CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN QUE SE IMPUGNAN VIOLACIONES PROCESALES QUE YA FUERON ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA ANTERIOR.
AMPARO DIRECTO 201/2001. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-De la anterior transcripción se infiere que la parte quejosa expone como conceptos de violación:
A) La Junta señalada como responsable violó las leyes del procedimiento laboral al haber desahogado la confesional del actor y calificar de ilegal una posición, siendo que la misma era procedente por haber sido realizada de acuerdo con el artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo, y de haber calificado debidamente la misma se hubiera dado la confesión del actor y, en consecuencia, acreditado sus defensas y excepciones, obteniendo un laudo absolutorio.
B) Que indebidamente se condenó al pago de la pensión por vejez en forma retroactiva al veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, ya que, en todo caso, se hubiera hecho un año atrás de la interposición de la demanda, en atención al artículo 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social que contempla la figura de la prescripción.
Es inoperante lo alegado por el quejoso en el primer concepto de violación, pues de las constancias de autos del juicio natural se advierte que si la autoridad señalada como responsable no calificó de legal la posición que refiere el impetrante, es porque fue en cumplimiento de una ejecutoria de amparo.
Efectivamente, previa la sustanciación del juicio laboral, el dos de julio de mil novecientos noventa y ocho se dictó laudo absolutorio a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando la Junta señalada como responsable que la parte actora no había acreditado su acción, y sí en cambio sus defensas y excepciones la demandada, respecto a la pensión de vejez solicitada, motivándose fundamentalmente con la prueba confesional a cargo de la propia actora, ya que al dar respuesta a una posición formulada por su contraparte, aceptó que gozaba de una pensión otorgada por el precitado instituto, incompatible con la pensión de vejez, resultando por ello suficiente la confesional para dictar laudo a favor de la patronal.
En contra de esa resolución la parte actora interpuso demanda de amparo directo, correspondiéndole conocer al entonces único Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, con el número de amparo 972/98, quien por resolución de dieciocho de junio de mil novecientos noventa y nueve concedió el amparo y protección al actor, Carlos Zamitiz Muñoz, para el efecto de que la responsable repusiera el procedimiento, entre otras cosas, para que repitiera el desahogo de la confesional a cargo del actor y no se calificara de legal la posición marcada con el número uno formulada por la demandada, la cual fue del tenor siguiente: "1. Que diga el absolvente si es cierto como lo es que goza de una jubilación otorgada por mi mandante", habiendo considerado ese tribunal que esa posición no se ajustaba a la fracción II del artículo 790 de la Ley Federal del Trabajo, causando por ello violación procesal que trascendió en el resultado del fallo en perjuicio de la actora.
En cumplimiento de la ejecutoria, la Junta señalada como responsable, mediante proveído de nueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, calificó de ilegal la precitada posición, y el dos de febrero de dos mil uno dictó un nuevo laudo condenando a la parte demandada a las pretensiones del trabajador.
En este sentido, la actuación del tribunal laboral, al haber calificado de ilegal la posición hecha por la demandada, no fue con libertad de jurisdicción, sino constreñida a lo ordenado por el Tribunal Colegiado que resolvió con anterioridad la demanda de amparo directo, en cuya resolución se examinaron violaciones al procedimiento.
Por ello, deviene inatendible y, como consecuencia, inoperante lo alegado por el impetrante de garantías, porque este órgano colegiado no puede reexaminar ni hacer consideración alguna sobre ese concepto de violación, en virtud que ese actuar de la responsable fue en acatamiento de la ejecutoria de amparo. De esta manera, si con anterioridad al presente juicio el Tribunal Colegiado en cita resolvió sobre la cuestión alegada, no se debe pronunciar sobre el particular, de otra manera, se podrían alterar las consideraciones expuestas por ese tribunal en perjuicio de la certeza y seguridad jurídica que quedan plasmadas en las sentencias de amparo, es decir, transgrediendo la naturaleza de cosa juzgada de esas ejecutorias, cuyo cumplimiento, por las autoridades señaladas como responsables, es del orden constitucional y de interés público, sin que puedan omitir u objetar su cumplimiento; por ende, las consideraciones que viertan en las resoluciones respectivas son por mandamiento de la autoridad de amparo.
Al respecto, tiene aplicación la tesis VII.1o.C.8 K, que este tribunal comparte, emanada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 509 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de abril de 1999, Tomo IX, Novena Época, que a la letra dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR.-Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo."
Asimismo, se comparte y tiene aplicación la jurisprudencia IV.2o. J/48, emitida por el Segundo Tribunal Colegido del Cuarto Circuito, visible a página 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del mes de julio de 1994, tomo 79, Octava Época, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS QUE ATACAN LAS CONSIDERACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA ANTERIOR.-Si las consideraciones de un laudo y la consiguiente decisión, en relación con uno de los puntos sobre los que versa el negocio respectivo, no fueron emitidas por la responsable con jurisdicción propia sino en cumplimiento de una ejecutoria de amparo anterior, las mismas no pueden ser objeto de estudio en un nuevo juicio de garantías, por lo que deben declararse inoperantes los conceptos de violación que respecto de aquel punto se hagan valer."
Por otra parte, es infundado lo alegado por el quejoso en lo concerniente a que la Junta señalada como responsable indebidamente lo condenó al pago de pensión por vejez a favor de la actora, en forma retroactiva al veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, pues lo legal era con un año de anterioridad al ejercicio de la acción.
Sobre la cuestión planteada, la Ley del Seguro Social, vigente en aquella época, establecía:
"Artículo 138. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de quinientas cotizaciones semanales."
"Artículo 139. El derecho al disfrute de la pensión de vejez comenzará a partir del día en que el asegurado cumpla con los requisitos establecidos en el artículo anterior."
"Artículo 141. El otorgamiento de la pensión de vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha en que se haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 138 de esta ley."
"Artículo 279. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero, prescribe de acuerdo con las siguientes reglas:
"I. En un año:
"a) Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo;
"b) Los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad;
"c) La ayuda para gastos de funeral; y
"d) Los finiquitos que establece la ley.
"II. En seis meses, la ayuda para gastos de matrimonio, contados a partir de la fecha de celebración de éste.
"Los subsidios por incapacidad para trabajar derivada de un riesgo de trabajo, prescriben en dos años a partir del día en que se hubiere generado el derecho a su percepción."
"Artículo 280. Es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o asignación familiar, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos y cada uno de los requisitos establecidos en la presente ley para gozar de las prestaciones correspondientes. En el supuesto de que antes de cumplir con los requisitos relativos a número de cotizaciones o edad se termine la relación laboral, el asegurado no habrá adquirido el derecho a recibir la pensión; sin perjuicio de lo anterior, para la conservación o reconocimiento de sus derechos se aplicará lo dispuesto en los artículos 182 o 183 de esta ley, según sea el caso."
Es infundado ese concepto de violación ya que, contrario a lo sostenido por el impetrante, la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje estuvo en lo correcto al condenar a la demandada a partir de la fecha en que el trabajador cumplió con los requisitos exigidos para el goce de la precitada pensión, ello de conformidad con el artículo 139 de la Ley del Seguro Social vigente al momento de resolverse el juicio laboral, pues evidentemente el precepto establece con claridad que el derecho al disfrute de la pensión será a partir de que se hayan cumplido los requisitos contemplados en el artículo 138 de la ley en cita, siendo los siguientes:
1. Que el asegurado haya cumplido 65 años de edad; y,
2. Que tenga reconocidas por el instituto más de quinientas cotizaciones semanales.
La Junta señalada como responsable correctamente consideró que la prestación correspondía a partir de que se reunieron los requisitos exigidos para tal efecto.
Siendo incorrecta la consideración del quejoso respecto que al haber operado la prescripción, el pago de la pensión debió ordenarse con un año de anterioridad a la interposición de la demanda laboral, de acuerdo con el artículo 279, fracción I, de la Ley del Seguro Social; en efecto, ese precepto en manera alguna contempla la hipótesis a partir de cuándo debe realizarse el pago de esa pensión, sino contempla que una vez reconocido un derecho o asignada una pensión y el asegurado pueda exigir la reclamación de pago en dinero, su cobro prescribe en un año, es decir, cuando de manera concreta, al existir la cantidad líquida para el pago de la prestación, previo reconocimiento de la misma, el asegurado no realiza gestión alguna para su cobro, como pudiera darse el caso cuando el trabajador, una vez que se le haya asignado una pensión y cuantificado la misma, por cualquier circunstancia no se le hubiere pagado alguna mensualidad y transcurre un tiempo prolongado, en cuyo caso sí sería procedente la prescripción en atención al precepto en cita, pero en el caso concreto no se trata de un pago en sí mismo, sino del reconocimiento de un derecho y de la asignación de una pensión por vejez, que al tenor del precitado artículo 139, el disfrute de la misma comenzará a partir de que se cumpla con los requisitos.
De ahí que fue legal la determinación de la Junta señalada como responsable al declarar improcedente la excepción de prescripción interpuesta por la demandada, apoyándose correctamente en el entonces artículo 280 de la Ley del Seguro Social que establece que el derecho al otorgamiento de una pensión es inextinguible. En el entendido que la prescripción del pago de cualquier mensualidad de una pensión y la inextinguibilidad de los derechos de un asegurado en materia de pensiones, se encontraban perfectamente delimitados en la Ley del Seguro Social vigente al dictarse el laudo que constituye el acto reclamado, contrario a los sostenido por el demandado, pues de los procedimientos para el otorgamiento de las pensiones y de la prescripción se ordenan y agrupan en las disposiciones de la ley en materia de seguridad social de aquella época, en beneficio de los asegurados, distinguiendo adecuadamente ambas instituciones.
En tal virtud, es incuestionable que tratándose del otorgamiento de una pensión el beneficiario puede solicitarla en cualquier momento, siempre y cuando haya satisfecho los requisitos exigidos para tal efecto, es decir, que haya generado ese derecho durante la vigencia en su calidad de asegurado o en el periodo de gracia que la propia ley determina; pues es innegable que la finalidad del otorgamiento de una pensión se finca en las necesidades de la clase trabajadora para su subsistencia, cuyo reconocimiento de sus derechos surge a partir de que cumpla con los supuestos de los artículos correspondientes, y paralelamente a ello surge la obligación del instituto para cubrir su pago, por lo que no resulta jurídicamente válido que se tome una fecha distinta de la que el asegurado haya cumplido con los requisitos de ley, con la salvedad de que cuando no exista la certeza de esa fecha, deberá hacerse a partir del día en que el asegurado realice su formal petición; resulta aplicable, en su esencia, la tesis 28/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 293 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 2000, Tomo XI, Novena Época, que a la letra consta:
"PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. FECHA QUE DEBE CONSIDERARSE PARA EFECTOS DE SU PAGO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, el derecho al goce de la pensión por cesantía en edad avanzada, comenzará desde el día en que el asegurado cumpla con los requisitos previstos en el artículo 145 de la citada ley, a saber: a) Que haya un reconocimiento mínimo de quinientas cotizaciones semanales del asegurado; b) Que tenga sesenta años de edad cumplidos y, c) Que se encuentre privado de un trabajo remunerado, así como que se solicite el otorgamiento de la pensión y que el asegurado haya sido dado de baja del seguro del régimen obligatorio, requisitos que son necesarios para la procedencia del otorgamiento y pago de la pensión, mas no para efectos de considerar la fecha a partir de la cual deberá empezar a cubrirse, pues atendiendo a la finalidad perseguida por el legislador, consistente en la protección del trabajador y su familia contra el riesgo por desocupación en edad avanzada, debe concluirse que el momento a partir del cual habrá de efectuarse el pago de la pensión, surge desde que el asegurado cumple con los requisitos antes señalados, y sólo en el evento de que no pueda precisarse la fecha en que el asegurado los satisfizo, deberá entonces atenderse a la fecha de la solicitud correspondiente, o bien a la de presentación de la demanda laboral."
En mérito de lo anterior, ante lo infundado por una parte, e inoperante por la otra, de los conceptos de violación expuestos por la quejosa, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión al Instituto Mexicano del Seguro Social por el acto reclamado precisado en esta ejecutoria.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 46, 188 y 190 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se resuelve:
ÚNICO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Instituto Mexicano del Seguro Social en contra del acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, consistente en el laudo de seis de febrero del año dos mil uno, dictado en los autos del juicio laboral número 363/97 instaurado en contra del quejoso.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la autoridad señalada como responsable; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, que integran los Magistrados: presidente Eugenio Gustavo Núñez Rivera, José de Jesús Quesada Sánchez y Horacio Armado Hernández Orozco, siendo relator el tercero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7476-35c4a811/conceptos-de-violacion-inoperantes-lo-son-aquellos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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