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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS, SU EXAMEN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 333/91. · Registro digital (IUS): 803
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA TULPA, S.A.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, , Pág. 310.

AMPARO DIRECTO CIVIL. 333/91. FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA TULPA, S.A.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Entre las constancias que integran el expediente civil número 387/86, tramitado ante el Juez Primero de lo Civil de Tlalnepantla, Estado de México, se desprende, que por escrito presentado el doce de febrero de mil novecientos ochenta y seis, Oscar González Saldívar apoderado general para pleitos y cobranzas de Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, demandó de Carlos Cárcamo Loyo las siguientes prestaciones: a). La rescisión del contrato preliminar de compraventa celebrado con la demandada el veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y cinco; b). La liberación de la obligación de la actora a formalizar el contrato de compraventa; c). La desocupación y entrega del inmueble materia del contrato; d). El pago de cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos cincuenta centavos, por concepto de renta mensual a partir de la fecha en que tomó posesión la demandada hasta la total desocupación de la entrega del inmueble; e). La entrega de la documentación oficial que compruebe que la demandada se encuentra al corriente del pago de los impuestos o derechos relativos al inmueble en conflicto o en su caso la exhibición de las cantidades que la actora cubra por dichos conceptos; f). El pago del 15% del predio total del inmueble por deterioro o uso normal de éste; g). El pago que estimen peritos por el deterioro sufrido en el inmueble y h). El pago de gastos y costas del juicio.

Como hechos constitutivos de la acción se señalaron los siguientes: 1. Con fecha veintinueve de octubre de mil novecientos setenta y cinco la actora y la demandada celebraron contrato preliminar de compraventa respecto del inmueble ubicado en la casa tipo T-8 construida en el lote 34 de la manzana 65 del fraccionamiento Valle Dorado, Estado de México. 2. En la cláusula II se pactó como precio de la compraventa la cantidad de cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos pesos. 3. En la cláusula VIII se convino que en caso de incumplimiento la vendedora podría dar por vencido anticipadamente el plazo otorgado y podría proceder a la rescisión del contrato a falta de pago oportuno de tres o más de los abonos convenidos. 4. En la cláusula IX se estipuló que en caso de rescisión del contrato la demandada debería cubrir una renta de cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos mensualmente, a partir de la fecha en que tomó posesión del inmueble y hasta la desocupación y entrega del mismo. También se obligó al demandado a cubrir un 15% del precio total del inmueble por el deterioro de su uso normal y la cantidad que fijen los peritos por el deterioro del inmueble por causas distintas al uso normal de éste. 5. A la fecha la parte demandada ha incumplido en lo pactado en dicho contrato, toda vez que dejó de pagar tres mensualidades a partir del mes de junio de mil novecientos ochenta, razón por la cual se demanda la rescisión del contrato.

Por acuerdo de catorce de febrero de mil novecientos ochenta y seis se admitió la demanda presentada por Oscar González Saldívar, promoviendo por su propio derecho en la vía propuesta y se ordenó emplazar a la parte demandada, quien por escrito presentado el seis de junio de mil novecientos ochenta y seis promovió incidente de nulidad de actuaciones a partir del auto admisorio de la demanda en virtud de que Oscar González Saldívar se ostentó como apoderado de Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, y el auto que admitió la demanda se tuvo a dicha persona promoviendo por su propio derecho en la vía propuesta y demandando las prestaciones que se mencionan. En el mismo escrito en que se intentó el incidente de nulidad, se dio contestación a la demanda en los siguientes términos: respecto a la prestación reclamada en el inciso a). Es improcedente y dolosa, porque la actora afirma que desde el mes de junio de mil novecientos ochenta la demandada dejó de cubrir los abonos pactados, no de un contrato preliminar de compraventa sino de un contrato definitivo, ya que desde hace cuatro años el demandado liquidó en forma total el precio pactado. Se aclara que con el señor Oscar González Saldívar nunca se celebró acto jurídico alguno por lo tanto, dada la mala fe y dolo observado por Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, y Oscar González Saldívar deberá condenárseles al pago de daños y perjuicios, en virtud de que la empresa señalada tiene pleno conocimiento de que ante la Procuraduría Federal del Consumidor se promovió queja número 05716/III/77, en donde previo conocimiento y consentimiento de Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, se consignaron en pago todos y cada uno de los billetes de depósito a que se hacen alusión en las copias certificadas que se acompañan como fundamento a la excepción de pago; la prestación reclamada en el inciso b) es improcedente, pues como se dijo a la fecha de este escrito se ha pagado en forma total el precio pactado por el inmueble objeto del negocio, resultando procedente que se condene a la actora al otorgamiento ante el notario público la firma del contrato celebrado; es improcedente la prestación reclamada en el inciso c), ya que la demandada cumplió con la obligación de pagar el precio total de la compraventa pactada, extinguiéndose por consiguiente dicha obligación; es improcedente la prestación del inciso d) toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y previo conocimiento de Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, se exhibieron un sinnúmero de billetes de depósito expedidos por Nacional Financiera, como pago total de la compraventa pactada, los cuales fueron recogidos por la beneficiaria de donde se desprende la mala fe de las personas que están demandando. En el supuesto, sin consentirlo de que efectivamente el demandado se hubiere abstenido de cubrir parte del precio de la compraventa pactada se acoge al beneficio que establece el artículo 29 de la Ley Federal de Protección al Consumidor en virtud de encontrarse en los supuestos que establece dicho precepto. Se aclara que la demanda es obscura porque la actora no precisa cuál es el importe total de las prestaciones que se han dejado de cubrir y también se abstiene de recibir los recibos correspondientes para acreditar su dicho. Que nunca se podrá condenar al demandado al pago de una renta mensual respecto de un inmueble que es de su absoluta propiedad por haberlo pagado; la prestación reclamada en el inciso e) es improcedente por las razones apuntadas con anterioridad las que se solicita se tengan reproducidas en este apartado; es incongruente la prestación en el inciso f) en virtud de que no existe la obligación de pagar un 15% del valor de la compraventa, toda vez que como ya se ha dicho ya se hizo el pago total del precio convenido; también es improcedente la prestación referida en el inciso g), porque se insiste, se encuentra totalmente pagado el inmueble materia del litigio; tampoco se tiene obligación de pagar gastos y costas que se reclaman, sino por el contrario deberá condenarse a la contraria al pago de éste.

La contestación a los hechos de demanda se hizo en los siguientes términos: el hecho uno es cierto, aclarando que no fue contrato preliminar de compraventa sino que por haberse establecido en forma indubitable el objeto y el precio, fue un contrato definitivo de compraventa; 2. Es cierto este hecho, con aclaración de que el precio total del inmueble se ha cubierto en su totalidad como se acredita con los documentos que se acompañan. También se aclara que el demandado nunca recibió comunicación alguna de la actora en cuanto a que se le incrementaran en alguna forma los abonos originalmente pactados, quedando a cargo de la parte actora la carga de la prueba en cuanto a alguna modificación o variación en dichos pagos; 3. Es cierto este hecho pero se reproduce íntegramente lo asentado con anterioridad; 4. Es cierto este hecho, pero con las aclaraciones referidas en este escrito; 5. Es falso este hecho y se niega; pues lo cierto es que a la fecha de este escrito se encuentra totalmente pagado el inmueble en litigio, pues insiste, la parte actora tiene conocimiento de ello por las consignaciones que se realizaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor, mismas que fueron recogidas por diversos representantes de la actora, de donde se deriva una vez más la actuación dolosa de la contraria y por lo tanto se le deberá condenar al pago de daños y perjuicios que ha causado.

Como excepciones y defensas se hicieron valer: la inexistencia de la obligación que se reclama ya que si la demanda fue presentada y aceptada actuando en nombre propio Oscar González Saldívar el demandado nunca ha celebrado con dicha persona acto jurídico respecto del inmueble en conflicto; falta de legitimación activa de Oscar González Saldívar, porque no adjunta al escrito inicial de demanda los documentos que justifica en sus pretensiones; la de pago, en virtud de que, como ya se dijo, a la fecha el suscrito se ha cubierto en forma total el importe de la compraventa celebrada con Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, respecto del inmueble materia del juicio; la prescripción, en virtud de que la actora se abstiene de señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para conocer dónde fue exigible la obligación que se reclama; la obscuridad de la demanda y la falta de personalidad de Oscar González Saldívar, toda vez que se abstiene de anexar sus documentos idóneos para acreditar su representación.

En el mismo escrito de contestación la demandada reconvino a la actora las siguientes prestaciones: a). El pago de la plusvalía adquirida por el inmueble objeto de este juicio, desde la fecha de la adquisición hasta el momento en que se cumplimente la resolución definitiva, y que asciende a la cantidad de QUINCE MILLONES DE PESOS; b). El pago de cinco millones de pesos por conceptos de instalaciones especiales hechas en el inmueble en litigio y c). El pago de gastos y costas del juicio.

Como hechos constitutivos de la reconvención, se señalaron: 1. Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, celebró con el actor reconvencional contrato de compraventa respecto del lote 34 de la manzana 65 del fraccionamiento Valle Dorado. 2. Que a partir de la fecha en que se adquirió el inmueble objeto del litigio y hasta la fecha de este curso, adquirió una plusvalía que asciende a quince millones de pesos; 3. Que se demanda la devolución y entrega de todas y cada una de las cantidades entregadas a cuenta del precio del inmueble objeto del negocio, así como los intereses que han causado y que se sigan causando hasta la terminación del juicio; 4. Que al inmueble en conflicto se le han realizado varias adaptaciones especiales y que hacen un total de cinco millones de pesos; 5. Atento a lo anterior el actor reconvencional se ve en la necesidad de intentar la vía propuesta en contra de la actora en la principal.

Por acuerdo de dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y seis se tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y defensas hechas valer y desechando la nulidad de actuaciones intentadas; se admitió a trámite la reconvención planteada y se ordenó emplazar a la contraria, quien por escrito presentado el quince de agosto de mil novecientos ochenta y seis, dio contestación a la misma negando derecho a la contraria para demandar el pago de las prestaciones señaladas en los incisos a), b) y c) y contestando los hechos en los siguientes términos: 1. Que es falso que Fraccionadora y Constructora, sociedad anónima, haya celebrado con Cárcamo Loyo contrato de compraventa, pues la verdad es que se celebró únicamente contrato preliminar de compraventa, siendo cierto el objeto del contrato; 2. Es falso este hecho pues el demandado convencionista en ningún momento adquirió la propiedad del inmueble, ya que su posesión es derivada del multicitado contrato preliminar de compraventa y sujeto a los términos y condiciones del mismo, por lo que ningún derecho adquirió que le pueda asistir para demandar el pago de una plusvalía. Por otro lado, el hecho de que cualquier bien por el transcurso del tiempo y en atención a la situación económica que vive el país agravado por una gran inflación, aparentemente tenga un precio mayor no se debe más que a una perdida de valor adquisitivo de la moneda; 3. Este no es un hecho en sí por lo que ni se niega ni se afirma, ya que se trata de una prestación más que se reclama; sin embargo, no se tiene inconveniente las cantidades que se hayan recibido una vez que se declare la rescisión del contrato preliminar de compraventa; 4. Este hecho se niega por desconocerlo, pero además se niega que se reintegre cantidad alguna por los conceptos que se mencionan, atento a lo establecido en la cláusula XIII del contrato base de la acción, misma que establece que para el caso de rescisión, el comprador deberá devolver el inmueble con todas las mejoras y construcciones, sin obligación de hacerle ninguna compensación por dichas mejoras; 5. Este hecho es falso pues no existe necesidad de intentar la acción reconvencional ejercitada por el demandado. Como excepciones se hicieron valer, la falta de acción y derecho; la de contrato no cumplido y la procedencia de la acción intentada basada y que el demandado no acompaña a su escrito reconvencional los documentos en que funde su derecho.

Por acuerdo de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y seis se tuvo por contestada la reconvención y por opuestas las excepciones y defensas que se hacen valer, y se abrió el juicio a prueba por treinta días comunes a las partes.

Previo ofrecimiento y desahogo de las pruebas rendidas por las partes, con fecha diez de septiembre de mil novecientos noventa, se dictó sentencia en la que se declaró que Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, no justificó los extremos de sus pretensiones y el demandado sí probó la excepción de pago; consecuentemente lo absolvió de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, omitiendo analizar las prestaciones reclamadas en vía reconvencional.

Inconformes con dicha sentencia, tanto la parte actora como la demandada interpusieron recurso de apelación el cual fue tramitado y resuelto por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en sentencia definitiva dictada el veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno, en la que declaró injustificados los agravios expresados por Carlos Cárcamo Loyo porque el fallo impugnado le favorece e igualmente consideró ineficaces los agravios de Fraccionadora y Constructora Tulpa, sociedad anónima, confirmando en todos sus puntos la sentencia apelada.

Dicha resolución constituye el acto reclamado en este juicio de amparo.

QUINTO. Previo el estudio del fondo del negocio, debe analizarse la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de acuerdo a lo establecido en la tesis jurisprudencial número 158, visible a fojas 262, de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

Del estudio integral de la demanda de amparo, se observa que se señaló como autoridad responsable, además de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al Juez primero de lo Civil de Tlalnepantla, Estado de México, pero no se precisa cuál es el acto que se le reclama, por lo que, procede sobreseer respecto de dicha autoridad con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el artículo 73, fracción XVIII y 166, fracción IV, todos de la Ley de Amparo.

Así es, el artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, prevé la improcedencia del juicio de amparo que resulte de alguna disposición de la propia ley, diversa a las establecidas en las demás fracciones de dicho precepto.

Por otra parte, el artículo 166 de la Ley de Amparo, establece que en la demanda de amparo directo se expresarán: Fracción III. "La autoridad o autoridades responsables"; "Fracción IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del acto o de los actos reclamados..."

Ahora bien, como en el caso concreto sólo se precisó el acto reclamado a la Sala responsable consistente en la sentencia definitiva del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno, y del Juez natural no se precisó en ninguna parte del libelo cuál acto se le reclama, es evidente que se dejó de cumplir con uno de los requisitos señalados en el artículo 166 de la Ley de Amparo, establecidos para la demanda de amparo directo.

En tal virtud, al no haberse señalado acto alguno reclamado al Juez Primero de lo Civil de Tlalnepantla, Estado de México, no se está en posibilidad de entrar al estudio de su constitucionalidad o inconstitucionalidad por desconocerlo; en consecuencia, procede sobreseer en el juicio, al respecto, con fundamento invocado.

No habiendo otra causal de improcedencia que requiera análisis, se pasa al estudio del fondo del negocio.

SEXTO. Alega la parte quejosa en sus conceptos de violación, que se transgreden en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque la sentencia reclamada es oficiosa e incongruente con la litis planteada pues omite analizar todos los supuestos que encerraba el agravio expresado.

Que la responsable no estudió ni menciona la extemporaneidad con que se realizaron las supuestas consignaciones, a qué mensualidades se refieren y cuál es el bien que se pretende liquidar.

Que tampoco estudió la responsable el que el Juez natural, al tratar de convertirse en perito contable comete el grave error de sumar dos veces las cantidades consignadas y llegar a la absurda conclusión de que el precio del inmueble estaba pagado en exceso, llegando a esa conclusión porque, sumó lo consignado ante la Procuraduría del Consumidor, sin importarle a qué mensualidades se referían las consignaciones; después hace otra suma diciendo que de la fecha del contrato a la en que la actora manifestó se dejó de pagar, transcurrieron "equis" número de meses, multiplicando éstos por las cantidades abonadas, olvidándose de que la actora al demandar ya había descontado un sinnúmero de billetes.

Son fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

En efecto, la recurrente hoy quejosa alegó substancialmente en sus agravios, que la sentencia recurrida no es congruente con la litis planteada, porque el Juez considera que el demandado hizo el pago total y en exceso de la cantidad convenida como precio, pero para llegar a esa conclusión, el Juez efectúa una serie de operaciones aritméticas sin lógica y convirtiéndose en perito contable, sin serlo, pues suma el enganche pagado, las mensualidades consignadas y las que la actora acepta le fueron pagadas y compara su total con lo pactado; pero nunca analiza de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2147 del Código Civil, si las mensualidades fueron consignadas con la oportunidad debida; por las cantidades convenidas y si esa autoridad tenía facultades para recibirlas con efectos liberatorios, y además, como el saldo del precio pactado se pagaría en mensualidades con intereses sobre saldos insolutos, variables según lo pactado en la cláusula segunda; cómo podía determinar el inferior, qué cantidades se pagaron a cuenta de intereses y cuál fue la variación de los mismos.

Que los recibos exhibidos por el demandado claramente especifican cuando se trata de mensualidad y de intereses por cambio de tasa, con las siglas "I.C.T." de ahí que el Juez se encontraba materialmente impedido para realizar operaciones y cálculos contables para poder establecer si lo pagado fue por concepto de capital o intereses ordinarios al no auxiliarse de un perito en la materia.

Que el Juez en forma absurda, suma lo que la actora afirma recibió y agrega lo consignado ante la Procuraduría del Consumidor, no obstante que ésta al presentar su demanda, ya

había tomado en cuenta lo que ella recibió en la Procuraduría citada hasta antes del mes de junio de mil novecientos ochenta, por lo que demandó el incumplimiento a partir de esa fecha; por lo que suma dos veces las cantidades recibidas y llega a conclusiones falsas.

Que el Juez, nunca pudo saber con qué oportunidad se hicieron los pagos, si el demandado únicamente anotó en sus escritos presentados ante la Procuraduría del Consumidor, que amparaban el pago del abono mensual, sin especificar a cuál, de qué fecha y con qué vencimiento.

Ahora bien, de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que la Sala responsable únicamente se concretó a manifestar que aun y cuando el que el a quo hubiese ponderado indebidamente las pruebas documentales allegadas a juicio por su contraparte, para demostrar haber cubierto el saldo del precio de la compraventa, concediéndoles un valor probatorio que sólo podrían tener adminiculadas con una prueba pericial contable, que no se rindió en autos, en la que se hubiesen computado los incrementos a los abonos pactados, dicha circunstancia también sería la que imposibilitaría la consideración jurídica sobre la prueba de la acción rescisoria, que si bien es cierto que en la cláusula segunda del contrato de compraventa base de la acción, el título fijado a los abonos del saldo del precio, podía ser modificado proporcionalmente y de manera automática a las variaciones que sufrieron los tipos de interés sobre las tasas vigentes de los mutuos que otorgan las instituciones de crédito con interés y garantías hipotecarias, también lo es que de acuerdo con dicha cláusula "la compañía, lo comunicaría por escrito al cliente", lo cual debió demostrarse para que se pudiera estimar que el comprador había incurrido en incumplimiento o mora en su obligación de pago. Por lo que, no existía base para estimar que el demandado hubiese podido incurrir en mora en el pago de los abonos al saldo del precio, ya que no hay prueba de que el incremento que hubieran podido sufrir los abonos de que se trata hayan sido comunicados por escrito al demandado para actualizar la obligación de pagarlos sin dicho incremento.

Ahora bien, se advierte de la sentencia reclamada que la Sala no estudió debidamente los agravios, en virtud de que nada dijo respecto al argumento de que si las consignaciones fueron hechas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2147 del Código Civil, con la debida oportunidad, porque en los escritos correspondientes no se señaló la mensualidad que se consigna ni a qué bien se refiere.

Tampoco se analizó el argumento consistente en que si la Procuraduría Federal del Consumidor, tenía o no facultades para recibir consignaciones con efectos liberatorios.

Igualmente, se omitió analizar el agravio expresado en el sentido de que los recibos exhibidos por el demandado especifican cuando se trata de intereses por cambio de tasa con las siglas "I.C.T." y que por ello el Juez estaba impedido materialmente para realizar cálculos contables y establecer si lo pagado fue por concepto de capital o intereses ordinarios.

Tampoco se dijo nada en relación al argumento de que el Juez sumó dos veces las cantidades recibidas, o sea, la que la actora afirmó en su demanda haberlas recibido y las consignaciones recogidas ante la Procuraduría del Consumidor.

De manera que, la Sala responsable al no analizar en forma íntegra los argumento hechos valer por la recurrente (hoy quejoso), en los agravios expresados en la apelación, infringió el artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala que la segunda instancia se abrirá para resolver sobre los agravios que estime el apelante, le causa la resolución recurrida y es obligación de los tribunales de alzada, analizar todos los puntos relativos a los agravios expresados, y al no hacerlo, la sentencia reclamada resulta violatoria de las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el numeral citado.

Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial número 27, visible a fojas 71 y 72 de la Cuarta Parte, Tercera Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, que dice: "AGRAVIOS, EXAMEN QUE DE ELLOS DEBE HACER LA RESPONSABLE. La renuncia injustificada del Tribunal ad quem a estudiar parte de los agravios expuestos por los perdidosos en la sentencia de primer grado, es motivo suficiente, cuando se reclama en amparo esa violación, para otorgar el amparo al quejoso, y máxime cuando los agravios desdeñados se dirigieron a impugnar lo que el a quo estimó fundamento esencial de su sentencia recurrida. Si bien es cierto que es del todo razonable y jurídico abstenerse de analizar cierta clase de agravios secundarios cuya eficacia está subordinada al examen que se haga de los principales que los rigen, tal abstención resulta injustificada cuando se dejan de examinar agravios que pudieran considerarse como principales."

En tal virtud, como la Sala responsable omitió el estudio de diversos puntos de agravios, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que se deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar se emita otra en la que estudie todos y cada uno de los agravios expresados y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de garantías promovido en contra del Juez primero de lo Civil de Tlalnepantla, Estado de México.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE A FRACCIONADORA Y CONSTRUCTORA TULPA, S.A., en contra de actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de México, señalados en el resultando primero y para los efectos precisados al final del considerando sexto de esta ejecutoria.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el presente expediente, como asunto concluido.

ASI lo sentenció el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados, Presidente licenciado FERNANDO NARVAEZ BARKER, licenciada MARIA DEL CARMEN SANCHEZ HIDALGO, licenciado JOSE ANGEL MANDUJANO GORDILLO, siendo relatora la segunda de los nombrados.

Firman los CC. Magistrados con el Secretario de Acuerdos que da fe.

había tomado en cuenta lo que ella recibió en la Procuraduría citada hasta antes del mes de junio de mil novecientos ochenta, por lo que demandó el incumplimiento a partir de esa fecha; por lo que suma dos veces las cantidades recibidas y llega a conclusiones falsas.

Que el Juez, nunca pudo saber con qué oportunidad se hicieron los pagos, si el demandado únicamente anotó en sus escritos presentados ante la Procuraduría del Consumidor, que amparaban el pago del abono mensual, sin especificar a cuál, de qué fecha y con qué vencimiento.

Ahora bien, de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte que la Sala responsable únicamente se concretó a manifestar que aun y cuando el que el a quo hubiese ponderado indebidamente las pruebas documentales allegadas a juicio por su contraparte, para demostrar haber cubierto el saldo del precio de la compraventa, concediéndoles un valor probatorio que sólo podrían tener adminiculadas con una prueba pericial contable, que no se rindió en autos, en la que se hubiesen computado los incrementos a los abonos pactados, dicha circunstancia también sería la que imposibilitaría la consideración jurídica sobre la prueba de la acción rescisoria, que si bien es cierto que en la cláusula segunda del contrato de compraventa base de la acción, el título fijado a los abonos del saldo del precio, podía ser modificado proporcionalmente y de manera automática a las variaciones que sufrieron los tipos de interés sobre las tasas vigentes de los mutuos que otorgan las instituciones de crédito con interés y garantías hipotecarias, también lo es que de acuerdo con dicha cláusula "la compañía, lo comunicaría por escrito al cliente", lo cual debió demostrarse para que se pudiera estimar que el comprador había incurrido en incumplimiento o mora en su obligación de pago. Por lo que, no existía base para estimar que el demandado hubiese podido incurrir en mora en el pago de los abonos al saldo del precio, ya que no hay prueba de que el incremento que hubieran podido sufrir los abonos de que se trata hayan sido comunicados por escrito al demandado para actualizar la obligación de pagarlos sin dicho incremento.

Ahora bien, se advierte de la sentencia reclamada que la Sala no estudió debidamente los agravios, en virtud de que nada dijo respecto al argumento de que si las consignaciones fueron hechas de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2147 del Código Civil, con la debida oportunidad, porque en los escritos correspondientes no se señaló la mensualidad que se consigna ni a qué bien se refiere.

Tampoco se analizó el argumento consistente en que si la Procuraduría Federal del Consumidor, tenía o no facultades para recibir consignaciones con efectos liberatorios.

Igualmente, se omitió analizar el agravio expresado en el sentido de que los recibos exhibidos por el demandado especifican cuando se trata de intereses por cambio de tasa con las siglas "I.C.T." y que por ello el Juez estaba impedido materialmente para realizar cálculos contables y establecer si lo pagado fue por concepto de capital o intereses ordinarios.

Tampoco se dijo nada en relación al argumento de que el Juez sumó dos veces las cantidades recibidas, o sea, la que la actora afirmó en su demanda haberlas recibido y las consignaciones recogidas ante la Procuraduría del C

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/803-2abb65d8/agravios-su-examen-por-la-autoridad-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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