Corpus
Modo: Corpus Pro

PENA. REQUISITOS PARA SU INDIVIDUALIZACION.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 303/92. · Registro digital (IUS): 800
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FERNANDO ACOSTA PEREDA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1992, , Pág. 244.

AMPARO DIRECTO NUMERO 303/92. FERNANDO ACOSTA PEREDA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.- Son infundados los conceptos de violación, por las razones que a continuación se expresan:

En efecto, contrariamente a lo sostenido por el quejoso la responsable efectuó un análisis de las probanzas existentes en autos, con las que se determinó que se encuentra acreditado tanto el cuerpo del delito de violación de impúber, ilícito previsto y sancionado en el artículo 279 parte última del Código Penal del Estado de México, por el cual el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra del ahora amparista, así como su plena responsabilidad en la comisión del mismo, por cuanto a que el propio inculpado Fernando Acosta Pereda, en la declaración que rindiera ante los agentes de la Policía Judicial como ante el agente del Ministerio Público investigador, expresó, que el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno se introdujo al domicilio donde se encontraba su cuñada María de los Angeles Córdoba Sánchez, "quien tenía la edad de diez años", agregando que le tapó la boca a la pasivo, al momento que también cerraba la puerta asegurándola con una varilla instantes en que subió a la ofendida su falda y le bajó las pantaletas, poniendo ésta resistencia, por lo que la amenazaba con matarla así como a sus padres si no se dejaba hacer lo que quería, por lo que le abrió las piernas y le introdujo su pene en la vagina hasta que eyaculó dentro de ésta.

La anterior declaración se encuentra corroborada con la emitida con la denunciante María de los Angeles Córdoba Sánchez, quien ante el representante social el cinco de julio de mil novecientos noventa y uno, manifestó tener once años de edad, agregando, que el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno, llegó al domicilio que ella habita su cuñado Fernando Acosta Pereda, se introdujo a aquél, cerrando la puerta con una varilla, instantes en que el ahora quejoso le tapó la boca y le dijo que si gritaba o hacía algo la iba a matar y de inmediato le comenzó a subir la falda y a bajarle sus pantaletas, para posteriormente acostarla en la esponja en que ella duerme, bajándose el hoy impetrante sus pantalones así como su calzón, para luego subirse sobre la dicente para introducirle su pene en la vagina; reconociendo en la cámara de confrontación a Fernando Acosta Pereda, como a la persona que la violó.

Dichas declaraciones cuentan con pleno valor probatorio, toda vez que fueron vertidas sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas, además de que, de acuerdo al principio de inmediatez procesal, las primeras declaraciones, producidas sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas, deben prevalecer sobre las posteriores.

Es aplicable al respecto la jurisprudencia número 480, visible en la página 832, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1978, que dice: "CONFESION DE LAS PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO. De acuerdo con el principio procesal de inmediación procesal, y salvo la legal procedencia de la retractación confesional, las primeras declaraciones del acusado, producidas sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas deben prevalecer sobre las posteriores.".

Asimismo, existe fe del estado ginecológico de María de los Angeles Córdoba Sánchez, la que se encuentra corroborada con el certificado médico ginecológico expedido por el perito médico legista de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, doctor Guillermo Jiménez Ventura, misma que presentó ser de escolar femenina (sic), que por las curvas percentilares de talla y peso, así como carácter sexuales secundarios y odontológicos presentó una edad mayor de diez y menor de doce años médico legal la cual a la exploración física, no le encontraron huellas de violencia extragenital ni paragenital; a la exploración ginecológica le encontraron congenitales de tipo infantil, sin vello pubiano y con himen de tipo coloriforme con un desgarro antiguo que va de las cinco a las seis horas en relación con la carátula himenal de Lacassagne, no huellas de coito reciente; y, copia del acta de nacimiento de la ofendida María de los Angeles Córdoba Sánchez, de la que se desprende que ésta nació el dos de agosto de mil novecientos setenta y nueve.

Por todo ello es obvio que se encuentra acreditado el cuerpo del delito de violación de impúber, así como la plena responsabilidad del impetrante en su comisión, pues la última parte del artículo 279 del Código Penal vigente en el Estado de México, previene que, comete el delito de violación el que tenga cópula con persona que fuera impúber elementos que se actualizan en la especie, por cuanto a que el quejoso, tuvo cópula con la menor ofendida María de los Angeles Córdoba Sánchez, la que en el momento de los hechos era impúber según se desprende del certificado médico ginecológico.

Es irrelevante el hecho de que el ahora quejoso al rendir su declaración preparatoria, se haya retractado de las anteriores manifestaciones que tenía rendidas por cuanto a que, adujo que si había firmado dichas declaraciones fue porque los agentes de la Policía Judicial lo golpearon, expresiones que son insuficientes para darle valor a la retractación ya que para que ésta tenga eficacia legal, precisa estar fundada en datos y pruebas aptas y bastantes para justificarla jurídicamente, lo que no acontece en la especie, pues además el inculpado no aportó ninguna prueba para justificar su aseveración.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 481, visible en la página 834, segunda parte, del Apéndice en consulta que dice: "CONFESION RETRACTACION DE LA.- Para que la retractación de la confesión anterior del inculpado tenga eficacia legal, precisa estar fundada en datos y pruebas aptas y bastantes para justificarla jurídicamente.".

Ahora bien, el quejoso dice que la responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, toda vez que jamás desplegó conducta delictuosa en contra de la pasivo violada, como ella lo manifestó durante la instrucción además, que de la declaración de Leobardo Córdoba Chino no se desprende que el impetrante haya cometido ilícito alguno, puesto que se concretó a denunciar el delito de robo de infante cometido en agravio de su hija Angela Córdoba Sánchez en contra de quien resulte responsable; que la pasivo al comparecer ante el Juez de Primera Instancia, declaró que el ahora quejoso no le hizo nada, es decir que no la violó, agregando, que en cuanto hace a las declaraciones que rindió ante la Policía Judicial y agente del Ministerio Público no estuvo conforme con esas declaraciones, en razón de que si las firmó fue porque nada más le dijeron que las firmara, manifestaciones que la responsable valoró como lo previenen los artículos 267, 268 y 269 del Código de Procedimientos Penales, pues no dio valor probatorio a esta última declaración de la ofendida.

Que es violatorio de garantías el razonamiento de la responsable, en el sentido de que el certificado médico corroborara las declaraciones para tener por acreditada la comisión de los hechos que se le imputan, toda vez que éste carece de fundamento legal y sí en cambio apoya la declaración que rindió María de los Angeles Córdoba Sánchez ante el Juez de Primera Instancia, por lo que resulta incorrecto lo vertido por el tribunal de alzada al considerar que durante el proceso no se ofrecieron pruebas bastantes o fehacientes con las que se acredite que el acusado no impuso cópula a la menor, puesto que esta última sostuvo durante la instrucción que el ahora quejoso jamás cometió ilícito alguno en su contra.

Que, la responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 19 constitucionales, en virtud de que el cuerpo del delito de violación de menor, lo estima comprobado con la declaración de la víctima, y en el caso, ésta refirió ante el Juez que el quejoso no le hizo nada, de lo que resulta que la falta de algunos de los elementos que constituyen el delito de la violación de impúber, trae como consecuencia que no se debe de tener por comprobado el cuerpo del delito y su responsabilidad penal en la comisión del mismo.

Lo alegado es infundado.

En efecto, la Sala responsable consideró que el cuerpo del delito de violación por equiparación se encuentra en autos plena y legalmente acreditados en términos de lo dispuesto por los artículos 279 y 280 del Código Penal en relación con los numerales 128 y 139 del Código de Procedimientos Penales, al materializarse los elementos de existencia que lo configuran con la declaración de Leobardo Córdoba Chino, quien refirió que su hija de nombre Teresa Córdoba Sánchez fue a visitarlo a su domicilio, la que se trajo con su consentimiento a su menor hija Angela Córdoba Sánchez al domicilio de aquélla ubicado en la cabecera municipal de Los Reyes la Paz, México, para posteriormente el deponente presentarse con su yerno de nombre Fernando Acosta a su trabajo, y a quien le manifestó el motivo de su visita y que era con el fin de llevarse a su hija Angela para que terminara sus estudios, a lo que le contestó el ahora quejoso, que su hija se había salido del domicilio de su hija Teresa, e ignoraba a dónde se había ido, motivo por el cual el padre de la hoy ofendida denunció el delito de robo de infante en agravio de Angela Córdoba Sánchez, en contra de quien resulte responsable.

Ahora bien, aun cuando es cierto que de la declaración de Leobardo Córdoba Chino padre de la ofendida, no se desprende ni indiciariamente elementos que hagan probable la responsabilidad penal del ahora quejoso en la comisión del delito a estudio, puesto que de la misma se aprecia que el declarante denunció los hechos referentes al delito de robo de infante en agravio de su hija Angela Córdoba Sánchez y en contra de quien resultara responsable, sin referirse para nada a la violación cometida en perjuicio del ahora pasivo, esto resulta intrascendente, en razón de que, la Sala menciona esta declaración e inmediatamente después dijo que aunada a la anterior desecha la declaración de la menor, la que sintetizó; el dicho de Teresa y de manera especial el hecho del inculpado al declarar en indagatoria en la que aceptó la comisión de los hechos delictivos que le imputa la menor ofendida, a la cual otorgó valor probatorio pleno; así pues, la Sala dijo que existen otras pruebas con las que se encuentra acreditado tanto el cuerpo del delito de violación de impúber, así como la plena responsabilidad del amparista en la comisión del mismo, por cuanto a que, el propio inculpado Fernando Acosta Pereda en la declaración que rindiera ante la Policía Judicial y ante el agente del Ministerio Público, aceptó los hechos que se le imputan, además de que reseñó cómo sucedió el evento, declaración que se encuentra corroborada con la vertida por la agraviada María de los Angeles Córdoba Sánchez ante el órgano investigador quien manifestó que el hoy quejoso la violó; aunado a que en la cámara de confrontación reconoció a Fernando Acosta Pereda, como el sujeto que la violó; pruebas anteriores, que se encuentran apoyadas con la fe de estado ginecológico de la menor practicada por el representante social, la que se encuentra corroborada con el certificado médico ginecológico en el que se hizo constar que la pasivo en el momento de su exploración tenía la edad de once años médico legal, no púber, con desfloración antigua y no huellas de violencia extragenital ni paragenital.

Si bien es cierto que en el certificado médico de referencia se hizo constar que María de los Angeles Córdoba Sánchez, al momento de su exploración no presentó huellas de violencia ello no es bastante para concluir como lo pretende el quejoso que no se haya comprobado el cuerpo del delito a estudio, ni su responsabilidad penal en la comisión del mismo, toda vez que las lesiones por el transcurso del tiempo tienden a desaparecer, como lo estimó la responsable, lo que sucedió en el caso a estudio, en virtud de que si los hechos delictuosos acontecieron el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y uno y la ofendida fue explorada hasta el cinco de julio de este año, resulta obvio que las lesiones desaparecieron, como ya se dijo, por el transcurso del tiempo; además, en el delito de violación por equiparación no se exige como elemento constitutivo del mismo la existencia de la violencia, pues basta para tenerlo por comprobado que se acredite la cópula con persona impúber, lo que como ya se dijo sí quedó acreditado en autos.

Por otra parte, aun cuando la ofendida María de los Angeles Córdoba Sánchez en la audiencia de cuatro del año próximo pasado, manifestó que no estaba de acuerdo con las declaraciones que rindiera ante la Policía Judicial, así como la del Ministerio Público, toda vez que no declaró lo asentado en las respectivas actuaciones, y que si firmó las mismas fue porque le dijeron que las firmara, agregando, que el ahora impetrante le habla bien "y que no le hizo nada", tal proceder sólo denota la intención de exculpar al hoy quejoso, y por ello, tal circunstancia no surte efecto legal ni tiene relevancia jurídica, por no adminicularse con otras probanzas para atribuirles eficacia probatoria, pues resulta sospechoso que primeramente el cinco de julio del año pasado haya reconocido ante el órgano investigador en la cámara de confrontación al hoy quejoso como la persona que la violó, y posteriormente en la audiencia de cuatro de octubre del mismo año compareció ante el Juez de la causa, donde manifestó que el amparista, "no le hizo nada", agregando, que no estaba de acuerdo con las declaraciones que rindió ante la Policía Judicial y agente del Ministerio Público, toda vez que le dijeron que firmara sus declaraciones, manifestación que se estima exculpatoria e inaceptable, en virtud de que se debe atribuir mayor eficacia probatoria a sus primeras declaraciones, conforme al principio de inmediatez procesal, pero además porque obran elementos e indicios de prueba que corrobora plenamente tanto la declaración de la ofendida como la del inculpado, que son: la fe de estado ginecológico de la pasivo practicada por el órgano investigador; certificado médico ginecológico, actuaciones de las que se desprende que María de los Angeles Córdoba Sánchez, al momento de su exploración tenía once años de edad médico legal no púber y desfloración antigua, así como la identificación a cargo de la menor ante el representante social quien lo reconoció al hoy quejoso como la persona que la violó, y por ello se estima que la retractación de los hechos delictuosos efectuada por el agraviado durante la instrucción es meramente exculpatoria, interesada y provocada por la defensa, por tanto, resulta incorrecto que al haberse retractado la ofendida de sus primeras declaraciones no se haya acreditado la responsabilidad penal del hoy quejoso en la comisión del delito a estudio por las razones vertidas en la presente ejecutoria.

En cuanto a la individualización de la pena, este Tribunal Colegiado en suplencia de la deficiencia de la queja, como lo establece el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, advierte que la responsable violó en perjuicio del quejoso el artículo 59 del Código Penal del Estado de México.

En efecto, la Sala responsable al confirmar la sentencia de primera instancia hizo suyos los razonamientos vertidos por el Juez al individualizar la pena, individualización que se estima incorrecta, toda vez que el Juez de la causa estimó: "Para los efectos de la individualización de la pena, la misma deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 59 del Código Penal en vigor, esto atendiendo a las circunstancias personales y peculiares del sentenciado y a las adjetivas del delito que cometió, tales como se trata de una persona de 25 años de edad, vendedor ambulante, unión libre, sueldo mínimo con lo que sostiene a dos personas, sí afecto a las bebidas embriagantes no a las drogas enervantes, su calidad de delincuente primario, y dadas las circunstancias de ejecución del hecho se le tiene con una peligrosidad entre la mínima y la media con tendencia hacia la segunda, por lo que con fundamento en el artículo 279 parte última, se estima como justo y equitativo imponerle una pena de nueve años de prisión, 'que deberá compurgar en el lugar que designe el Ejecutivo del Estado a partir de la fecha de su detención material que le fue el día 6 de julio de 1991, a pagar cuatrocientos días multa de acuerdo al salario mínimo. En caso de insolvencia económica se le sustituye dicha multa por cuatrocientos días jornada de trabajo en favor de la comunidad, se le absuelve del pago de reparación del daño. Debiéndosele amonestar públicamente para que no reincida.'"; pero sin motivar cuáles fueron las circunstancias de ejecución del hecho, pues para una correcta individualización de la pena, no basta hacer una simple cita de los preceptos legales que regulan el arbitrio judicial sobre el particular; ni es suficiente hablar de las circunstancias que enumera, con el mismo lenguaje general o abstracto de la ley; es menester razonar su pormenorización con las peculiaridades del reo y de los hechos delictuosos, especificando la forma y manera como influyeron en el ánimo del juzgador para detenerlo en cierto punto entre el mínimo y el máximo; en consecuencia la responsable violó en perjuicio del quejoso el artículo 59 del código punitivo, que establece, que el juzgador al dictar sentencia, fijará la sanción que estime justa dentro de los límites establecidos en el Código Penal para cada delito, apreciando la personalidad del inculpado, su peligrosidad, los móviles del delito, los daños morales y materiales causados por el mismo, el peligro corrido por el ofendido o el propio inculpado, la calidad del primero y sus relaciones con el segundo, y las circunstancias de ejecución del hecho; estas últimas de las cuales no efectuó su razonamiento pormenorizado.

En mérito de lo anterior, se impone la concesión del amparo para el único efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva en la que imponga las sanciones que correspondan de acuerdo con las circunstancias exteriores de ejecución y las subjetivas de la misma.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

UNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A FERNANDO ACOSTA PEREDA en contra del acto y autoridad señalados en el resultando primero, en los términos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta resolución.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y en su oportunidad archívese el presente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: presidente María del Carmen Sánchez Hidalgo, licenciado Fernando Narváez Barker y licenciado José Angel Mandujano Gordillo, siendo ponente el segundo de los nombrados.

Firman los Magistrados en unión del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/800-e983bf4d/pena-requisitos-para-su-individualizacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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