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Modo: Corpus Pro

Sin rubro

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 383/2014. · Registro digital (IUS): 80120
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Versión electrónica, Pág. 11.

AMPARO EN REVISIÓN 383/2014. 2 DE JULIO DE 2015. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: JONATHAN BASS HERRERA Y SELENE VILLAFUERTE ALEMÁN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de dos de julio de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el tres de octubre de dos mil trece, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Campeche, **********, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades responsables y actos reclamados que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

3. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4. Secretario de Gobernación.

5. Director del Diario Oficial de la Federación.

Actos reclamados:

a) Decreto por el que se reforman los artículos 2º, primer y tercer párrafos; 3º, 6º, 8º, primer párrafo y fracciones II y III; 10, fracciones I, III, VI y VII; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII y VIII; 16, primer párrafo; 20, fracción II, 21; 29; 30, primer y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 33, fracciones IV, VI, IX y XV; 34, segundo párrafo; 41, quinto párrafo; 44, tercer párrafo; 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo párrafo; 57, fracción I; 58, primer párrafo; 59, segundo párrafo; 65, fracciones II, VI y VII; 67, fracción III; 69, segundo párrafo y tercero en su inciso g); 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; 72 y 75, fracciones XII, XV y XVI; se adicionan la fracción IV al artículo 8º; las fracciones VIII, IX y X, y un último párrafo al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo párrafo a la fracción I, una fracción V Bis y una fracción XII Bis al artículo 12; las fracciones I Bis, II Bis, XI Bis, XII Bis, XII Ter, XII Quáter y XII Quintus al artículo 14; un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, al artículo 15; un artículo 24 Bis; un quinto párrafo al artículo 25; un artículo 28 Bis; las fracciones IV Bis, XVI y XVII al artículo 33; un segundo párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, recorriéndose el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto y sexto al artículo 58; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 65, y una fracción XVII al artículo 75, y se derogan la fracción IV del artículo 11; la fracción VII del artículo 12, y el último párrafo del artículo 75, de la Ley General de Educación.

b) Decreto por el cual se expide la Ley General del Servicio Profesional Docente (cuyos artículos del 1 al 83 sustantivos y del primero al vigésimo segundo transitorios se tildan de inconstitucionales).

c) Decreto por el cual se expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (cuyos artículos del 1 al 68 sustantivos y del primero al décimo tercero transitorios se tildan de inconstitucionales); todos los Decretos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013 (Segunda Sección), y se combaten por ser notoriamente inconstitucionales mediante la presente demanda de garantías.

SEGUNDO. Mediante proveído del treinta de octubre de dos mil trece, el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en San Andrés Cholula, Puebla, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, admitió la demanda y la registró con el número 543/2013.

Seguidos los trámites procesales, el veintisiete de diciembre de dos mil trece, el juez de distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, la que firmó el veintiséis de marzo de dos mil catorce, conforme a los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 543/2013, promovido por **********, por las autoridades responsables, actos reclamados y consideraciones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos que reclamaron al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia.

TERCERO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el último considerando de este fallo."

TERCERO. Inconforme con dicha sentencia, mediante escrito presentado el dos de abril de dos mil catorce, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en proveído de dos de mayo de dos mil catorce, bajo el expediente 38/2014.

Mediante escrito presentado el catorce de mayo de dos mil catorce vía telegráfica, el Subdirector de Calificación de Actas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, en ausencia del Director de Asuntos Laborales, del Titular de dicha Unidad, del Oficial Mayor, del Subsecretario de Educación Básica, del Subsecretario de Educación Media Superior, del Subsecretario de Educación Superior, del Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y en ausencia y suplencia del Secretario de Educación Pública, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, interpuso recurso de revisión adhesiva.

CUARTO. El proyecto de sentencia con el que se propuso resolver el presente asunto, fue publicado dentro del plazo y con las formalidades previstas en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente, por versar sobre la constitucionalidad de una norma de carácter general; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión.(1)

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa por medio de lista el uno de abril de dos mil catorce, surtiendo sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el veinte de marzo, por lo que el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para su impugnación a través del recurso de revisión transcurrió del tres al veintiuno de abril de dos mil catorce, descontando los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve y veinte de abril, por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el periodo transcurrido del dieciséis al dieciocho de abril por haber sido declarado inhábil por el Consejo de la Judicatura Federal.

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el dos de abril de dos mil catorce, es claro que se hizo de manera oportuna.

Por lo que se refiere al recurso de revisión adhesiva, debe decirse que la admisión de la revisión principal se notificó al Presidente de la República por conducto de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública el doce de mayo de dos mil catorce, surtiendo sus efectos ese mismo día, por lo que el plazo para interponer la citada revisión adhesiva transcurrió del trece al diecinueve de mayo de dos mil catorce.

De este modo, si dicho medio de impugnación se interpuso el catorce de mayo de dos mil catorce, debe concluirse que se hizo de manera oportuna.

TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión fue interpuesto por **********, quien fue autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, carácter que se le reconoció por el juez del conocimiento en el proveído inicial, por lo que se encuentra legitimado para tal efecto.

Por su parte, a la revisión adhesiva comparece el Subdirector de Calificación de Actas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, en ausencia del Director de Asuntos Laborales, del Titular de dicha Unidad, del Oficial Mayor, del Subsecretario de Educación Básica, del Subsecretario de Educación Media Superior, del Subsecretario de Educación Superior, del Subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y en ausencia y suplencia del Secretario de Educación Pública, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del 'Acuerdo General a que se sujetará la Representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en todos los trámites previstos en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos', publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en relación con los numerales 52, 54 y 54 bis del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, estos últimos cuyo texto señala:

"ARTÍCULO 52.- El Secretario será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Educación Superior, de Educación Media Superior, de Educación Básica, por el Oficial Mayor o por el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en el orden indicado.

ARTÍCULO 54.- Las ausencias de los Subsecretarios y del Oficial Mayor serán suplidas por los titulares de las direcciones generales y demás unidades administrativas que de ellos dependan, en los asuntos de sus respectivas competencias.

(ADICIONADO, D.O.F. 29 DE DICIEMBRE DE 2009)

ARTÍCULO 54 BIS.- Las ausencias del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos serán suplidas por los Directores de Procesos Jurídico Administrativos, de Normatividad y Consulta, de Asuntos Laborales, de Proyectos Jurídicos Especiales y Jurídico de Apoyo en Adquisiciones, Obra Pública y Servicios. Las ausencias de los Directores adscritos a la Unidad de Asuntos Jurídicos, serán suplidas por los Subdirectores que de ellos dependan. Las ausencias de los Subdirectores adscritos a las Direcciones de la Unidad de Asuntos Jurídicos, serán suplidas por los Jefes de Departamento que de ellos dependan."

En tal virtud, debe reconocerse legitimación al Subdirector de Calificación de Actas de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública para interponer el recurso de revisión adhesiva.

CUARTO. Sentencia recurrida. El juez del conocimiento decretó el sobreseimiento respecto de la quejosa **********, en virtud de que aparecía cancelada la firma que asentó en el escrito inicial de demanda; de igual manera, determinó negar el amparo al resto de los quejosos en contra de los ordenamientos reclamados.

QUINTO. Agravios de la revisión principal. La quejosa expuso diversos argumentos para combatir el fondo de la resolución recurrida, los cuales se transcriben a continuación:

"PRIMERO. La fuente de este agravio es la determinación indebida del Juzgador Federal de negar a mis representados el amparo y protección de la Justicia federal, contenido en la sentencia que se recurre, la que se solicita se tenga por reproducida íntegramente en el presente escrito por razones obvias de tiempo y economía; consideraciones que se encuentran fuera del marco constitucional previsto para tal efecto, en virtud de que el Juzgador no tomó en consideración que los derechos fundamentales de mis representados se afectan con la sola entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y demás ordenamientos legales impugnados, toda vez que anulan sus garantías como trabajadores en contravención a lo instruido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el A quo deja de considerar que esta norma la LGSPD desconoce la bilateralidad que es el elemento esencial en una relación de trabajo. Sin este elemento es inexistente y se anulan todos los demás derechos laborales en perjuicio del trabajador. La unilateralidad es el elemento determinante en esta LGSPD.

Deja de considerar que al trabajador docente se le cancela la bilateralidad en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el empleo. No se toma en cuenta la voluntad del trabajador de ninguna manera.

La bilateralidad se afecta en su esfera individual y colectiva convirtiendo al docente en un simple sujeto de carácter administrativo. En los cuatro conceptos que se reseñan en el párrafo anterior no tiene derechos a hacer valer sus derechos contenidos en las condiciones generales de trabajo ni en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Se anula todo derecho de la organización sindical a representar a sus asociados en temas tan vitales como lo es la separación en el empleo y el derecho de los quejosos a contar con la representación de su organización sindical en clara violación al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo.

Se anula el derecho a una acta administrativa, previo al cese en el que el docente conozca de manera directa las acusaciones que le imputan y pueda de manera abierta conocer a sus acusadores y testigos de cargo en su caso, no solo en presencia de su representación sindical sino con el acompañamiento y representación de ésta.

No basta decir que se respetarán los derechos laborales de los quejosos como lo asienta la LGSPD si del contenido de los artículos de la misma desaparece la bilateralidad como elemento esencial del derecho laboral, razón por la cual los quejosos impugnaron en tiempo y forma dichas normas generales mediante el juicio de amparo en que se actúa, en virtud que de no hacerlo, en tal supuesto aceptarían la arbitrariedad de que se trata al afectarse su derecho de inamovilidad en el empleo.

Diversas jurisprudencias hacen referencia de manera análoga a esta figura que con la ley que se combate desaparece:

'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA INAMOVILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6º DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO CORRESPONDE A QUIENES SE LES EXPIDE UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL, AUNQUE LAS FUNCIONES DEL PUESTO QUE DESEMPEÑEN SEAN CONSIDERADAS DE BASE' [se transcribe...]

'TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO SE LES OTORGAN CONTINUA E ININTERRUMPIDAMENTE NOMBRAMIENTOS INFERIORES A SEIS MESES, NO PUEDEN CONSIDERARSE TRABAJADORES INTERINOS Y, POR TANTO, ADQUIEREN EL DERECHO A LA INAMOVILIDAD' [se transcribe...]

El juzgador no acierta al señalar que la inamovilidad que se reclama es tener derecho a la estabilidad por tiempo indefinido, de por vida, no es ese el reclamo que se realiza. Es evidente que los quejosos pueden encontrarse en un hecho futuro de causal de cese y es evidente que de probarse se rescinda la relación laboral.

La inamovilidad que se afecta está vinculada con la pérdida de eficacia de la garantía de audiencia que se restringe en perjuicio de los quejosos. Es conveniente rescatar el sentido de la siguiente jurisprudencia: 'AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA' [se transcribe...]

El juzgador no considera que el procedimiento que fija en el artículo 75 de la LGSPD es restrictivo a la garantía de audiencia, 'es arbitrario y anárquico' en virtud de que es el propio patrón el que sigue el procedimiento y el mismo quien lo resuelve, a diferencia del procedimiento anterior del que se pretende anular con el acto reclamado en el que es una autoridad laboral imparcial, ajena a las partes quien determina la procedencia de la terminación o conclusión de una relación de trabajo.

Las normas impugnadas hacen nulo el derecho de inamovilidad de los quejosos al desvirtuar el propósito fundamental de garantizar a los servidores del Estado su estabilidad en el puesto que desempeñan, con todas las consecuencias proteccionistas que de la misma se derivan, razón por la cual los artículos de las normas generales impugnadas, son notoriamente inconstitucionales.

Máxime en la especie que el segundo párrafo del artículo 123 constitucional, señala que 'El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán...Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores...'; de lo que notoriamente se colige que al no tener los ordenamientos legales impugnados, el carácter de leyes sobre el trabajo, sino que se trata de leyes de naturaleza administrativa, que fueron expedidas por el legislador desconociendo a lo instruido por el segundo párrafo del artículo 123 constitucional, dispositivo constitucional que exige que precisamente sean leyes en materia laboral las que pormenoricen sus mandatos, y no de carácter administrativo como las hoy impugnadas, por tal razón se considera que en la especie, debió haberse reformado el invocado dispositivo constitucional, para dar pauta a que las responsables afectaran, redujeran y/o limitaran las bases contenidas en el mismo, y con el fin de eliminar el requerimiento de expedir leyes sobre el trabajo y asimismo de que no se ajustaran a sus bases, empero al no ser así, y haberse expedido leyes de carácter administrativo, por las cuales se afectan, reducen y limitan los derechos de mis representados que se establecen en su favor en las citadas bases (principalmente el derecho a la estabilidad en su empleo), resulta notorio que el actuar de las responsables es arbitrario y se encuentra fuera del marco constitucional.

Lo anterior, toda vez que conforme a lo instruido por el segundo párrafo del artículo 123 constitucional, el Congreso de la Unión '...sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo...', mandato constitucional que mandata que solamente las leyes en materia del trabajo son las autorizadas para reglamentar sus bases, de ahí que la actuación de las responsables al afectar, reducir y limitar los derechos de mis representados que se tienen en las citadas bases, mediante leyes de carácter administrativo (seguramente con el fin de no reformar el contenido de este precepto constitucional y con ello evitar su observancia), por tales circunstancias, menos pueden afectar los derechos humanos laborales de mis autorizantes, porque nuestra Ley Fundamental no las autoriza a que mediante disposiciones de carácter administrativo se afecten los mandatos legales establecidos en el invocado dispositivo constitucional (en el que se contienen las garantías sociales de la clase trabajadora, a la cual pertenecen mis representados en su calidad de trabajadores al servicio del Estado), por lo que en esa virtud, claramente se desprende que tales disposiciones de naturaleza administrativa que fueran expedidas por las autoridades responsables (violentando el principio de que la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite) contravienen las bases establecidas en el citado artículo 123 constitucional, por no ser competentes para desconocer en la vía de los hechos la Carta Magna Federal y menos formalmente mediante disposiciones de carácter administrativo, y de manera especial las bases contenidas en la fracción IX del Apartado B del mismo, relativa al derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado, como lo son mis autorizantes, garantía social que solamente puede ser pormenorizada a través de disposiciones en materia de trabajo, y ajustándose a sus bases, no resultando válido que se reglamenten a través de normas de naturaleza administrativa como las hoy impugnadas.

Es por tales circunstancias que la sentencia en cuestión depara agravios y causa graves perjuicios a mis representados, y asimismo porque el juzgador no tomó tampoco en consideración lo instruido por el artículo 133 de nuestra Constitución Federal, en el sentido de que nuestra Carta Magna, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión, por lo que en esa virtud los jueces de cada Estado se arreglarán a la primera de las nombradas, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones y legislaciones estatales; por lo que es evidente que nuestra Constitución, en cuanto a los mandatos imperativos que se contienen en el segundo párrafo del artículo 123 constitucional, ha sido infringida por las responsables, puesto que resulta muy claro y determinante que el Congreso de la Unión, '...sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo...', por lo que al haber omitido tomar en cuenta tales mandatos constitucionales, su actuación consistente en la expedición, promulgación, refrendo y publicación de las normas generales de carácter administrativo impugnadas, se llevó a cabo fuera del marco constitucional previsto al respecto, porque lo idóneo es que hubiesen sido normas de trabajo las expedidas, si es que con ello pretendían reglamentar las bases contenidas en el invocado artículo 123 constitucional, el que forma parte de la Ley Fundamental del país, pilar del principio de supremacía constitucional que, debió acatarse estrictamente, y que en esencia, consiste en que todos los órganos del Estado deben actuar bajo las directrices constitucionales, so pena que de no hacerlo se susciten actos arbitrarios como sucede con las normas administrativas hoy reclamadas; resaltándose asimismo que el respeto al régimen constitucional, no se limita solo a las autoridades del fueron común (que están referidas expresamente en el numeral analizado), sino que también abarca a todos los órganos del Poder Judicial de la Federación, dentro de los cuales se encuentra el juzgado del que es titular el A quo.

Lo anterior, sin demerito de que la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, no señale el carácter de la ley a que se refiere en su contenido, al establecer el derecho de estabilidad que tienen mis representados, de la manera siguiente:

'Los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley.'

Lo que se considera fue para evitar repeticiones innecesarias, dado que el carácter de las leyes de trabajo, lo había precisado ya en el mandato constitucional imperativo contenido en su segundo párrafo, al instruir expresamente que 'El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo...', por lo que en esa virtud, resulta irrelevante o intrascendente que en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, no se haya señalado el carácter de la ley a que se refiere en su contenido, puesto que en congruencia con lo previsto en en su segundo párrafo, debe entenderse que se trata de una ley en materia de trabajo, y no de carácter administrativo y contenido administrativo, como las hoy impugnadas.

Así las cosas, se tiene que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley, pero en materia del trabajo, y no por leyes de carácter administrativo, naturaleza que tienen las normas impugnadas, consideración que no tomó en cuenta el Juzgador para determinar la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, y que se solicita a ese H. Tribunal Colegiado de Circuito en turno en su calidad de instancia revisora, tome en consideración al resolver el presente recurso de revisión.

En razón de lo anterior, se tiene que el derecho a ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley laboral, se ve violentado por las normas administrativas impugnadas en perjuicio de los derechos de mis representados, cuando en las mismas se establecen distintas causas para la separación de su empleo, no previstas en la ley de carácter laboral, por lo que en la especie se tiene que dichas normas administrativas impugnadas contienen un verdadero exceso, al no estar autorizadas para afectar el derecho de estabilidad en el trabajo de mis representados, consistente en solamente ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley laboral (con lo que el legislador sin lugar a dudas por su importancia, resguardó tal derecho), como se mandata en la fracción IX del apartado B del artículo 123 constitucional, en relación con lo dispuesto en su segundo párrafo.

Cabe señalar que el Juzgador para mejor proveer debió haber analizado el proceso legislativo que culminó con el Decreto que contiene la Ley del Servicio Profesional Docente, de manera especial en cuanto a su fundamentación, en cuyo dictamen de Decreto jamás encontrará que dicha Ley administrativa hubiese sido expedida por el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal; ya que de haberse incluido en el dictamen de referencia tal afirmación, resultaría a todas luces totalmente falsa, dado que como se puede apreciar del aludido dictamen de iniciativa de Decreto respectivo, observamos que éste se sustenta en los artículos 3º y 73 fracción XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se desprende de los párrafos siguientes que se transcriben del dictamen: [se transcribe...]

Y asimismo en cuanto a la metodología seguida, en el dictamen de la referida Ley, que se comenta, se dice que la metodología consistió en identificar que las propuestas que presenta la iniciativa sean acordes a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3º y 73: [se transcribe...]

En relación con lo anterior, cabe también hacer la observación de que incluso el propio artículo 1º de la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala a la letra: [se transcribe...]

Por lo que en esa virtud, de haberse examinado por parte del Juzgador el proceso legislativo que culminó con el Decreto que contiene la Ley General del Servicio Profesional Docente, de manera especial el Dictamen del Decreto respectivo, jamás podría haber llegado a la conclusión de que dicha Ley impugnada se expidió por el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal; por lo que resulta inobjetable que la Ley de mérito no es una Ley de carácter laboral, sino que es de naturaleza administrativa, por lo que resulta inconcuso que las responsables violentaron lo instruido por el segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Federal, en perjuicio de mis representados, puesto que el A quo debió haberse dado cuenta de que no se cumplen en la especie los extremos previstos por el invocado artículo 123 Constitucional para modificar las bases contenidas en el mismo, especialmente el derecho a la estabilidad de mis representados previsto en la fracción IX del Apartado B del mismo; por lo que resulta evidente, que de ninguna forma fue tomado en cuenta por las responsables al expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Cabe hacer mención especial de que tampoco las otras leyes impugnadas expedidas, reformadas y/o adicionadas por los Decretos reclamados (Ley General de Educación y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) tienen su fundamento en el artículo 123 Constitucional, sino que también se trata de leyes reglamentarias de lo dispuesto en el artículo 3º Constitucional, como según se podrá apreciar de lo que previenen su artículo 1, cuyo tenor literal, respectivamente, a la letra dice: [se transcribe...]

Motivo por el cual dichas leyes impugnadas tampoco tienen su fundamento en el artículo 123 Constitucional, sino que también se trata de leyes reglamentarias de carácter administrativo expedidas con sustento en lo dispuesto en el artículo 3º Constitucional, y se hace valer con respecto a las mismas, los razonamientos antes manifestados en relación con la Ley General del Servicio Profesional Docente; lo anterior, por razones de tiempo y economía.

Por otra parte, se considera que si bien es cierto que el derecho de la estabilidad en el empleo no se adquiere de manera indefinida (en razón de que se trata de un derecho constitucional que se adquiere por el simple hecho de ser trabajador, y se encuentra protegido en el artículo 123 constitucional, para que en caso de que se le pretenda separar en su empleo a algún trabajador al servicio del Estado, éste sea separado precisamente por haber incurrido en alguna de las causales establecidas para ello en la ley laboral); empero lo que sí se estima peligroso es que con tal criterio el A quo valide que a través de las disposiciones de carácter administrativo impugnadas, se afecte, reduzca y/o limite el derecho a la estabilidad en el empleo, mediante causas 'supuestamente legales', por el simple hecho de establecerse en ordenamientos de carácter administrativo, pero que de conformidad con lo anteriormente razonado, dichas causales nuevas de separación, no se encuentran autorizadas y/o permitidas por nuestra Ley de Leyes, en su artículo 123 constitucional, por lo que de ninguna forma se pueden hacer valer en perjuicio de los trabajadores del magisterio, entre los que se encuentran mis representados; por tal razón, la sentencia que se combate, se encuentra dictada fuera del marco constitucional establecido al respecto.

Por esa razón, en vez de haberse expedido leyes reglamentarias del artículo 3º constitucional para fijar los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio, contenidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, se debió, previa reforma al artículo 123 constitucional, haber modificado el derecho a la estabilidad en el empleo, para que fuera posible que a través de una ley reglamentaria del mismo, esto es, en materia del trabajo, se llevaran a cabo las modificaciones que fueran necesarias para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio, empero al no haberlo hecho así las responsables, actuaron notoriamente fuera del marco constitucional establecido al respecto al haber expedido, promulgado, refrendado y publicado las leyes administrativas impugnadas, como ha quedado precisado con antelación.

Por las razones anteriores

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80120-1a015125/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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