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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 315/2014. · Registro digital (IUS): 80118
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Versión electrónica, Pág. 9.

AMPARO EN REVISIÓN 315/2014. 2 DE JULIO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: JONATHAN BASS HERRERA Y SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de dos de julio de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mérida, Yucatán, **********, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Secretario de Gobernación.

5. Director del Diario Oficial de la Federación.

Actos reclamados:

a) Decreto por el que se reforman los artículos 2º, primer y tercer párrafos; 3º, 6º, 8º, primer párrafo y fracciones II y III; 10, fracciones I, III, VI y VII; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII y VIII; 16, primer párrafo; 20, fracción II, 21; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 33, fracciones IV, VI, IX y XV; 34, segundo párrafo; 41, quinto párrafo; 44, tercer párrafo; 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo párrafo; 57, fracción I; 58, primer párrafo; 59, segundo párrafo; 65, fracciones II, VI y VII; 67, fracción III; 69, segundo párrafo y tercero en su inciso g); 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; 72 y 75, fracciones XII, XV y XVI; se adicionan la fracción IV al artículo 8º; las fracciones VIII, IX y X, y un último párrafo al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo párrafo a la fracción I, una fracción V Bis y una fracción XII Bis al artículo 12; las fracciones I Bis, II Bis, XI Bis, XII Bis, XII Ter, XII Quáter y XII Quintus al artículo 14; un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al artículo 15; un artículo 24 Bis; un quinto párrafo al artículo 25; un artículo 28 Bis; las fracciones IV Bis, XVI y XVII al artículo 33; un segundo párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto y sexto al artículo 58; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 65, y una fracción XVII al artículo 75, y se derogan la fracción IV del artículo 11; la fracción VII del artículo 12, y el último párrafo del artículo 75, de la Ley General de Educación.

b) Decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente (cuyos artículos del 1 al 83 sustantivos y del primero al vigésimo segundo transitorios se tildan de inconstitucionales).

c) Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (cuyos artículos del 1 al 68 sustantivos y del primero al décimo tercero transitorios se tildan de inconstitucionales); todos los Decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013 (Segunda Sección), y se combaten por ser notoriamente inconstitucionales mediante la presente demanda de garantías.

SEGUNDO. Mediante proveído del diez de octubre de dos mil trece, el Juez Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda y la registró con el número 430/2013-IV y tuvo como representante común al quejoso **********.

Seguidos los trámites procesales, el dos de enero de dos mil catorce, el juez de distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, la que firmó el catorce de marzo de dos mil catorce, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de **********; así como respecto de las autoridades responsables Secretario de Gobernación y el Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, en los términos precisados en el considerando cuarto de este fallo.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra lo dispuesto en los artículos reclamados de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por las razones expresadas en esta sentencia."

TERCERO. Inconforme con dicha sentencia, mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil catorce, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido en forma directa a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Presidente, en proveído de nueve de mayo de dos mil catorce, lo admitió a trámite bajo el expediente 315/2014, y ordenó turnarlo a la Comisión 69 encargada al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Mediante escrito presentado el veintidós de mayo de dos mil catorce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en ausencia del Oficial Mayor, del Subsecretario de Educación Básica, del Subsecretario de Educación Media Superior, del Subsecretario de Educación Superior, del Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y en ausencia y suplencia del Secretario de Educación Pública, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpuso recurso de revisión adhesiva, la que fue admitida a trámite en proveído de veintiocho de mayo de dos mil catorce.

CUARTO. El proyecto de sentencia con el que se propuso resolver el presente asunto, fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión.(1)

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa por medio de lista el dieciocho de marzo de dos mil catorce, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el diecinueve de marzo, por lo que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para su impugnación a través del recurso de revisión transcurrió del veinte de marzo al tres de abril de dos mil catorce, descontando los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo.

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veinticinco de marzo de dos mil catorce, es claro que se hizo de manera oportuna.

Por lo que se refiere al recurso de revisión adhesiva, debe decirse que la admisión de la revisión principal se notificó al Presidente de la República por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública el dieciséis de mayo de dos mil catorce, surtiendo sus efectos ese mismo día, por lo que el plazo para interponer la citada revisión adhesiva transcurrió del diecinueve al veintitrés de mayo de dos mil catorce.

De este modo, si dicho medio de impugnación se interpuso el veintidós de mayo de dos mil catorce, debe concluirse que se hizo de manera oportuna.

TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por **********, quien fue autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carácter que se le reconoció por el juez del conocimiento en el proveído inicial, por lo que se encuentra legitimado para tal efecto.

Por su parte, a la revisión adhesiva comparece el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, en ausencia del Oficial Mayor, del Subsecretario de Educación Básica, del Subsecretario de Educación Media Superior, del Subsecretario de Educación Superior, del Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y en ausencia y suplencia del Secretario de Educación Pública, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del 'Acuerdo General a que se sujetará la Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos', publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en relación con los numerales 52 y 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, estos últimos cuyo texto señala:

"ARTÍCULO 52.- El Secretario será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Educación Superior, de Educación Media Superior, de Educación Básica, por el Oficial Mayor o por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el orden indicado.

ARTÍCULO 54.- Las ausencias de los Subsecretarios y del Oficial Mayor serán suplidas por los titulares de las direcciones generales y demás unidades administrativas que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias.

En tal virtud, debe reconocerse legitimación al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública para interponer el recurso de revisión adhesiva.

CUARTO. Sentencia recurrida. El juez del conocimiento decretó el sobreseimiento y negó el amparo, de conformidad con las consideraciones que, en la parte que interesa, se transcriben a continuación:

"CUARTO. [Falta de interés jurídico]. Oficiosamente y de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, se advierte que respecto de las quejosas **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y artículo 107, fracción I, constitucional, que establecen:

[se transcribe...]

Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, y que de ello deriva el agravio correspondiente.

Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo.

Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes:

'INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.' [se transcribe...]

Por tanto, no basta que una ley o norma general sea considerada como autoaplicativa para que en automático se pueda impugnar por sus destinatarios, pues bastaría que se calificara con tal carácter para asumir que todos aquéllos que acudieron a su impugnación tendrían un interés jurídico o legítimo para reclamarla por la vía del amparo.

Si bien para impugnar las leyes reclamadas no se requiere la realización de un acto concreto de aplicación, también lo es que quien se considere agraviado por esos cuerpos normativos -autoaplicativos- debe acreditar, a través de los medios de convicción idóneos, que en efecto ha resentido una modificación o alteración en su esfera jurídica por encontrarse comprendido en los supuestos que regulan, lo cual se vincula, desde luego, con el acervo probatorio que se encuentre agregado al expediente.

En este contexto, debe destacarse que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgándole la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad para que ese derecho le sea respetado.

Al respecto, resulta aplicable el criterio que informa la tesis de jurisprudencia siguiente:

'INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.' [se transcribe...]

En ese entendido, la parte quejosa tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida en que demuestre ser titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Esa afectación podría ocurrir de dos formas, a saber:

I. Que se afecte la esfera jurídica del demandante en abstracto, imponiendo una obligación que antes no se tenía; o

II. Que se afecte un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo.

Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugna una disposición con motivo de su sola entrada en vigor, como ocurre en la especie, el interés jurídico para combatirla se demuestra a partir de que la parte demandante se ubique en los supuestos de ese ordenamiento, es decir, que sea sujeto de la disposición y, por ende, ésta le imponga una obligación que antes no tenía -de dar, hacer o no hacer (prohibición)-, o bien, se afecte un derecho subjetivo del demandante.

Al respecto, resultan aplicables, en lo conducente, las tesis siguientes:

'INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA.' [se transcribe...]

'LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA.' [se transcribe...]

'LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.' [se transcribe...]

Bajo esa premisa, resulta indiscutible, a la luz de los diversos cuerpos normativos existentes y de las distintas corrientes de opinión doctrinales y jurisprudenciales, que el ejercicio de toda acción requiere forzosamente de la existencia de un interés jurídicamente tutelado en que se apoye y que el mismo se acredite.

En efecto, la prueba de que existe interés jurídico o legítimo sólo es posible lograrla mediante el acreditamiento de la existencia del derecho que invoca como afectado y la demostración de los actos, de los hechos o de las circunstancias que afectan a ese derecho, tratándose del interés jurídico y, del legítimo, la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados consecuentemente, como requisito indispensable de la acción, el interés jurídico o legítimo se transforma en elemento insustituible que sirve de fundamento y límite a las pretensiones, pues cada pretensión debe tener como base el interés que se invoca.

Por lo tanto, puede afirmarse que la existencia del interés jurídico o legítimo invocado debe ser acreditada por quien ejercita la acción, pues de lo contrario no puede justificarse la actividad jurisdiccional, mucho menos, una declaración de fondo o sentencia protectora.

Ahora bien, es al promovente del amparo a quien corresponde acreditar el interés jurídico o legítimo, como elemento de prueba en el que acredite que efectivamente le causó algún perjuicio el acto reclamado o que tiene un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados y, por lo mismo, quien tiene la carga de la prueba para hacer procedente el juicio de garantías, pues así se ha sostenido, tal como se advierte de los siguientes criterios y de la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.) antes transcrita:

'INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.' [se transcribe...]

'INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS.' [se transcribe...]

Ahora bien, si bien las leyes reclamadas son el decreto de reformas a la Ley General de Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, es en la segunda ley mencionada en la que se indican los sujetos a quienes se les aplicarán dichas disposiciones, ello al ser la reglamentaria de la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que rige el servicio profesional docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.

En ese contexto, los sujetos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y sus leyes complementarias, tendrán interés jurídico o legítimo para combatirla, siempre que demuestren: 1. Tener la calidad de personal con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados; 2. Que a la entrada en vigor de la ley se encuentren en servicio; 3. Que cuenten con nombramiento definitivo o provisional.

Ahora bien, si ********** aducen que las leyes reclamadas le causan una afectación en virtud de son trabajadoras de la educación, es inconcuso que deben acreditar que tiene el derecho correspondiente.

En relación con ********** no exhibió documento alguno con el que acreditara ser sujeto de la norma, durante el trámite del juicio y hasta el momento en que se celebró la audiencia constitucional, por lo que es evidente, que no demostró su interés para instar el presente juicio de garantías.

Respecto de las demás quejosas ofrecieron el siguiente material probatorio:

1. ********** copia certificada de talón de pago [foja 58].

2. ********** copia certificada de talón de pago [foja 60].

3. ********** original de constancia de estudios [foja 90].

4. ********** original de talón de pago [foja 96].

5. ********** copia certificada de talón de pago [foja 357].

Ahora bien, al examinar las documentales marcadas con los números 1, 2, 4 y 5, consistentes en copias certificadas y originales de los talones de pago se advierte que las quejosas ********** tienen el carácter de pensionadas y, en relación con la marcada con el punto 3 con la misma **********, únicamente acredita que es alumna del primer semestre de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español, de lo que se advierte que, si las leyes reclamadas únicamente afectan el interés de aquellos trabajadores del magisterio que tengan el carácter de docentes y con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado, es inconcuso que las quejosas no demuestran que se ubican en dichos supuestos, por ende, no acreditaron que los actos reclamados afectan su interés jurídico o legítimo.

Apoya lo expuesto, por la idea jurídica que contiene, el criterio jurisprudencial siguiente:

'INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.' [se transcribe...]

En tal virtud, con fundamento en los numerales 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de garantías respecto de las quejosas antes mencionadas.

[Improcedencia del juicio respecto del Secretario de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación]. Respecto de los actos reclamados al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establecen:

[se transcribe...]

De los numerales transcritos se advierte que; se tendrán como autoridades responsables a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, cuando el quejoso impugne sus actos por vicios propios; consecuentemente, si en la especie, de la lectura íntegra de la demanda de garantías no se advierte que los quejosos hayan expresado algún argumento tendente a controvertir el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, entonces las autoridades que intervinieron en dichos actos, no pueden tener el carácter de responsables, por lo que debe sobreseerse en el juicio respecto del Secretario de Gobernación y del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación.

En efecto, del análisis integral de la demanda se desprende que si bien la parte quejosa, al precisar los actos reclamados y las autoridades responsables, señaló como tales al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, reclamándoles el refrendo y publicación de las leyes impugnadas, también lo es, que no se advierte que a tales actos se les atribuyan vicios propios, ya que fueron reclamados como parte del proceso legislativo que dio origen a las leyes impugnadas, de ahí que, con fundamento en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio respecto de tales autoridades.

QUINTO. [Procedencia del juicio]. En el presente asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que hacen valer las partes, en los términos siguientes:

" La Cámara de Senadores, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio Público de la Federación, de manera similar, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 107 constitucionales, dado que las normas reclamadas [Ley General del Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación] son heteroaplicativas, pues es necesario que se actualice un acto concreto de aplicación para que pueda ser impugnada a través del juicio de amparo.

" Las citadas autoridades y la Cámara de Diputados aducen que la sola entrada en vigor de la ley no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, dado que no acredita el acto concreto de aplicación que les haya causado perjuicio.

Naturaleza jurídica de las normas reclamadas.

Previamente a establecer si en el caso se actualizan las invocadas causas de improcedencia; es necesario establecer si el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación; el Decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, y el Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.

[...]

En el caso concreto, en la exposición de motivos del Decreto mediante el cual se reformó el artículo 3 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de febrero de dos mil trece, se puntualizó lo siguiente: [se transcribe...]

Del análisis efectuado a la iniciativa antes transcrita se advierte que el cumplimiento de la obligación de ofrecer una educación de calidad, requiere que el acceso de los maestros al sistema público y su promoción y permanencia se realice a través de procedimientos idóneos en relación con los fines de la educación, es por lo anterior que se modificó el contenido del artículo 3º constitucional, para establecer, a nivel nacional, las bases de creación de un servicio profesional docente, que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, para ello, se propuso que la ley reglamentaria del artículo 3º constitucional fijara los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio, siendo dicha norma la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En esa reforma se propuso que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tuviera las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, para lo cual se debía dotar al Instituto de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad. Las tareas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lleve a cabo permitirán apreciar el desempeño de la autoridad y generar un orden en el desarrollo de la evaluación. En su calidad de máxima autoridad en esta materia el Instituto debe tener la capacidad para asegurar que se produzca ese orden.

De la exposición de motivos también se advierte que, dada la necesidad de regular la función magisterial era necesaria una ley que fijara los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional 'con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación'; y además, que en la legislación secundaria se establecieran reglas y procedimientos obligatorios, de carácter nacional, confiables y de validez general para el ingreso, la promoción, la permanencia y la evaluación.

De manera reiterada se hizo referencia al sistema educativo. Se destacó la necesidad de establecer, en la legislación secundaria, reglas y procedimientos obligatorios, de carácter nacional; así como establecer, a nivel nacional, las bases de creación de un servicio profesional docente. Todo ello, se dijo, se estableció con el objeto de lograr el mejoramiento de la educación, a través de la implementación de mecanismos que permitan evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional.

En atención a lo anterior, el once de septiembre de dos mil trece, se publicó la Ley General del Servicio Profesional Docente, en la que, en sus artículos 1, 2 y 3, estableció lo siguiente: [se transcribe...]

Por su parte, los artículos Octavo y Noveno transitorios de la citada ley, prevén: [se transcribe...]

De los preceptos transcritos se obtiene lo siguiente:

1. Destinatarios de la norma

a) El personal con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, que a la entrada en vigor de la Ley se encuentren en servicio y cuenten con nombramiento definitivo.

b) El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, que a la entrada en vigor de la ley, cuenten con nombramiento provisional.

2. Obligación de hacer: A partir de la entrada en vigor de la ley obliga a sujetarse a los procesos de evaluación o programas de regularización.

3. Consecuencia: En caso de negativa a cumplir con tales obligaciones, el servidor será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según sea el caso.

Del contexto anterior se advierte que desde su entrada en vigor, la Ley del Servicio Profesional Docente estableció un régimen laboral distinto al en que se situaban los referidos servidores, antes de la vigencia de dicha ley. Se dice lo anterior, dado que en la exposición de motivos del Decreto de reformas al artículo 3 constitucional [publicado el veintiséis de febrero de dos mil trece], uno de los objetivos primordiales de la ley reglamentaria era fijar reglas para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia del trabajador docente y de supervisión o dirección, en la función magisterial.

Se establecieron nuevas reglas y procedimientos obligatorios de carácter nacional; también se establecieron las bases de creación de un servicio profesional docente, se implementaron mecanismos para que, a nivel nacional, se evaluara el desempeño y los resultados de todo el sistema educativo nacional, en los niveles ya mencionados.

Esto es, no solo fue la implementación de una evaluación obligatoria para la permanencia en el servicio; sino que uno de los objetivos de la ley reglamentaria era establecer nuevas reglas de permanencia para aquellos servidores al servicio del Estado, que si bien su actividad laboral se encontraba regulada por distintas leyes, a saber: el apartado B del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado [los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública se rigen, además, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y por el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la propia Secretaría. En cada una de las entidades de la República existen disposiciones equivalentes], era necesaria una Ley General que de manera concreta se ocupara de su actividad laboral y docente, dada la importancia de su función en el país, y con ello se establecieron las bases para un nuevo sistema educativo.

Además, la propia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado [artículo octavo transitorio] condicionó la permanencia de los trabajadores, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, con nombramiento definitivo o provisional, a someterse a los procesos de evaluación, programas de regularización y a una evaluación obligatoria, y en caso de negativa serían separados del cargo sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado.

Por tanto, si desde la exposición de mo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80118-377a0158/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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