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Modo: Corpus Pro

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN LA DEMANDA SÓLO SE IMPUGNAN LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A UNA NORMA GENERAL QUE NO HA SIDO PUBLICADA, DEBE DESECHARSE POR EXISTIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: RECURSO DE RECLAMACIÓN 214/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/2001. · Registro digital (IUS): 7545
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ (RECURRENTE: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN).
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, , Pág. 1455.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 214/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 30/2001. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEXCATEPEC, ESTADO DE VERACRUZ (RECURRENTE: CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN).

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-En los conceptos de agravio esgrimidos por la recurrente, en esencia se señala que la demanda de controversia constitucional debió haberse desechado por ser notoriamente improcedente.

Ahora bien, el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional dispone lo siguiente:

"Artículo 25. El Ministro instructor examinará ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano."

De este numeral se desprende que el Ministro instructor podrá desechar la demanda de controversia constitucional por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable.

Al respecto, la tesis jurisprudencial número P./J. 9/98, de la Novena Época, del Tribunal Pleno, consultable en la página ochocientos noventa y ocho del Tomo VII, del mes de enero de mil novecientos noventa y ocho del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dispone:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido."

Cabe señalar que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de octubre de dos mil uno, emitió la tesis jurisprudencial número 128/2001, en la que señala lo que debe entenderse por motivo manifiesto e indudable de improcedencia en controversia constitucional. Dicha tesis dispone:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."

Así entonces, cuando se actualice un motivo manifiesto e indudable de improcedencia el Ministro instructor deberá desechar la demanda de controversia constitucional.

En este orden de ideas, conforme al artículo 40 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a determinar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable por la cual la demanda de controversia constitucional debió ser desechada.

De un análisis integral del escrito de demanda y de su aclaración se desprende que la parte actora, esencialmente, impugna en vía de controversia constitucional los actos que integran el procedimiento legislativo tendentes a reformar los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, fracción III, de la Constitución General de la República.

Al respecto, tratándose de la impugnación de los actos del procedimiento legislativo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de once de octubre de dos mil uno, emitió la tesis jurisprudencial número 129/2001, misma que resulta aplicable al caso y dispone:

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICIOS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.-Si se toma en consideración, por un lado, que los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no es posible jurídicamente impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la emisión de la norma general, y por otro, que tratándose de controversias constitucionales, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la impugnación de actos en esa vía puede llevarse a cabo dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él, resulta inconcuso que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente puede realizarse a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad."

De la transcripción anterior se advierte que la impugnación de los actos que integran el procedimiento legislativo únicamente se puede realizar a partir de que es publicada la norma general emanada de dicho procedimiento, porque es en ese momento cuando los mencionados actos adquieren definitividad.

De lo anterior debe considerarse que los treinta días que para la impugnación de actos señala el artículo 21, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, deben ser contados a partir de la fecha en que la norma general con la que culminó el procedimiento legislativo haya sido publicada.

En el presente caso, las reformas constitucionales que tuvieron su origen en el procedimiento legislativo impugnado en esta vía fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, en tanto que la demanda de controversia constitucional se presentó ante este Alto Tribunal el dos de agosto del mismo año, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia que aparece al reverso de la foja treinta del expediente relativo a la controversia constitucional 30/2001.

De lo anterior se desprende que la demanda de controversia constitucional fue presentada ocho días hábiles antes de que las reformas constitucionales que tuvieron su origen en el procedimiento legislativo impugnado fueran publicadas.

De lo señalado con antelación, se advierte que en el caso se está ante un supuesto de notoria improcedencia de la controversia constitucional, en términos del artículo 19, fracción VII, en relación con el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que disponen:

"Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

"...

"VII. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo 21."

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."

Lo anterior es así porque, como se asentó, tratándose de la impugnación del procedimiento legislativo, el plazo para la promoción de la demanda de controversia constitucional será de treinta días contados a partir de la publicación de la norma general con la que concluyó dicho procedimiento, y si al momento de la presentación de la demanda aún no se había publicado la norma general, es claro que se está ante dicha causa de improcedencia.

Por lo que si en el caso en la demanda de controversia constitucional se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no había sido publicada, es evidente que dicha demanda debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley reglamentaria de la materia, ya que, como se asentó, para poder impugnar tales actos es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 130/2001 que emitió el Tribunal Pleno en sesión de once de octubre de dos mil uno, que a la letra dispone:

"-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la impugnación de actos en vía de controversia constitucional sólo puede llevarse a cabo dentro de los treinta días, contados a partir del día siguiente: a) al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación del acto que se reclame; b) al en que se haya tenido conocimiento de éste; o, c) al en que el actor se ostente sabedor de él. En congruencia con lo anterior, si en la demanda de controversia constitucional sólo se impugnan actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general que no ha sido publicada, es claro que debe desecharse al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 25 de la ley citada, ya que para poder impugnar tales actos, es requisito indispensable que dicha norma esté publicada, porque es hasta ese momento en que los actos que integran el procedimiento legislativo adquieren definitividad."

Por último, cabe señalar que no es óbice a todo lo anterior el argumento del procurador general de la República, en el sentido de que debe confirmarse el auto recurrido por virtud de que la reforma constitucional cuyo procedimiento legislativo se impugna ya había sido publicada al momento en que se admitió la demanda de controversia constitucional.

Lo anterior es así porque, como se señaló, para la procedencia de la controversia constitucional en términos de lo previsto por la fracción I del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, la impugnación de los actos del procedimiento legislativo que dio origen a una norma general sólo es factible impugnarlos cuando la norma emanada de dicho procedimiento haya sido publicada, lo que en el caso no ocurrió; por tanto, la circunstancia de que a la fecha en que se emitió el auto recurrido la norma general de donde se hacen derivar los actos impugnados haya sido publicada, ello de ningún modo conlleva a que deba admitirse la demanda, pues por regla general la existencia de los actos o normas impugnados debe estimarse en relación con la fecha en que se presentó la demanda relativa, por ser ésta en la que debe acreditarse la existencia de dichos actos o normas y no una posterior, pues de lo contrario la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda.

Por las consideraciones vertidas lo procedente es revocar el acuerdo de veinte de agosto de dos mil uno por el que se admitió a trámite la demanda de controversia constitucional número 30/2001, y, en consecuencia, desechar dicha demanda.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Es procedente y fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

SEGUNDO.-Se revoca el auto recurrido de veinte de agosto de dos mil uno, dictado por la Ministra instructora en la controversia constitucional 30/2001.

TERCERO.-Se desecha la demanda promovida por el Municipio de Texcatepec, Estado de Veracruz, que dio origen a la controversia constitucional 30/2001.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Vicente Aguinaco Alemán y presidente de la Sala Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Fue ponente en este asunto el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, quien votó con salvedad y reservando su criterio.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 128/2001, P./J. 129/2001 y P./J. 130/2001, citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, páginas 803, la primera y tercera, y 804, la segunda.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7545-5a1efdd9/controversia-constitucional-cuando-en-la-demanda-solo-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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