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Modo: Corpus Pro

VIOLACIONES PROCESALES. PARA QUE PUEDAN ESTUDIARSE EN AMPARO DIRECTO DEBE PREPARARSE SU IMPUGNACION.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 356/92. · Registro digital (IUS): 822
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: YOLANDA PEÑA.
Localización: Octava Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Agosto de 1992, , Pág. 495.

AMPARO DIRECTO 356/92. YOLANDA PEÑA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. De las constancias que integran el juicio ordinario civil número 1733/91, destacan por su importancia las siguientes:

1. MARIA EUGENIA Y MARIA DE LOURDES JORDAN HORTUBE apoderados de MAURO JORDAN SANTANA demandaron a YOLANDA PEÑA: la terminación del contrato de arrendamiento celebrado el 1 de agosto de 1987 respecto de la localidad de la accesoria letra A de la casa marcada con el número 27, de las calles de Manuel Campos Mena, de la colonia Ahuizotla en Naucalpan, México, la desocupación y entrega de dicho local y el pago de gastos y costas; sosteniendo que el mencionado contrato de arrendamiento llegó a su término sin que lo hubiere desocupado la arrendataria, no obstante que se le concedió término para ello.

2. YOLANDA PEÑA produjo su contestación a la demanda sosteniendo que el actor carece de acción para demandarla en virtud de que le ofreció celebrar un nuevo contrato de arrendamiento con una duración de 5 años.

3. las partes ofrecieron las pruebas que estimaron convenientes.

4. El 25 de marzo de 1992, la licenciada LAURA JULIETA POZAS TORRES Juez Primero de Cuantía Menor en Naucalpan, México, dictó la sentencia definitiva resolviendo procedente la acción por lo que declaró la terminación de contrato mencionado y condenó a YOLANDA PEÑA a desocupar el inmueble;

5. YOLANDA PEÑA promovió amparo directo materia de este estudio.

QUINTO. Argumenta la quejosa que la autoridad responsable declaró desierta la prueba testimonial y cerró la etapa de ofrecimiento antes de que feneciera el término extraordinario de pruebas solicitado y por lo tanto no tuvo los elementos para mejor proveer.

El anterior argumento constituye una violación procesal a las leyes del procedimiento previsto en el artículo 159 fracción III y IX, de la Ley de Amparo y procede su análisis y estudio a través del presente juicio de garantías en términos del mismo numeral.

Es improcedente e infundado el argumento mencionado.

En términos de lo dispuesto por el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dicta.

Pues bien, en el caso el auto de fecha trece de febrero de mil novecientos noventa y dos que tuvo por desierta la prueba testimonial constituye una violación al procedimiento que afectaba las defensas de la quejosa y que trascendieron al resultado del fallo; por lo tanto, debió haber sido recurrido el citado auto mediante el recurso de revocación previsto por el artículo 419 mencionado, requisito indispensable para que pudiera ser estudiada dicha violación procesal en el amparo directo de conformidad con lo establecido por el artículo 161 fracción I, de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías; al no hacerlo, es improcedente su argumento.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis número 186 publicada a fojas 139, Tercera Sala del Informe de Labores rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su presidente al terminar el año de 1987, que dice:

"De acuerdo con el artículo 107 fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, cuando se trata de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso y que trascienden al resultado del fallo, es requisito indispensable para que sean estudiadas dichas violaciones procesales en el amparo directo, el que se agote el recurso ordinario correspondiente, ya sea la revocación o la apelación, si se cometió en primera instancia y si no ha sido reparada mediante el recurso ordinario, es necesario que tal violación sea reiterada nuevamente ante el tribunal de apelación, en los agravios que sean formulados contra la sentencia de fondo de primera instancia, reiteración que es necesaria por así establecerlo la Constitución Federal."

No obstante lo anterior y para no dejar duda debe decirse que su argumento es infundado porque según consta en autos, en acuerdo de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno se otorgó al demandado un término extraordinario de treinta días para el desahogo de la prueba testimonial y se certificó que dicho derecho iniciaría el nueve de noviembre de mil novecientos noventa y uno y fenecería el ocho de diciembre del mismo año y fue hasta el trece de febrero de mil novecientos noventa y dos en que se le declaró al oferente de la prueba en rebeldía al no haber diligenciado en sus términos el exhorto respectivo y por falta de interés jurídico se declaró desierta la prueba testimonial que ofreció el demandado a cargo de GERARDO URIEL TUFIÑO SANDOVAL, ALICIA RUBIO CRUZ Y FILIBERTO PEREZ CAMACHO.

En consecuencia debe estimarse correcto el desechamiento de la prueba testimonial ofrecida como prueba ante la falta de interés del demandado el que no se haya desahogado la prueba dentro del término extraordinario de treinta días concedidos por el Juez responsable y por lo tanto, no es violatorio de garantías que se haya declarado desierta la citada prueba.

Por otra parte, aduce la quejosa que la sentencia que constituye el acto reclamado fue dictada por una autoridad inexistente, ya que los juzgados de Cuantía Menor si bien fueron creados, a la fecha no han sido nombrados los Jueces, y sobre todo porque la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como los Códigos que regulan la competencia no han entrado en vigor.

Es infundado este argumento.

Es pertinente destacar que los Juzgados de Cuantía Menor en los Distritos Judiciales del Estado de México, fueron creados el veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, publicándose ese acuerdo en el Boletín Judicial de fecha veintiuno de abril del mismo año, acuerdo en el que se contiene la circunscripción de dichos juzgados y en su parte relativa se señaló lo siguiente: "En cumplimiento a la vigencia de la Constitución y entre tanto entran en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como los Códigos que regulan la organización y competencia de los Jueces de Cuantía Menor, el Pleno asume la decisión de designar a los Jueces de Cuantía Menor en los juzgados mencionados y también encarga provisionalmente el despacho de los asuntos a los Jueces Municipales hasta en tanto surten efectos los ordenamientos legales invocados, debiendo decretar la suspensión de los procedimientos con excepción de los asuntos en materia penal la cual se resolverá hasta después de que se practiquen las diligencias que no admitan demora."

De la transcripción al párrafo relativo del acuerdo de fecha veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y dos, se colige que entre tanto entrarán en vigor la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como los Códigos que regulan la organización y competencia de los Jueces de Cuantía Menor, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado se encargaría de designar a los Jueces de Cuantía Menor.

Es decir, el citado acuerdo no estableció que los Juzgados de Cuantía Menor entrarían en vigor hasta en tanto fueran expedidas la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los Códigos que regulan la competencia de los mismos, como lo quiere hacer ver la impetrante de garantías, sino, estableció que el Pleno asumiría la responsabilidad de nombrar a los titulares de dichos juzgados hasta en tanto entraran en vigor las citadas disposiciones legales.

Ahora bien, la sentencia que constituye el acto reclamado fue dictada el veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, por la Juez Primero de Cuantía Menor LAURA JULIETA POZAS TORRES, fecha anterior al dictado del acuerdo que creó los juzgados de Cuantía Menor; y con esta circunstancia queda cumplida la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Por otra parte, resulta irrelevante si la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los Códigos que regulan la competencia de dicho poder hayan entrado o no en vigor, pues a lo que se refiere el citado acuerdo es a que en tanto se dictaran esas disposiciones, el Pleno asumiría la responsabilidad de nombrar a los Jueces.

A mayor abundamiento, al rendir su informe justificado la titular del Juzgado Primero de Cuantía Menor licenciada Laura J. Pozas Torres, anexó copia de su nombramiento que le hiciera el Pleno del Tribunal Superior de Justicia el día veintitrés de marzo del presente año.

Al haber resultado infundados e improcedentes los argumentos de la quejosa, lo procedente es negarle la protección de la Justicia Federal.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

UNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a YOLANDA PEÑA en contra del acto y autoridad responsable que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

NOTIFIQUESE, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al juzgado de su procedencia y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los CC. Magistrados, presidenta licenciada Ma. del Carmen Sánchez Hidalgo, licenciado José Angel Mandujano Gordillo y licenciado Fernando Narváez Barker, siendo relator la primera de los nombrados.

Firman los CC. Magistrados con el secretario de acuerdos que da fe.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/822-cc09deb6/violaciones-procesales-para-que-puedan-estudiarse-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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