SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES QUE LA CONSTITUYEN. DEBEN ESTAR INSCRITOS EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCEROS.
AMPARO EN REVISION 149/93. MARIA ROSARIO CHAVEZ BARRIOS.
CONSIDERANDO:
CUARTO.- La recurrente alega que le causa agravio la sentencia recurrida, en tanto que el Juez Federal al inicio de su resolución, propone la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y al finalizar expone que se actualiza la diversa causal prevista en la fracción V del artículo en comento, lo que conlleva a una dicotomía jurídica, pues es imposible que se establezcan dos proposiciones en un solo fallo para decretar el sobreseimiento, ya que es una u otra la situación imperante para resolver, pero no las dos causas al mismo tiempo.
Que, independientemente de lo anterior, la Juez Federal no examinó el caso especial de que el origen de la propiedad, lo era una situación de interés social por haberse originado su compraventa entre una institución pública y un obrero, en esas condiciones, la propiedad de aquél y la quejosa no estaba afectada con la inalienabilidad, el embargo o su destrucción, ya que constituía un régimen patrimonial familiar, aun cuando no se registrara como tal en el Registro Público de la Propiedad y, por ello, la Juez Federal tenía la obligación de estudiar la constitución atendiendo al origen de la propiedad que lo era de interés social.
Que, la Juez de Distrito manifestó que procedía el sobreseimiento, no obstante estar obligada a resolver mediante sentencia concediendo o negando el amparo al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, por lo que la sentencia recurrida era incongruente con las constancias de autos.
Que, la Juez Federal confundió una situación de derecho real, como lo es la propiedad de un inmueble con un derecho formal como lo es el Registro Público de la Propiedad, que es de carácter administrativo, ya que no están vinculados uno y otro, pues, para la existencia de la propiedad se atenderá al origen de la misma y no a una actividad administrativa, sobre todo que se trata de un caso especial, como lo es el de interés social.
Que, por otra parte, la Juez Federal por un lado concede pleno valor a la documentación que en el expediente y, luego, expone que no fue probada la afectación del interés jurídico de la quejosa, aplicando una tesis de jurisprudencia que no tenía aplicación al tratarse de un interés social, como el que contenía el origen de la propiedad, pues la resolutora dejó de examinar los conceptos de violación vertidos por la quejosa, acreditando el origen de dicha propiedad, porque de haberlo hecho, hubiera tenido por demostrado el interés jurídico de la quejosa.
Los agravios son infundados.
En primer término, el Juez Federal en ningún momento hizo referencia a la existencia de dos causales de improcedencia, como alega la recurrente, sino que al entrar al estudio de la contenida en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que fue por la que decretó el sobreseimiento del juicio de garantías, lo hizo con fundamento en el párrafo segundo de la fracción XVIII, precepto antes citado, que dice: "Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio", lo cual resulta ajustado a derecho y sin que ello significara que hubiera estimado la existencia de una diversa causal de improcedencia a la en que fundó su resolución.
En segundo lugar, el hecho de que la propiedad adquirida por Juan Esparza Pimentel fuera de interés social, de manera alguna eximía de la obligación de inscribir el inmueble en el Registro Público de la Propiedad a fin de que éste fuera considerado como patrimonio familiar y, por tanto sujeto a lo establecido en el artículo 704 del Código Civil del Estado de México.
Por otra parte, el hecho de que el Juez Federal hubiera otorgado valor probatorio a las documentales exhibidas por la quejosa no significa que, forzosamente, se tuviera por acreditado su interés jurídico; cuenta habida de que, aun cuando la quejosa recurrente acreditó haber contraído matrimonio civil con Juan Esparza Pimentel bajo el régimen de sociedad conyugal, y que el inmueble adquirido lo fue de interés social, estando vigente ésta, ello no implica que la quejosa se vea afectada en su interés jurídico, puesto que para esto era necesario que el adquirente hubiese manifestado su voluntad de ingresar ese bien al patrimonio familiar o a la sociedad conyugal en la escritura respectiva, y que ésta hubiera quedado inscrita en el Registro Público de la Propiedad, porque, de otro modo, se estaría privando al cónyuge adquirente del bien de expresar su voluntad de no ingresarlo a la sociedad por haber adquirido de su propio peculio y por otro, se afectarían derechos de terceros de buena fe que contrataron con el cónyuge a favor de quien aparece en el antecedente registral.
Sobre el particular, resulta aplicable el criterio sustentado por este Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la tesis "TCO2300 3CIV.", que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL, BIENES DE LA. NO DEBEN ESTIMARSE COMO TALES EN PERJUICIO DE TERCEROS.- Basta que el inmueble materia de la litis haya sido adquirido durante la vigencia del matrimonio, para estimar que éste pasó a formar parte de la sociedad conyugal, pero ello no implica que tal situación sea oponible a terceros de buena fe, pues para acreditar que el inmueble pertenece en un cincuenta por ciento a cada uno de los cónyuges, es necesario que ellos manifiesten su voluntad de incluir ese bien a la sociedad en la escritura respectiva, y que ésta quede debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad.".
También sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 1816, visible en la página dos mil novecientos diecinueve del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (1917-1988), Segunda Parte que dice: "SOCIEDAD CONYUGAL, NECESARIA INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DE LOS BIENES INMUEBLES A NOMBRE DE LA, PARA QUE SURTA EFECTOS CONTRA TERCERO.- Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal y los bienes inmuebles se adquirieron durante su vigencia, en relación a los cónyuges, no hay duda de que tales bienes forman parte de la comunidad, por ello no significa tal situación sea oponible frente a terceros de buena fe, si los bienes aparecen inscritos en el Registro Público de la Propiedad a nombre de uno solo de los cónyuges, con quien contrató el tercero, y no de ambos, como debía ser, porque la inscripción en el Registro Público de la Propiedad es la única forma de garantizar los intereses de quienes contratan con los cónyuges casados bajo el régimen de sociedad conyugal, y evitar así que sean defraudados, por ocultaciones o modificaciones de capitulaciones matrimoniales que sólo conocen los cónyuges.".
En las condiciones apuntadas, al ser infundados los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida en la materia de la revisión y sobreseer en el juicio de garantías promovido por María Rosario Chávez Barrios en contra de los actos atribuidos al Juez Primero Civil de Tlalnepantla, México, con fundamento en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 74, fracción IV, del propio ordenamiento legal en cita.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de garantías promovido por María Rosario Chávez Barrios en contra de los actos y autoridades especificados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de su procedencia; y, en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido.
Así, lo sentenció el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito por unanimidad de votos de los señores Magistrados Presidente licenciado José Angel Mandujano Gordillo, licenciado Fernando Narváez Barker y licenciado Darío Carlos Contreras Reyes, siendo relator el primero de los nombrados.
Firman los Magistrados en unión del secretario de Acuerdos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/833-1fe467d9/sociedad-conyugal-bienes-que-la-constituyen-deben-estar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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