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AMPARO DIRECTO 4/2009. 29 DE ENERO DE 2015. MINISTRO PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ENRIQUE SUMUANO CANCINO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintinueve de enero de dos mil quince.
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo directo 4/2009, promovido por **********, ********** y **********, Secretario General, Secretaria General de Trabajo y Secretaria de Conflictos, respectivamente, en representación de la ********** (**********).
R E S U L T A N D O
PRIMERO. Antecedentes. **********, demandó la modificación colectiva de las condiciones de trabajo pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo que celebró con la **********, a efecto de posibilitar la subsistencia de la fuente de trabajo que opera, obtener una utilidad razonable y los recursos que le permitieran cumplir adecuadamente con su objeto social.
De esta manera, solicitó modificar la estructura y los sistemas de trabajo tradicionales por unos más modernos y eficaces, introduciendo el concepto de alta flexibilidad y competencia para que el personal opere con mayor modernidad en las áreas y con los requerimientos que la empresa señale, incluyendo, entre otras cuestiones, el igualar o equilibrar las jornadas de los sobrecargos a las horas convenidas con los pilotos.
En dicho conflicto colectivo de naturaleza económica, el apoderado de la empresa ********** solicitó que se llamara a juicio como terceros interesados a la ********** y al **********, antes denominado **********, toda vez que esas agrupaciones sindicales, en términos de lo previsto en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo podrían ser afectadas por motivo de la resolución que se llegara a pronunciar en el conflicto planteado, en virtud de que la empresa actora tenía celebrados Contratos Colectivos de Trabajo con dichas agrupaciones gremiales.
De igual forma, la ********** solicitó que se llamara a juicio como terceros interesados a la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en razón de que también esas dependencias, en términos de lo dispuesto en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, podrían ser afectadas por motivo de la resolución que se llegara a pronunciar en el conflicto planteado.
Una vez tramitado por todas sus etapas el mencionado conflicto colectivo dentro del juicio laboral **********, la Junta responsable pronunció el laudo de siete de agosto de dos mil siete, en el cual se determinó que la empresa promovente acreditó la procedencia de su acción, en virtud de que, a su juicio, quedó demostrado en autos que existían circunstancias económicas que la justificaban, así como la precaria situación financiera que, en su concepto, atravesaba la empresa.
Asimismo, la Junta, apoyada en los dictámenes periciales rendidos, señaló que la situación financiera de ********** no era directamente imputable al gremio de sobrecargos ni a las condiciones colectivas de trabajo que éstos, por conducto de la **********, tenían pactadas con la citada empresa.
No obstante, la Junta consideró que si bien era cierto que la solución a la grave situación financiera por la que ********** atravesaba no residía únicamente en la modificación de las condiciones colectivas de trabajo, estimó que ésta sí incidiría en una mejora y contribuiría a que la empresa se acercara a parámetros internacionales de costo y productividad. Consecuentemente, dicha Junta ordenó la modificación de las condiciones colectivas de trabajo entre la empresa **********, y la **********.
Conjuntamente, señaló que ********** debía atender las recomendaciones formuladas por los peritos, concretamente en lo relativo a la elaboración de una estrategia corporativa que optimizara los ingresos, minimizara los costos y se anticipara al nuevo entorno de la aviación comercial, nacional y en el extranjero; además de una inmediata capitalización de la empresa, ya sea comprometiendo ingresos futuros o mediante inyección de capital fresco.
Asimismo, la Junta determinó dejar sin efecto alguno el reglamento interior de trabajo que venía siendo aplicable, y ordenó a las partes que previo al procedimiento consignado en el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, presentaran ante ella el nuevo reglamento interior de trabajo alineado a las nuevas condiciones de trabajo, para que una vez recabada la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fuese aprobado, de conformidad con el artículo 245 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, señaló que esa resolución no deparaba perjuicio a quienes fueron llamados como terceros interesados.
SEGUNDO. Demanda de amparo. **********, ********** y **********, en su carácter de Secretario General, Secretaria de Trabajo y Secretaria de Conflictos, respectivamente, de la **********, mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil siete, en la Oficialía de Partes de Asuntos Colectivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en representación de dicho sindicato, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Presidente y de la Junta Especial número Tres Bis, ambas de la Federal de Conciliación y Arbitraje, señalando como acto reclamado el laudo de siete de agosto de dos mil siete, dictado en el juicio laboral **********.
TERCERO. Trámite del ejercicio de la facultad de atracción. El Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano solicitó al Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se ejerciera la facultad de atracción para conocer del amparo referido en el punto anterior. Por resolución del dos de junio de dos mil ocho, el Tribunal Pleno decidió ejercer la facultad de atracción solicitada, con la condición de que el tribunal colegiado resolviera previamente los conceptos de violación relacionados con las violaciones procesales y formales, y una vez hecho lo anterior, volvieran los autos a esta Suprema Corte para que se resolvieran los planteamientos de fondo.
CUARTO. Trámite del juicio de amparo en la Suprema Corte. Por acuerdo de quince de enero de dos mil nueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del juicio de amparo directo, formándose al efecto el expediente relativo con el número 4/2009; y ordenó que se turnara el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz para la elaboración del proyecto correspondiente.
El proyecto se presentó para su discusión en la sesión del día veintiocho de septiembre de dos mil nueve, en el cual se proponía conceder el amparo al sindicato quejoso, para el efecto de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y en su lugar, dictara uno nuevo en el que, siguiendo los lineamientos de la resolución, se analizaran las pruebas cuyo estudio omitió o realizó indebidamente dicha autoridad, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que en derecho correspondiera.
El proyecto se discutió y por mayoría de seis votos(1) se decidió que por economía procesal se debían estudiar en este Alto Tribunal la constitucionalidad de la debida o indebida valoración de las pruebas cuya interpretación se atribuyó a la Junta responsable, por lo que el Ministro ponente retiró el asunto para hacerse cargo de lo decidido por la mayoría.
Posteriormente, se volvió a presentar el proyecto de resolución para la sesión del dieciocho de febrero de dos mil diez, en el cual se proponía conceder el amparo a la quejosa a fin de que la Junta responsable dejara sin efecto el laudo reclamado y en su lugar emitiera otro, en el que reiterando las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, dictara uno nuevo en el que le señalara a la parte actora en el juicio natural un plazo para que cumpliera con la condena que se le hizo en el mismo y estableciera las consecuencias que tendría la falta de cumplimiento con esa nueva resolución.
Una vez sometido el proyecto a discusión, el Ministro ponente decidió retirarlo para presentar uno nuevo en el que se hiciera cargo de las cuestiones planteadas por los señores Ministros durante la sesión y de aquellas que le hicieran llegar dentro del plazo que se indicó en la misma sesión.
De nueva cuenta se presentó a discusión el proyecto de resolución para la sesión de diecisiete de agosto del año en curso, discusión que se amplió a las sesiones de dieciocho y veintitrés de ese mes. En el proyecto objeto de debate se proponía conceder el amparo para que la Junta responsable dejara sin efecto el laudo reclamado y, en su lugar, emitiera otro, en el que reiterando las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo, determine que mientras la empresa actora no acredite haber dado cumplimiento a la condena establecida en el laudo reclamado respecto de la capitalización en los términos sugeridos por los peritos, no surtirán efecto las modificaciones a la contratación colectiva establecidas en esa resolución. En la última sesión mencionada -la de veintitrés de agosto- se determinó por mayoría de ocho votos(2) desechar el proyecto y se designó al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo como nuevo ponente.
No obstante, mediante acuerdo de Presidencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diez, en atención a lo acordado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en sesión privada de veintisiete de septiembre del mismo año, y con fundamento en los artículos 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 95 y 96 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó returnar el presente asunto al señor Ministro Juan N. Silva Meza.
Ahora bien, debido a la designación del señor Ministro Juan N. Silva Meza como Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tres de enero de dos mil once, por acuerdo de Presidencia de fecha cuatro de enero de ese mismo año, y con fundamento en los artículos 14, fracción II, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 34, fracción XXII y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó returnar el asunto al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Finalmente, debido a la terminación del encargo del señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y la designación del señor Ministro Alberto Pérez Dayán como su sustituto por parte del Senado de la República, mediante acuerdo de Presidencia de tres de diciembre de dos mil doce, y con fundamento en los artículos 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 34, fracción XXII y 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determinó returnar el asunto a la Ponencia del señor Ministro Alberto Pérez Dayán para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 182 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril del dos mil trece(3), y 10, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Punto Segundo, fracción III del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, toda vez que en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil ocho, este Tribunal Pleno determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del mismo, dado que su resolución entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.
SEGUNDO. Procedencia del juicio de amparo directo. Este Tribunal Pleno considera que el juicio de amparo directo es procedente en contra de los laudos dictados por la Junta de Conciliación y Arbitraje al resolver Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica, aun cuando la materia de los mismos no sea propiamente jurídica, sino económica.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, apartado A, fracción XX de la Constitución Federal, "las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje..." Como se advierte de lo anterior, las resoluciones de las Juntas de Conciliación no deben ser necesariamente sobre aspectos jurídicos, sino que las Juntas son los órganos creados por el Constituyente para dirimir todo conflicto que surja entre los patrones y los trabajadores, incluyendo los económicos.
Independientemente de la distinción terminológica que se pueda dar a las expresiones diferencias y conflictos a que se refiere la citada fracción XX, ambos términos se refieren a la oposición de intereses entre los sujetos de las relaciones laborales. Por ello, los conflictos laborales no necesitan estar definidos en una ley para ser regulados o para determinar sus efectos jurídicos y sus medios de solución. Lo importante es ubicarlos en el derecho positivo a fin de tutelar efectivamente los derechos de los trabajadores y de los patrones. Así, la naturaleza de los conflictos deriva de la vinculación con la naturaleza misma de las diferencias, de los intereses y de los sujetos.
De esta manera, al tratarse del órgano jurisdiccional establecido en la Constitución para resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, los laudos que emite son resoluciones jurisdiccionales, independientemente de la materia de que se trate, sea jurídica o económica. Estas resoluciones pueden motivar modificaciones en las relaciones laborales o en los contratos de trabajo. Sin embargo, los conflictos de derecho, o jurídicos, pueden entrañar un problema de orden económico (patrimonial), como igualmente, los conflictos de naturaleza económica entrañan un conflicto jurídico. Por lo anterior, se da el supuesto de procedencia del juicio de amparo de acuerdo con el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso d) de la Constitución Federal, en relación con los artículos 44 y 46 de la Ley de Amparo y esta Suprema Corte de Justicia sí puede entrar al estudio de fondo del conflicto para reparar, en su caso, las violaciones que se hayan cometido en perjuicio de la quejosa.
TERCERO. Oportunidad de la demanda de garantías. No es necesario que en esta resolución se haga pronunciamiento alguno respecto de la oportunidad en la presentación de la demanda de garantías, toda vez que esto ya fue analizado por el tribunal colegiado que previno.
CUARTO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el documento original, constante en el expediente respectivo.
QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para este fin, es conveniente hacer referencia a las consideraciones del laudo reclamado, así como a los conceptos de violación hechos valer por la quejosa.
1. Consideraciones del laudo reclamado. La Junta señalada como responsable resolvió el conflicto del que deriva el laudo reclamado con base en las consideraciones que a continuación se sintetizan:
De conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI del Título Séptimo de Ley Federal del Trabajo, los sindicatos de trabajadores o los patrones, podrán solicitar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o contratos-ley, siempre que existan circunstancias económicas que justifiquen la solicitud y cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo; lo anterior, con disposición de lo previsto en el último párrafo del artículo 426 del ordenamiento legal invocado.
Que de conformidad con el análisis del material probatorio, se llega a la convicción de que existen circunstancias económicas que afectan a la empresa **********, tales como la característica del sector aéreo nacional de ser un sector en crisis permanente, asimismo que este sector ha perdido competitividad y que por ello las empresas tradicionales no han sido rentables, caso concreto de la promovente.
Dichas condiciones económicas -afirma- sí justifican la necesidad de la modificación de las condiciones colectivas de trabajo con la **********; porque si bien es cierto que del material probatorio analizado se desprende la grave situación económica que actualmente enfrenta la empresa promovente, ésta no deviene directa e inminentemente de las condiciones colectivas de trabajo que tiene pactadas con la organización sindical demandada; sin embargo, dicha modificación sí ayudaría a mejorar la situación de la empresa.
En consecuencia, y a efecto de preservar la fuente de trabajo, con fundamento en el artículo 919 de la Ley Federal del Trabajo, para conseguir equilibrio y justicia sociales entre la empresa promovente y los trabajadores afiliados, es que resultó procedente ordenar la modificación de las condiciones colectivas de trabajo entre la empresa ********** y la **********. Lo anterior, tomando en consideración la recomendación de los peritos designados por dicho Tribunal.
Así, consideró procedente modificar las condiciones de trabajo de los sobrecargos respecto de las jornadas, recesos y descansos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 218 de la Ley Federal del Trabajo, en donde son considerados miembros de la tripulación aeronáutica los pilotos oficiales, así como los navegantes.
Se ordenó la modificación del Capitulo VI del Contrato Colectivo de Trabajo, en específico por lo que hace a las cláusulas de la 13 a la 30, debiendo sustituirse como corresponda. Asimismo, homologarse el pago de gastos de alimentación a los convenidos por la **********.
De la misma forma, se ordenó la modificación de la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la empresa promovente y la asociación sindical demandada, donde habría de agregarse un párrafo referente a los días de vacaciones a que tienen derecho los sobrecargos y cómo podían solicitarlos.
Asimismo, se estableció la supresión del artículo 45 bis del Contrato Colectivo de Trabajo, en la cual se otorgaba el incentivo vacacional a los sobrecargos, el cual era equivalente a la de "RECUPERACIÓN POR FATIGA DE VUELO" otorgada a los pilotos.
En lo tocante a la prestación contenida en la cláusula 54 del contrato colectivo de trabajo, relativa a los "PASES Y DESCUENTOS", celebrado entre la ********** y la **********, de igual forma se ordenó su modificación para quedar de acuerdo a lo pactado posteriormente.
Además, se suprimió la prestación contenida en la cláusula 72 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo, consistente en la entrega de dos camionetas nuevas a la asociación sindical demandada cada dos años, así como el pago de las placas, tenencia, derechos y seguro de cada vehículo, ello en atención de que implica un costo que no necesariamente es en beneficio directo de los sobrecargos.
Ahora bien, en el ánimo de evitar la reducción de la planilla de personal y la afectación a las percepciones se ordenó agregar un capítulo nuevo al contrato colectivo de referencia, que regulará a partir de la vigencia de las modificaciones, condiciones de trabajo especiales para los sobrecargos de nuevo ingreso.
De lo considerado -afirma- debe destacarse que lo modificado o suprimido expresamente por la tocante resolución, mantiene su plena vigencia, quedando únicamente obligadas las partes a realizar las adecuaciones en la secuencia numérica de las cláusulas, a fin de dar la congruencia progresiva, así como ajustar los conceptos que corresponda en lo relativo a las denominaciones.
Derivado de todo lo anteriormente expuesto, también se ordenó dejar sin efecto el reglamento interior de trabajo celebrado entre la ********** y la **********, ordenándose a las partes que previo procedimiento previsto en el artículo 424 del ordenamiento multireferido, presentaran ante dicho tribunal el reglamento interior de trabajo alineado a las nuevas condiciones de trabajo para su aprobación.
Asimismo, determinó que siendo la modificación de las condiciones colectivas de trabajo que se ordena sólo una parte de la forma integral en que puede solucionarse el conflicto, de acuerdo a las recomendaciones formuladas por los peritos designados por dicho Tribunal, la empresa promovente deberá atender a las recomendaciones que al respecto formularon dichos peritos, concretamente en lo relativo a la elaboración de una estrategia corporativa que optimice los ingresos, minimice los costos y se anticipe al nuevo entorno de la aviación comercial, nacional y en el extranjero; además de una inmediata capitalización de la empresa, ya sea comprometiendo ingresos futuros o mediante la inyección de capital fresco.
Finalmente, la Junta resolvió que las modificaciones realizadas comenzarían su vigencia a los quince días hábiles al en que surtiera sus efectos la notificación de la resolución, periodo en el que las partes podrían pactar una modificación diferente que satisficiera sus intereses, apercibidos que de no hacerlo, surtirían efecto las modificaciones ordenadas en el laudo; y por otro lado, que dicha resolución no deparaba perjuicio a quienes fueron llamados como terceros interesados
2. Conceptos de violación. En contra del laudo antes resumido, la parte quejosa hizo valer los conceptos de violación que a continuación se relacionan.
Primer concepto de violación. Violación procesal. Improcedencia de la regularización procesal solicitada. En este concepto se hace valer una violación procesal consistente en que la responsable indebidamente declaró improcedente la regularización procesal planteada, ya que la empresa promovente no dio cumplimiento cabal a los requisitos de forma y procedibilidad establecidos en los artículos 903 y 904 de la Ley Federal del Trabajo que son necesarios para dar trámite a la vía del conflicto colectivo de naturaleza económica promovido, por lo que si no se cubrieron estos requisitos la demanda no debió ser admitida, sino desechada y debió haberse ordenado el archivo del expediente laboral, máxime que pretende aspectos que no pueden ser materia de este tipo de conflictos colectivos, sino del juicio especial.
También se promovió que se rectificara la vía en que se tramita el conflicto laboral de origen, ya que al pretender la empresa promovente que se hagan modificaciones administrativas y normativas al clausulado del contrato colectivo de trabajo, como lo es el dejar sin efecto el reglamento interior de trabajo, se está ejercitando una controversia de naturaleza jurídica que no puede ser materia de este tipo de conflicto colectivo, por lo que se debe tramitar a través de la vía correspondiente.
Segundo concepto de violación. Violaciones en resolución incidental. En este punto se alega que la responsable infringió las leyes del procedimiento y que le dejaron en estado de indefensión, ya que en la resolución incidental de veintinueve de marzo de dos mil siete no se observó lo previsto en el artículo 703 de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, se sostiene que en dicha resolución no se estudiaron todos los argumentos invocados en relación con la falta de satisfacción de los requisitos que exigen los artículos 903, fracciones II y III, y 904, fracción I de la Ley Federal del Trabajo.
Tercer concepto de violación. Falta de desahogo de prueba pericial. En este concepto de violación, el sindicato quejoso aduce, que la Junta responsable indebidamente soslayó ordenar, de oficio, el desahogo de la prueba pericial a que se refiere la fracción VII del artículo 906 de la Ley Federal del Trabajo, con carácter multidisciplinario en atención a lo complejo y especializado de la industria de la aviación, tomando como número total nueve expertos que fungirían como peritos en diferentes áreas y especialidades, con el objeto de escudriñar debidamente las causas y orígenes del problema, a fin de abarcar los aspectos de seguridad aérea, medicina de aviación, operaciones aéreas y asignación de tripulaciones, normas técnicas y especializadas en materia de aviación, procesos de trabajo en la industria aeronáutica, equipos de trabajo, en especial, configuración de las aeronaves, servicio a pasajeros, servicio a clase ejecutiva, aspectos de seguridad relacionados a los equipos de vuelo, legislación aeronáutica nacional e internacional, contenidos en calidad de servicio, eficiencia y seguridad derivados de las alianzas comerciales y vuelos con código compartido y aspectos financieros y contables de la empresa, pues la responsable limitó exclusivamente el desahogo de la prueba pericial a cuestiones económicas, dejando de atender la naturaleza de la industria aérea.
En otra parte del mismo concepto de violación, la quejosa sostiene tomando en cuenta la trascendencia que la ley otorga a la prueba pericial y su carácter colegiado, resulta esencial que los integrantes estén dotados de la idoneidad para el ejercicio de su cargo, lo que en la especie no se actualiza pues --en su concepto-- existe un vicio de origen respecto a la designación del Doctor **********, el cual estaba impedido para fungir como perito oficial, por haber ocupado el cargo de Presidente del Consejo de Administración de **********, que era la entidad generadora de la mayoría accionaria de **********, hoy tercera perjudicada, por lo que debió excusarse del ejercicio de dicho cargo.
Cuarto concepto de violación. Violación procesal relacionada con el artículo 906 de la Ley Federal del Trabajo. La agraviada manifiesta que la responsable infringió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 906, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, al no poderse formar la comisión a que se refiere dicha fracción por todos los especialistas en la materia que se requieren, lo cual se habían solicitado en la audiencia de veintiocho de marzo de dos mil siete; por tanto, no se pudo verificar correctamente la información que se estaba recabando para el desahogo de la prueba pericial.
Quinto concepto de violación. Incorrecto desechamiento de pruebas. La quejosa argumenta que la Junta responsable infringió en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que en forma incorrecta desechó las pruebas propuestas en los apartados 9, 10, 11 y 13 del escrito de ofrecimiento de pruebas, las cuales resultan trascendentes para acreditar el verdadero estado financiero en que se encuentra la empresa accionante y las causas del supuesto problema económico, eliminando situaciones que pudieran ser creadas por la propia empresa a fin de establecer entornos artificiales de deterioro económico, como sería el dejar de operar vuelos para hacerlo a través de la empresa de bajo costo que opera con el nombre comercial de ********** o que resulten de una mala administración operativa, como es la programación intencional de vuelos y frecuencias en horarios, destinos y días pocos atractivos para los usuarios, etcétera, así como para esclarecer los compromisos de inversión asumidos por los accionistas de la empresa al presentar su oferta para adquirir las acciones de dicha negociación, lo que --estima-- trascendió al resultado del laudo, ya que se pretendía acreditar que bajo las siglas de ********** funcionan como unidad empresarial productora de bienes y servicios y actúan como grupo aeronáutico a través de diversas razones sociales, íntimamente relacionadas entre sí, funcionando materialmente como una misma empresa.
Sexto concepto de violación. Violación procesal. Indebido desechamiento de pruebas periciales. La peticionaria de garantías aduce que la responsable en forma indebida desechó en la audiencia de once de junio de dos mil siete, las pruebas periciales en materias financiera y en operaciones aéreas ofrecidas para desvirtuar el dictamen del perito nombrado por la empresa, y que se ofrecieron con fundamento en el artículo 912 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de demostrar las objeciones realizadas a dicho peritaje, tendentes a corroborar y exigir la entrega de información respecto a la participación de ********** en la empresa **********, así como lo relativo al proceso de venta accionaria de dicha empresa, entendida como unidad de negocio y no limitada a la razón social.
Séptimo concepto de violación. Excepción de falta de legitimación. La quejosa manifiesta que la Junta responsable indebidamente consideró improcedente la excepción de falta de legitimación que opuso, ya que sostuvo que las Juntas tienen facultades para modificar las condiciones de trabajo cuando se haya requerido su intervención para ello. Afirma la agraviada que la responsable soslayó el estudio de los demás elementos que se hicieron valer al momento de oponer la referida excepción, tales como el hecho de que a pesar de que se planteó un conflicto colectivo de naturaleza económica, algunas de las solicitudes reclamadas estaban mal formuladas por no corresponder a la vía intentada. Las pretensiones de la empresa actora, como el del Reglamento Interior de Trabajo, debe hacerse por la vía del juicio especial, según lo establece el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo al determinar que los conflictos relativos a la aplicación del diverso artículo 424, fracción III, se sujetarán al procedimiento especial señalado en el capítulo XVIII, que es distinto al XIX. Así, afirma, al no poderse plantear las prestaciones que reclama en términos del artículo 919 de la Ley Federal del Trabajo, la parte actora carece de legitimación para demandar en la vía intentada.
La parte quejosa sostiene que la responsable resolvió incorrectamente la referida excepción, ya que se limitó a resolverla sobre la base de que tiene facultades plenas para resolver, a pesar de que ese tema no fue abordado en dicha excepción. Por lo mismo, la responsable dejó sin efecto el reglamento interior de Trabajo sin que fuera la vía procedente.
Octavo concepto de violación. Indebida valoración de pruebas documen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80148-91bdd3cf/sin-rubro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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