ELEMENTOS POLICIALES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. CUANDO JURISDICCIONALMENTE SE DETERMINA LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LOS DESTITUYÓ, DEBEN PAGARSE LOS SALARIOS QUE DEJARON DE PERCIBIR.

Si se tiene en cuenta tanto la naturaleza de la relación administrativa que se entabla entre el Estado y los elementos encargados de la seguridad pública, como la intelección de los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 111 y 113, fracciones IX y XXIII, de la Ley Número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, es evidente que deben pagarse los salarios que dejó de percibir un elemento policial de la Secretaría de Seguridad Publica de la citada entidad, cuando jurisdiccionalmente se determina la ilegalidad de la resolución que lo destituyó que, precisamente, es la que llevó a la consecuencia de que se le privara de dichos emolumentos, toda vez que la procedencia de esa percepción debe entenderse comprendida en la locución "demás prestaciones a que tenga derecho" establecida en el primero y tercero de los mencionados preceptos; máxime que el dispositivo señalado en último lugar reconoce al salario como la contraprestación elemental para cubrir las necesidades básicas, sin que exista apartado normativo alguno que prohíba el pago de la indicada remuneración, pues el único propósito de la reforma al normativo constitucional citado en primer término, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se enfoca a prohibir la reinstalación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.