COSTAS, CONDENA EN. * * * COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. - - -
AMPARO DIRECTO 356/92. MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ Y OTROS.
CONSIDERANDO
QUINTO.- En su primer concepto de violación los peticionarios de garantías, manifiestan que la autoridad responsable consideró en forma errónea que el agravio que hacían valer respecto a la excepción de plus petitio resultaba improcedente, confirmando con ello la resolución de primera instancia y violando con tal determinación el artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria en materia mercantil, asimismo violando en su perjuicio los diversos artículos 8 y 1843 del citado ordenamiento legal, 77, 78 y 81 del Código de Comercio. Lo anterior teniendo en consideración que conforme al citado artículo 19 del Código Civil para el Distrito Federal las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la ley o su interpretación jurídica, dispositivo que no fue observado por la responsable, asimismo que si bien conforme el artículo 78 del Código de Comercio cada uno se obliga en las convenciones mercantiles, en la manera y términos que aparezca quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, cierto también es, que el diverso artículo 81 del Código de Comercio indica que con las modificaciones y restricciones de ese Código serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contratantes, de las excepciones y causas que rescindan o invalidan los contratos; por lo tanto si además, el artículo 8o. del Código Civil para el Distrito Federal establece que los actos ejecutados contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, en los casos en que la ley ordene lo contrario resulta obvio que en el caso debieron aplicarse por la responsable las señaladas disposiciones que prevé el Código Civil para el Distrito Federal y declarar procedente la excepción de plus petitio, determinándose que en virtud de la ilicitud del pacto contractual relativo a las penas convencionales contenidas en el contrato refaccionario básico de la acción ejercitada, no producía obligación ni acción aún tratándose de operaciones de comercio, por contrariar dicho pacto, el contenido del artículo 8o. del Código Civil para el Distrito Federal, y ser dicho acto contractual ejecutado al tenor de la ley prohibitiva que contempla el artículo 1843 del señalado Código Civil para el Distrito Federal, que indica que la cláusula penal en este caso la pena convencional, no puede exceder ni en valor ni en cuantía a la obligación principal.
En concreto, lo que se reclama por los quejosos en el presente juicio de amparo, es que se les condena al pago de pena convencional de acuerdo a la cláusula séptima del contrato refaccionario, origen del crédito, siendo que tal adeudo fácilmente supera el importe de la suerte principal, ya que dicha cláusula ilegalmente obliga a los acreditados a pagar a Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, a partir del nonagésimo primer día de incumplimiento, importes que si bien se desconocen, rebasan en exceso el monto del adeudo principal, contraviniéndose por tanto, lo establecido en el artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal.
Resulta fundado el anterior concepto de violación.
En efecto, asiste razón al inconforme, respecto a la aplicación supletoria de la codificación civil que se reclama, toda vez que en la especie se desprende que la controversia se suscita en relación a la introducción de la cláusula penal en un contrato de crédito, materia que no la contempla ningún artículo del Código de Comercio, resultando por tanto procedente aplicar supletoriamente las disposiciones del derecho civil, además que conforme lo establecido por el artículo 81 del Código de Comercio, por tratarse en el caso de una excepción, también resulta aplicable la codificación civil citada, es decir cuando se trate de excepciones o causas que afecten a los contratos.
Encuentra apoyo el criterio anterior en jurisprudencia civil visible en página doscientos veintiséis, del Tomo veintiocho, de la Tercera Sala, Sexta Epoca, que textualmente expresa: "PENA CONVENCIONAL EN MATERIA MERCANTIL. APLICACION SUPLETORIA DEL DERECHO CIVIL.- Tratándose de la pena convencional, las disposiciones del derecho civil son supletorias del Código de Comercio. El artículo 88 de este Código establece que en el contrato mercantil en que se fijare pena de indemnización contra el que no lo cumpliere, la parte perjudicada podrá exigir el cumplimiento del contrato o la pena prescrita, pero utilizando una de las dos acciones quedará extinguida la otra. Ahora bien, ni dicho artículo ni algún otro del Código de Comercio reglamenta lo concerniente a la pena convencional, ni dice cómo debe procederse cuando se cumple en parte la obligación principal, por lo que se impone admitir que a los actos mercantiles tienen que ser supletoriamente aplicables, las disposiciones del derecho civil, de acuerdo con el artículo 81 del mismo Código de Comercio".
Así tenemos, que si conforme el artículo 8o. del Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales, los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, asimismo, que conforme el diverso dispositivo legal 1843 de dicho ordenamiento, la cláusula penal no puede excederse ni en valor ni en cuantía a la obligación principal; da como resultado que si una pena pactada por las partes es mayor en su valor o cuantía que el adeudo principal, la parte excedente es nula, esto, de conformidad con lo señalado por el citado artículo 8o., por ser contraria a una ley prohibitiva.
De este modo, resulta evidente que no se puede estipular una pena convencional con un valor mayor al de la obligación principal, porque entonces daría margen al nacimiento de un beneficio indebido a la parte que lo exige, pues la cláusula penal es una estipulación que cuantifica por anticipado los daños que causa el incumplimiento de la obligación contractual, lo cual explica por qué no puede exceder en importe a ésta.
Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la tesis número doscientos veintidós, visible en página trescientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Epoca, Tomo V, Segunda Parte-1, cuyo rubro y texto expresan: "PENA CONVENCIONAL. FINALIDAD DE LA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE JALISCO).- De lo prevenido por el artículo 1757 del Código Civil del Estado de Jalisco, se concluye que la cláusula penal tiene como función evaluar anticipadamente los daños y perjuicios que pudieran causarse por el incumplimiento contractual, y fungir como substituta de los daños y perjuicios; dicho en otras palabras, la pena convencional no es sino la determinación previa del monto de los daños y perjuicios, fijados de antemano con el objeto de superar las dificultades de prueba que puedan existir para puntualizar la cuantía de éstos, condicionada, desde luego, al incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones contractuales".
Luego entonces, si en la especie se determinó en la cláusula séptima del contrato de crédito refaccionario base de la acción, una pena convencional que al ser cuantificada excede en su monto al adeudo principal, es incuestionable, que tal cláusula resulta nula en cuanto a su excedente.
No es obstáculo, para arribar a la conclusión anterior, el argumento que sostiene la responsable respecto a que conforme el artículo 78 del Código de Comercio, las partes en las convenciones mercantiles cada una se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, de tal suerte que si éstos aceptaron una pena convencional mayor que la obligación principal fue la voluntad de las partes y a ella debe sujetarse su resolución, y si además el Código de Comercio es completo en cuanto al pacto de prestaciones, no resultaba aplicable la codificación civil como supletoria de la legislación mercantil.
Tal argumento resulta infundado, pues si bien es cierto que la voluntad de las partes en toda acción contractual debe prevalecer, cierto también es, que el actor o las partes de un acto jurídico tienen la obligación de mantener su voluntad dentro de los límites de la licitud y del interés público, pues si ésta contraviene normas prohibitivas o de interés público, la sanción para dichos actos será, que no produzcan efectos jurídicos y que estén afectados de nulidad, ya que por mucho que el artículo 78 de referencia faculte a los interesados en esos contratos, a obligarse en los términos que quieran, eso debe entenderse en el sentido de que la expresada facultad no contraríe las leyes positivas.
Así las cosas, y en mérito de lo antes expuesto, procede en la especie conceder a los quejosos la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Tribunal responsable deje insubsistente la resolución que se combate por lo que respecta a la señalada pena convencional, y en su lugar emita otra en la que declare procedente la excepción de plus petitio interpuesta y aplicando la codificación civil apuntada, determine que la cláusula penal relativa a la multicitada pena convencional, resulta nula en la parte que excede de la obligación principal, esto con fundamento en los artículos 8o. y 1843 del Código Civil para el Distrito Federal.
SEXTO.- En su segundo concepto de violación los quejosos aducen, en lo substancial, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el contenido literal de la fracción IV del artículo 1084 del Código de Comercio al considerar que no obstante la modificación de la sentencia de primer grado, había lugar a condenar a los promoventes del amparo, al pago de gastos y costas erogados en segunda instancia, sin considerar que la sentencia de apelación modificó la resolución de primera instancia en lo relativo al concepto de intereses moratorios, y si bien quedó intocada en lo concerniente a la suerte principal, no podía considerarse que en la especie se estuviera en presencia de dos sentencias de condena en contra de los demandados, conformes de toda conformidad; puesto que la sentencia de alzada, no resultaba conforme de toda conformidad, si se modificó en los intereses moratorios.
Resulta infundado el concepto de violación apuntado.
En efecto, primeramente es de señalarse que el sistema que sigue el Código de Comercio, con respecto a la condena en el pago de las costas, es facultativo o necesario, según la lectura de las cuatro fracciones del artículo 1084 de dicho Código. Esto es, será sistema facultativo, cuando a juicio del juez, alguno de los litigantes ha obrado con temeridad o mala fe; y será sistema necesario en los siguientes casos: a).- Cuando el litigante no rinde prueba alguna para probar la acción o excepción si éstas se fundan en hechos disputados. b).- Cuando la parte presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados. c).- Cuando el demandado es condenado en los juicios ejecutivos, y cuando se intenta este juicio sin obtener sentencia favorable; en tales casos, la condena se hará en la sentencia de primera instancia, rigiendo respecto de la segunda el principio que en seguida se expone. d).- Cuando alguna de las partes es condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad, o lo que es lo mismo, iguales en su parte resolutiva, sin tener en cuenta el punto relativo a la condena en costas. En este caso, la condena comprenderá las costas en ambas instancias.
Como se puede apreciar, es la sanción de la temeridad o mala fe del litigante el criterio regulador del sistema, aunque dicho cuerpo adjetivo también consigna la condena en costas en casos determinados en que sin seguir este criterio, sólo sigue la forma del vencimiento en juicio, por lo que es pertinente establecer que de acuerdo con la fracción IV del artículo 1084 del Código citado, siempre será condenado "El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas".
Encuentra apoyo el criterio anterior en tesis número 58/91 civil, que sustenta este tribunal Colegiado, cuyo rubro expresa: "COSTAS, CONDENA EN".
En este orden de ideas, debe decirse que el sistema adoptado por el Código de Comercio, en materia de costas, es igual al del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, en razón de que combina, para justificar la condena, el principio de temeridad relativo a la conducta procesal de las partes y el vencimiento en relación con el sentido de la sentencia. Los dos principios influyen para determinar que el condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad quedó obligado al pago de gastos y costas.
Ahora bien, en el caso a estudio, se aprecia que los hoy quejosos por resolución de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa, dictada por el juez Segundo del Ramo Civil de Ciudad Obregón, Sonora, fueron condenados al pago reclamado, en favor de la actora Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, quien acreditó plenamente los elementos de su acción; asimismo que contra dicha resolución interpusieron recurso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, habiéndose radicado en la Segunda Sala Regional de Ciudad Obregón, Sonora, quien en doce de mayo de mil novecientos noventa y dos, emitió resolución en la que nuevamente condenó a los impetrantes a pagar a favor de la parte actora la cantidad reclamada como suerte principal, intereses moratorios, intereses ordinarios y pena convencional, apuntando que no habían acreditado sus excepciones aunque prosperó el agravio hecho valer respecto al abono a cuenta, realizado por éstos, manifestando que dicho abono sería aplicado a intereses moratorios y no a cláusulas convencionales, razón por la que se modificó la sentencia de primera instancia, pero únicamente respecto a la cantidad que por concepto de intereses moratorios y pena convencional tenían que cubrir; resultando que con esa modificación no se alteró la condena que les fue impuesta, es decir que se confirma el fallo del juez a quo en todo lo que fue desfavorable para sus intereses, bastando esto para considerar que se dio la conformidad de ambas resoluciones y, por tanto que se les condene al pago de costas en ambas instancias.
Efectivamente, conforme el artículo 1084 del Código de Comercio la condena de las costas debe establecerse con absoluta independencia, de que en un caso el importe de la condena no comprenda la totalidad de las prestaciones reclamadas, toda vez que dicha circunstancia no desautoriza la imposición sobre costas, ya que la ley no toma en cuenta tal elemento para librar del pago de costas a quien resultó condenado en un juicio ejecutivo mercantil, como en la especie.
Además conforme una recta inteligencia del término "condenado" que emplea el citado artículo 1084, fracción IV del Código de Comercio deben imponerse las costas de ambas instancias a quien resulte vencido o no obtenga en dos sentencias totalmente coincidentes entre sí, aunque la primera no condene a costas, y sin que importe que el vencido sea el actor o el demandado.
Encuentra apoyo el criterio anterior en la jurisprudencia número quinientos cuarenta y cuatro, consultable en página novecientos treinta y seis; del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, cuyo rubro dice: "COSTAS, CONDENA EN.".
Por las razones antes apuntadas, procede en el caso negar a los agraviados el amparo y protección de la justicia federal solicitadas, respecto al pago de costas analizadas, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en la primera parte de esta ejecutoria se esté concediendo la protección constitucional para el efecto de que se estudie la excepción de plus petitio combatida, toda vez que la misma, únicamente afectaría en un momento dado la cantidad que por concepto de pena convencional tengan que hacer los impetrantes, pero sin que se altere la condena que les fue impuesta, al no haber sido la misma materia del presente juicio de garantías, quedando intocada, en ese aspecto.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
UNICO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ, CARLOS ALFONSO MARTINEZ RUIZ y GUADALUPE GONZALEZ DOSAL DE MARTINEZ, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria. El amparo se concede para los efectos y en los términos precisados en el considerando quinto de esta resolución.
Notifíquese, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, con testimonio de esta resolución vuelvan los autos originales al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
ASI, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Lucio Antonio Castillo González, David Guerrero Espriú y José Nabor González Ruiz, bajo la ponencia del segundo de los nombrados, quienes firman con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/961-0e307f7a/costas-condena-en-costas-en-materia-mercantil-- · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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