CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 74/2010. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ Y JORGE ROBERTO ORDOÑEZ ESCOBAR.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de noviembre de dos mil once.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O :
PRIMERO. Demanda, actos impugnados, señalamiento de autoridades y preceptos constitucionales violados. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de octubre de dos mil diez, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien se ostenta como Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en nombre del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos promueve controversia constitucional en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y de Educación Pública.
En su demanda solicita la declaración de invalidez del ‘Decreto por el que se establecen las acciones que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre’, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de septiembre de dos mil diez; y también de sus efectos y consecuencias, porque considera que sus disposiciones violan los artículos 14, 16, 25, 28, 39, 49, 72, inciso f), 73, fracciones XI, XVII y XXX, 87, 89 fracción I, 90 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como terceros interesados en la controversia constitucional señala a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. En su demanda el ente actor formula los siguientes conceptos de invalidez:
A) En su primer concepto de invalidez afirma que el decreto impugnado tiene formal y materialmente la naturaleza jurídica de un acto administrativo, y no de una norma general, abstracta e impersonal, por tratarse de un acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa, que crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad.
Que el acto impugnado en esta controversia constitucional es un acto de naturaleza administrativa (formal y materialmente administrativo), que contiene acciones concretas e individualizadas que atentan en contra de las atribuciones concedidas por el Congreso de la Unión, mediante leyes federales a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), por lo que significa una afectación a las facultades constitucionales del Poder Legislativo reflejadas en las leyes federales que crean y otorgan atribuciones a la COFETEL, por ende, dicho acto administrativo del Ejecutivo Federal es inconstitucional y en consecuencia, susceptible de ser combatido a través del presente medio de control constitucional.
B) En su segundo concepto de invalidez plantea una invasión a la facultad del Congreso General para legislar en materia de radiodifusión, prevista en la fracción XVII del artículo 73 constitucional, porque a su juicio, las disposiciones del decreto impugnado regulan atribuciones que le fueron concedidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones mediante leyes federales.
En concreto, impugna la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transición Digital a que hace referencia el decreto impugnado en sus artículos Tercero, Cuarto y Quinto, porque en su opinión, el objeto de dicha Comisión Intersecretarial -coordinar las acciones necesarias para concretar la transición a la televisión digital terrestre- es una facultad que le corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, de conformidad con la fracción XVI del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación le reconoció validez en la acción de inconstitucionalidad 26/2006.
Por esta razón, estima que el fundamento constitucional del decreto impugnado (artículo 89, fracción I) es indebido y contrario al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9º de la Ley Federal de Radio y Televisión: con el primero de ellos, porque el Congreso de la Unión dotó a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de facultades específicas y exclusivas en el ámbito de las telecomunicaciones, incluida la radiodifusión (radio y televisión de señal abierta y libre), con lo cual se acotó la facultad original del Secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de propiciar una más eficaz y eficiente atención de los asuntos en dicha materia; y con el segundo, porque a su juicio todo lo relativo a la radio y televisión (servicios de radiodifusión) compete a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Asimismo, afirma que "atendiendo a los principios de primacía y autoridad formal de la ley derivados del artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la transmisión (...) o la creación de concurrencia en facultades cuyo ejercicio compete en exclusiva (...) a la Comisión Federal de Telecomunicaciones" provoca una afectación a la división de poderes.
Por último, considera que dichos artículos también son contrarios con el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, "en atención a que omite(n) concederle (a la Comisión Federal de Telecomunicaciones) la autonomía plena para dictar sus resoluciones"; y, en específico, el artículo Cuarto, porque "desconoce la plena autonomía con que cuenta la Comisión Federal de Telecomunicaciones para emitir sus resoluciones, sobre todo en el caso de los actos y resoluciones que se emitan en ejercicio de sus facultades exclusivas".
C) En su tercer concepto de invalidez reitera la violación a la fracción I del artículo 89 constitucional, al considerar que el Presidente de la República se excedió en su facultad reglamentaria en la redacción de los artículos Tercero y Cuarto del Decreto impugnado, al quitarle facultades y atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones que la Ley Federal de Telecomunicaciones le otorga en el artículo 9-A, e invadiendo su esfera de competencia mediante la creación de la citada Comisión Intersecretarial.
En este mismo concepto de invalidez plantea una violación al ‘principio de debida fundamentación y motivación’ consagrado en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, al considerar que las autoridades demandadas -Presidente de la República y Secretarios de Estado- carecen de facultades para derogar tácitamente, mediante el Decreto impugnado, el artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
D) En el cuarto concepto de invalidez plantea tres violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
· La primera de ellas la plantea en relación con la fracción I del artículo 89 constitucional, pero en este apartado argumenta que la creación de la Comisión Intersecretarial viola el principio de especialización de los órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, desconoce la autonomía técnica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y pretende que sea la Comisión Intersecretarial el perito conocedor, técnico y especialista en materia de radio y televisión (radiodifusión).
· La segunda violación se actualiza, porque considera que la creación de la Comisión Intersecretarial viola el artículo 90 constitucional, ya que transgrede el principio de delegación de facultades.
· La tercera violación la plantea en relación con la fracción XXX del artículo 73 constitucional, argumentando que se contraría una ley federal aprobada por el Congreso de la Unión.
E) En el quinto concepto de invalidez también plantea una violación al artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en este apartado la relaciona con el artículo 49 constitucional.
En su opinión, el decreto impugnado rompe con el principio de especialización y desvirtúa la naturaleza de los órganos desconcentrados, lo cual a su vez hace innecesaria su existencia y, por lo mismo, la estructura y los recursos que la Cámara de Diputados aprueba anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Al efecto, explica la violación al principio división de poderes reiterando que el titular del Poder Ejecutivo estaría invadiendo la esfera del Poder Legislativo, al otorgar facultades indelegables a una Comisión Intersecretarial por medio del decreto impugnado, que no prevé la legislación, o que la ley le atribuye a la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
A su parecer, este hecho trasciende a los Poderes Federales y constituye una seria afectación a la sociedad y a la economía nacional, por la incertidumbre jurídica a la que estarán sujetos los agentes económicos. Lo anterior, porque lo que llegue a resolver la Comisión Intersecretarial, en oposición a lo que pudiera determinar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, daría lugar a múltiples amparos de parte de los afectados o quienes tengan un interés jurídico, argumentando que la Comisión Intersecretarial no tiene atribuciones para emitir una determinación en materia de Radio y Televisión, pues éstas fueron conferidas por un decreto del Poder Ejecutivo que de ninguna manera puede invalidar ni estar por encima de lo que señala la ley aprobada por el Congreso de la Unión.
F) En el sexto concepto de invalidez plantea una violación a ‘los principios de supremacía de ley y autoridad competente’ que tutelan los artículos 16, 49, 73 fracción XVII, 89, fracción I, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo anterior, porque el decreto impugnado invade la esfera de competencia exclusiva de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo que incide en que las regulaciones que consigna, en estricto sentido, provengan de autoridad incompetente.
En este sentido, afirma que sus artículos Primero y Segundo contienen provisiones administrativas que inciden sustancialmente en el ámbito de la radio y la televisión que se encuentran bajo el gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, porque en sendos artículos el Presidente de la República ha dispuesto en forma expresa qué tratamiento debe darse a bandas específicas de frecuencia del espectro radioeléctrico nacional, y ha definido un calendario preciso dentro del cual deberá producirse el "apagón analógico", mediante el cual los concesionarios y permisionarios dejarán de operar un sistema de radiodifusión para migrar a otro, conforme a fechas que contradicen a las que en el dos de julio de dos mil cuatro dispuso el Secretario de Comunicaciones y Transportes, en ese entonces autoridad competente.
Por esta última razón se queja también de que el decreto impugnado es contradictorio con el Acuerdo por el que se Adopta el Estándar Tecnológico de Televisión Digital Terrestre y se Establece la Política para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en México, porque provoca la transición a la televisión digital "en forma acelerada, sin tomar en cuenta diversos aspectos esenciales que se observaron por la autoridad competente al expedirse el calendario que contuvo el segundo".
En este tenor, manifiesta que, sin negar los posibles beneficios que podría tener implícita la recalendarización del "apagón analógico", para el Congreso de la Unión no deja de implicar un motivo de agravio que el Presidente de la República reincida en su determinación de intervenir e involucrarse activamente en ámbitos de la vida nacional, que por disposición expresa de la Ley se han encomendado a un órgano cuya autonomía es crucial para el correcto desempeño y cumplimiento de la función social que le corresponde a la industria de la radio y la televisión mexicana.
Al efecto, señala que la acción del Ejecutivo Federal repite aquella que fue sustentada en la controversia constitucional 7/2009 para citar las consideraciones sobre la constitucionalidad del artículo 5, fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y concluir que si esta Suprema Corte reconoció que la medida de las actuaciones y criterios que se dicten por la Comisión Federal de Telecomunicaciones en las materias de radio, televisión y telecomunicaciones se encuentra en la ley, que le confiere una naturaleza y facultades específicas, por encima de las cuales no puede ubicarse al Secretario de Comunicaciones y Transportes, por analogía, el mismo criterio aplica tratándose de cualquier otro órgano de poder público, incluso el Presidente de la República, que ni por medio de la facultad reglamentaria, ni de ésta para expedir Decretos, puede venir a convertirse en un conducto para desviar el espíritu y alcance de las directrices políticas que a través de normas jurídicas expide en el uso de su potestad soberana el Congreso General.
G) En el séptimo concepto de invalidez plantea una violación a los artículos 6, 16, 49, 73 fracción XVII, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "por desatención al derecho a la información (...) y a la función social de la radiodifusión".
En este concepto considera que el decreto impugnado es inconstitucional, porque adolece de una incorrecta motivación, de una desatinada ponderación del interés público preponderante por el que se rige, y de una incorrecta fundamentación por inobservancia o incomprensión de las figuras de derecho a la información y función social de la radio y televisión que tutelan la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión.
En este sentido, afirma que en la exposición de motivos y considerandos del decreto impugnado, el fin de interés público que persigue estriba en marcar una pauta o una fecha cierta, definitiva, que se valore seriamente por la ciudadanía con el objeto de obligar a la adquisición de aquellos aparatos que permitan la captación de señales de televisión con un nuevo formato de radiodifusión (digital). Los beneficios de provocar este adelantamiento de la transición de la televisión al nuevo formato, estriba en la posibilidad de ofrecer al público una mejor recepción de la señal, un mayor número de canales y una liberación de frecuencias que permitiría la licitación de nuevas concesiones para la prestación de servicios de telecomunicación.
A su parecer, aquello a lo que se refiere el Decreto ya se viene cumpliendo, no es un acontecimiento novedoso; sin embargo, por virtud de la determinación presidencial se adelanta el calendario seis años. Así, aquellos televisores que las familias mexicanas podían haber comprado hasta el dos mil veintiuno, según el calendario del Acuerdo de dos de julio de dos mil cuatro, deberán comprarse a partir del año que viene y hasta el dos mil quince.
En esta medida, estima que faltó por ponderarse e incorporarse expresa y quizá deliberadamente, la consecuencia que tendrá lugar para el caso en que los fines establecidos en el decreto no se satisfagan o se satisfagan parcialmente; es decir, la definición de las consecuencias que tendrán lugar para el caso de que las concesionarias y permisionarias de televisión sí cumplan con los objetivos establecidos y estén en la posibilidad de propagar sus señales en formato digital, como de hecho ya acontece con las dos principales cadenas de televisión a nivel nacional, pero la gente que no tenga los recursos o alcance los subsidios necesarios para hacerse de un nuevo aparato o el decodificador correspondiente, a partir del año entrante.
A su juicio, lo que se omitió prever en el decreto impugnado es que en el supuesto anterior, las señales de televisión que se radiodifundan en México tendrán un formato de alta definición, impecable; pero sólo la podrán ver aquellos hogares que hubieran podido afrontar el gasto concerniente a la adquisición de los aparatos correspondientes, que son los televisores digitales, no los decodificadores. Los televisores analógicos con decodificador podrán seguir apreciando la televisión exactamente en la misma forma que hasta ahora, pues a pesar de que la señal que se radiodifunda sea digital, el aparato receptor de la señal decodificada no tendrá la capacidad por cuanto a número de puntos por pantalla, para poder desplegar los beneficios de imagen que producen las señales de alta definición. Los televisores analógicos que no tengan el decodificador no servirán, pues no podrán obtener la señal de televisión abierta analógica que hasta ahora y siempre con anterioridad a la implementación del decreto, viene difundiéndose.
En su opinión, es precisamente la valoración entre el interés público circundante a la necesidad de que México goce de una televisión de alta calidad, con señales de alta definición, un mayor número de canales y un mayor número de prestadores de servicios de telecomunicación, y el interés público que concierne a la comunicación y el entretenimiento de las personas, y su derecho a estar informados, sobre todo durante períodos electorales, aquél que debió ponderarse por parte del Ejecutivo Federal, para expedir el Decreto, ya que si su raciocinio fue incorrecto, y por virtud del decreto se afecta a la ciudadanía en sus derechos fundamentales, entonces la resolución administrativa adoptada deviene inconstitucional e inválida.
Reconoce que de conformidad con el artículo 27 constitucional, citado al inicio del Decreto impugnado, corresponde a la Nación el dominio directo del espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional. También, que conforme al artículo 28 constitucional, que sujetándose a las leyes, en caso de interés general el Estado podrá concesionar la prestación de servicios públicos de bienes del dominio de la Federación con la finalidad de satisfacer necesidades de la población en general. Es cierto, por último, que la televisión digital tiene el potencial de favorecer la optimización en el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, mejorar la calidad de las señales, incrementar el número de canales de televisión que la población pueda recibir, mejorar la confiabilidad en la recepción de señales, así como fortalecer el desarrollo de la convergencia en beneficio de la sociedad.
En su concepto, la pregunta que se debe plantear con la finalidad de determinar si dichas causas de interés público justifican el decreto que se reclama, estriba en determinar ¿qué es más importante y trascendente para los mexicanos en estos momentos, mantener vigente la función social de la radio y la televisión, y permitir a la ciudadanía el principal medio de acceso a la información que tiene y que usa, en la víspera de procesos electorales federales, u obligarla a transitar de un formato de televisión a otro, para que sólo algunos puedan ver mejor la televisión, con el riesgo de que, ante el "apagón analógico", muchos hogares pierdan ese medio fundamental de acceso a la información?
También considera que en distintos precedentes se ha reconocido como un hecho público y notorio el grave estado de precariedad económica en que se encuentran muchos millones de mexicanos. Es cierta y es válida la apreciación de que México se ubicará en una mejor posición de progreso si impulsa la transición a la televisión digital; sin embargo, con ese propósito, no puede imponerse una carga a la sociedad que resulta agobiante y que, en un momento dado, muy factiblemente, puede llevarla a quedar impedida de acceder a la fuente primaria de información en la que está sustentado nuestro régimen democrático: la televisión concesionada y permisionada nacional.
A pesar que califica como atinada la afirmación del Ejecutivo, visible en la exposición de motivos del decreto, de que algunos países (Países Bajos, Noruega, Suecia, Bélgica, España, Finlandia, Alemania, Suiza y Estados Unidos) han transitado exitosamente a la televisión digital; estima injusta la comparación, porque considera que México no es comparable con ninguno de ellos: por lo que respecta a la riqueza per cápita, nuestra Nación se encuentra en una posición muy distante respecto de cualquiera de los países europeos nombrados o de los Estados Unidos de América. En cuanto a su composición territorial, su recaudación, al desarrollo de su infraestructura, México resulta igualmente incomparable con ellos, y son todos estos los factores que se deben ponderar para determinar la fecha en que deba darse el "apagón analógico". No se trata de impedir el desarrollo de la televisión digital, sino de definir cuándo los aparatos de televisión tradicionales deberán dejar de funcionar.
H) En el octavo concepto de invalidez plantea una violación a los artículos 16, 26, 73, fracción XXIX-D, 74 y 133 constitucionales.
En su concepto, el decreto impugnado invade la competencia concedida al Congreso de la Unión y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de éste, en la parte que concede atribuciones a los integrantes de la Comisión Intersecretarial para evaluar y definir la penetración de los receptores digitales y el desarrollo del proceso de terminación de las transmisiones de televisión analógica; así como en el segmento que se instruye a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Economía para canalizar apoyos que se destinen a impulsar la recepción de las señales de televisión digital terrestre.
En concreto, considera que el decreto impugnado se aparta del marco jurídico vigente en materia de planeación e información que contempla el artículo 26 constitucional, así como del carácter obligatorio que corresponde a la información que produce el Instituto Nacional de Geografía e Informática, porque el Presidente de la República decidió conferir atribuciones a los Secretarios del Despacho que refrendaron el decreto que se impugna, para que, incluso, fuera de su propio ámbito de competencias, evalúen el grado de penetración de los aparatos de televisión digital a los hogares mexicanos, lo que se supedita a un esquema de incertidumbre que rompe y contradice el espíritu original de la transición a la televisión digital terrestre, desde su concepción original en el acuerdo de dos de julio de dos mil cuatro.
Añade que no puede considerarse que la encomienda administrativa propuesta por el Presidente de la República sea válida y tenga algún fundamento constitucional o legal, si ninguno de los órganos en quien queda depositada la atribución conferida tiene la estructura ni la especialización administrativa para determinar la metodología conforme a la cual pudiera llevarse a la práctica una encuesta y los estudios adicionales correspondientes, por medio de los cuales se pudiera determinar, con bases científicas comprobables, cuál es el grado cierto de penetración de la televisión digital en los hogares mexicanos.
Abunda calificando como inconcebible la previsión, si se toma en consideración que existe un órgano constitucional autónomo, como es el Instituto Nacional de Geografía e Informática, al que por mandato constitucional se le ha conferido el cúmulo de atribuciones necesarias, además de los recursos técnicos y humanos más avanzados, para cumplir con una tarea que las distintas secretarías que integran la Comisión para la Transición Digital no podrán atender.
Esta imprevisión, en su opinión, pone de relieve la inobservancia del texto constitucional en materia estadística y la suplantación de las funciones que la Constitución encomienda al Instituto Nacional de Geografía e Informática.
La violación del artículo Décimo Primero del decreto a la competencia del Congreso de la Unión la plantea por prever que las Secretarías de Desarrollo Social y de Economía difundirá entre la población y vigilará que se apliquen, respectivamente, los apoyos que se destinen para impulsar la recepción de señales de televisión digital terrestre.
A su juicio, estos apoyos son subsidios a las familias mexicanas para que adquieran televisores digitales o decodificadores electrónicos para que los aparatos de televisión analógica reciban la señal digital. Según su dicho se trata de permitir el avance del proceso de transición, contra un costo que se asumirá por parte del Gobierno Federal, como parte del gasto público que se mantiene con los diversos ingresos fiscales que son propiedad de la Nación.
En este orden, estima violado el artículo 74 constitucional, porque en su opinión el Presidente de la República no puede válidamente instruir a su gabinete para que proceda a ejecutar acciones a favor de la canalización de subsidios económicos indiscriminados para un proyecto plurianual en materia de televisión, sin que antes se hubiera discutido y aprobado por la Cámara de Diputados, lo concerniente a la naturaleza del subsidio que, en su caso, pudiera entregarse a las familias mexicanas, así como la contribución especial que habrá de cobrarse o utilizarse para el mantenimiento de dicho gasto.
Por los anteriores motivos, pide declarar la invalidez del decreto impugnado, así como los actos que en sí mismo consigna, sus efectos y consecuencias, para que la autoridad competente, en coordinación con el Poder Legislativo Federal, prosigan con la política prevista en el Acuerdo de dos de julio de dos mil cuatro, con los ajustes pertinentes que puedan hacérsele para promover una aceleración viable y positiva para el país.
TERCERO. Trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diez, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 74/2010, y por razón de turno designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Por auto de veinte de octubre del mismo año, la Ministra instructora admitió la demanda de controversia constitucional y reconoció el carácter de autoridades demandadas al Poder Ejecutivo Federal y, únicamente en cuanto al refrendo del decreto impugnado, a los Secretarios de Comunicaciones y Transportes, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Economía y de Educación Pública, a quienes ordenó emplazar para que formularan su contestación; asimismo, les reconoció el carácter de terceros interesados en la controversia constitucional a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a quienes ordenó dar vista para que manifestaran lo que a su derecho conviniera; finalmente, ordenó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
CUARTO. Contestaciones de demanda. Las autoridades demandadas produjeron sus contestaciones, en las cuales señalaron, medularmente, lo siguiente:
· El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, señaló:
Respecto de la procedencia del juicio, solicita el sobreseimiento, en virtud de que la Cámara de Diputados carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional en defensa de la esfera competencial de un órgano desconcentrado, subordinado al Presidente de la República.(1)
En su concepto, la falta de interés legítimo de la Cámara de Diputados deriva de la ausencia de un principio de afectación a su esfera competencial, puesto que el planteamiento de inconstitucionalidad entraña una petición de principio, a saber, que el Ejecutivo Federal, con la emisión del Decreto impugnado, violó su propia esfera competencial, lo cual considera improcedente, pues la controversia constitucional es un medio de control a través del cual los órganos legitimados pueden acudir ante el Tribunal Constitucional en defensa de su esfera competencial cuando se ve vulnerada por actos o normas emitidas por un órgano diverso.
En este sentido, explica que la Cámara de Diputados, para acreditar que se generó un principio de afectación que reflejase una invasión de su esfera de atribuciones, alegó que con la emisión del decreto impugnado se vulneraron diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, y como consecuencia se transgredió su facultad legislativa en materia de telecomunicaciones; planteamiento que califica como una cuestión de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que la parte actora goza de un interés simple, pues en su opinión todo órgano legislativo está interesado en que las leyes que emite se cumplan; sin embargo, el hecho de que el Decreto vulnere una disposición expedida por el Congreso de la Unión no actualiza su interés legítimo.
Por esta razón, acusa a la Cámara de Diputados de pretender asumirse en el legítimo defensor de un órgano desconcentrado subordinado al Ejecutivo Federal, facultad que la Constitución Federal no le otorga en forma expresa, y aun cuando el Congreso General sea el creador del órgano desconcentrado, éste debe ceñirse a su propia naturaleza y respetar la subordinación que debe a la Secretaría de Estado y, en consecuencia, al titular del Poder Ejecutivo.(2)
Lo anterior, porque a pesar de la autonomía que se otorga al órgano desconcentrado, éste mantiene una subordinación jerárquica a la Secretaría de Estado que corresponde y, por ende, al titular del Ejecutivo Federal; las facultades que se le confieren en forma exclusiva no se sustraen de la esfera competencial central, pues se entiende que es originalmente el titular de la dependencia o, en su defecto, el Presidente de la República, quien debe realizarlas, aun cuando pueda auxiliarse de los órganos que tenga adscritos.
Respecto del fondo del asunto, considera que el decreto impugnado no invade facultad alguna de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ya que únicamente establece lineamientos a diversas entidades para que, en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada entre quienes forman parte del Ejecutivo Federal, realicen las acciones para concretar la transición a la televisión digital terrestre y obtener los beneficios que otorga esa tecnología. Máxime que, por lo que se refiere
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80067-3e0d7a59/controversia-constitucional-74-2010-camara-de-diputados-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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