, además de todos los datos relativos a la personalidad de los visitadores y su representación, tomando también en cuenta que mediante la identificación mencionada, se deben dar a conocer al visitado cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerlo en sus garantías individuales, ya que de esas prácticas de inspección o visita, pueden derivar posibles afectaciones a sus intereses jurídicos."
Debe agregarse que aun cuando en el acta parcial número uno no se precisó el cargo que el visitador José Larráinzar Banjelista ocupa dentro de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Puebla, ello es irrelevante porque ni la ley ni la jurisprudencia lo exigen, como se ha indicado en el párrafo precedente.
Antes de analizar los argumentos que combaten el aseguramiento de la contabilidad, es necesario ocuparse del planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 46, fracción III, del Código Fiscal de la Federación que la prevé.
En el cuarto concepto de violación alega la peticionaria del amparo que el artículo 46, fracción III, del código en consulta, vigente en mil novecientos noventa y cuatro, es inconstitucional y para apoyar su afirmación cita la tesis de jurisprudencia P. CXXV/95, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, página 264, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido textual es el siguiente: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PARTE EN QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES A SELLAR O MARCAR MUEBLES, ARCHIVEROS U OFICINAS, A FIN DE ASEGURAR LA CONTABILIDAD O CORRESPONDENCIA, ES INCONSTITUCIONAL.-En las visitas domiciliarias que el artículo 16 constitucional permite efectuar a las autoridades administrativas, la función del visitador debe limitarse a exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales -con los alcances que esto implica- sin que del texto de la disposición constitucional, ni de su interpretación jurídica pueda concluirse que dicho precepto constitucional autoriza a los visitadores a sellar o colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas. Por tanto, el artículo 46, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en la parte que dispone que los visitadores podrán sellar o colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas, viola el precepto constitucional de mérito.".
Sostiene la quejosa que el veintitrés de noviembre y el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, los visitadores realizaron tres ilegales aseguramientos de contabilidad, y que el artículo 16 constitucional no los autoriza a sellar o a colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas, en los términos de la tesis de jurisprudencia transcrita en el párrafo precedente, lo que la deja en estado de indefensión porque no sabe si se destruyó la documentación comprobatoria, con el fin de inflar los supuestos créditos fiscales a su cargo.
Para dilucidar la cuestión planteada, es conveniente transcribir en lo conducente el artículo 46, fracción III, del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y cuatro, así como las actas parciales números uno y dos, practicadas el veintitrés de noviembre y el seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, respectivamente:
"Artículo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: ... III. Durante el desarrollo de la visita, los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia previo inventario que al efecto formulen. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo."
"Acta parcial número uno. Folio 62369 (foja 106).
"... Se hace constar que en estos momentos los visitadores proceden a guardar la documentación relacionada en inventario mencionado anteriormente en 5 cajas de cartón con las siguientes medidas aproximadas: 60 cms. de altura, 60 cms. de largo, 15 cms. de ancho, mismas que contienen en dos de sus caras la siguiente leyenda: Hule Industrial, S.A. de C.V., Hule de Piso Super Premio, procediendo los visitadores a colocar 10 tiras de papel engomado, las cuales contienen al centro el escudo nacional y la siguiente leyenda: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Dirección de Fiscalización. Depto. de Auditoría Fiscal, siendo firmadas todas y cada una de las tiras de papel engomado por la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada, los testigos y los visitadores, dichas cajas quedan guardadas en el interior de la oficina que se encuentra a un costado del patio del negocio del domicilio fiscal.-Acto seguido, los visitadores proceden a nombrar depositario legal a la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada, de la documentación guardada en las cajas de cartón antes descritas, una vez que fue apercibida de las penas en que incurren los depositarios infieles y los que rompen o violan sellos oficiales, aceptando el nombramiento que se le confiere y protesta desempeñarlo fielmente.-Así mismo, la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada, manifiesta su consentimiento para que los visitadores efectúen el procedimiento consistente en adherir y desprender los sellos oficiales que le fueron colocados a las cajas mencionadas, cuantas veces sea necesario y por el tiempo que dure la visita domiciliaria.
"Acta parcial número dos. Folios 62374 y 62375 (fojas 114 y 115).
"... Hechos: Se hace constar que transcurrido el plazo de los seis días hábiles otorgado mediante acta parcial No. 1, de fecha 23 de noviembre de 1994 contenida a folios Núms. del 62363 al 62365 y del 62368 al 62371, los visitadores antes mencionados requieren la documentación e información solicitada mediante acta parcial No. 1 antes mencionada, a la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada, a lo que dicha persona proporciona escrito de fecha 6 de diciembre de 1994, el cual consta de dos hojas, mismo que se encuentra firmado por la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada.-Así mismo se hace constar que la documentación proporcionada mediante escrito mencionado anteriormente es guardada en una de las cajas de cartón descritas en la acta (sic) parcial No. 1 en el folio No. 62369, misma que queda en el mismo lugar que se menciona en el acta parcial No. 1 en el folio No. 62369.-Así mismo, se hace constar que los visitadores proceden a nombrar como depositario legal a la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada, de la documentación relacionada en el escrito mencionado anteriormente, quien manifiesta aceptar el cargo que se le confiere y protesta desempeñarlo fielmente, una vez que fue apercibida de las penas en que incurren los depositarios infieles y los que violan y rompen sellos oficiales."
La norma legal transcrita en lo que importa, refiere varios supuestos en los cuales los visitadores podrán proceder al sello o colocación de marcas, a saber: en bienes no registrados en la contabilidad del visitado (a fin de proceder a su aseguramiento) o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, o bien a sellar o marcar documentos.
Ahora bien, la lectura de las actas transcritas pone de manifiesto que en el caso los visitadores que practicaron la visita domiciliaria a la ahora quejosa, de ninguna forma procedieron a sellar o colocar marcas en muebles, archiveros u oficinas que, es lo señalado como inconstitucional en la tesis de jurisprudencia que se ha transcrito en su integridad, por consiguiente, no se le aplicó en esos términos el dispositivo en comento sino que, en realidad, lo que los visitadores realizaron fue sellar cinco cajas de cartón dentro de las cuales se encontraba diversa documentación proporcionada por la contribuyente visitada, para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo, esto con el objeto de evitar que los aludidos documentos fueran modificados, sustraídos o sustituidos y lograr así la diligenciación eficaz de la visita domiciliaria; es decir, que el Máximo Tribunal del país ha establecido que el precepto en análisis rebasa el marco constitucional en la parte que autoriza a los visitadores a señalar, mediante el uso de sellos o marcas, los muebles, archiveros u oficinas del visitado, no así los documentos que integren su contabilidad, porque ello contribuye al mejor desarrollo y a la consecución de los fines de la visita.
Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P. IV/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, Novena Época, página 174, que se cita a continuación: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN III DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN LA PARTE QUE AUTORIZA A LOS VISITADORES, A FIN DE ASEGURAR LA CONTABILIDAD O CORRESPONDENCIA, A SELLAR O COLOCAR MARCAS EN DICHOS DOCUMENTOS, NO ES INCONSTITUCIONAL.-La potestad conferida por la fracción III, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, a los visitadores durante el desarrollo de la visita domiciliaria a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad para, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, se ajusta a lo ordenado por el artículo 16 constitucional, en cuanto permite para la práctica de visitas domiciliarias, la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, ya que tal facultad para ‘exigir la exhibición de libros y papeles’ debe entenderse como la presentación de éstos al ser requeridos por los visitadores, para un examen particular de los mismos, lo que implica que para lograr ese objetivo quien practica la visita los puede sellar o marcar, como se establece en la fracción III, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, con lo que se logra su identificación y evita se modifiquen, sustraigan o sean cambiados por otros, dando eficacia a la diligencia."
Por otra parte, los argumentos contenidos en el noveno concepto de violación son fundados pero insuficientes para conceder la protección constitucional solicitada, en virtud de que si bien es verdad que en las actas parciales uno y dos los visitadores, al proceder al aseguramiento de la documentación que ahí se detalla, contrariamente a lo sostenido por la Sala, no motivaron su actuación como era su deber al tenor de lo establecido en el artículo 44, fracción II, tercer párrafo, del Código Fiscal Federal, que en lo conducente dispone: "Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: ... II. ... Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad."; sin embargo, esa violación procedimental no afectó las defensas de la quejosa, porque como se puede apreciar de las actas de auditoría referidas, en lo que respecta al aseguramiento de la contabilidad, cuyo texto ha sido transcrito en párrafos anteriores, la documentación asegurada fue colocada en el interior de cinco cajas de cartón que permanecieron en el domicilio de la contribuyente visitada (es decir, no se sustrajeron de él), nombrándose a ella misma como depositaria, además de que en su presencia fueron selladas las cajas mencionadas (acta parcial uno) y se agregaron más documentos (acta parcial dos), lo que conduce a determinar que, en la especie, no existió incertidumbre para la quejosa, de que los documentos de que se trata pudieran haberse alterado u ocultado si, valga repetir, ella misma estuvo presente durante ambas diligencias y las documentales materia del aseguramiento quedaron bajo su custodia mediante la depositaría que le fue conferida.
En ese mismo orden de ideas, no obstante que, como lo refiere en su décimo concepto de violación, la responsable no se ocupó de su argumentación consistente en que las cédulas de papeles de trabajo que obran a fojas 109 y 110 del juicio de nulidad, no pueden ser consideradas como un inventario, en los términos exigidos en el artículo 46, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ello es insuficiente para otorgar el amparo solicitado en la medida en que a nada práctico conduciría, ya que de los referidos papeles de trabajo se desprende que el inventario realizado por los visitadores sí contiene los elementos suficientes que permiten la identificación de la documentación asegurada, tales como el número de cuenta a que corresponden los estados de cuenta bancarios, números y fechas de facturas de venta y notas de mostrador, sin que sea trascendente el hecho de que se aluda en forma genérica a papeles de trabajo, fichas de depósito, conciliaciones bancarias y pólizas cheque, diario y de egresos así como a diversos documentos contables, pues al respecto es conveniente recalcar nuevamente que de la circunstanciación del acta parcial número uno se desprende que la ahora quejosa estuvo presente durante el recorrido físico que efectuaron los visitadores en las instalaciones de su negociación, a virtud del cual localizaron la documentación asegurada y, de igual forma, cuando se colocó en las cinco cajas de cartón que posteriormente fueron selladas, por lo que indudablemente tuvo la oportunidad de saber qué documentales constituyeron la materia del aseguramiento, que es el objeto del inventario, razón por la cual no se le dejó en estado de indefensión. En esos mismos términos, si se parte de la base de que el fin perseguido con el levantamiento del inventario consiste en que el contribuyente visitado conozca cuál es la documentación asegurada por los visitadores, es evidente que se cumplió con ello en la medida en que en el acta parcial número dos (fojas 114 y 115) transcrita con anterioridad en lo conducente, se asentó que los documentos asegurados fueron los proporcionados por la quejosa a través del escrito firmado por ella misma, de fecha seis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, además de que, como ya se ha precisado, esa propia documentación fue guardada en su presencia y se le nombró depositaria, por lo que ante tales hechos, no puede alegar que desconoce cuál fue esa documentación y así, el proceder de los visitadores no le irroga perjuicio alguno.
De igual forma, es infundado lo expresado en el décimo primer concepto de violación, toda vez que como acertadamente lo consideró la Sala Fiscal, el hecho de que la diligenciación del acta parcial número uno haya concluido a las dieciocho horas con cincuenta minutos del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, no la hace ilegal ya que en ella se procedió al aseguramiento de la contabilidad de la visitada y en ese supuesto, el artículo 13, último párrafo, del código tributario federal permite la continuación en días u horas inhábiles, de una diligencia iniciada en días y horas hábiles. Cabe mencionar que contra lo sostenido por la peticionaria del amparo, dentro del acta parcial número uno se encuentra inmersa una diligencia de notificación, que es precisamente la de la orden de visita domiciliaria.
Por otro lado, es correcto el pronunciamiento de la Sala y consecuentemente infundados el décimo segundo y décimo tercer conceptos de violación, como se explica enseguida.
En primer término, debe decirse que no causa perjuicio a la quejosa el proceder de la responsable, consistente en estudiar en forma conjunta los conceptos de impugnación J y M de la demanda de nulidad, porque aun cuando es verdad que en el primero de ellos se alega violación a lo previsto en el artículo 53, fracción I, inciso c), del código tributario federal, mientras que en el segundo se alude al inciso b) de esa propia fracción y precepto, lo cierto es que ambos supuestos se refieren, respectivamente, a los plazos de quince y seis días que las autoridades fiscales deberán otorgar cuando con motivo de sus facultades de comprobación soliciten datos, informes o documentos de los particulares, aunado a que las violaciones aducidas en ambos conceptos de anulación, se dicen cometidas en el acta parcial uno de la visita domiciliaria.
Ahora bien, para mejor comprensión del asunto, conviene transcribir en lo conducente el acta parcial número uno:
"... Hechos: Se hace constar que en estos momentos los visitadores requieren a la C. María Olga de Ita Ortiz, contribuyente visitada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad si a la fecha de la presente visita domiciliaria ha presentado o no declaración anual del impuesto sobre la renta, impuesto al activo y del impuesto al valor agregado por el ejercicio de 1993, así como declaraciones mensuales y/o trimestrales por el periodo del 1o. de enero de 1993 al 23 de noviembre de 1994, declaraciones informativas de sus principales clientes y proveedores, así como avisos presentados ante las autoridades fiscales, a lo que manifiesta: ‘La declaración anual por el ejercicio de 1993 ya fue presentada, de la cual les proporciono copia fotostática en estos momentos; copia fotostática de la declaración trimestral de enero a marzo de 1994; aviso de cambio de menor a régimen general de ley presentado ante la Oficina Federal de Hacienda 126-00 el día 28 de febrero de 1990; solicitud de inscripción para personas morales y físicas presentado ante la Secretaría de Finanzas el día 20 de mayo de 1998; por lo que se refiere a las declaraciones trimestrales de enero a diciembre de 1993, así como de abril a septiembre de 1994, así como la declaración informativa de clientes y proveedores por el ejercicio de 1993, no las proporciono en este momento ya que se encuentran en poder del contador.’."
De la transcripción anterior se concluye que en el caso es inaplicable el artículo 53, fracción I, inciso c), del Código Fiscal Federal, como pretende la quejosa, ya que la documentación requerida se ubica en la hipótesis del inciso a) de la fracción y artículo citados, aunado a que al haber sido solicitada en el curso de la visita, su presentación debe efectuarse de inmediato.
Por esa misma razón, no era necesario que se le otorgara el plazo de seis días previsto en el inciso b) del mismo precepto, en cuanto los visitadores no se apoderaron sino aseguraron los documentos que forman parte de la contabilidad de la contribuyente, detallados en los papeles de trabajo que obran a fojas 109 y 110 del juicio de origen, respecto de los cuales su exhibición debe ser inmediata, como lo señala el mencionado inciso a), haciendo hincapié, además, en que si los auditores localizaron la documentación durante el recorrido que hicieron a la negociación de la quejosa, no tenía objeto alguno que la requirieran si ya la tenían a la vista.
Es cierto, como lo refiere en su décimo cuarto concepto de violación, que los papeles de trabajo no están previstos en el Código Fiscal de la Federación; sin embargo, al constituir un auxilio práctico en el que se apoyan los visitadores para el mejor desarrollo de la visita, forman parte de las actas respectivas y en vía de consecuencia tienen valor probatorio si reúnen los mismos requisitos que para la validez de dichas actas de auditoría prevé el artículo 46 del ordenamiento tributario invocad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7356-3c6da896/multa-de-fondo-y-multa-formal-distincion-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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