TRABAJADORES DE CONFIANZA. EL ARTÍCULO 5o. DEL ESTATUTO JURÍDICO QUE LOS REGULABA, NO CONTRAVIENE EL PRECEPTO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIV, CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
AMPARO DIRECTO 333/2001. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE BRAVO, ESTADO DE MÉXICO.
CONSIDERANDO:
IV.-En el segundo motivo de inconformidad, el quejoso hace valer una infracción a las reglas del procedimiento, consistente en que no se le admitió la prueba de inspección, por no contar con el sustento del desahogo del medio de convicción, cuando manifestó que dicha documentación se encontraba en poder de terceros.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, la violación procesal argumentada sí tiene tal carácter, por cuanto sostiene el inconforme que indebidamente se dejó de recibir la prueba de inspección; sin que en términos del diverso numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se requiera de preparación alguna para hacerla valer en el juicio constitucional.
Empero, la violación procesal apuntada, es inoperante, como enseguida se verá.
Ciertamente, el Ayuntamiento demandado ofreció, entre otras pruebas:
"2. La inspección, que se realice por conducto del personal de actuación de este H. Tribunal, en el domicilio de la demandada ubicada en la dirección de administración, ubicado en la esquina de las calles de Porfirio Díaz y cinco de febrero, sin número en Valle de Bravo, Estado de México, la cual se realice en las listas de raya y/o nóminas, en un periodo de un año anterior a la fecha del supuesto despido, con el fin de probar todos y cada uno de los hechos narrados en la contestación de la demanda, con el objeto de acreditar lo siguientes extremos: a) Que el trabajador actor era empleado de confianza; b) Que al trabajador actor laboró 48 horas a la semana; c) Que al trabajador actor se le cubrió su salario correspondiente al aguinaldo, vacaciones y prima vacacional del año 1999; d) Que el actor laboró hasta el día 30 de agosto del año 2000; e) Que el trabajador actor laboró la jornada legal; f) Que el trabajador actor percibía un salario quincenal de $2,169.00 pesos netos.-Relacionó esta probanza con todas y cada uno de los hechos de la contestación a la demanda."
El tribunal estatal, respecto de dicha probanza, acordó: "... De la parte demandada se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que menciona en su escrito de esta misma fecha, así como las que mencionó en el cuerpo de la presenta acta, desechándosele de la prueba de inspección los incisos d), toda vez que no se excepcionó de esa manera, e inciso e) ya que el mismo es vago, oscuro e impreciso; ..." (foja 26).
De lo hasta aquí expuesto, cabe concluir que el impetrante de garantías omite por un lado, destruir con argumentos lógico-jurídicos, el razonamiento ante el cual, la autoridad del trabajo desechó los incisos d) y e) de la prueba de inspección cuestionada; por otro lado, tampoco expresa cuáles son los hechos que con ellos pretendía acreditar; de donde por este motivo surge la imposibilidad de analizarlos, ya que de hacerlo, se infringiría el artículo 76 bis, fracción IV, de la ley de la materia, donde únicamente se autoriza a los órganos de control constitucional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación, en favor del trabajador.
Además, el impetrante se duele de que no se admitió la prueba de inspección, cuando lo cierto es que sí fue admitida, aunque no en todos sus puntos; situación muy distinta a la falta de desahogo de la probanza en cuestión, de lo cual no se inconforma el quejoso.
Sirve de apoyo a esta consideración, la tesis jurisprudencial número 74, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Volumen 1, páginas 65-66, del tenor siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.-Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón."
Así como la diversa tesis jurisprudencial número 75, consultable en la página 66 del Apéndice citado, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.-Si los conceptos de violación que hace valer el patrón quejoso no combaten las consideraciones que rigen el sentido del laudo reclamado, dichos conceptos resultan inoperantes."
Asimismo, el quejoso aduce que la responsable no valoró adecuadamente la testimonial a cargo de Rafael Carbajal Colín y Juan Guadarrama Casas; la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto.
Resulta igualmente inoperante el reseñado concepto de violación, toda vez que tratándose de un amparo promovido por el patrón, no basta con manifestar que dejaron de valorarse determinadas pruebas o su valoración no fue la correcta, sino debe precisarse también el alcance probatorio de tales medios de convicción y la forma en que trascenderían éstas al resultado del laudo en su beneficio, pues únicamente en casos como éste, es factible analizar si la omisión o su valoración causó perjuicios al quejoso.
Confirma lo anterior la tesis jurisprudencial número 756, visible en la página 631 del Apéndice señalado, Volumen II, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO RAZONADOS, AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.-Cuando es el patrón el que acude al amparo, no basta la simple afirmación de que la responsable no examinó sus pruebas aportadas para que pueda efectuarse el estudio de éstas, toda vez que con base en el principio de estricto derecho, es necesario que el quejoso señale concretamente qué pruebas fueron las que aportó y por qué considera que no se le examinaron."
En cuanto a los conceptos de violación de fondo, conviene aclarar que no es óbice el que el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, de cuyo ordenamiento legal se califica de inconstitucional el artículo 5o., hubiese sido abrogado con motivo de la expedición de la Ley de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, publicada en la Gaceta de Gobierno de veintitrés de octubre de mil novecientos noventa y ocho, toda vez que la contratación del actor, hoy tercero perjudicado, se hizo durante la vigencia de aquél y, por ende, dicho ordenamiento es el aplicable.
Entrando en materia, conviene precisar que la impugnación de una norma jurídica, vía amparo directo, en función del aspecto de su constitucionalidad, requiere, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracciones IV y VII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales: a) El señalamiento del precepto de la Carta Magna; b) Invocación de la disposición secundaria que se designe como reclamada y, c) Conceptos de violación en los que se trate de demostrar, jurídicamente, que la ley impugnada resulta contraria a la hipótesis reguladora de la norma constitucional.
En la especie, se cumple con dichos requisitos, al señalar el quejoso el artículo 123, apartado B, fracciones XI y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como contravenidos por el numeral 5o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, basándose en que este precepto contempla a los empleados de confianza en forma enunciativa y limitativa, por un simple nombre o designación, pero no por la naturaleza del cargo o funciones que realiza el trabajador, argumento constitutivo de su concepto de violación.
Empero, los motivos de inconformidad expresados, son infundados, como enseguida se verá.
El artículo 123 constitucional, apartado B, en sus fracciones XI y XIV, establecen:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley. c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles. d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.-Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos. ... XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."
Por su parte, los artículos 115, fracción VIII y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ... VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios.-Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias."
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.-Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones."
Del artículo parcialmente transcrito, se desprende que la propia Constitución Federal otorga a las legislaturas de las entidades federativas la facultad de regular las relaciones laborales entre los Estados y sus trabajadores, incluso la posibilidad de determinar los cargos de confianza; luego, si el mencionado precepto no contiene limitación alguna para que el legislador ordinario, al reglamentar las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores, establezca los puestos que deberán ser considerados de confianza, el artículo 5o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, no contraviene el mandato constitucional citado.
Además, la fracción XI del artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se apoya parte de la inconstitucionalidad del artículo 5o. del estatuto burocrático abrogado, se refiere a la seguridad social; por ende, difícilmente podría contravenir el precepto constitucional en su fracción décimo primera.
Por otro lado, el argumento de que en el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo, se establece que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se le dé al puesto, como lo pretende el quejoso, es infundado, en virtud de que la legislación mencionada no es reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, sino del apartado A, por lo cual el argumento del quejoso, como ya se dijo, es infundado.
Como infundado es también, que se contraviene lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley Federal del Trabajo, en el que se definen legalmente los conceptos "trabajador" y "trabajo", pues tal cuestión se encuentra fuera de la litis.
Asimismo, es infundado el argumento de que el artículo cuya inconstitucionalidad se demanda, contravenga la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues conforme al artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transcrita con antelación, las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución General de la República y sus disposiciones reglamentarias; por otra parte, la ley federal burocrática, reglamentaria del apartado B del mencionado artículo 123 constitucional, determina los puestos de confianza, tanto por el nombramiento otorgado como por las funciones desempeñadas, de donde es inexacto lo manifestado por el quejoso; lo anterior se desprende de las dos primeras fracciones del artículo 5o. de la señalada ley federal burocrática, que a la letra dice:
"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza: I. Los que integran la planta de la presidencia de la República y aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del presidente de la República; II. En el Poder Ejecutivo, los de las dependencias y los de las entidades comprendidas dentro del régimen del apartado ‘B’ del artículo 123 constitucional, que desempeñan funciones que conforme a los catálogos a que alude el artículo 20 de esta ley sean de ...".
Además, en este aspecto, el concepto de violación es inoperante, pues no se señala el precepto de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, respecto del cual se plantea la inconstitucionalidad del artículo 5o. del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos, Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal.
En las condiciones apuntadas, al haber resultado en parte infundados y en otra inoperantes los conceptos de violación, no siendo por este motivo el laudo impugnado violatorio de garantías, procede negar el amparo solicitado; negativa que se hace extensiva respecto de la autoridad ejecutora, al no reclamarse vicios propios de ejecución.
Por lo expuesto y con apoyo además, en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución General de la República; 76, 77, 78 y 190 de la Ley de Amparo; 31 y 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México, en contra de las autoridades y por el acto descritos en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que integran los Magistrados Alejandro Sosa Ortiz, Salvador Bravo Gómez y Fernando Narváez Barker, siendo ponente el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7365-f8da36a9/trabajadores-de-confianza-el-articulo-5o-del-estatuto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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